Diego Alejandro Oliveri fue condenado a dos años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo por ser culpable de los delitos de amenazas, distribución indebida de correspondencia y lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, todos en concurso real, y en perjuicio de Gabriela Fernández Aberastain. Tatiana Yacarini, la otra acusada, hizo un acuerdo y evitó la pena de prisión.

El juez Ariel Gustavo Parrillis consideró como atenuante la falta de antecedentes penales del imputado, pero valoró como agravantes las circunstancias de tiempo y modo en que se produjeron los hechos, así como la extensión del daño causado y la afectación a la imagen personal y familiar de la víctima.

“Si alguna acción dañó a alguien pido disculpas, lo lamento”, dijo Oliveri como palabras finales antes de conocer el veredicto. “En 2019 sufrí un ACV que dejó secuelas y este juicio me encuentra rehabilitándome y tratando de que todos vuelvan a sus vidas normales. Nunca eludí la justicia, detrás de un expediente hay un ser humano con un camino de vida quebrada por la enfermedad. Le pido al juez que me mire como un ser humano, no soy peligroso para nadie y lo que más quiero es estar lejos de los conflictos”, agregó el ahora condenado.

Su defensor, José Luis Guiñazú, titular de la Defensoría de Juicio N° 2, había solicitado en los alegatos que se rechace la pretensión punitiva de tres años y ochos meses que había solicitado la Fiscalía y que se absuelva a su defendido. También había pedido que en caso de que se le dictara una condena, fuera en suspenso.

Oliveri, de 46 años, fue pareja de Aberastain y llegó a debate junto a Tatiana Yacarini. De acuerdo con la teoría del caso de la Fiscalía (en esta causa actuaron el Fiscal de Instrucción N° 2, Ricardo Barbeito y la fiscal adjunta Ornella Costa, y el Fiscal de Juicio, Fernando Rodríguez), el caso comenzó el 13 de abril de 2020 con la viralización no consentida de un video íntimo de la víctima.

La situación de Yacarini

La mujer y también ex pareja de Oliveri presentó, a través de sus abogados Marcos Juárez y Ramiro Rubio, un acuerdo conciliatorio que, aceptado por la víctima, la querella y la Fiscalía. De esta manera se extingue la acción penal que pesaba sobre la imputada y el juez dictó su sobreseimiento.

“Te pido públicamente disculpas Gabriela, estoy totalmente arrepentida”, dijo Yacarini. Además, expresó ante el tribunal que nunca tuvo la intención de amenazar a Aberastain ni a sus hijos, y que no está en su esencia hacerles daño. “Soy mamá y abuela”, dijo. En su declaración, afirmó que durante cinco años permaneció en silencio debido a su anterior abogado, quien —según dijo— nunca le permitió declarar en la causa.

Sostuvo que fue víctima de violencia constante, tanto psíquica, psicológica como económica, ejercida por Diego Alejandro Oliveri.

Los hechos

En su alegato, Barbeito habló de “El pecado de ser la ex” y narró toda una serie de situaciones que atravesó Aberastain luego de separarse de Oliveri y entablar una nueva relación sentimental con otro hombre.

Según detalló, la estrategia incluyó enviar el video primero a la entonces pareja de la víctima, y de inmediato, Yaccarini se comunicó con él para confirmar que quien aparecía en las imágenes era Fernández Aberastain.

Lejos de detenerse, esa misma noche continuaron los mensajes intimidantes, en especial por parte de Oliveri, quien se jactó de lo ocurrido y, de acuerdo a la acusación, llegó a advertirle a la víctima que “Tatiana te va a arruinar la vida”.

La viralización del video motivó una denuncia digital que derivó en la apertura de la causa judicial. Como consecuencia, se dictó una orden de restricción en favor de la víctima, que luego fue presuntamente incumplida por Yaccarini, lo que generó nuevas imputaciones.

El fiscal describió el impacto devastador que tuvo el episodio en la vida de la víctima, quien era profesora y campeona de fitness. A raíz de la difusión de las imágenes, no pudo volver a trabajar, ni siquiera de forma virtual, y sufrió un grave deterioro de su salud mental. Estuvo siete meses encerrada en su casa bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico. Además, según relató el fiscal, el contenido llegó incluso a sus hijos, quienes también fueron blanco de amenazas y agresiones en el entorno escolar.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Un grupo de abogados presentó una denuncia institucional ante el Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis para que intervenga ante el mal funcionamiento del Registro Público de Comercio, una dependencia que consideran fundamental para la actividad empresarial en la provincia. El abogado Facundo Cañas Morsino, uno de los impulsores de esta presentación, advirtió que en los últimos meses se han intensificado las trabas burocráticas, el cambio arbitrario de criterios y la negativa a brindar información pública registral, afectando seriamente el ejercicio profesional.

Según explicó el letrado, los problemas comenzaron a partir del cambio de gestión en diciembre de 2023. Aunque evitó nombrar responsables concretos, remarcó que hubo un viraje en los criterios administrativos impulsado por “las esferas superiores” del organismo, lo que derivó en retrocesos evidentes como la negativa a aceptar escritos firmados digitalmente. “La misma firma digital es provista por la provincia. Es un contrasentido y una contradicción muy grande”, expresó.

Otro punto crítico, que motivó la denuncia ante el Colegio, es la imposibilidad de acceder a los legajos societarios. “Hoy los abogados no podemos acceder a la información registral, cuando es una de las principales funciones del organismo, como su propio nombre lo indica”, explicó. Además, aclaró que el problema no radica en el desempeño de los empleados. “Es una oficina que venía trabajando muy bien, sobre todo por parte de los empleados con trayectoria”, destacó.

Cañas aseguró que anteriormente los profesionales del derecho podían consultar los legajos de sociedades a través de un simple formulario de acceso a la información pública. Ese mecanismo hoy está vedado, amparándose en un artículo de la ley de procedimientos administrativos que establece que sólo las partes o apoderados pueden acceder a los expedientes. “Eso es un error garrafal, porque los legajos societarios no son expedientes administrativos”, sostuvo.

“También en alguna oportunidad me han comentado informalmente que se aduce que las sociedades son privadas y es una realidad. Las sociedades son personas jurídicas de carácter privado, pero eso no hace cambiar el carácter público del registro. Los inmuebles, por ejemplo, también son de dominio privado, pero el registro es público y cualquiera puede ver la matrícula del inmueble”, dijo el letrado, señalando como cualquier vecino puede solicitar la matrícula o la mensura de un inmueble.

Para ilustrar la gravedad del cambio de criterio, relató un caso práctico: si un abogado sospecha que una persona es socia de una empresa y quiere trabar un embargo, necesita verificar esa información en el registro. “Hoy no puedo hacerlo si no me autorizan. Bajo esta lógica, sería como si el Registro de la Propiedad Inmueble no permitiera a un escribano acceder a la matrícula de una casa sin pedirle permiso al dueño. Es un sinsentido”.

Cañas también cuestionó que, pese a que los contratos constitutivos de las sociedades se publican en el Boletín Oficial, luego el acceso a esa misma información es denegado por el Registro Público. “Se publica la constitución, pero si al día siguiente quiero ir a ver ese contrato que ya fue publicado en el boletín oficial, no me lo permiten ver”, advirtió.

Además, el abogado mencionó antecedentes judiciales relevantes a nivel nacional, como el fallo en la causa Gil Lavedra y otro de Margarita Stolbiser contra la Inspección General de Justicia (IGJ), donde la Justicia ordenó que se brindara acceso a datos registrales que habían sido negados. “La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ya dejó claro que la información de las sociedades no puede ser considerada como sensible, porque es información pública”, afirmó.

Otro ejemplo que aportó fue el de un cliente con sociedades en varias provincias, quien le solicitó presupuestar una reactivación societaria en San Luis. “No puedo ver el legajo si no me manda un poder. Tiene que gastar no menos de 100 mil pesos sólo para que yo acceda a esa información y poder hacerle un presupuesto. Así no puedo trabajar yo ni invertir él”, denunció.

Cañas insistió en que estas trabas atentan contra los objetivos declarados del gobierno provincial. “Es un contrasentido propiciar la inversión privada y al mismo tiempo poner obstáculos al funcionamiento de las sociedades, que son los sujetos que generalmente encabezan esas inversiones”, dijo. Y subrayó que el Registro Público de Comercio debería ser un instrumento que brinde seguridad jurídica a quienes quieren emprender.

Aunque aún no han sido recibidos por autoridades del Ministerio de Gobierno, el Colegio de Abogados inició gestiones para solicitar una audiencia. “Estamos dispuestos a colaborar, a generar normativa nueva si hace falta. El derecho societario es un pilar al momento de encarar cualquier tipo de inversión”, sostuvo.

Finalmente, comparó la situación local con la de la IGJ a nivel nacional, actualmente a cargo de Daniel Roque Vítolo. “La IGJ propicia la flexibilización de los trámites, el acceso a la información. Yo puedo pedir datos a la IGJ, pero no puedo hacer lo mismo en el Registro Público de San Luis. Es contradictorio”, concluyó.

En diálogo con la prensa tras la audiencia pública de este martes, Víctor Endeiza intentó despejar las dudas que genera su designación como ministro del Superior Tribunal de Justicia, en reemplazo de Cecilia Chada. La Gaceta Digital le preguntó cómo se garantiza la independencia de un funcionario que fue parte del gabinete de Claudio Poggi en sus dos gestiones como gobernador, y que además es primo hermano del actual vicegobernador, Ricardo Endeiza. Su defensa fue: “Como soy un poquito más viejito, también trabajé muchos años, digamos, también estuve en el gobierno de Alicia Lemme, fui (asesor) en el Poder Legislativo Nacional con diputados o senadores de otro partido”.

Cuando se le repreguntó si se refería a que había trabajado con diversos sectores, el ahora nombrado ministro del Superior Tribunal respondió: “Tal cual, exactamente”. De igual manera, cabe recordar que, cuando Endeiza ocupó estos cargos, el poggismo estaba totalmente alineado al rodriguezsaaísmo.

Sin dudas, este nombramiento pone al oficialismo frente al espejo. En 2022, durante el 4to gobierno de Alberto Rodríguez Saá, el poggismo cuestionó duramente que se haya propuesto al vicegobernador, Eduardo Mones Ruiz, para integrar el máximo tribunal provincial, y denunció que eso atentaba contra la independencia del Poder Judicial. Hoy, uno de los funcionarios de máxima confianza de Poggi y pariente de su compañero de fórmula ocupará ese mismo lugar.

Lejos de desconocer esa relación, Endeiza incluso la reivindicó como una muestra de confianza del Ejecutivo: “El gobierno de Poggi me ha confiado dos veces como abogado, porque, bueno, he sido secretario legal y ahora fiscal de Estado. O sea, así como me ha confiado como abogado, bueno, me ha confiado ahora para el interior del Superior Tribunal”.

Por otro lado, cabe señalar que justo hoy, la Red Ruido reveló que que San Luis, junto con San Juan y La Rioja, encabeza el ranking de provincias donde todas las bancas del máximo tribunal de justicia están ocupadas por personas con vínculos políticos previos al momento de su designación. Esto fue algo constante durante los gobiernos de Rodríguez Saá que Poggi ahora repite. 

Sin críticas al presupuesto ni a la feria judicial
Durante la entrevista con los medios, Endeiza se alineó con el discurso oficialista y contradijo, en parte, los planteos del actual Superior Tribunal. Por ejemplo, afirmó que el presupuesto del Poder Judicial “alcanza para dar un mejor servicio” y sostuvo que “la cantidad de funcionarios y personal del Poder Judicial alcanza”.

“Todo tiene que ver con los recursos, porque del otro lado hay que darse vueltas para que el ciudadano, meterle la mano al bolsillo al ciudadano para que pague más impuestos, para poner más personal”, agregó. “Uno tiene que llegar a ese equilibrio, digamos, en que el servicio de justicia lo paga el ciudadano, y bueno, entonces no se podría tener muchos más porque después alguien lo tiene que pagar”, continuó.

Endeiza también se expresó a favor del proyecto del Ejecutivo para eliminar la feria judicial. “No es una solución mágica ni va a cambiar todo (la eliminación de) la feria, pero sí es un paso hacia eso, hacia mejorar”, declaró. “Es cuestión de organizarse, digamos. El servicio de justicia no tendría por qué parar en algún sentido. Por supuesto, eso implica el descanso de quienes son los operadores, así como los médicos se organizan y se toman vacaciones. Por supuesto que es necesario para todos, para la salud física y mental de los operadores judiciales, pero en cuanto a la cara con el ciudadano, no debería cambiar para nada”.

A pesar de estas observaciones, Endeiza no planteó medidas concretas ni estructurales para revertir este escenario, más allá de algunas coincidencias con los lineamientos del Ejecutivo. La respuesta más concreta que brindó al respecto fue: “Eso es algo que hay que trabajar”.