El Poder Legislativo está teniendo uno de los peores años de su historia. A sus ya clásicos 4 meses de vacaciones, se sumaron las elecciones del pasado 11 de mayo, con los típicos faltazos para la campaña; y reformas edilicias. Todo esto resultó en un combo histórico, ya que estamos llegando a la mitad del año con tan solo 7 sesiones de la Cámara de Diputados y 9 de la de Senadores, con una escasa actividad de comisiones, que fueron conformadas recién en junio, y un trabajo legislativo inexistente más allá de proyectos de homenaje, beneplácitos o preocupación.

Aun así, las críticas del Ejecutivo apuntan de manera casi exclusiva al Poder Judicial. El gobernador Claudio Poggi habló, en diciembre de 2023, de la necesidad de reducir el periodo de vacaciones de nuestros legisladores, para lo cual se necesitan una reforma constitucional, pero desde aquel entonces apenas ha vuelto a tocar el tema. La atención está plenamente enfocada en el Judicial y su caballito de batalla parecer ser la eliminación de la feria judicial.

Sobre este tema dio este jueves una conferencia el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, en la que habló sobre las reuniones ya realizadas y las que quedan por delante, pero sin aportar detalles sobre las mismas. “El Gobernador se reunió con los colegios de abogados y el Forense de las tres circunscripciones judiciales de la provincia y esta semana lo ha hecho con legisladores del espacio Ahora San Luis, tanto diputados como senadores en mandato vigente y con aquellos que asumirán el 10 de diciembre de este año. La ronda de reuniones va a continuar con magistrados, con un grupo de intendentes de la provincia de San Luis, también con catedráticos y académicos de la Universidad Nacional de San Luis y de la Universidad Católica de Cuyo, en busca de esta apertura de diálogo, de escuchar a todos los sectores y que se entienda la mejor forma de buscar una reforma judicial que acerque a los ciudadanos a la justicia. Es el deseo que ha manifestado nuestro gobernador cuando asumió su mandato de gobierno y en ese camino es que se ha hecho la apertura del diálogo, fue lo primero que manifestó el ministro, remarcando que Poggi “dice que es el año 2025 el año de la reforma judicial”.

Desafortunadamente, ahí concluyó la información que tenía para aportar el ministro y el resto fue un refrito de lo que el oficialismo viene diciendo desde diciembre de 2023, como la eliminación de la feria y el hecho de que la Justicia “llega tarde”. Cuando se le preguntó si es necesario modificar leyes para esta reforma, la respuesta fue similar a la que el vicegobernador, Ricardo Endeiza, le dio a La Gaceta Digital hace unas semanas, señalando que será en “pequeños pasos” en vez de un megaproyecto y que la eliminación de la feria es un “disparador” para tratar de averiguar “por dónde viene la demora judicial”.

Asimismo, tampoco pudo detallar ninguna otra propuesta del Gobierno, más allá de la eliminación de la feria; algo que los tres colegios de abogados de la provincia, junto al Forense que los nuclea, vienen rechazado desde 2024. Cuando LGD recordó esto último, Amondarain volvió a calificar la propuesta como un “disparador”. “Es un tema que nosotros no queremos imponer bajo ningún punto de vista, solo que abrimos el diálogo. A lo mejor no es por ahí donde viene la demora en la justicia”, respondió el ministro.

“Hay que entender a lo mejor que si no es la feria judicial, son los procesos judiciales o los plazos procesales o los mecanismos que tienen los jueces para que alguna resolución se vaya posponiendo en el tiempo. O, como ha manifestado nuestro Gobernador, el tema de las licencias que tiene el personal de justicia, que también hace que sea menos tiempo en el cual los magistrados están en órbita laboral”, agregó el ministro.

Ante una pregunta por manifestaciones del Sindicato de Judiciales Puntanos (Sijupu) y de los colegios de abogados con respecto a la falta de empleados para, por ejemplo, nuevos juzgados y fiscalías, la respuesta fue que “la justicia ha crecido en personal y los tiempos no se han acortado en absoluto, así que es una cuestión que también se va a ir analizando”.

Por otro lado, La Gaceta Digital consultó a Amondarain por la falta de críticas al Legislativo, un Poder que, si bien tiene menos incidencia en la vida de las personas, funciona claramente peor que el Judicial. “No es que haya una crítica al sector (judicial), sino que estamos en busca de soluciones de acuerdo a lo que el ciudadano nos está solicitando. Lo que usted manifiesta se repite también en el Poder Legislativo. Entonces, ya lo ha manifestado el Gobernador públicamente en su discurso de asunción el 10 de diciembre, que también hay que trabajar una reforma constitucional. Nuestra Constitución está por cumplir 40 años de su última reforma. Hay que adaptarla a nuevos tiempos y en esa reforma hay que entender también el plazo de trabajo del Poder Legislativo, acortando, por supuesto, los tiempos de los períodos en los cuales no se legisla”, respondió el ministro de Gobierno, evitando las críticas a un Poder donde el oficialismo tiene la presidencia y mayoría en ambas cámaras.

LGD le pidió una opinión como ministro de Gobierno sobre la labor de la Legislatura de este año. “Bueno, este año la verdad que costó el inicio. En un año electoral, normalmente en los años electorales, el Poder Legislativo no es que no legisle lo suficiente, sino que como que hay dispersión de objetivos. Y ahora después hubo una reforma estructural del Palacio Legislativo en cuanto al inicio, que eso también impidió la posibilidad de sesionar, pero entiendo que ya está encaminado y están trabajando con normalidad”, respondió Amondarain, con cero críticas hacia el Legislativo.

En este sentido, cabe destacar que nuestros legisladores, además de 4 meses de vacaciones, tienen salarios que llegan a triplicar al de un juez y directamente pueden faltar al trabajo cuándo se les ocurra sin ningún tipo de represalia.

“No queremos cooptar otro poder del Estado, sino trabajar en pos de lo que los ciudadanos están solicitando y en ese sentido es que pedimos y sumamos a todos los sectores al diálogo. No va a ser, como lo dije, una reforma íntegra, sino que van a ser pequeños pasos que van a ir en el sentido de dar más eficacia y eficiencia al servicio de justicia”, concluyó el ministro, volviendo a la reforma judicial.

Este jueves, en una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, el juez subrogante Juan Manuel Montiveros Chada resolvió dictar prisión preventiva por 15 días para un hombre que fue detenido la semana pasada y había pedido la prórroga de ocho días para mejorar su situación procesal. Se encuentra actualmente imputado por los delitos de “publicación, facilitación, divulgación y distribución de representaciones de las partes genitales de menores de 18 años con fines predominantemente sexuales” y “tenencia de tales representaciones agravadas por tratarse de personas menores de 13 años”.

Las imágenes o videos que involucran a niños, niñas y adolescentes en contextos sexuales no son producciones consentidas ni voluntarias, sino registros de abuso sexual, y deben ser nombradas como tales: material de abuso o explotación sexual infantil. Utilizar esta denominación contribuye a visibilizar la violencia que representan y a garantizar un abordaje respetuoso y centrado en las víctimas.

Durante la audiencia, Mercedes García, de la Fiscalía de Género, Diversidad Sexual, Niñez y Adultos Mayores, solicitó que la medida de coerción fuera por el plazo de 60 días. Sin embargo, el juez hizo lugar parcialmente al pedido y resolvió que la prisión preventiva se extienda por 15 días, medida que se aplicará mientras se realiza una pericia digital sobre un dispositivo secuestrado durante un allanamiento.

El magistrado fundó su decisión en la necesidad de preservar la integridad de la prueba digital ante el posible riesgo de entorpecimiento de la investigación. Indicó que, una vez finalizado ese análisis, los abogados defensores podrán solicitar otro tipo de medida.

Argumentos de la defensa

Por su parte, los abogados defensores Federico Putelli y Santiago Calderón Salomón, solicitaron que se reemplace la prisión preventiva por una prisión domiciliaria en un domicilio alternativo, donde el imputado no tendría acceso a medios electrónicos. Indicaron que el único dispositivo involucrado ya fue secuestrado y que su defendido colaboró de forma voluntaria con la entrega del mismo.

Además, la defensa cuestionó la calificación legal provisoria, considerándola desproporcionada en función de la prueba disponible. En ese sentido, señalaron que no se identificó una víctima concreta y que no estarían reunidos los requisitos para aplicar la medida más gravosa del proceso penal que es la prisión preventiva.

También manifestaron su desacuerdo con la disposición de una restricción de contacto entre el imputado y los hijos de su pareja, medida adoptada sin que se haya tomado aún la declaración de los niños ni de la madre. La defensa sostuvo que el imputado es el principal sostén económico del grupo familiar y que los hijos de su pareja presentan certificados de discapacidad, lo que agudiza el impacto de una privación de libertad.

Intervención de la Defensoría de Niñez

Durante la audiencia, el Defensor Adjunto Nahuel Lede Zajic, de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes N° 1, solicitó que se disponga un adelanto jurisdiccional de prueba mediante el dispositivo de Cámara Gesell, con el objetivo de evitar la revictimización de tres niñas y niños vinculados a la causa.

El funcionario explicó que, si los niños fueran citados primero por el fuero de familia y luego por el penal, se correría el riesgo de que deban repetir su relato, lo cual afectaría su bienestar emocional. Ante el acuerdo de las partes, el juez hizo lugar al pedido y ordenó la realización de la entrevista en Cámara Gesell, que también podrá ser utilizada, de ser necesario, en el ámbito del fuero de familia.

Por tratarse de un caso que involucra a personas menores de edad, y para resguardar su intimidad y evitar su revictimización, no se consignan los nombres de los involucrados, en cumplimiento de los principios de protección integral de derechos y de acuerdo con las normas vigentes.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Este miércoles, el Juzgado de Garantía N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del Juez Juan Manuel Montiveros Chada –subrogante-, resolvió prorrogar la prisión preventiva por el plazo de 60 días a una mujer imputada por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado por el vínculo y por la convivencia preexistente; corrupción de menores, agravado por el vínculo; y pornografía infantil, agravado por ser la víctima menor de 13 años, todos ellos en concurso real”. La presunta víctima es su hijo biológico.

Por tratarse de un caso que involucra a una persona menor de edad, y para resguardar su intimidad y evitar su revictimización, no se consignan los nombres de la víctima ni de la persona imputada, en cumplimiento de los principios de protección integral de derechos y de acuerdo con las normas vigentes

Durante la audiencia, la fiscal Antonella Romagnolli, solicitó la extensión de la prisión preventiva debido a que la investigación penal preparatoria continúa en curso y que restan producirse pruebas clave, como la declaración en Cámara Gesell del niño que será en los próximos días y que, según explicó, no pudo concretarse anteriormente debido a su estado emocional.

También aguardan la respuesta de un informe requerido a una fiscalía de la provincia de Buenos Aires en el marco de una posible causa vinculada y la realización de una junta interdisciplinaria a la imputada que se realizará en septiembre.

Romagnoli sostuvo que persisten riesgos procesales: el de entorpecimiento de la investigación, dada la relación directa con la víctima, y el peligro de fuga debido a la gravedad de los hechos imputados.

Por su parte, el abogado defensor Federico Farías se opuso a la prórroga. Argumentó que la extensión de la prisión preventiva sin condena vulnera el principio de inocencia y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Propuso como alternativa una prisión domiciliaria, con prohibición de contacto con la víctima y su entorno, y recordó que existe una orden de restricción vigente.

La decisión del juez

En su resolución, el juez señaló que el caso presenta una alta complejidad probatoria y destacó la necesidad de proteger a la presunta víctima, especialmente por el vínculo intrafamiliar con la persona imputada.

Sostuvo que, en este contexto, no resulta suficiente aplicar una medida de menor gravedad, como lo solicitó la defensa, y consideró razonable prorrogar la prisión preventiva por 60 días, con posibilidad de revisión permanente, conforme lo establece el Código Procesal Penal.

El juez también tuvo por hecha la reserva de impugnación anunciada por la defensa, en los términos del artículo 209 del Código Procesal Penal.

Fuente: ANSL

El Tribunal de Impugnaciones de la ciudad de San Luis rechazó el planteo de prescripción presentado por la defensa de Tatiana Yaccarini Iascula, imputada por distribución indebida de correspondencia, amenazas e incumplimiento de una orden judicial. El caso cobró notoriedad pública en 2020 cuando se viralizó un video de la profesora de fitness Gabriela Fernández Aberastain.

En la causa también es investigado Diego Oliveri, ex pareja de la denunciante, Fernández Aberastain, y a quien se le imputan los mismos delitos que a Yaccarini y se le agrega el de lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real.

Los abogados defensores Marcos Juárez y Ramiro Rubio entienden que ya pasó el tiempo máximo que permite la ley para seguir adelante con el proceso penal. Según explicaron, entre el primer llamado a declarar a la imputada, que fue el 10 de agosto de 2021, y el pedido para llevar el caso a juicio, presentado el 7 de agosto de 2023, pasó más de un año sin que se hiciera ningún trámite que sirviera para interrumpir ese plazo. Por eso, consideran que el caso debería cerrarse porque ya estaría prescripto.

El pedido fue realizado en la audiencia de control de acusación que se realizó el 21 de mayo. Luego de estudiar el planteo, la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, lo rechazó porque consideró que la causa no prescribió porque, desde la comisión de los hechos, hubo actos procesales que interrumpieron el curso del tiempo legal para cerrar la acción penal.

En su resolución, la jueza dijo que la imputada fue llamada a declarar el 10 de agosto de 2021, luego se presentó la acusación fiscal el 7 de julio de 2023 y finalmente se la citó a juicio el 11 de agosto del mismo año. Según el fallo, el tiempo transcurrido entre estos pasos no superó los dos años que establece el artículo 62, inciso 2, del Código Penal para considerar prescripta la causa.

Frente a este dictamen, los defensores interpusieron un recurso de apelación ante el Tribunal de Impugnaciones e insistieron con que “debía operar la extinción penal de la causa por exceso temporal del plazo de juzgamiento”. En la audiencia ante Impugnaciones, realizada el 13 de junio, Rubio sostuvo que se violaron principios procesales y constitucionales, ya que, desde su inicio, la causa ha llevado más de cinco años de tramitación hasta la fecha, es decir más del máximo de la pena prevista para cada uno de los delitos que se le endilgan a su defendida.

La fiscal de Instrucción Penal especializada en Género, Diversidad Sexual y Adultos Mayores Nº 2, Antonella Córdoba, en dicha audiencia pidió que se rechace el planteo de la defensa por inadmisible. En relación con la garantía del plazo razonable, sostuvo que no se verificó ninguna vulneración y señaló que, independientemente de la calificación legal atribuida a los hechos, la causa exigió una intensa producción de pruebas, que incluyeron numerosos testimonios, distintos tipos de informes y hasta una entrevista en Cámara Gesell. Además, destacó que los hechos investigados habrían afectado gravemente la salud psíquica de la presunta víctima. También subrayó que ningún imputado estuvo privado de su libertad durante el proceso, por lo que el paso del tiempo no generó consecuencias negativas ni vulneraciones a sus derechos.
Santiago Olivera Aguirre, en representación de la querella, expresó que adhería a todo lo manifestado por la Fiscalía, y que los planteos de la defensa no han tenido otro fin que dilatar el proceso para evitar llegar al juicio oral.

Luego de escuchar a las partes, el tribunal, Laura Molino, Jorge Sabaini Zapata y María Monserrath Bocca, pasó a resolver y emitió su dictamen el 17 de junio. En su resolución, consideró que la violación al derecho a tener un proceso sin dilaciones indebidas no consiste en el mero incumplimiento de los plazos procesales, sino que se trata de un concepto indeterminado, que debe ser concretado en cada caso, no verificándose en la presente causa violación alguna a dicho principio.

También entendieron que los abogados de los imputados no especificaron qué defensas se vieron imposibilitados de ejercer ni cuáles serían los agravios concretos ocasionados por lo resuelto en primera instancia por la justicia de Garantía y sólo se limitaron a manifestar su disconformidad con la decisión judicial.

De esta manera, los integrantes del tribunal confirmaron lo dictado por la jueza de Garantías N° 4, Luciana Paola Banó, el 28 de mayo de 2025. La causa continuará con la audiencia de admisión de pruebas fijada para el 22 de julio a las 9 horas.

La causa

Oliveri está acusado de distribución indebida de correspondencia, amenazas y lesiones leves calificada por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real. Yacarini, por su parte, enfrenta cargos por distribución indebida de correspondencia, amenazas, lesiones leves e incumplimiento de una orden judicial en concurso real.

De acuerdo con la acusación fiscal realizada por Ricardo Barbeito, de la Fiscalía de Instrucción N° 2, durante marzo y abril de 2020, Diego Oliveri hostigó y persiguió a la víctima. Según la investigación judicial, Oliveri la agredió y amenazó a través de mensajes de texto y redes sociales, se presentó reiteradamente en su domicilio y la intimidó con amenazas de muerte y con la difusión de videos íntimos. Finalmente, publicó presuntamente dicho material de contenido sexual, el cual se viralizó rápidamente, “generando un gran desequilibrio emocional no solo por su conducta agresora y por publicar las fotografías y videos íntimos, sino también por todas las conductas de malos tratos y comportamientos agresivos”, dice un fragmento de la acusación.

Además, el fiscal determinó que Olivieri compartió ese contenido con su actual pareja, Tatiana Yaccarini. La mujer presuntamente difundió los videos desde cuentas falsas y además amenazó de muerte a Fernández y a sus hijos menores. Estas acciones ocurrieron a pesar de que existía una orden judicial de restricción que le prohibía cualquier contacto con la víctima.

Fuente: Prensa Poder Judicial