La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) San Luis manifestó este martes su “rechazo absoluto” al proyecto de Desendeudamiento Familiar enviado por el Gobierno provincial a la Legislatura. El gremio, que en abril había comenzado a reclamar la implementación de un programa para atender el creciente endeudamiento de los trabajadores estatales, cuestionó que la iniciativa contemple beneficios fiscales para las entidades financieras y pidió que sea modificada para establecer una refinanciación a tasa cero.

Representantes de ATE participaron este martes, junto con integrantes de otros sindicatos, de la reunión de la comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía de la Cámara de Diputados, donde pudieron analizar el proyecto y plantear sus objeciones. El finalizar la misma, la comisión emitió un despacho a favor de la aprobación del proyecto, el cual será tratado este miércoles en la Cámara de Diputados, en busca de su primera media sanción.

Además, el secretario general del gremio, Fernando Gatica, presentó formalmente un documento dirigido a la Comisión en el que solicitó “rechazar o modificar sustancialmente” la iniciativa en su redacción actual, eliminar los beneficios fiscales destinados a bancos y entidades financieras y establecer un esquema de desendeudamiento sin intereses para trabajadores provinciales y municipales.

La postura representa un cambio respecto de la expectativa inicial que había manifestado ATE cuando el Ejecutivo anunció el proyecto. En ese momento, el gremio había valorado que el Gobierno avanzara sobre una problemática que venía planteando desde abril, aunque ya había advertido que el programa debía representar un alivio efectivo y no generar nuevas cargas financieras para los trabajadores.

Tras conocer en detalle la iniciativa, Gatica afirmó que la propuesta no responde al esquema que había reclamado el sindicato. “Nuestro rechazo absoluto, porque las expectativas que había y que podían existir de que este plan de desendeudamiento que plantea el Ejecutivo provincial iba a aliviar los bolsillos de los trabajadores y los iba a sacar de este flagelo que es el endeudamiento, realmente no va a ser así”, sostuvo.

El dirigente cuestionó particularmente los incentivos previstos para las entidades que adhieran al programa. El proyecto permite otorgar exenciones en los impuestos sobre los Ingresos Brutos y Sellos a bancos, financieras, fintech y otros proveedores de crédito que presenten planes de refinanciación con condiciones más favorables que las ofrecidas habitualmente.

“Lo que se está haciendo es claramente beneficiar a los bancos, a financieras, a las billeteras virtuales que accedan a este beneficio, que es solamente para ese sector y que no es un beneficio claramente para los trabajadores y las trabajadoras”, afirmó Gatica. En la presentación realizada ante Diputados, ATE sostuvo en el mismo sentido que el proyecto representa una medida “meramente paliativa” y cuestionó que se otorguen exenciones fiscales a las entidades financieras.

ATE propone que la refinanciación sea a tasa cero
Una de las principales diferencias entre el proyecto del Ejecutivo y la propuesta del sindicato está en el costo de la refinanciación. El programa provincial establece un límite para la tasa de interés que podrán cobrar las entidades adheridas, mientras que ATE pretende que los trabajadores no paguen intereses.

Gatica señaló que la expectativa del sindicato al participar de la discusión en la Comisión era que fueran consideradas algunas de sus propuestas, entre ellas que el Gobierno se hiciera cargo de los intereses, que no se incorporaran nuevos intereses sobre las deudas existentes y que la refinanciación fuera a tasa cero.

En su presentación, el sindicato propuso que el costo financiero sea absorbido por las propias entidades o financiado con recursos del Estado provincial, sin capitalización de intereses ni comisiones. Para ATE, refinanciar una obligación sin reducir efectivamente la deuda puede terminar trasladando el problema en el tiempo. “Desendeudar es que la deuda total de la familia baje sin que sea reemplazada por nueva deuda”, sostuvo en el documento. La propuesta concreta presentada ante los legisladores contempla además el congelamiento de intereses y la suspensión de remates o ejecuciones bancarias.

El gremio volvió a vincular las deudas con la pérdida salarial
ATE también insistió en que el endeudamiento de los empleados públicos no puede analizarse separado de la evolución de sus ingresos. Según el relevamiento presentado por el sindicato, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación acumulada en San Luis alcanzó el 239,62%, mientras que los aumentos salariales acumulados fueron del 150,71%. Los datos corresponden a cálculos elaborados por el propio gremio a partir de información del INDEC y de estadísticas provinciales.

En este contexto, Gatica atribuyó el crecimiento de las deudas a esa pérdida de poder adquisitivo. “Llegamos a esta situación, no por mala administración de los trabajadores y las trabajadoras, sino por un claro plan de ajuste que ha tenido el Gobierno provincial y que ha llevado a que en este momento estemos sufriendo este flagelo del endeudamiento familiar”, afirmó.

El documento presentado ante la Cámara también ubica como uno de los puntos de partida del problema el desdoblamiento de los salarios provinciales dispuesto al comienzo de la actual gestión. Según la interpretación de ATE, aquella situación pudo haber llevado a numerosas familias a recurrir a tarjetas de crédito, préstamos y otras formas de financiamiento para afrontar sus gastos mientras esperaban completar el cobro de sus haberes.

El sindicato sostuvo además que el problema no se limita a las obligaciones registradas por bancos y financieras, debido a que existen otras formas de endeudamiento difíciles de cuantificar, como préstamos de familiares o conocidos, compras fiadas, adelantos de sueldo y créditos informales. Para ATE, esta “deuda invisible” puede provocar que el nivel real de endeudamiento de las familias sea superior al reflejado por las estadísticas del sistema financiero.

Paritarias y recomposición salarial
Junto con las modificaciones al plan, ATE volvió a reclamar una recomposición de los ingresos de los trabajadores públicos. En la presentación formal solicitó la “inmediata apertura de paritarias” y un aumento salarial de emergencia, además del pase al básico de los ítems no remunerativos.

“Exigimos nosotros urgente la recomposición salarial para nuestros compañeros y compañeras, tanto a nivel provincial, compañeros del Plan de Inclusión, como también hacia los trabajadores municipales”, señaló Gatica.

Para el secretario general del gremio, la recuperación salarial también tendría efectos sobre el conjunto de la economía provincial. “Seguimos sosteniendo que la reactivación económica va a venir de la mano de salarios dignos y que le permitan a los trabajadores en general poder recuperar parte del poder adquisitivo que se ha perdido durante todo este tiempo”, concluyó.

Este mediodía, con 5 votos afirmativos contra 3 negativos, el oficialismo provincial logró la sanción definitiva del presupuesto provincial 2027, el cual asciende a $2.585.093.266.845. El debate estuvo marcado por los indicadores que se conocieron en los últimos días, como el aumento de la pobreza y de la morosidad financiera de las familias puntanas.

La principal alocución del oficialismo fue realizada por Adolfo Castro Luna, retomando mucho de lo dicho por el poggismo en Diputados, como que no prevé endeudamiento y mantiene equilibradas las cuentas provinciales. También remarcó que el 85% del presupuesto se destina a gastos corrientes y el 15% a obra pública o gastos de capital, lo cual está muy lejos del 50/50 que San Luis supo tener por ley. Al respecto, el senador oficialista destacó que decir estas cifras se trata de un “sinceramiento” y de algo sobre lo que se está trabajando. En este sentido, cabe recordar que, antes de suspender ese artículo de la Ley de Presupuesto, la gestión de Alberto Rodríguez Saá incluía cifras insólitas dentro de los gastos de capital, como el pago del beneficio de Inclusión Social.

Por el lado de la oposición, el eje de la intervención de Hugo Olguín fue el aumento de la partida destinada a comunicación, un punto que también fue criticado en Diputados. Al respecto, Olguín cuestionó duramente las prioridades del presupuesto provincial, advirtiendo que mientras el gasto general aumenta alrededor de un 37,7%, la partida para “publicidad y comunicación de política pública aumenta el 126%”. El legislador criticó que se destinen “casi 19.500 millones de pesos” a comunicación y medios, un incremento que representa pasar de “poco más de 5000 a 11.700 millones de pesos más”. Ante este escenario, Olguín exigió explicaciones claras sobre el destino de estos fondos públicos, señalando que “tenemos que saber qué campaña van a contratar, a quiénes le van a pagar, qué van a comunicar”, especialmente de cara a un año electoral en el que, según afirmó, “los recursos públicos deben informar a los ciudadanos y no financiar la promoción de candidaturas”.

Para evidenciar lo que considera una distribución desproporcionada, Olguín contrastó el presupuesto de comunicación con diversas áreas sensibles para la provincia. Detalló que la comunicación recibe “dos veces más” de lo destinado a mantener las rutas provinciales pavimentadas y “casi tres veces más” que la partida para ampliaciones y reestructuraciones de centros de salud y hospitales del interior. Asimismo, denunció que los servicios publicitarios superan por “1.900 millones de pesos más” al presupuesto del nuevo hospital pediátrico, y que la partida de comunicación supera incluso a la suma del banco de drogas oncológicas, el banco de prótesis y la secretaría de discapacidad juntas por “5.800 millones de pesos”. Finalmente, comparó estos recursos con la infraestructura municipal y vial, advirtiendo que el área de medios recibe “más para comunicación que para las obras municipales”, además de “más del triple que la partida de consorcios caminero y rural”.

Obviamente, no pudieron faltar referencias a los indicadores más que negativos que se han conocido los últimos días, como el aumento de la pobreza y el altísimo nivel de endeudamiento de las familias sanluiseñas. Por ello, Olguín advirtió sobre el alarmante incremento de la pobreza en el gran San Luis, señalando que, según datos del INDEC, “una de cada tres personas” se encuentra en esta situación, luego de que la tasa escalara del 30,1% al 35,7%. Esto representa un aumento de 76.556 personas en el segundo semestre de 2025 a 90.830 personas en situación de pobreza, afectando directamente a familias sanluiseñas de trabajadores, jubilados, niños y jóvenes.

Asimismo, al referirse a la pérdida del poder adquisitivo de los empleados estatales, remarcó que no figuran aumentos en el presupuesto 2027 y hoy todos sufren dificultades para llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas. “El poder adquisitivo se les cae cada vez más, han perdido más del 90% desde octubre del 2023. Y nosotros queremos que nuestros maestros, los enfermeros, los médicos, los policías, nuestros administrativos estén bien pagos para que puedan cumplir con normalidad sus funciones. Y no estar pensando al día de cómo llegar a fin de mes para cubrir sus necesidades básicas. Y si le tengo que sumar los endeudamientos, pobre gente”, dijo el opositor, cerrando su crítica intervención.

La respuesta oficialista vino por el lado de Martín Olivero y apuntó directamente a lo dicho sobre el gasto publicitario. “En el gobierno anterior casi el 80% de la pauta se lo llevaba El Diario de la República. Y si no le alcanzaba la pauta, tenía el gasto reservado que también iba para para El Diario de la República. Ahora la pauta se divide entre todos los medios comunicacionales, en vez del 80% que se lo llevaba el diario propiedad del ex gobernador”, respondió Olivero.

El senador oficialista defendió firmemente el proyecto de presupuesto 2027, calificándolo como “la herramienta política más importante que tiene un gobierno” y el verdadero “plan de gobierno” donde se plasman las prioridades de la gestión, a diferencia de las promesas de las campañas políticas. Durante su intervención, Olivero destacó la solidez técnica de la propuesta al señalar que “no tiene ningún tipo ni de deuda, es austero” y que “está muy bien confeccionado”. Asimismo, anticipó el respaldo de la mayoría oficialista para su aprobación, argumentando que es habitual que la oposición vote en contra debido a que en estas leyes “se mete la política”.

Al detallar las prioridades de la gestión, el legislador subrayó que el 59% de los recursos está destinado a las áreas de “salud, educación y seguridad”. Respecto a la obra pública, que representa el 10% del presupuesto total, precisó que el 53% de ese porcentaje se asignará al “plan de vivienda, al plan habitacional”. El senador enfatizó el impacto de esta inversión al explicar que con la construcción de viviendas “no solamente subsanamos una demanda habitacional de nuestra gente, sino también generamos muchísima mano de obra y fortalecemos la economía local”.

Por su parte, el senador Sergio Moreira rechazó firmemente la idea de que el presupuesto sea utilizado meramente como una “herramienta política” y reclamó una mayor participación de los legisladores en su diseño para reflejar las necesidades cotidianas de los departamentos. Al adherir a los planteamientos del senador Olguín, Moreira advirtió sobre la ruptura del tejido social a raíz del pago de sueldos en dos cuotas, lo que disparó el endeudamiento de los empleados. Asimismo, criticó la falta de federalismo del proyecto, señalando que la mayoría de los recursos se concentran en las ciudades de San Luis y Villa Mercedes, mientras que el interior padece graves carencias, como la parálisis de la producción agrícola y ganadera por falta de energía.

Durante su intervención, el legislador también expuso la asfixia financiera de las comunas, revelando que posee datos y pruebas de que “muchos municipios tienen hasta cheques rechazados” debido a que no logran cubrir sus costos con la coparticipación actual.

Moreira hizo especial hincapié en el abandono sanitario que sufre el interior provincial frente a problemáticas graves como los suicidios, detallando que solo cuentan con cuatro psiquiatras en toda la provincia y carecen de psicólogos o de la estructura de contención que poseen las grandes urbes, lo que obliga a los habitantes a recorrer entre 200 y 300 kilómetros para salvar sus vidas.

Tras exigir que se deje de “echar la culpa a los que ya pasaron”, concluyó con un fuerte llamado a la inclusión dirigido al Poder Ejecutivo: “Votamos porque realmente queremos participar, queremos estar, queremos ser parte de la provincia de San Luis, no nos excluyan”.

Para cerrar el debate, Castro Luna retomó la palabra y respondió algunos planteos de la oposición, como el hecho de que el proyecto no contempla aumentos salariales. “Hay que tener en cuenta que el presupuesto anterior tampoco lo hacía”, dijo, destacando que aun así se otorgaron aumentos este año.

Luego, el oficialista buscó minimizar el problema de la morosidad, aunque no hizo más que ratificarlo. “Senadores de la comisión de Hacienda hemos tenido reuniones con entidades bancarias y no ven un nivel de morosidad por encima del 10 del 12%, que si bien reconocen que se ha incrementado sustancialmente. Y después todo lo que es la informalidad y lo que es billeteras virtuales no superan este 28 o 30%”, argumentó Castro Luna, cerrando el debate.

Acto seguido, el presidente del Senado, o sea el vicegobernador Ricardo Endeiza, sometió el proyecto a votación, donde prevaleció la mayoría oficialista que le dio la sanción definitiva al presupuesto 2027.