Este miércoles, el Juzgado de Garantía N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del Juez Juan Manuel Montiveros Chada –subrogante-, resolvió prorrogar la prisión preventiva por el plazo de 60 días a una mujer imputada por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado por el vínculo y por la convivencia preexistente; corrupción de menores, agravado por el vínculo; y pornografía infantil, agravado por ser la víctima menor de 13 años, todos ellos en concurso real”. La presunta víctima es su hijo biológico.
Por tratarse de un caso que involucra a una persona menor de edad, y para resguardar su intimidad y evitar su revictimización, no se consignan los nombres de la víctima ni de la persona imputada, en cumplimiento de los principios de protección integral de derechos y de acuerdo con las normas vigentes
Durante la audiencia, la fiscal Antonella Romagnolli, solicitó la extensión de la prisión preventiva debido a que la investigación penal preparatoria continúa en curso y que restan producirse pruebas clave, como la declaración en Cámara Gesell del niño que será en los próximos días y que, según explicó, no pudo concretarse anteriormente debido a su estado emocional.
También aguardan la respuesta de un informe requerido a una fiscalía de la provincia de Buenos Aires en el marco de una posible causa vinculada y la realización de una junta interdisciplinaria a la imputada que se realizará en septiembre.
Romagnoli sostuvo que persisten riesgos procesales: el de entorpecimiento de la investigación, dada la relación directa con la víctima, y el peligro de fuga debido a la gravedad de los hechos imputados.
Por su parte, el abogado defensor Federico Farías se opuso a la prórroga. Argumentó que la extensión de la prisión preventiva sin condena vulnera el principio de inocencia y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Propuso como alternativa una prisión domiciliaria, con prohibición de contacto con la víctima y su entorno, y recordó que existe una orden de restricción vigente.
La decisión del juez
En su resolución, el juez señaló que el caso presenta una alta complejidad probatoria y destacó la necesidad de proteger a la presunta víctima, especialmente por el vínculo intrafamiliar con la persona imputada.
Sostuvo que, en este contexto, no resulta suficiente aplicar una medida de menor gravedad, como lo solicitó la defensa, y consideró razonable prorrogar la prisión preventiva por 60 días, con posibilidad de revisión permanente, conforme lo establece el Código Procesal Penal.
El juez también tuvo por hecha la reserva de impugnación anunciada por la defensa, en los términos del artículo 209 del Código Procesal Penal.
En la causa también es investigado Diego Oliveri, ex pareja de la denunciante, Fernández Aberastain, y a quien se le imputan los mismos delitos que a Yaccarini y se le agrega el de lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real.
Los abogados defensores Marcos Juárez y Ramiro Rubio entienden que ya pasó el tiempo máximo que permite la ley para seguir adelante con el proceso penal. Según explicaron, entre el primer llamado a declarar a la imputada, que fue el 10 de agosto de 2021, y el pedido para llevar el caso a juicio, presentado el 7 de agosto de 2023, pasó más de un año sin que se hiciera ningún trámite que sirviera para interrumpir ese plazo. Por eso, consideran que el caso debería cerrarse porque ya estaría prescripto.
El pedido fue realizado en la audiencia de control de acusación que se realizó el 21 de mayo. Luego de estudiar el planteo, la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, lo rechazó porque consideró que la causa no prescribió porque, desde la comisión de los hechos, hubo actos procesales que interrumpieron el curso del tiempo legal para cerrar la acción penal.
En su resolución, la jueza dijo que la imputada fue llamada a declarar el 10 de agosto de 2021, luego se presentó la acusación fiscal el 7 de julio de 2023 y finalmente se la citó a juicio el 11 de agosto del mismo año. Según el fallo, el tiempo transcurrido entre estos pasos no superó los dos años que establece el artículo 62, inciso 2, del Código Penal para considerar prescripta la causa.
Frente a este dictamen, los defensores interpusieron un recurso de apelación ante el Tribunal de Impugnaciones e insistieron con que “debía operar la extinción penal de la causa por exceso temporal del plazo de juzgamiento”. En la audiencia ante Impugnaciones, realizada el 13 de junio, Rubio sostuvo que se violaron principios procesales y constitucionales, ya que, desde su inicio, la causa ha llevado más de cinco años de tramitación hasta la fecha, es decir más del máximo de la pena prevista para cada uno de los delitos que se le endilgan a su defendida.
La fiscal de Instrucción Penal especializada en Género, Diversidad Sexual y Adultos Mayores Nº 2, Antonella Córdoba, en dicha audiencia pidió que se rechace el planteo de la defensa por inadmisible. En relación con la garantía del plazo razonable, sostuvo que no se verificó ninguna vulneración y señaló que, independientemente de la calificación legal atribuida a los hechos, la causa exigió una intensa producción de pruebas, que incluyeron numerosos testimonios, distintos tipos de informes y hasta una entrevista en Cámara Gesell. Además, destacó que los hechos investigados habrían afectado gravemente la salud psíquica de la presunta víctima. También subrayó que ningún imputado estuvo privado de su libertad durante el proceso, por lo que el paso del tiempo no generó consecuencias negativas ni vulneraciones a sus derechos. Santiago Olivera Aguirre, en representación de la querella, expresó que adhería a todo lo manifestado por la Fiscalía, y que los planteos de la defensa no han tenido otro fin que dilatar el proceso para evitar llegar al juicio oral.
Luego de escuchar a las partes, el tribunal, Laura Molino, Jorge Sabaini Zapata y María Monserrath Bocca, pasó a resolver y emitió su dictamen el 17 de junio. En su resolución, consideró que la violación al derecho a tener un proceso sin dilaciones indebidas no consiste en el mero incumplimiento de los plazos procesales, sino que se trata de un concepto indeterminado, que debe ser concretado en cada caso, no verificándose en la presente causa violación alguna a dicho principio.
También entendieron que los abogados de los imputados no especificaron qué defensas se vieron imposibilitados de ejercer ni cuáles serían los agravios concretos ocasionados por lo resuelto en primera instancia por la justicia de Garantía y sólo se limitaron a manifestar su disconformidad con la decisión judicial.
De esta manera, los integrantes del tribunal confirmaron lo dictado por la jueza de Garantías N° 4, Luciana Paola Banó, el 28 de mayo de 2025. La causa continuará con la audiencia de admisión de pruebas fijada para el 22 de julio a las 9 horas.
La causa
Oliveri está acusado de distribución indebida de correspondencia, amenazas y lesiones leves calificada por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real. Yacarini, por su parte, enfrenta cargos por distribución indebida de correspondencia, amenazas, lesiones leves e incumplimiento de una orden judicial en concurso real.
De acuerdo con la acusación fiscal realizada por Ricardo Barbeito, de la Fiscalía de Instrucción N° 2, durante marzo y abril de 2020, Diego Oliveri hostigó y persiguió a la víctima. Según la investigación judicial, Oliveri la agredió y amenazó a través de mensajes de texto y redes sociales, se presentó reiteradamente en su domicilio y la intimidó con amenazas de muerte y con la difusión de videos íntimos. Finalmente, publicó presuntamente dicho material de contenido sexual, el cual se viralizó rápidamente, “generando un gran desequilibrio emocional no solo por su conducta agresora y por publicar las fotografías y videos íntimos, sino también por todas las conductas de malos tratos y comportamientos agresivos”, dice un fragmento de la acusación.
Además, el fiscal determinó que Olivieri compartió ese contenido con su actual pareja, Tatiana Yaccarini. La mujer presuntamente difundió los videos desde cuentas falsas y además amenazó de muerte a Fernández y a sus hijos menores. Estas acciones ocurrieron a pesar de que existía una orden judicial de restricción que le prohibía cualquier contacto con la víctima.
Según confirmó el gobernador Claudio Poggi este miércoles en un contacto con la prensa, los agentes de la administración pública cobrarán el 30 de junio el sueldo junto con el aguinaldo.
Se informó que en esa misma fecha se efectuará el depósito para escuelas privadas, autogestionadas y generativas.
En lo que refiere a Inclusión Social, el organismo precisó que el beneficio será abonado el jueves 3 de julio. Mientras que el viernes 4 de julio se hará el pago de la Beca al Mérito y de Jóvenes en Formación.
Este miércoles, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico realizaron un procedimiento en la ciudad de Villa Mercedes, que culminó con la incautación de estupefacientes y la detención de un joven de 20 años.
El operativo se llevó a cabo en el marco de una serie de allanamientos realizados por personal de la Comisaría Seccional 30°, en domicilios ubicados en el extremo sur de la avenida Presidente Juan Domingo Perón, en el barrio San José. Las medidas fueron ordenadas en el marco de una causa por robo, con intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo del fiscal José Olguín.
Durante las requisas, los policías inspeccionaron una vivienda, un automóvil Volkswagen Gol y una motocicleta marca Brava. En esos lugares se hallaron estupefacientes y elementos vinculados a la causa de robo.
En la vivienda, la Policía secuestró una balanza de precisión digital, un teléfono celular, un envoltorio con cocaína y florescencia de marihuana. En la motocicleta se incautó una bolsa con florescencia de marihuana, además del vehículo. En el interior del automóvil se encontró otro envoltorio con cocaína, y también fue secuestrado.
Según el informe oficial, la cocaína incautada equivale a unas 2.592 dosis, con un valor estimado de $12.960.000; mientras que la marihuana alcanza para 585 dosis, valuadas en $1.755.000.
Tras el procedimiento, la Fiscalía Federal de Villa Mercedes ordenó la detención del joven por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. Además, dos hombres de 37 y 53 años quedaron demorados en relación a la causa por robo.
En el operativo participaron también efectivos de la Dirección General de Unidades Especiales, la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), el Comando Radioeléctrico y Policía Científica de la Unidad Regional de Orden Público N° 2.
Las estadísticas más recientes del Departamento Cámara Gesell del Poder Judicial de San Luis reflejan la gravedad de esta problemática. Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, se registró que el 63,3 % de las víctimas de abuso sexual infantil tenía un vínculo intrafamiliar con su agresor. La edad promedio al momento del hecho fue de 9 años y medio, mientras que al prestar declaración —cuando el caso ya fue denunciado y judicializado— el promedio de edad ascendía a los 11 años, lo que evidencia el tiempo que puede transcurrir hasta que los hechos son revelados.
Del total de víctimas, el 63,3 % son de género femenino y un 13 % presenta algún tipo de discapacidad.
Estos datos reafirman la necesidad de un abordaje judicial especializado, que proteja a las víctimas y permita obtener testimonios válidos sin revictimizarlas.
Cómo interviene el sistema judicial
Ante la denuncia de un delito contra la integridad sexual, interviene el Ministerio Público Fiscal, a través de fiscalías especializadas en género, diversidad, infancias y adultos mayores. El abordaje judicial se rige por estándares internacionales que reconocen a niños, niñas y adolescentes —así como a personas en situación de vulnerabilidad— como sujetos de derecho, a quienes debe garantizarse protección durante todo el proceso, evitando exposiciones innecesarias y cualquier forma de revictimización.
Cámara Gesell: testimonio en un entorno cuidado
Tal como establece el Código Procesal Penal y la Ley Provincial de Cámara Gesell, las declaraciones de niños, niñas, adolescentes o personas vulnerables se toman en una sala especialmente acondicionada. Esta permite observar y registrar la entrevista sin contacto directo entre la víctima y los operadores judiciales. La entrevista es realizada por un psicólogo forense, mientras jueces, fiscales, defensores, abogados y peritos la siguen desde una sala contigua.
Los funcionarios judiciales formulan las preguntas que consideran necesarias para la causa, y estas son transmitidas por el/la profesional a cargo de la entrevista, quien las adapta según la edad y nivel de comprensión de la persona entrevistada.
Este procedimiento busca preservar a la víctima y, al mismo tiempo, producir prueba judicial válida. Permite evitar que la víctima repita su relato en distintas instancias y asegura que su testimonio pueda ser incorporado al juicio.
Casos de preescolares o personas con discapacidad
Uno de los desafíos más complejos se presenta cuando la víctima es un niño o niña en edad preescolar o una persona con discapacidad intelectual. En estos casos, el Departamento Cámara Gesell aplica el instrumento CAPALIST, una técnica desarrollada en España que permite evaluar la capacidad de testimoniar en personas con estas características.
Según explicó Marisa Samper, coordinadora provincial de Cámara Gesell, esta herramienta permite establecer un perfil individualizado de capacidades y definir si es posible o no llevar adelante la declaración. Evalúa funciones como memoria, atención, lenguaje, ubicación temporal y espacial, así como la comprensión de conceptos como verdad/mentira y estados propios o ajenos.
“Si la persona evaluada obtiene un desempeño por debajo de lo esperado, se informa a Fiscalía que no resulta aconsejable tomar la declaración testimonial, para evitar exponerla innecesariamente”, detalló Samper.
Esta herramienta resulta especialmente relevante en casos de trastornos del neurodesarrollo, donde una declaración forzada puede generar un daño adicional. “No se trata solo de que puedan hablar, sino de que comprendan lo vivido y puedan expresarlo con el menor sufrimiento psíquico posible”, agregó.
Evitar la revictimización: una responsabilidad judicial
Samper remarcó que evitar la revictimización implica mucho más que evitar repetir el testimonio. “Comienza desde el primer contacto con el sistema. Respetar sus tiempos, sus silencios, no forzar entrevistas: todo eso también es justicia”, señaló.
En este sentido, citó a la especialista Fernanda Mattera, quien sostiene que los niños, niñas y adolescentes no deben ser tratados como objetos de prueba, sino como sujetos de derecho. “Muchas veces se espera que declaren al ritmo del proceso judicial, cuando aún están atravesando la vivencia traumática. Y en ese estado, no pueden narrar con claridad lo ocurrido”, explicó.
“La justicia puede tener un efecto reparador”
Finalmente, Samper destacó que el proceso judicial también puede cumplir un rol reparador. “Cuando se actúa con claridad, celeridad y una correcta ubicación de la responsabilidad penal, se facilita que la víctima comience a elaborar su experiencia traumática”.
En particular, señaló el valor simbólico que puede tener una sentencia judicial para una víctima de abuso, especialmente en los casos en los que el acusado reconoce los hechos. “Muchas veces, el mayor sufrimiento psíquico está asociado a la culpa. Que el victimario se reconozca como autor del hecho puede tener un efecto reparador para el psiquismo”, concluyó.
La sesión de la Cámara de Diputados de hoy tuvo su principal debate cuando se trató un proyecto de declaración para “expresar preocupación por el estado en que se encuentra la Red Vial Nacional en la provincia de San Luis”, en referencia a Vialidad Nacional (VN). El poggismo aprovechó la ocasión para mencionar la condena a la expresidenta Cristina Fernández, y el peronismo, para criticar al presidente Javier Milei, sus políticas y al gobernador.
Este proyecto tenía dos despachos de comisión: uno por mayoría, que terminó siendo aprobado, y otro por minoría (oposición). El primer artículo de ambos era el mismo, referido a expresar preocupación por la red vial nacional. La diferencia estuvo en el segundo artículo. En el despacho de minoría, el artículo dice que se reconoce a VN como “ente de interés público y estratégico de la Nación”, mientras que el de mayoría —que se agregó en la sesión— menciona que se debe contribuir al diálogo entre el Gobierno provincial y nacional para que se concreten obras de mantenimiento en las rutas nacionales.
Para el tratamiento del proyecto en cuestión, tomó la palabra la titular del bloque oficialista, Eugenia Gallardo. Mencionó que la provincia tiene cinco rutas nacionales (7, 8, 146, 147 y 20) que la atraviesan, y que son fundamentales para el transporte por su ubicación geográfica. “Hoy enfrentan problemas por la falta de obras de mantenimiento, lo que se traduce en alto riesgo, altos costos para quienes producen en nuestra provincia y afecta gravemente el nivel del servicio. El deterioro de las rutas genera riesgos de accidentes y, en algunos casos, se producen decesos. Creemos que es necesario reactivar el rol que tiene el Distrito 14 (Vialidad Nacional San Luis)”, dijo la diputada.
En este punto, cabe mencionar que la actividad de VN está paralizada desde que asumió Javier Milei, con su política de no invertir en obra pública. Son 490 las personas afectadas por la reducción de personal en VN entre noviembre de 2023 y abril de 2025, como publicó La Gaceta Digital (LGD) semanas atrás.
La legisladora detalló que el Distrito 14 tiene la tarea de mantener 1.000 kilómetros de rutas nacionales en San Luis y cuenta con un staff de 115 personas.
Volviendo a la alocución de Gallardo, la diputada hizo mención a la causa judicial de VN por la que fue condenada Cristina Fernández. “Esto pone a las claras un sistema de corrupción sistemático que se implementó tanto en la adjudicación como en la ejecución de las obras públicas viales”, dijo la legisladora.
Hacia el final del discurso, pidió agregar un artículo para promover y contribuir en instancias de diálogo y acuerdo entre Provincia y Nación para la concreción de obras de mantenimiento de las rutas nacionales en San Luis.
El presidente del bloque Justicialista, Federico Berardo, mencionó que el Gobierno nacional quiere cerrar VN, y que la estrategia de la Provincia es de “acompañamiento a todo lo que hace Milei. Si Vialidad Nacional cierra, cierra el Distrito 14. Simulan una preocupación por los empleados del Distrito 14, pero que Milei haga lo que quiera con Vialidad Nacional a nivel nacional es una doble moral importante”, expresó el legislador peronista.
Diputado Federico Berardo. Foto: Prensa Cámara de Diputados.
Acusan a Poggi de ser cómplice de Milei
Berardo mencionó que lo de VN es simbólico de lo que Milei quiere hacer con los organismos nacionales en las provincias. “Tenemos que discutir a Milei porque nos repercute todos los días. Estoy hablando de Vialidad Nacional porque el cambio que ustedes hacen es: ‘no le echemos la culpa a Milei, echémosle la culpa a Cristina por la causa Vialidad’. ¿Qué van a decir cuando llegue el INTI, el INTA?”, señaló.
“Están buscando excusas para no hacerse cargo de que son socios de Milei y les encanta. Hay algunas caras largas a las que no les gusta tanto, pero están ahí, y háganse cargo, muchachos. Son cómplices de que se cierre Vialidad Nacional, cómplices de que se cierre el INTI, cómplices de que se cierre el Garrahan, y van a ser cómplices de todas las barbaridades que haga este presidente”, acusó Berardo.
Por su parte, la opositora Gloria Petrino aprovechó para criticar a Milei y señalar a Poggi como su cómplice, haciendo referencia a los jubilados y la situación de la salud. “¿Poggi, dónde estás que no defendés San Luis?”, dijo la legisladora.
La peronista Sonia Delarco señaló que el 60% del país está afectado por la falta de mantenimiento de las rutas nacionales, que se amenaza a trabajadores de VN con ser trasladados a otras dependencias nacionales, y que podrían perder sus derechos adquiridos por el convenio colectivo.
En otro pasaje de su discurso, Delarco defendió a Cristina Fernández y calificó la sentencia de la Corte Suprema como “autoritaria” y como parte de un “lawfare judicial”, tal como sostiene la expresidenta. “No se puede proscribir a una dirigente política porque no se han ajustado a derecho, no han respetado las libertades ni las garantías constitucionales. Han inventado causas”, consideró la peronista.
Un dato interesante que aportó al debate Silvia Sosa Araujo es que el Gobierno provincial, desde hace varios años, tiene la concesión de un tramo de la Ruta Nacional 7 que va desde Justo Daract hasta Desaguadero. “No le echemos tanto la culpa a Vialidad Nacional por el estado de las rutas, que es parte de los fundamentos que expuso la oficialista (Gallardo). También es el caso de la ruta en el límite con La Pampa y el norte de Córdoba”, afirmó la legisladora.
Diputada Eugenia Gallardo. Foto: Prensa Cámara de Diputados.
Gallardo contraataca
Gallardo volvió a intervenir para responder a las críticas del peronismo, mencionando que durante las gestiones de Alberto Rodríguez Saá, San Luis era una isla que estuvo al margen de los organismos nacionales y que dejaron “bien destruida” la provincia. También respondió a las críticas de Petrino: “¿Sabés dónde está Poggi? Construyendo viviendas, cerquita de la gente, generando programas con los municipios. Construyendo con Tu Pueblo se llama. Les molesta escuchar donde está Poggi porque nunca se ocuparon. Eso les molesta, que hagamos lo que ellos nunca hicieron, que escuchemos a la gente, que hagamos viviendas”, dijo Gallardo, mientras algunos peronistas le gritaban desde sus bancas.
La titular del bloque poggista dijo que no son socios de Milei y señaló que la oposición se “olvida de la sociedad que tuvieron con la expresidente que hoy está presa y siguen defendiéndola. Se olvidan que fueron cómplices de una expresidente que está presa. Se olvidan también que fueron cómplices de un expresidente denunciado por violencia de genero y abuso de poder por su expareja”, retrucó a Berardo y Delarco.
Una vez cerrado el debate, el despacho de mayoría fue aprobado con 23 votos del oficialismo contra 14 de la oposición.
Este miércoles, el director de Gestión y Prevención de Emergencia, Gustavo Albornoz, brindó una conferencia de prensa donde realizó un balance sobre la primera reunión del año que mantuvo el Centro de Operaciones de Emergencia (COE). Mencionó que dialogaron sobre el trabajo que realizaron durante 2024 hasta la actualidad, los mapas de riesgo que conformaron dentro de cada zona y las estadísticas que arrogaron los recursos que tiene cada cuartel de Bomberos de la provincia.
“Nos reunimos para hablar sobre los criterios de la emergencia, en una visión del señor Gobernador, que nos ha encomendado y sobre lo que ya venimos trabajando desde el año pasado en la creación del COE. Dialogamos sobre lo que se trabajó durante el año en la forma preventiva, los mapas de riesgo que hemos conformado, de acuerdo a los distintos tipos de siniestros que puede estar afrontando la provincia en potencial, y en esto de articular todos los recursos operativos y logísticos para poder afrontar cualquier tipo de adversidad que tengamos. Acá nos referimos a todo tipo de siniestro, tanto factores climáticos, como incendios forestales e inundaciones”, comentó el funcionario.
El COE está coordinado con todos los ministerios del Gobierno de la provincia porque de esa manera, lograron sumar recursos operativos y logísticos. “Trabajar de esta manera permite que se pueda lograr más rapidez en la movilización y tener todos los recursos a mano. Nosotros no solamente trabajamos en la emergencia, sino también trabajamos en la prevención, y de acuerdo a la estadística que fuimos teniendo. En 2024, tuvimos tres incendios muy grandes, la superficie que se quemó en el territorio de nuestra provincia fue más grande que lo que pasó en Córdoba. Y en ese momento, gracias a esta planificación, inclusive a esta organización provincial, no necesitamos recursos del exterior”, explicó Albornoz.
Según enumeró el funcionario, en 2024 la provincia sufrió incendios en San Martín, Cortaderas, Unión y Batavia. Luego, ocurrieron factores climáticos que atacaron la ciudad de San Luis y la franja que conecta Juana Koslay y Potrero de los Funes. “Nosotros volcamos esa información con anticipación a todos los organismos para estar previstos, e inclusive un trabajo que no se ve, que es netamente de la emergencia. Pasamos novedades en periodos operativos que ponemos, de cada dos horas, pasamos los reportes de cómo está el clima en los diferentes departamentos, a través de sus intendentes o protecciones civiles, como a través de los coordinadores regionales de los Bomberos Voluntarios y los Bomberos de la Policía”, dijo.
De acuerdo a las estadísticas, detectaron que el 98% de los incendios se generaron de manera intencional y a raíz de eso, actualmente hay un hombre de la localidad de Cortaderas que fue condenado a 5 años de prisión. “Esto es desde el año pasado, hasta el día de hoy y todo fue conformado por el COE, que está articulado con la Policía Ambiental. Hemos tenido entrevistas, y a través de los puntos de locación, donde están los puntos de calor, en primera instancia, va la comisaría de la jurisdicción, junto con los bomberos, donde marcan el punto de locación y lo derivan a la Dirección de Prevención y Gestión de Emergencias. No podemos dejar impune este tipo de actos, donde hay peligro para las vidas humanas, pérdidas en los campos, un gran impacto ambiental y daños en casas, muerte de animales. Entonces, esa es la visión del Gobernador, anticiparnos a todo este tipo de cuestiones y estar mejor preparados como provincia en la parte operativa”, aseguró el funcionario.
Por último, Albornoz mencionó que cada municipio debe tener conformadas sus protecciones civiles para evitar este tipo de siniestros, de lo contrario, la responsabilidad recae sobre la intendencia. “Si no los tiene conformados, directamente el responsable es el intendente. Por eso es importante que los intendentes hagan un trabajo previo. Si bien nosotros monitoreamos toda la provincia, es la autoridad que compete, que tiene que tener un mapa de riesgo de su zona. Cada departamento, cada municipio tiene una particularidad, sea por su topografía, su geografía, su tipo de relieve. Entonces, son ellos los que tienen que preocuparse en primera instancia en trabajar. Después la provincia está para colaborar en caso de lo siniestro e inclusive hasta las capacitaciones con ellos también, en darles herramientas para que esto suceda”, cerró.
Como parte del proceso de fortalecimiento institucional del sistema educativo provincial, el ministro de Educación, Guillermo Araujo, mantuvo una reunión con los veedores del Concurso de Antecedentes, Méritos y Oposición correspondiente a las regiones educativas I, II, III, IV, V y VI.
El encuentro fue para hacer el seguimiento del proceso por parte de representantes externos, quienes arribaron a la provincia con el propósito de fortalecer la transparencia. En esta oportunidad, presenciarán la tercera etapa: la defensa del Proyecto de Gestión Institucional, garantizando así la equidad, legitimidad y claridad del procedimiento.
Participaron del encuentro, además del ministro Araujo, el ingeniero Aldo Guerra, director del Colegio Nacional de Monserrat de la ciudad de Córdoba; y el doctor en Medicina Alberto Taquini, académico de número de la Academia Nacional de Educación. Un ‘académico de número’ en la Academia Nacional de Educación es un miembro elegido por el pleno de la academia por su destacada trayectoria en el ámbito educativo. También participaron de la reunión la directora de Educación Obligatoria, Olga García; la directora de Gestión Educativa, Cristina Ramírez; y la licenciada Gabriela Troiani.
La semana próxima se incorporará al equipo de veedores la profesora Beatriz Pacchiotti, ex rectora de la Escuela Normal Superior ‘José María Torres’, dependiente de la facultad de Humanidades Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, formadora de generaciones de maestros para escuelas comunes.
Cabe mencionar que las destacadas personalidades del ámbito académico nacional en conjunto con el jurado de oposición, aportarán su experiencia, trayectoria y compromiso con la calidad educativa de la provincia de San Luis.
Las funciones de los veedores son:
a. Aportar una visión integradora, que se sume al Jurado de Oposición.
b. Brindar una perspectiva de las Ciencias de la Educación, en un contexto nacional e internacional.
c. Contribuir al fortalecimiento de las profesionalización y al reconocimiento de los méritos alcanzados en la carrera docente en cargos de gestión directiva.
d. Aportar experiencia, conocimientos y estrategias educativas integradoras desde la visión de los cargos de gestión.
El Gobierno provincial retomó desde hace algunas semanas su iniciativa de hacer reformas en el Poder Judicial de San Luis y viene realizando reuniones con los diversos actores que integran la Justicia provincial. En este sentido, el gobernador Claudio Poggi hizo declaraciones sobre la reforma judicial que anunció el 1° de abril del año pasado.
“El mal servicio de justicia en muchos temas impacta directamente en cualquier política pública de seguridad, de empleo, seguridad jurídica. Es una de las patas del Estado. El Poder Judicial es una de las patas del Estado. Entonces tiene que tirar por el mismo arco”, consideró el Gobernador.
La semana pasada, el gobernador Poggi se reunió con representantes de los colegios de abogados de San Luis y Villa Mercedes y del Colegio Forense, mientras que ayer recibió a legisladores provinciales y en ejercicio y los que asumirán las bancas en diciembre. El mandatario adelantó que la próxima reunión será con el Colegio de Magistrados.
“Uno lo habla como gobernador representando al ciudadano que a veces un mal servicio de justicia o la mora judicial impacta fuertemente. Y la idea es dar las herramientas al Poder Judicial para que ejerza un mejor servicio de justicia. Y en eso estamos escuchando todos los actores involucrados. Y seguramente a partir de los próximos días comenzaremos a elevar iniciativas legislativas a las cámaras, para que luego se les dé su tratamiento a las cámaras”, expresó Poggi.
El mandatario provincial contó que en la reunión con los abogados le mencionaron que las causas judiciales se dilatan en su tramitación por las medidas de mejor proveer, las Oficinas de Gestión Unificada (OGU) que en vez de contribuir “retrasan los trámites”.
Otra cuestión que surgió en la reunión de la semana pasada con abogados fue el de las licencias tanto de magistrados como de empleados judiciales. “Hay muchísimas licencias de los magistrados. Investiguen, averigüen, las licencias que tienen, además de las licencias normales, que contribuyen a que haya pocas horas de trabajo en el Servicio de Justicia”, dijo Poggi a los periodistas.
El gobernador Claudio Poggi y el intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, encabezaron este miércoles por la mañana los actos inauguración de las mejoras de las Plaza Azul en el barrio Procrear y la plaza del barrio Los Álamos. Estas obras se enmarcan en el plan que implementó este año la Municipalidad de San Luis denominado Volvé a Tu Plaza.
El primer acto se realizó en el barrio Procrear para inaugurar la renovación de la Plaza Azul, el espacio recreativo destinado a niños autistas. “Escuchamos a los vecinos, a los papás de los chicos que venían y que concurrían a este espacio. La verdad que estaba deteriorada, la pusimos en valor, invertimos en juegos nuevos, en mobiliario urbano, mesas y sillas de hormigón fuera de la plaza, como establecen las normas para este tipo de plaza azul. La verdad que muy contento, ha quedado muy linda esta plaza”, dijo Hissa.
El jefe comunal detalló que la inversión del municipio en la puesta en valor de la Plaza Azul fue de $20 millones. También se hicieron trabajos complementarios de pintura y de forestación en la zona de la plaza.
Minutos más tarde se realizó la inauguración de las mejoras en la plaza del barrio Los Álamos. “La hemos hecho casi nueva. Invertimos en un playón deportivo nuevo que estaba destruido para que sea recreativa, para que puedan realizarse actividades deportivas. También trabajamos en las rampas de accesibilidad con material especial, antideslizante, para que también las personas con discapacidad puedan concurrir a la plaza”, detalló el intendente.
Foto: ANSL.
La inversión en esta plaza, ubicada en avenida Centenario y peatonal 3, fue de $40 millones.