El ministro de Educación, Guillermo Araujo, comunicó que el acto central del inicio del ciclo lectivo 2025 será el 24 de febrero en la escuela N ° 277, Crucero General Belgrano, del el paraje El Tala (a 12 kilómetros de Villa de Carmen) y contará con la presencia del gobernador en Claudio Poggi. También habrá funcionarios de la cartera educativa inaugurando el ciclo lectivo en el resto de las escuelas rurales que tiene la provincia.

“Habrá un acto central en la escuela Crucero General Belgrano, pero en el mismo momento estaremos acompañando el inicio de las clases en 110 escuelas rurales ubicadas en parajes de toda la provincia. En esa visita, y en esa presencia de todo el Gobierno provincial en las escuelas más alejadas de la provincia, se hará la entrega de computadoras en el marco del programa Conectando Parajes”, explicó el funcionario.

Araujo agregó que se hará entrega de libros y demás material como parte del Programa de Alfabetización Inicial que se inició en 2024 para chicos que concurren en sala de 5, primero, segundo y tercer grado. Como novedad se agrega la sala de 4 años.

Para el primer día de clases también se entregará material deportivo que también se llevará posteriormente al resto de las escuelas de la provincia.

Araujo remarcó que desde el inicio del ciclo lectivo, los chicos tendrán desayuno y almuerzo que se les brindará por el Programa Alimentario y Nutricional Escolar (PANE).

El ministro de Educación, Guillermo Araujo, confirmó que en el ciclo lectivo 2025, solamente recibirán computadoras los estudiantes de los niveles primarios y secundarios que concurren a las 110 escuelas rurales ubicadas en los parajes de la provincia. Por lo tanto, el resto de los estudiantes no recibirán dispositivos, tal como sucedió en 2024. Además, el Gobierno provincial le sigue reclamando a la gestión de Javier Milei los 11.000 dispositivos pendientes de 2023 (destinados a estudiantes de secundaria).

“Por el momento, la entrega de computadoras es para las escuelas ubicadas en parajes. No está prevista la entrega de computadoras para otras escuelas. Las computadoras pendientes, que eran 11.000 y habían quedado pendientes de entrega cuando iniciamos el gobierno en 2023, no las hemos recibido y, por supuesto, las seguimos reclamando”, respondió Araujo a una de las preguntas de LGD.

El funcionario adelantó que, a través del Programa Conectando Parajes, que comenzó el año pasado, se entregarán 2.500 computadoras este año a estudiantes y docentes de las escuelas rurales que conforman los 28 circuitos de establecimientos educativos rurales. “Son 2.500 dispositivos que se suman a los 250 que habíamos entregado el año pasado en nueve escuelas de parajes. Y ya con estas 110 escuelas, completamos la entrega a todas las escuelas ubicadas en los parajes”.

Las 2.500 computadoras se entregarán en los actos de inauguración del ciclo lectivo en cada escuela rural. El acto central será en la escuela N ° 277, Crucero General Belgrano, del paraje El Tala. En el resto de las escuelas habrá funcionarios del Ministerio de Educación.

Como publicó LGD el año pasado, 2023 fue el último año en que los estudiantes de primaria y secundaria de escuelas no rurales recibieron notebooks y tablets. El ex gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció en la asamblea legislativa de 2022 que se les darían 52.000 dispositivos: 27.000 tablets a chicos de los tres primeros grados de primaria y 25.000 computadoras a alumnos de cuarto a sexto grado. En este punto, hay que mencionar que en 2020 y 2021, años de la pandemia, se suspendió esta política.

Las entregas que anunció Rodríguez Saá para 2022 se pospusieron para 2023, año electoral en el que se votó para elegir gobernador y presidente.

A mediados de 2024, Araujo explicó que en el presupuesto del año pasado no había ninguna partida destinada para la compra de dispositivos para estudiantes. “La verdad es que cuando llegamos, no había ninguna computadora tampoco para entregar”, respondió el funcionario a LGD.

La secretaria General de San Luis, Fabiana Malamud, brindó detalles sobre el último aumento salarial anunciado por el intendente Gastón Hissa. Malamud señaló que este es el “sexto incremento” otorgado desde el inicio de la gestión Hissa, lo que representa “un aumento significativo de más del 95% en promedio en todas las categorías”.

El nuevo aumento es del 20% sobre el básico de los trabajadores municipales y se suma a otros incrementos otorgados en 2024, tanto sobre el sueldo base como en sumas no remunerativas y asignaciones familiares. Además, se anunció el traslado de $30.000 de un concepto no remunerativo al básico, lo que impactará en otros ítems salariales. Asimismo, reconoció que quedan $50.000 no remunerativos que todavía resta trasladar.

“Cuando nosotros iniciamos la gestión, el básico de la categoría más baja del personal municipal, que es la categoría 7, estaba en $161.000. Y ahora está en $360.000 el básico en la categoría más baja”, explicó Malamud. También destacó la importancia del incremento sobre el sueldo base, ya que “arrastra o después engloba a todo el resto de los ítems que van enganchados al básico, como es antigüedad, título, riesgo, insalubre, que la mayoría del personal municipal cobra varios de estos ítems”.

En cuanto al impacto en el salario de bolsillo, la funcionaria aseguró: “La categoría más baja, con los ítems que cobran los empleados municipales, que son riesgo, insalubre, antigüedad, y ni hablar sumado a las asignaciones familiares; estamos hablando de bolsillo de 900.000 pesos”.

Además, se anunció un aumento del 20% en las asignaciones familiares y un incremento en la ayuda escolar anual, que pasará de $9.609 a $38.436 por hijo. Otro de los puntos destacados por Malamud fue la actualización del adicional por presentismo, que se incrementará en $10.000, quedando en un total de $63.688. También se informó que las ayudas económicas al desocupado, que alcanzan a 55 personas, se elevarán a $380.000 por mes.

El aumento del 20%, junto con el traslado de los $30.000 al básico y la actualización de asignaciones, se aplicará con los haberes de febrero, que se pagarán el 28 de febrero. “Esto se hace básicamente con una buena gestión financiera, presupuestaria y administrativa, contención de los gastos superfluos y priorización de los servicios básicos”, dijo la secretaria General.

Consultada por los plazos fijos por más de 6.000 millones, Malamud dio una larguísima respuesta, esquivando en cierta manera la pregunta. “La municipalidad cuenta, básicamente, con dos maneras de tener ingresos. No tenemos ingresos por otra fuente y por otras vías, que no es la coparticipación que nos corresponde por ley y los ingresos propios. Se ha venido trabajando todo el año pasado en una gestión interna de todo lo que es el proceso tributario, de mejora de controles internos, de casillas sanitarias, de eliminar deudas viejas. Teníamos muchos reclamos. Formas de gestionar el cobro de tasas, digamos, multas. Se ha mejorado todo el tema de multas, lo que hace a infraestructura, de obras privadas”, fue parte de la respuesta, en la que también recordó que todas estas medidas permitieron el pago de dos premios anuales en 2024, incluyendo el adeudado por la gestión anterior.

Consultada nuevamente por este fondo FIMA, Malamud: “A veces tenemos fondos en los bancos, como lo puede tener cualquier familia que puede ahorrar un mes, ya que la la coparticipación entra por día. El fondo existe en función de cuando, digamos, entra la coparticipación y hasta que pagamos sueldo, o la fecha que tenemos que pagar proveedores. Si hay fondos inutilizables, va cubriéndonos de la inflación, es solamente eso”.

Para finalizar, explicó que la Municipalidad tiene unos 2.500 empleados, 55 ayudas al desocupado y 75 funcionarios.

El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, brindó detalles sobre la implementación de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia en el ejercicio de la función pública, conocida como Ley de Narcotest, que establece la realización obligatoria de análisis toxicológicos para funcionarios de los tres poderes del Estado provincial.

Bazla informó que el procedimiento se llevará a cabo mediante un sorteo. “Ya hemos elaborado un registro numérico de funcionarios públicos en donde cada uno estamos identificados con un número que solamente obra en conocimiento de la autoridad de aplicación”, explicó. A partir de este registro, la Caja Social y Financiera de la provincia realizará sorteos para determinar qué funcionarios deberán someterse a los análisis. El primer sorteo será el miércoles 5 de marzo y seleccionará a 100 funcionarios. Las notificaciones se enviarán el 6 de marzo y las muestras se tomarán el 7 de marzo. “Esto hasta completar la totalidad de integrantes del registro de funcionarios”, precisó Bazla.

Cabe recordar que los primeros tests no se realizaron de manera aleatoria, como indica la Ley, sino que, amparándose en un decreto que regía en aquel momento, el gobernador Claudio Poggi se lo hizo cuando él lo decidió, mientras que Bazla anunció cuando se lo tenían que realizar ministros y secretarios de Estado.

Los costos de los estudios, estimados “entre 40 y 50 mil pesos” por análisis según la última valuación de la Universidad Nacional de San Luis, serán afrontados por los propios funcionarios. “No va a ser el pueblo de la provincia de San Luis quien solvente o quien se haga cargo de esta garantía de idoneidad que forma parte de la demostración de no poseer rastros de consumo de drogas ilegales”, dijo el secretario.

El anuncio de que los funcionarios pagarán su propio test llega luego de las críticas que surgieron luego de conocerse los costos de las pruebas y a cuántas personas alcanzaría, totalizando alrededor de 900 millones de pesos. De igual manera, los testeos que se realizarán en una segunda etapa al personal de seguridad y de salud pública, si serán cubiertos por el Estado.

El funcionario también explicó que quienes se nieguen a realizarse el test serán sancionados. “Está previsto en la ley y en la reglamentación que quien se niegue a someterse al análisis toxicológico va a ser considerado una falta grave”, indicó. En el caso del Poder Ejecutivo, esto implicará el cese en el ejercicio de las funciones. En el Poder Judicial, se notificará al jurado de enjuiciamiento, mientras que en el Legislativo se informará a las autoridades correspondientes para evaluar un posible juicio político.

De igual manera, aclararon que si un funcionario resulta positivo en el test, se ofrecerá asistencia a través del Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones. Asimismo, podrá solicitar que se haga una segunda prueba. “Se realizaría con la misma muestra que se tomó al comienzo, es decir, no es una muestra diferente. No es que tenga que tener una nueva muestra de orina, sino que al momento de la primera toma de muestra, la cantidad de orina se divide en dos frasquitos, uno se somete al primer análisis y el segundo queda reservado”, explicó Bazla.

Finalmente, el secretario de Ética Pública subrayó que la ley busca evitar que funcionarios públicos estén “de los dos lados del mostrador”. “Si estoy consumiendo cocaína, la estoy comprando, la estoy adquiriendo en un circuito ilegal. Por lo tanto, no puedo al día siguiente, como funcionario público, firmar un decreto, tomar una decisión que afecte a toda la ciudadanía, no puedo dictar una sentencia o formular una acusación de corte judicial, o no puedo legislar porque estaría convalidando una situación absolutamente ilegal”, concluyó.Los estudios estarán a cargo de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis y consistirán en pruebas de orina para detectar la presencia de sustancias ilegales como cocaína, éxtasis, anfetaminas, opiáceos y marihuana. La obligatoriedad alcanza al gobernador, el vicegobernador, ministros del Ejecutivo, legisladores, jueces, fiscales y demás funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como al Tribunal de Cuentas y al defensor del Pueblo.

La Dirección de Prevención y Gestión de Emergencias (DPYGE) ha establecido nuevas medidas para la realización de quemas controladas en la provincia de San Luis, mediante la Resolución N° 02 DPYGE 2025. Esta normativa busca prevenir incendios forestales y garantizar un manejo responsable de estas prácticas.

Es importante destacar que la solicitud de quemas controladas se extiende a municipios, empresas y personas, los cuales deberán cumplir con la normativa vigente pautada por la Resolución N° 02 DPYGE 2025.

Requisitos para la realización de quemas

Para llevar a cabo quemas de pastizales o residuos vegetales en zonas rurales y forestales, será obligatorio obtener un permiso especial y abonar la tasa y los aranceles correspondientes, según lo solicitado.

Condiciones y límites

• Quemas bajo monte: con un intervalo mínimo de 4 años entre cada quema.
• Quemas en pastizales implantados: el intervalo mínimo es de 2 años.
• Superficie máxima autorizada: hasta 250 hectáreas por día.
  Para áreas mayores a 2.000 hectáreas: se permitirá un máximo de 500 hectáreas por día.

Sanciones y control

Quienes realicen quemas sin autorización estarán sujetos a multas que van desde 100 hasta 700.000 litros de nafta Premium. Con el valor actual del combustible ($1.423 por litro), la multa máxima podría alcanzar los $996.100.000.

Desde la DPYGE, se han articulado protocolos de acción con la Policía de la Provincia para actuar ante sospechas de quemas no autorizadas, con el fin de identificar a los responsables y aplicar las multas correspondientes.

Información y contacto

Para solicitar permisos y conocer más sobre la normativa en vigencia, los interesados pueden dirigirse a la dirección de Prevención y Gestión de Emergencias del ministerio de Seguridad, ubicada en la planta baja del edificio Sur de la Casa de Gobierno de San Luis.

Fuente: ANSL

Personal de la División Lucha Contra el Narcotráfico secuestró este martes dos ladrillos de marihuana valuados en más de $19 millones que eran transportados en un auto que circulaba por Juana Koslay. La droga secuestrada se podía fraccionar en 5.600 dosis.

De acuerdo a la información del Ministerio de Seguridad, el operativo policial se realizó en calle Las Tapias, antes de la intersección con Av. Los Eucaliptos, en el ingreso al Barrio Dupuy. En ese lugar, los efectivos interceptaron un automóvil Ford Taunus de color negro, en el que se desplazaban un hombre y dos mujeres.

Tras la inspección del vehículo, se procedió al secuestro de los siguientes elementos: tres teléfonos celulares, dinero en efectivo: 11.320 pesos argentinos, 1.000 pesos chilenos y dos paquetes rectangulares recubiertos con cinta de empaque marrón, conteniendo en su interior una sustancia vegetal con características similares a la marihuana.

El peso total de la sustancia incautada equivale a la elaboración de aproximadamente 5.601 dosis, con un valor estimado en el mercado ilegal de $19.603.500. La droga fue detectada por el can Keila del Departamento Canes Detectores de Estupefacientes.

Además, se procedió al secuestro del vehículo involucrado. Como resultado del operativo, el Juzgado Federal de San Luis ordenó la detención e incomunicación de los ocupantes del automóvil, un hombre de 35 años y dos mujeres de 39 y 43 años.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes, en tanto se define su situación procesal.