Esta mañana se realizó la segunda jornada del juicio oral y público en la causa de los certificados truchos con Paola Tonelli y José Toledo como principales acusados, junto a Graciela Apaza, cuyo rol en la supuesta asociación ilícita es un gran punto de debate.

La jornada de hoy consistió en gran parte en la declaratoria de Carina Bernal, del Departamento de Investigación de Delitos Complejos del Poder Judicial de San Luis, quien junto a la fiscal Virginia Palacios expuso mensajes extraídos del teléfono de Tonelli, acordando la venta de estos certificados a distintas personas. En mensajes que se leyeron y audios reproducidos esta mañana se pudo apreciar como la mujer vendía estos certificados inicialmente a $2.000 el día y luego a $3.000.

De publicaciones en grupos de Facebook, a nombre de médicos que se llamaban “José Velásquez” y “Marcelo Velazques”, surgen ofertas de estos certificados y también promociones, como 5 días por $1.500 cada uno. Asimismo, se ofrecía un servicio de delivery, por $1.200.

Por su parte, en los audios que se reprodujeron esta mañana, se puede apreciar que no todos sus clientes estaban al tanto de que no se estaban comunicando con un consultorio médico. Muchos creían que era un médico quien ofrecía los certificados, ignorando que Tonelli y Toledo eran quienes los confeccionaban, con firmas y sellos falsificados. A quienes le preguntaban por la ubicación del consultorio, Tonelli les decía que estaba en la zona sur, en el barrio 544 Viviendas, cerca de la escuela Zavala.

Bernal y Palacios hicieron hincapié también en todos los comprobantes de Mercado Pago que fueron enviados y recibidos a cambio de estos certificados. La cuenta que se utilizaba era la de Paola Tonelli.

Por otro lado, se reprodujeron los mensajes que Tonelli le enviaba a Graciela Apaza, quien también ha sido acusada, pero no por los mismos delitos que Tonelli y Toledo. Ayer, su abogado defensor, Héctor Zabala Agüero, manifestó lo siguiente: “Sólo tenía un local de frutas y verduras y con el tiempo añadió el servicio de impresiones para la gente del barrio, nada más. No sabe ni modificar ni editar un archivo, solo recibía los archivos y los imprimía, nada más. Hacía ese trabajo como con cualquier otro vecino”.

Hoy, a través de los mensajes que se reprodujeron, se pudo apreciar que Tonelli a Apaza solamente le pedía que imprima certificados, especificando muchas veces que sean “de los que no tienen sellos” o de los que sí lo tenían. También le pidió en múltiples ocasiones que le cambie efectivo por una transferencia de Mercado Pago o viceversa.

En un cuarto intermedio realizado cerca del mediodía, la fiscal Palacios y Santiago Calderón Salomón, representante de la querella, o sea del Gobierno en este caso, hablaron con la prensa sobre las pruebas expuestas en estas jornadas y el rol de Apaza.

“Entendemos que esta prueba inculpa a los dos imputados y también a la tercera, Apaza, en una relación, pero eso será materia de alegatos. Creo que la jornada ha sido muy importante porque han detallado cada una de las comunicaciones que tuvo esta pareja y lo más importante, la compra y venta de certificados”, dijo Calderón Salomón. “Todo eso es fundamental porque uno tiene que acreditar no solamente por el tipo de delito, de adulteración, sino también que se hizo un beneficio económico. La pericia fue de aproximadamente dos horas y media, pero muy detallada, muy precisa, como nos tiene acostumbrado esta perito (Bernal)”, añadió, refiriéndose a las pericias presentadas por Bernal.

Por su parte, la fiscal Palacios también calificó las pruebas como “categóricas y contundentes” y además destacó la defensa de los acusados, la cual “está haciendo muy bien su labor”. “Confío también mucho en los jueces de este tribunal y sí, para mi es contundente la prueba. Sabemos que son culpables ahora hay que hacer el trabajo y el camino de demostrarlo”, continuó Palacios. “Consideramos que toda la prueba incorporada es una prueba absolutamente lícita y válida, pero es un delito complejo, y en esa complejidad tenemos que ir con cautela para acreditar cada uno de los acciones”, agregó la fiscal.

Con respecto a las firmas y sellos de médicos falsificadas, dijo que hay dos casos que se han podido comprobar concretamente, pero que hay certificados que involucran “a otros médicos más”.

Palacios comentó además que, si bien el pedido original de pena era de 5 años, estima que el monto final será “bastante más elevado”.

Para finalizar, consultada por la relación de Apaza, simplemente se limitó a decir: “Es distinta la situación de ella, eso es lo único que puedo adelantar. Es distinta sepan entenderme, pero no puedo adelantar más nada”.

La jueza de Garantía N° 2 de la Primera Circunscripción, Agustina Dopazo Samper, ordenó la prisión preventiva de Luciano Debiassi, imputado por la Fiscalía de Género N° 1 por el delito de lesiones agravadas y amenazas contra su pareja por un hecho ocurrido la tarde del ocho de junio en una casa del barrio 544 Viviendas, en la ciudad de San Luis.

En la formulación de cargos, la fiscal María del Valle Durán narró que Debiassi agredió a la mujer y lesionó a la hija de ambos, una niña de apenas un año y cuatro meses. La fiscalía especializada calificó el episodio como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas agravadas por el uso de arma en perjuicio de su pareja, y lesiones leves agravadas por el vínculo en perjuicio de la hija.

Durán pidió que la privación de la libertad del imputado sea por 120 días y fundamentó el pedido de la medida cautelar ante el riesgo para la integridad de las víctimas y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación. La defensa de Debiassi, representada por el defensor penal Diego González Zunino y la defensora penal Stefanía Cifuentes, solicitó que la medida cautelar fuera en el domicilio en el Barrio Amep por 30 días y que sea autorizado para salir a trabajar. También requirieron que se le dicte una restricción de acercamiento.

La jueza, luego de escuchar a las partes, resolvió dictar la preventiva para el imputado, pero por 60 días.

El caso

Según surge de la denuncia y las actuaciones policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 18 horas, luego de que la pareja regresara de un evento familiar.

“La pareja regresaba junto a su hija menor de una un evento familiar donde el imputado había consumido bebidas alcohólicas. En el trayecto comenzó una discusión. Volvieron a la casa donde compartían en el barrio 544 Viviendas y allí el imputado comenzó a insultar y agredir a su pareja, se puso agresivo, la agarró del cabello, comenzó a propinarle cachetadas, luego golpes de puño en el rostro y en el cuerpo”, relató Durán.

En su presentación de los hechos, la fiscal dijo que Debiassi le mordió distintas zonas de la cara a la víctima y ante los gritos, intentó asfixiarla para que los vecinos no pudieran escuchar los pedidos de auxilio.

La situación se agravó cuando el imputado presuntamente tomó un cuchillo y volvió a atacar a Robledo dentro del vehículo de la víctima, mientras ella sostenía en brazos a su hija. “La señora con la niña se resguardan dentro del vehículo, cierra la puerta, pero como el imputado le había sacado las llaves abre el automóvil, ingresa y la golpea con un cuchillo de carnicero con cabo de madera que luego fue secuestrado. También se lo colocó en el cuello y la amenazó de muerte”, dijo la fiscal.

La mujer y la niña resultaron lesionadas, de acuerdo con los certificados médicos incorporados a la causa. El episodio terminó cuando un móvil policial llegó al lugar.

El Ministerio Público también recordó que no se trata del primer episodio de violencia protagonizado por Debiassi, ya que existen antecedentes denunciados en 2021 y en 2024, donde relató situaciones similares de agresión física y psicológica. En esas ocasiones, también hubo menores presentes.

La Fiscalía considera que la mujer se encuentra en un contexto de violencia de género sostenida, tanto física como económica y emocional. Asimismo, solicitó la realización de Cámara Gesell para el hijo de la denunciante, un niño de 10 años, con el fin de obtener su testimonio sobre la relación y las situaciones de violencia que habría presenciado a lo largo del tiempo.

El defensor de Niñez, Adolescencia e Incapaces, Sebastián Privitera, adhirió a todo lo expresado por la Fiscalía.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Este miércoles al mediodía, cinco funcionarios juraron en sus cargos en el acto que se realizó en el edificio judicial de Villa Mercedes “Dr. Ramiro Podetti” de la Segunda Circunscripción. Juraron una jueza de cámara, dos juezas de primera instancia, una defensora oficial y un fiscal.

– Nora Patricia Pisacco como jueza de cámara de la Sala Laboral N° 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Ambiental, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia y Laboral.
– Liliana Patricia Liendo como jueza laboral Nº 1.
– Omar Enrique Camisay como juez laboral Nº 3.
– Nadia Soledad Guardia como defensora oficial en lo Civil, Comercial, Ambiental y Laboral Nº 2.
– Gisela Anahí Milstein García como fiscal de instrucción en lo penal Nº 5 –provisoria-.

Fuente: Prensa Poder Judicial