Raúl Zacarías Páez fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por ser autor de varios delitos cometidos en Villa Mercedes. La sentencia fue dictada este martes por el Juzgado de Garantía Nº 3, a cargo de la jueza Natalia Pereyra Cardini, tras la homologación de un acuerdo de juicio abreviado.

Páez fue considerado responsable de los delitos de lesiones graves, amenazas calificadas por el uso de arma, abuso de arma de fuego, portación de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad agravada por el uso de armas.

El primer hecho ocurrió el 30 de agosto pasado, cuando Páez golpeó con un arma a una mujer durante una discusión. La víctima, que defendía a su hijo, perdió el conocimiento tras el golpe. Minutos más tarde, cuando se dirigía con su esposo a recibir asistencia médica, el agresor volvió a cruzarse con ellos y la amenazó apuntándole con el arma. Según la denuncia, incluso se efectuaron dos disparos.

El segundo episodio tuvo lugar el 2 de septiembre, alrededor de la 1:15 de la madrugada. Efectivos del DRIM acudieron a un llamado que alertaba sobre dos personas armadas y se encontraron con Páez. Al intentar identificarlo, el acusado intentó huir y forcejeó con los policías, quienes constataron que portaba un arma apta para el disparo que no estaba registrada en el RENAR, ni él como usuario habilitado.

Ambas causas fueron acumuladas y, tras un acuerdo entre las Fiscalías de Instrucción Nº 1 y Nº 5 y la Defensoría Oficial Nº 1, el acusado reconoció los hechos, aceptó la calificación legal y la pena impuesta. Hasta el momento de la sentencia, Páez permanecía detenido bajo prisión preventiva.

El juicio abreviado es un procedimiento legal que permite resolver causas penales de manera más rápida, siempre que el imputado reconozca su responsabilidad y las partes acuerden la pena. El tribunal, en ese caso, evalúa el acuerdo y dicta la sentencia sin necesidad de un juicio oral completo.

En la audiencia participaron las fiscales Gisela Milstein y Cecilia Framini, y las defensoras Silvia Morán y Ximena Bertoli.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Este martes por la mañana, Fiscalía de Juicio solicitó se condene a Juan Carlos Collado (72) a la pena de cuatro años de prisión y 8 años de inhabilitación especial para conducir vehículos, en marco de la causa donde se lo juzga como autor del delito de doble homicidio culposo agravado por violar la señalización del semáforo y por el resultado (más de una víctima fatal), en relación a un hecho ocurrido en Villa Mercedes donde perdieron la vida una joven y su hija.

En el mismo sentido se expresó la querella, mientras que la defensa planteó la absolución por el beneficio de la duda.

Los alegatos de clausura se desarrollaron en la Sala de Juicios Nº 1 de Villa Mercedes. En primer lugar, el fiscal de Juicio recordó las circunstancias en las que se produjo el hecho y, como lo hizo en la etapa de alegatos de apertura, destacó que el acusado omitió el deber del debido cuidado.

El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que la materialidad del hecho y el resultado – el fallecimiento de dos personas – se encuentran probados, se refirió a las causas de muerte y detalló que la omisión del deber de debido cuidado se constituyó cuando el acusado cruzó el semáforo en rojo.

El fiscal de Juicio, Ernesto Lutens, explicó que el cruce del semáforo en rojo quedó acreditado, en primer lugar, a través de las pruebas testimoniales. También se refirió a la prueba científica aportada por la Lic. Barbara Galván en cuanto a la dinámica del accidente.

Finalmente, citó jurisprudencia, encuadró al hecho como doble homicidio culposo agravado por violar la señalización del semáforo y por el resultado (más de una víctima fatal). Mencionó como atenuantes la falta de antecedentes penales del acusado y no observó agravantes. Solicitó que Collado sea condenado a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas procesales y a ocho años de inhabilitación especial para conducir vehículos.

En el mismo sentido se expresó la querella, representada por Valentín Rivadera, quien adhirió en todo a lo manifestado por el fiscal de Juicio. Hizo hincapié en algunos aspectos expuestos durante el debate oral y consideró que el acusado condujo en forma negligente.

Por último, la defensa pidió al Tribunal que se llegue a una sentencia justa, con proporcionalidad, en función del respeto por las Garantías Constitucionales.

Solicitó la absolución de su asistido por el beneficio de la duda y en forma subsidiaria, pidió que la pena sea de tres años de ejecución en suspenso y atento la conducta desplegada por el Señor Collado durante el proceso y lo previsto en el Art. 26 del Código Penal, que la misma sea en forma domiciliaria. Explicó que el acusado tiene más de 70 años y en ese sentido, recordó lo previsto en la normativa vigente.

Durante su exposición, la Defensa remarcó que existe una duda razonable sobre si el acusado pasó o no el semáforo en rojo. Mencionó la falta de elementos de convicción suficientes.

Por último, el Tribunal concedió la palabra al acusado quien manifestó que, atento la inminente resolución judicial, se tenga en cuenta una fecha de cirugía prevista para los próximos días.

El Tribunal informó que el veredicto se dará a conocer el miércoles 12 de noviembre a las 10 horas.

El hecho ocurrió el 16 de octubre del 2018 en la intersección de la Avenida 25 de Mayo y la calle Ayacucho, en donde el conductor de una camioneta Ford Ranger impactó sobre una motocicleta, lo que ocasionó el fallecimiento de una mujer de 24 años y de su hija de 3 años. Juan Carlos Collado, de 72 años, llegó acusado como autor del delito de doble homicidio culposo agravado por violar la señalización del semáforo y por el resultado ) más de una víctima fatal), en los términos de los Arts. 84 bis y 45 del Código Penal Argentino.

Prensa: Poder Judicial

Este lunes, el fiscal Francisco Assat Alí, junto a la fiscal adjunta Ornela Costa de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 1 de la primera circunscripción judicial, imputaron a tres nuevas personas en el marco de la causa conocida como la Mafia de las Escrituras. Se trata de José Héctor Jofré, Pedro Eduardo Mazzoca Fernández y Ruth Sonia Agüero, acusados por asociación ilícita en carácter de partícipes, estafa procesal y falsificación de documentos públicos y privados, además de su uso en procesos judiciales. El pasado 20 de agosto, 11 personas fueron imputados por esta misma causa que La Gaceta Digital dio a conocer.

La audiencia fue encabezada por la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, con la participación de la Fiscalía de Estado —representada por Florencia Bustos Samperisi— y de la querella a cargo de los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone.

Assat explicó que la audiencia tuvo por objeto ampliar la imputación a tres nuevas personas, en una causa que ya cuenta con once imputados. Además, se formuló reserva de audiencia para otros dos citados que no comparecieron: Salvador Presti y Carlos David Genta.

Durante la exposición, el fiscal detalló que la investigación se centra en hechos que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, se remontan al menos al año 2012. Desde entonces, los imputados habrían formado parte de una asociación ilícita dedicada a la apropiación ilegítima de predios, lotes e inmuebles mediante maniobras fraudulentas y artificios procesales.

Entre los mecanismos detectados se mencionaron la introducción de domicilios falsos para impedir que las víctimas fueran notificadas y declararlas rebeldes, el uso de documentación apócrifa, la falsificación de firmas y sellos, y la participación rotativa de los mismos testigos y miembros del grupo en distintos expedientes, asumiendo diversos roles según la conveniencia.

Assat también remarcó que las víctimas suelen ser personas mayores, con limitaciones físicas o herederos que no residen en la provincia, lo que las hace especialmente vulnerables a este tipo de maniobras.

Según la Fiscalía, los hechos se enmarcan en una organización con estructura estable, división de funciones y permanencia en el tiempo. El grupo estaría liderado por el abogado Juan Cruz Domínguez, cuyo conocimiento técnico en materia civil habría sido determinante para ejecutar las maniobras.

En cuanto a las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó que los imputados firmen el libro de procesados una vez por semana durante seis meses y que no puedan salir de la provincia sin autorización judicial. También pidió que la causa sea declarada compleja, por la cantidad de personas involucradas, la extensión de la investigación y la naturaleza económica de los hechos. Además, requirió la inhibición general de bienes y la prohibición de disponer o gravar el patrimonio de los imputados hasta la finalización del proceso.

Tanto la querella como la Fiscalía de Estado adhirieron a los planteos del Ministerio Público Fiscal.

El abogado José Samper, defensor de Jofré, adelantó que su representado prestará declaración indagatoria. Jofré manifestó haber firmado documentación sin conocer su contenido, a pedido de un conocido del ámbito laboral, y que no obtuvo ningún beneficio económico.

Por su parte, el abogado Martín Pérez Ruta, defensor de Mazzoca Fernández y Agüero, sostuvo que sus representados actuaron de buena fe al comprar un terreno y luego ceder los derechos de propiedad, negando que integren una organización o que su proceder haya sido ilícito.

Finalmente, la jueza Banó tuvo por formulados los cargos en los términos solicitados por el Ministerio Público Fiscal, declaró la causa como compleja y otorgó un plazo de seis meses para la investigación. Dispuso que los imputados firmen el libro semanalmente en el Ministerio Público Fiscal y prohibió su salida de la provincia durante ese mismo plazo, salvo autorización por razones de fuerza mayor o de salud.

En materia patrimonial, la jueza ordenó la inhibición general de bienes y la prohibición de contratar respecto de los tres imputados, con el objetivo de resguardar posibles responsabilidades patrimoniales.

El modus operandi de la organización, según la Fiscalía
De acuerdo con lo expuesto en la primera audiencia, donde fueron imputadas once personas, la presunta organización habría intervenido en al menos veinte hechos de apropiación fraudulenta de inmuebles —entre predios, lotes, campos y viviendas— ubicados en distintas localidades de la provincia, como San Luis capital, El Volcán, El Chorrillo, Potrero de los Funes, Merlo, Luján, Los Vallecitos y Nogolí.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que el grupo actuaba de manera organizada, con división de roles y rotación de funciones, mediante un mecanismo sostenido en el tiempo. Las maniobras consistían en simular procesos sucesorios y cesiones de derechos basadas en documentación falsificada, para luego iniciar juicios de escrituración que derivaban en sentencias engañosas y en la transferencia irregular de propiedades a favor de los integrantes del grupo.

Para concretar esas operaciones, se habrían confeccionado boletos de compraventa, denuncias policiales, certificaciones notariales, pagarés y comprobantes impositivos falsos, entre otros documentos.

Un elemento clave, según la Fiscalía y la querella, era el uso de “domicilios seguros” o “controlados”, que en realidad pertenecían a miembros de la organización. De ese modo, se impedía que los verdaderos propietarios fueran notificados y se los declaraba en rebeldía, lo que permitía que los tribunales —actuando de buena fe pero bajo engaño— dictaran resoluciones favorables a los acusados.

El fiscal Assat Alí destacó la magnitud del perjuicio patrimonial, que superaría los cuatro millones de dólares.