En una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y un empate inesperado, el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis aprobó este jueves las cuentas de inversión correspondientes al ejercicio 2024 de la Municipalidad, primer año de la gestión del intendente Gastón Hissa. La votación finalizó 7 a 7, y fue la presidenta del cuerpo, Laura Sánchez, quien desempató a favor del oficialismo con su voto doble. La abstención del concejal Mario Silvestri, integrante del mismo espacio político, fue determinante para el resultado y generó una nueva señal de tensión interna.

La primera en tomar la palabra fue la concejal oficialista Micaela Medina, quien defendió el despacho por mayoría y destacó que “es fundamental” que el municipio haya cerrado el año con un superávit de 3.465 millones de pesos. Según explicó, el ejercicio comenzó con un déficit de caja de más de 41 millones, que hacia fines de enero ya superaba los 2.000 millones, producto de obligaciones contraídas por la gestión anterior “que estaban impagas y sin fondos previstos”, como sueldos, aguinaldos, cargas sociales y aportes a Transpuntano. Medina valoró que se haya revertido esa situación y se haya alcanzado “un superávit gemelo, tanto presupuestario como financiero”.

En su presentación, la concejal detalló que los ingresos corrientes se presupuestaron inicialmente en 33.489 millones y alcanzaron los 53.604 millones. De ese total, se ejecutaron 49.109 millones, lo que representa un 92%. También destacó que los ingresos tributarios ejecutados ascendieron a 31.212 millones, mientras que los no tributarios fueron de 16.602 millones, superando ampliamente lo presupuestado. Estos últimos incluyen recaudación por estacionamiento medido, rentas municipales e inversiones en fondos FIMA.

Medina también explicó una discrepancia advertida por el Tribunal de Cuentas en la liquidación de recursos coparticipables, producto de que la Contaduría General liquida conforme a la fecha de recepción, mientras que la Tesorería realiza la transferencia en fecha posterior. Según el oficialismo, el ingreso por anticipos de coparticipación fue correctamente presupuestado, y “queda claro que es un adelanto de un futuro cobro, o sea estamos adelantando en tiempo algo que es nuestro”.

En relación a los fondos FIMA, que la oposición tanto ha criticado el último año y medio, señaló que están depositados 5.576 millones y que han generado un rédito de 2.182 millones, “cuyo importe fue verificado con documentos de respaldo”. También remarcó un saldo positivo final de 4.410 millones en las cuentas de inversión, incluso considerando las 12 cuotas restantes a descontar por los anticipos de coparticipación.

Otro eje fue la comparación con el uso de entes descentralizados durante el último año de la gestión de Sergio Tamayo. Medina puso el foco en el Centro de Logística, que en 2023 había ejecutado 4.700 millones y en 2024 apenas 822 millones. También mencionó fuertes reducciones en los entes de Noticias y Comunicaciones, y el Cultural y Turístico. “Los entes presentan responsablemente la situación en su aspecto contable”, afirmó. En cuanto a Transpuntano, dijo que su déficit se redujo de más de 7.000 millones en 2023 a 3.345 millones en 2024.

La respuesta de la oposición no tardó en llegar. Andrés Russo, concejal del PJ y ex secretario de Gobierno durante la gestión Tamayo, sostuvo que “a un año y medio de la gestión Hissa, siguen hablando de la gestión Tamayo”. “Tienen una obsesión tremenda”, acusó, y cuestionó la narrativa de un “estado fundido”. Según Russo, desde el oficialismo “nunca pudieron certificar” las deudas heredadas, y recordó que la gestión Hissa intentó sin éxito que el Concejo aprobara un endeudamiento de 21.000 millones. “Como no les permitimos endeudarse, empezaron otro tipo de negocio”, dijo en referencia a la colocación de fondos en plazos fijos y al uso de los anticipos de coparticipación.

Russo enumeró depósitos realizados por el municipio en plazos fijos y fondos FIMA desde enero: 167 millones en el primer mes, 938 millones en febrero, 3.600 millones en marzo y montos aún mayores en los meses siguientes. “Propongamos al señor Hissa como Nóbel de economía. De un estado quebrado a tener en el primer trimestre 3.000 millones en plazo fijo. La verdad que es un genio o todo lo que dijo es mentira”, ironizó.

El concejal advirtió que el total de los anticipos de coparticipación recibidos fue de 5.900 millones, y que si bien la Secretaría de Hacienda consideró que no alteraban el presupuesto, hubo 1.885 millones que no se asentaron contablemente. “Esto significa que están disponibles para ser gastados y no están incorporados en la contabilidad”, denunció. “Cinco veces presentaron el cuadro de recursos y en ninguna parte se habla de los 1.885 millones de pesos”, añadió.

Según Russo, esos fondos fueron usados sin registrarse en el ejercicio correspondiente. También señaló que el municipio informó que quedaban 1.855 millones a devolver en 12 cuotas, pero que hubo una diferencia de 30 millones, que se explicó como un error de tipeo. “Pero se equivocaron acá, se equivocaron acá y acá”, dijo, mostrando planillas durante la sesión.

En cuanto a los fondos FIMA, sostuvo que “alguien está ganando con esto, si no sabemos de cuánto es el interés porque es dinámica, todos los días cambia”. También acusó al Ejecutivo de realizar compras directas a sociedades anónimas con los mismos dueños: “Le compran al más barato, pero los tres presupuestos son de la misma persona”. Y concluyó: “Celebramos que tengan un fondo anticrisis, pero que no sea a costa de los trabajadores y vecinos de la ciudad de San Luis”.

La concejal Paulina Calderón también se expresó en contra de la aprobación. Denunció recortes en partidas sociales como adultos mayores (44.000 pesos en todo el año), microemprendimientos (cero pesos), ayudas sociales y señalización (también cero). Criticó que se haya incrementado el presupuesto de Zoonosis en un 200%, afirmando: “Le sacaron a los discapacitados, a los adultos mayores, a la ayuda social, y se la dieron a los perritos”.

Calderón también cuestionó al Ejecutivo por haber pagado 780.000 pesos para que Pía Pagano, integrante del Tribunal de Cuentas, asistiera a un congreso, cuando el organismo tiene presupuesto propio. Y señaló que el oficialismo no criticó en esta oportunidad cuestiones que sí había objetado en las cuentas de 2023, como el uso de los entes.

Por su parte, el concejal oficialista Diego Videla defendió la estrategia financiera adoptada por el Ejecutivo. Explicó que el uso de los fondos FIMA se justifica “en contextos inflacionarios altos” y agregó que “no se trata de gastar todos los recursos, también tiene que haber previsiones ante ciertas contingencias y eventualidades que puede llegar a haber”. Luego apuntó contra la gestión Tamayo: “En el año 2023 se la fugaron toda con los entes, no hay una factura, no hay un comprobante, no hay nada”.

Si bien ya hubo asperezas con el resto el resto de su bloque en sesiones previas, la intervención más sorpresiva de la sesión fue la de Mario Silvestri, quien, a pesar de pertenecer al oficialismo, se abstuvo de acompañar las cuentas. Consideró que, si bien se celebró el superávit, “los sobrantes deberían haber sido administrados de un modo que pudiera haberse usado para cubrir las necesidades de los vecinos”. También expresó que no pudo acceder a documentación clave como facturas, proveedores o datos de sociedades. “Hubiera sido muy bueno para mí poderlas ver”, señaló. Y agregó que el Tribunal de Cuentas hizo observaciones sobre inconsistencias, errores, prórrogas y pedidos de informes. “No son significativas, pero entiendo que no deberían existir, no deberían ocurrir”, concluyó.

Silvestri señaló que los entes se usaron de forma más “discreta” que en la gestión anterior, pero cuestionó que el análisis del Tribunal se haya hecho “sobre bases selectivas”, sin revisar en profundidad todos los datos. “Poco tiempo para hacer una evaluación exhaustiva” lo llevó, según explicó, a tener que basarse únicamente en los informes del Tribunal. “Adelanto mi voto y me voy a abstener”, anunció.

La concejal Agustina Gatto fue otra de las voces críticas: “Quiero que le pongan gas a la gente, que mejoren el agua, que limpien la ciudad, que generen puestos de trabajo, que le aumenten el sueldo a la gente. Eso se hace. Si te sobró plata, usala para la gente. Y si te sobró plata, la gestión anterior no fue una mala gestión”.

La presidenta del bloque oficialista, Lizbeth Huatay, defendió enfáticamente la reducción del gasto en entes descentralizados y afirmó: “En el 2023 se chorearon todo”. Apuntando contra el Ente de Cultura y Turismo que durante la gestión Tamayo dirigía Matías Follari, marido de la concejal Calderón, Huatay dijo que cada ente rindió cuentas y que “queda en evidencia por donde se fugaba gran parte del dinero de los contribuyentes”. También sostuvo que “la gestión del intendente Gastón Hissa está devolviendo la dignidad a los vecinos de San Luis” y que “la plata alcanza cuando no se la roban”.

Gatto le respondió que, si tenía conocimiento de delitos, debía hacer las denuncias correspondientes, y le recordó que hay concejales y políticos denunciados tanto en el PJ como en el oficialismo. Y por más que Gatto pidió poner un freno a las alusiones personales, desde ese punto, el debate se tornó más personal.

Por su parte, Juan Martín Divizia, presidente del bloque del PJ, planteó cómo le puede explicar a un comerciante, a quien le subieron las tasas municipales más de un 300% en un año, “que el intendente está poniendo la plata en un fondo FIMA”. “Espero que le puedan dar más claridad a este tema del desequilibrio financiero y expliquen por qué apenas ingresaron pusieron el dinero a plazo fijo. Si tenés un estado fundido, no podés agarrar la plata apenas te entre y meterla a un plazo fijo o fondo de inversión”, dijo Divizia.

Luego, la presidenta Laura Sánchez, que hasta ese entonces llevó con mucha calma una sesión que duró más de 5 horas, tildó de “impresentable” a Andrés Russo y luego apuntó contra Juan Martín Divizia, a quien acusó de ocupar una banca “por ser hijo de” Zulema Rodríguez Saá. También defendió que Huatay haya mencionado al esposo de Calderón.

Con este cierre tenso y un bloque oficialista “dividido”, la votación fue 7 a 7, pero se logró la aprobación de las cuentas de inversión 2024 con el voto de desempate de Sánchez. El resultado no solo dejó heridas abiertas entre oficialismo y oposición, sino también un gran interrogante con respecto a la figura de Silvestri y rol dentro del oficialismo municipal.

Con 24 votos afirmativos y 13 negativos, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el primer proyecto de reforma judicial enviado por el Gobierno de Claudio Poggi. Se trata de una modificación puntual al Código Procesal Civil y Comercial, orientada a fijar plazos concretos para las resoluciones judiciales y combatir la mora en el dictado de sentencias. El debate estuvo atravesado por fuertes cuestionamientos de la oposición, acusaciones cruzadas sobre el funcionamiento del Poder Judicial y la decisión final del PJ de votar en contra, luego de haber anticipado que acompañaría el proyecto.

El “puntapié inicial sensato” del oficialismo
El miembro informante del proyecto fue el diputado Cristian Gurruchaga, quien presentó la iniciativa como el inicio de una serie de reformas. “Necesitamos más reformas y modificaciones. Vamos a avanzar paso a paso porque es una gran reforma que merece ser debatida, pensada y discutirda”, indicó.

El oficialista explicó que el proyecto se apoya en dos pilares, “el paso razonable y la celeridad procesal”, y en “un derecho fundamental que busca evitar que los procesos judiciales se prolonguen indefinitdamente porque eso retarda el acceso a la Justicia de las personas”.

Entre las principales modificaciones a la ley VI-0150-2013, se establece que las providencias deberán dictarse dentro de los tres días y las sentencias definitivas, entre los 60 y 90 días desde que la causa queda en estado de resolver. Según Gurruchaga, la propuesta busca “una redacción más estricta” y “automatizar el pase para resolver”, eliminando así “la discrecionalidad”.

También se reforma el uso de las medidas para mejor proveer, una herramienta que tienen los jueces para “resetear” los tiempos procesales de una causa cuando necesitan alguna declaración o diligencia para recabar mayor información para emitir su fallo, o cuando las distintas partes no han aportado pruebas de manera correcta, por ejemplo. Sin embargo, estas medidas, señaló Gurruchaga, “han sido utilizadas con fines meramente dilatorios para ganar tiempo, dos o 3 días antes de que se venza el plazo para dictar sentencia”.

Con la modificación que hoy tuvo media sanción, se limitan a una por instancia y tendrán una duración máxima de 15 días, prorrogable por una sola vez. Además, tendrán un efecto suspensivo del plazo para dictar sentencia, en vez de volverlo a cero.

Por otro lado, se modifica el artículo 167, que regula las prórrogas que puede otorgar el Superior Tribunal, luego de que un juzgado le comunique una mora. “La prórroga antes era a discreción del Superior Tribunal y actualmente lo que se pretende es que sea de 15 días nomás la prórroga”, detalló Gurruchaga, quien definió el proyecto como un “puntapié inicial sensato”.

“Esto es un parche, es cosmética”
La primera voz opositora en la sesión fue la de Gloria Petrino, quien expresó que el proyecto “genera tensión” entre los distintos poderes del Estado. “Se necesita un proyecto que contemple la complejidad, atendiendo y entendiendo las particularidades de cada fuero, jurisdicción y circunscripción y para ello el diálogo entre los 3 poderes del Estado es básico y esencial”, pidió la opositora.

Petrino denunció la falta de participación del Poder Judicial en la discusión: “El Colegio de la Magistratura le solicitó al Ejecutivo una reunión para trabajar sobre este tema. Le envió una solicitud formal a la Dra. Zárate (secretaria Legal y Técnica) el día 9 de junio para ponerse a disposición y trabajar en conjunto para resolver el tema. Por supuesto, no se le contestó la nota, no se lo invitó ni nada”.

“Lo peor es que no solo que no se convocó al Colegio de Magistrados ni al Superior Tribunal, a pesar de nuestro pedido, sino que se invitó a dos jueces laborales y dos jueces civiles para que vengan a dar su posición personal, pero sus propuestas no fueron incorporadas en el despacho de la mayoría”, continuó Petrino, dando ejemplos de cómo no se incluyó en el tratamiento a quienes esta ley afecta.

Sobre el contenido del proyecto, lo calificó como “3 artículos que refieren a los últimos 5 minutos del proceso”. A pesar de considerarlos “buenos”, planteó que “esto es un parche, es cosmética” y anticipó: “Vamos a acompañar porque no suman ni restan”. Sin embargo, su crítica fue subiendo de tono. “Esto que está haciendo el Ejecutivo, diciendo que está preocupado por la mora judicial, es mentira, es engaño”, dijo Petrino, quien agregó: “Sacar el proyecto textual como vino del Ejecutivo es casi una tomada de pelo”.

“Con ustedes no”
Carlos “Charly” Pereira fue el oficialista encargado de responder a las críticas. En un tono confrontativo, se refirió a la implementación del sistema acusatorio y remarcó que, cuando el PJ fue oficialismo, “avalaron” el nombramiento de 30 fiscales “sin que observen el proceso de selección de magistrados”. “Coloquialmente, los designaron a dedo. Ahí había jefes de programa, ex ministros del Poder Ejecutivo. Es decir, todo el poder político a merced de la justicia de San Luis”, dijo el diputado del PRO libertario.

“No fueron capaces de mejorar ni optimizar ningún índice en la performance del Poder Judicial. Entonces, con ustedes no”, agregó, antes de cuestionar al actual titular del Colegio de Magistrados, Hugo Petrino Saá: “¿Es posible decirle a la sociedad que vamos a citar a comisión al titular del Colegio de Magistrados que está involucrado en situaciones de quebranto económico? Que recientemente ha sido embargado en su haber que percibe como magistrado”.

También criticó la trayectoria de los miembros del actual Superior Tribunal de Justicia, señalando que ningún miembro tiene “antecedentes como juristas ninguna trascendencia que revele su desempeño como abogado, asesor o consultor”. Para cerrar, defendió el alcance del proyecto: “Es un principio de ejecución, comenzamos con algo”.

“Están pisoteando al Poder Judicial”
Petrino volvió a tomar la palabra y sostuvo que “se ha politizado de una forma escandalosa una problemática y un proyecto que intentamos ajustar”. Con respecto a lo dicho por Pereira, señaló que ocurrió durante el paso del sistema inquisitivo al acusatorio, para lo cual se necesitó la rápida designación de fiscales. “Claro que puede haber habido errores en tiempos pasados, porque el que hace es muy probable que se equivoque”, dijo Petrino.

Asimismo, afirmó que el oficialismo está “pisoteando al Poder Judicial” y lo reivindicó como “un poder de la democracia y de la república”.

La escalada de acusaciones llevó al presidente del bloque del PJ, Federico Berardo, a solicitar un cuarto intermedio para reconsiderar la postura de su bloque.

“No vamos a llegar a ningún puerto con ningún tipo de reforma”
Al retomar la sesión, Berardo fue contundente: “Nos ha dejado bien en claro que no solamente este proyecto, sino todos los proyectos en los que supuestamente están trabajando desde el poder Ejecutivo no van a tener pensado en ningún momento escuchar a la Justicia”. Y advirtió: “Si esa es la forma de gobernar que tienen, no vamos a llegar a ningún puerto con ningún tipo de reforma”.

Desde el oficialismo, Eugenia Gallardo justificó el avance parcial de la iniciativa y sostuvo que una megareforma hubiese requerido un montón de tiempo. “El ciudadano nos pide dar respuestas a un problema real que lo reconocen ustedes y lo reconocemos nosotros”, dijo.

Finalmente, pese al apoyo inicial anunciado, el bloque opositor votó en contra del proyecto, que fue aprobado por mayoría y pasó al Senado para su sanción definitiva.