En diálogo con La Gaceta Digital, Soledad Correa, secretaria General de UTEP, advirtió sobre despidos masivos que ya han sido comunicados para fin de año en distintas escuelas públicas autogestionadas, como ya pasó con la Luis Lusquiños, en mayo de este año. Ese mes vencían muchos contratos, pero ante la polémica que despertó ese caso, con un cambio radical en pleno año académico, en las demás escuelas autogestionadas se extendieron los contratos hasta el 31 de diciembre y ya comenzaron a llegar notificaciones de que los mismos no se renovarán.

“Por ejemplo, en la escuela Nelson Mandela, como hay cambio de asociación que la administra, quedan todos desafectados”, manifestó Correa, quien además remarcó que el cambio de asociación que administra esta escuela no se realizó por concurso, como debe ser. En una nota con La Gaceta Digital, la directora de Escuelas Privadas y Autogestionadas, Natalia Endeiza, sostuvo que la idea era seleccionar estas asociaciones por concurso, y no a dedo como se ha venido haciendo históricamente.

Según Correa, esta no renovación de contratos también se va a dar en escuela pública Mahatma Gandhi de Villa Mercedes y en las generativas Capitán de Pájaros de San Luis Capital y Nueva Humanidad en Potrero de los Funes; dejando a decenas de docentes sin su fuente de trabajo.

Cabe recordar que estas escuelas autogestionadas o generativas funcionan como si fueran privadas, pero los recursos los provee el Estado, incluidos los docentes, quienes son contratados a través de la Universidad de La Punta, pero dependen del Ministerio de Educación. “Contratá a quien quieras. Despedilo cuando quieras. Es la única parte que autogestionan las autogestionadas. Con el nombre que quieran. Entonces, es una mentira. El Gobierno se está desentendiendo de la educación pública”, señaló Correa en mayo de este año.

“Vos imaginate que hay personas con 10 o 15 años de antigüedad a las que les siguen haciendo contratos de seis meses, de un año. No existe en términos legales este tipo de contratación. Entonces, todos los diciembres de estos últimos 15 años, nos hemos encontrado con las mismas circunstancias. Con el agravante que, por ejemplo, en la Nelson Mandela, hay docentes que quedan despedidas, que fueron notificadas, que están embarazadas”, manifestó Correa.

“Entonces, básicamente lo que se le pide al Gobernador es que intervenga, pero que intervenga de manera definitiva. ¿Y qué es de manera definitiva? Estos trabajadores docentes no se ajustan al estatuto del docente, que es nuestra ley, ni se ajustan a las leyes laborales”, añadió la secretaria general de UTEP, gremio que siempre se ha opuesta a esta modalidad de contratación.

Además, UTEP ha solicitado, en notas cursadas tanto a la ULP como al Ministerio de Educación, que se les conceda una audiencia y también la creación de una mesa técnica de la que participen ambas instituciones para “regularizar el régimen de contratación de que ha vulnerado los derechos de los/las trabajadores de la educación históricamente”.

Lamentablemente, esta mesa todavía no se ha concretado y se sigue dando esta situación en que “cada uno se tira la pelota y el tiempo va corriendo”, mientras que los docentes siguen con estos contratos fraudulentos.

La reincorporación formal de la Provincia al Consejo Federal de Inversiones (CFI) derivó en 400 consultas sobre los nuevos créditos disponibles a partir de esta alianza. De estas inquietudes, 160 fueron derivadas a los programas de financiamiento ‘Mi Próximo Paso’ y ‘Mi Primer Emprendimiento’ y más de 250 continúan el proceso hacia la precalificación.

Esto refleja el gran interés de los sanluiseños por acceder a financiamiento, destacándose una fuerte demanda de proyectos liderados por mujeres y sectores estratégicos como turismo, agricultura y tecnología. De ese total de consultas, un 60% se dirigió a la línea de Desarrollo Productivo y Financiamiento de Mujeres del CFI, una herramienta clave para reducir la brecha de género y promover la participación femenina en áreas de emprendimiento históricamente dominadas por hombres.

El 33% de las consultas estuvieron dirigidas a la línea Cadena de Valor, pensada para fortalecer sectores estratégicos como la agricultura, la industria y el turismo. Este tipo de financiamiento busca mejorar la competitividad del sector productivo provincial mediante la creación de encadenamientos productivos y el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso de elaboración.

El regreso del CFI a San Luis, tras 18 años de ausencia, ha marcado un hito en el acceso a financiamiento para los emprendedores y productores locales. Las autoridades esperan que las nuevas líneas de crédito sigan promoviendo la inversión en proyectos estratégicos y contribuyan al fortalecimiento de la economía provincial.

Los interesados en obtener más información sobre los créditos, pueden acceder al sitio web del ministerio de Desarrollo Productivo o llenar el Formulario de Consultas.

También pueden dirigirse a la Oficina UEP CFI San Luis en la Casa de Gobierno, Edificio Capital, Bloque 1, 1° piso, o comunicarse a través de WhatsApp al 2664-926252, al mail SanLuis@uepcfi.org.ar o al teléfono: 2664-452000, interno 3198.

Fuente: ANSL

A través de un comunicado, un grupo de profesores de la Escuela Provincial de Equinoterapia de San Luis han expuesto una serie de presuntas irregularidades y maltratos que afectan tanto a los profesionales como a las personas con discapacidad que asisten a la institución. Denuncian que, desde principios de 2024, los docentes han enfrentado hostigamiento, despidos injustificados y violencia laboral, lo que ha generado un clima de trabajo tenso y de incertidumbre.

En el comunicado se afirma que la actual coordinación, a cargo de Mathias Acosta y Noelia Ortiz, “carece de conocimientos y herramientas para gestionar adecuadamente la institución”. Esta falta de competencia se refleja en el encubrimiento de robos y violencia física entre el personal, así como en la negligencia en el tratamiento de los asistentes y sus familias.

La situación salarial también ha sido un punto crítico, con contratos renovados cada dos meses sin actualización de sueldos desde febrero. “Se han utilizado firmas digitales sin consentimiento para renovar contratos, generando inestabilidad laboral”, denuncian estos profesores.

Otro problema destacado es la falta de seguro médico para los jinetes y amazonas, lo que ha retrasado el inicio de los tratamientos y ha llevado al despido de dos profesionales que exigieron mejores condiciones laborales. La violencia entre empleados, que resultó en una fractura nasal, fue tratada como un accidente laboral sin tomar medidas adecuadas.

Los profesores también denuncian desigualdades en los roles y funciones, favoritismos y falta de profesionalismo en las sesiones, lo que afecta la calidad del tratamiento. La comunicación con la coordinación es limitada y se ve interrumpida por intereses personales.

En cuanto a los caballos, se reportan irregularidades en su manejo y en la seguridad de los mismos, así como en la distribución de recursos. La desvinculación de profesores sin fundamentos claros y la renuncia de otros por el mal clima laboral son otras de las problemáticas mencionadas.

Finalmente, los profesores hacen un llamado a las autoridades para que tomen medidas y se restablezca el buen funcionamiento de la escuela, que durante 13 años ha brindado un servicio valioso a muchas personas con discapacidad. “Es necesario sostener los lineamientos propios que identifican este tratamiento y no dejar desvalorizar un lugar que tanto bien ha hecho a muchas personas con discapacidad”, concluye los profesores que reclaman.

Comunicado completo:

El exdiputado provincial y nacional Alejandro Cacace integrará el gabinete del presidente Javier Milei. Cacace, quien actualmente se desempeña como secretario parlamentario del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados de la Nación, desembarcará en el Ministerio de Desregulación que conduce que Federico Sturzenegger.

De acuerdo a La Política Online, el presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Rodrigo de Loredo, fue instrumental en la concreción de la integración de Cacace al Gabinete nacional.

Por lo pronto, se espera la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial y la posterior asunción del radical puntano.

El gobernador, Claudio Poggi, le aceptó este miércoles la renuncia al ministro de Turismo y Cultura, Juan Manuel Rigau, e instruyó a la secretaria general, Romina Carbonell, para que esté a cargo de esa cartera hasta que se designe al nuevo titular.

Además, el primer mandatario provincial les solicitó la renuncia a todos los funcionarios que se desempeñaban en el Ministerio de Turismo y Cultura.

Hay que señalar que cuando se oficializó la dimisión de Rigau, desde el Gobierno, se comunicó que permanecería en el cargo hasta fin de noviembre.

Fuente: ANSL

Este miércoles el gobernador, Claudio Poggi, firmó el decreto de cesantía de 19 empleados públicos que recurrieron al uso de certificados ‘truchos’ para solicitar licencias de salud. El jueves y viernes rubricará otros más.

La maniobra fue denunciada días atrás por el propio Gobernador y confirmada por el Fiscal de estado Víctor Endeiza y el director de Recursos Humanos, Alberto Sibert.

En ese entonces, se había detectado que más de 80 empleados públicos habían presentado certificados médicos apócrifos durante los años 2023 y 2024. La investigación continúa en marcha.

El decreto firmado por Poggi establece en su articulo 1: “Rescindir dichos contratos de prestación de servicios y dar por concluida la relación laboral”.

En sus considerandos deja en claro que, a estos empleados que se valieron de prácticas fraudulentas, se le procederá a la “rescisión inmediata de los contratos de las personas que han usado certificados falsos para no asistir a sus obligaciones laborales, debiéndose por tanto descontarse los haberes que se hubieran abonados por esos días”.

El pasado jueves, horas después de conocida la información sobre la aparición de certificados apócrifos, el gobernador Claudio Poggi declaró ante la prensa en Villa Mercedes: “Presumimos que existe una organización que emite y comercializa estos certificados falsos, incluso falsificando sellos y nombres de médicos. Es injusto que se pague un salario a alguien que no va a trabajar por una licencia médica falsa, especialmente cuando el 99.9% de los empleados públicos cumple con su labor diariamente”, dijo.

Fuente: ANSL