El viernes de la semana que viene, el Gobierno provincial lanzará el plan Chau Garrafa, que consiste en el otorgamiento de créditos destinados a la conexión domiciliaria de gas natural para más de 3.000 viviendas sociales. Los créditos se pagarán en 10 cuotas fijas que se abonarán en la boleta del servicio de gas.
Corrado Comastri, director de Infraestructura Hídrica y Energética, explicó que esta primera etapa del plan está destinada a las viviendas sociales que ya tienen las conexiones internas para el gas natural y con el tendido de la red hasta la puerta del domicilio.
“El plan se basa en entregar un préstamo a los vecinos que directamente se les va a pagar a los gasistas. Ese préstamo es para que en las zonas donde tengan red en la puerta de la casa y no se hayan podido conectar por el costo que tiene, el costo nosotros lo hemos estimado en $350.000. El Gobierno les va a prestar este dinero para que ellos puedan conectarse a hacer uso del gas. Se va a generar trabajo con los gasistas matriculados y el usuario o el vecino lo va a devolver en 10 cuotas fijas e iguales de $35.000”, explicó el funcionario.
Las viviendas aptas en la primera parte del plan son las del barrio Mirador del Portezuelo, una parte de Serranías Puntanas en la ciudad de San Luis, 2900 viviendas de barrios de la zona este de Villa Mercedes, barrio 24, 15 y 10 Viviendas en Potrero de los Funes, el 279 Viviendas de Merlo y el 59 Viviendas de Quines. Un punto a mencionar es que en estos barrios el servicio de gas está a cargo de Ecogas.
Una vez que Chau Garrafa sea lanzado, tanto las personas que necesiten la conexión de gas, como los gasistas matriculados (habilitados por Ecogas) deberán registrarse en un sitio web oficial del Gobierno. Los gasistas deberán elegir la zona de trabajo en la que se desempeñarán.
El funcionario comentó que el gobernador Claudio Poggi se reunió ayer con gasistas en Villa Mercedes para hablar sobre cuestiones relativas al plan.
El fiscal de Estado, Víctor Endeiza, y el director de Recursos Humanos, Alberto Sibert, brindaron más detalles sobre la causa judicial por certificados médicos falsos a la que se incorporó el Gobierno provincial, ya que existe un expediente abierto hace meses por certificados apócrifos presentados en diversas instituciones. En el caso del Ejecutivo, hasta el momento se detectaron 83 certificados truchos. La pareja implicada está procesada, pero han continuado vendiendo los certificados, según el fiscal. El hombre acusado es empleado de planta permanente de la administración pública provincial.
“Una cosa que también nos dimos cuenta es que esta gente había sido allanada, y lo siguen haciendo, pese a haber sido acusado estaba ya en la justicia. Es realmente indignante, una burla que sentimos a la Justicia. Después de estar acusado formalmente se seguía porque lo verificamos esta semana que pasó”, confirmó Endeiza. Agregó como dato que el hombre acusado, Augusto Toledo, hacia certificados para sí mismo.
Endeiza confirmó que el Gobierno se hizo parte como particular damnificado en la causa judicial, caratulada como falsificación de documentos públicos y privados que está en trámite contra esta pareja desde hace unos meses. Adelantó que pedirán en la Justicia “medidas mucho más rigurosas” contra los acusados como la prisión.
La pareja acusada vendía estos certificados usando el nombre de tres médicos que no están implicados en el delito de la causa judicial.
Sibert confirmó que se han detectado 83 certificados presentados por distinta cantidad de personas. “Estamos recién revisando cajas y cajas de certificados para ver a dónde llegamos con todo esto. Los certificados son variados, pero son certificados, la mayoría son de dos o tres días, pero repetidos así en excesivas cantidades de veces”, dijo el funcionario. Un certificado médico para justificar tres inasistencias se vendía a $8.000 e incluso lo mandaban a domicilio. “Estaba bastante aceitado”, dijo el fiscal.
Hasta la publicación de esta nota se detectaron la siguiente cantidad de certificados apócrifos desde noviembre de 2022 presentados por: 9 docentes, 10 de seguridad, 12 de carrera sanitaria y salud, y 52 del escalafón general.
El director adelantó que se precederá “a descontar los haberes de las personas que presentaron certificados”.
La causa judicial
A fines de septiembre, Prensa del Poder Judicial reportó que la pareja está imputada por el delito de falsificación de documentos públicos y privados luego de que un médico denunciara ante la Unidad de Abordaje Fiscal.
La jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo, dio por formulados los cargos contra Paola Tonelli y Augusto Toledo. Ordenó como medidas coercitivas, la firma del libro de Fiscalía por 60 días y la prohibición de salir del territorio provincial.
Desde el Poder Judicial detallaron que el 6 de marzo pasado, la Justicia tomó conocimiento de una denuncia realizada por el médico M.V., quien alertó sobre la emisión de certificados médicos falsificados con su firma y sello, y que eran ofrecidos a través de una página de Facebook. A partir de esta denuncia, se inició una investigación en colaboración con el Departamento de Delitos Complejos del Poder Judicial de San Luis.
Las pesquisas, junto con un informe de la empresa Meta, permitieron identificar a los responsables detrás de la cuenta vinculada a la venta de dichos certificados. El 6 de junio, se realizó un allanamiento en el domicilio de la pareja y se secuestraron recetarios médicos con firmas y sellos falsos, formularios de ANSES, hojas de prueba de sellos, copias de DNI, y el teléfono personal de Tonelli.
“La pericia caligráfica realizada por la licenciada Carina Bernal, del Departamento de Delitos Complejos, confirmó la falsificación de las firmas y sellos en los documentos incautados. Además, en el teléfono de Tonelli, se encontraron conversaciones que evidenciaban la venta de certificados médicos a cambio de sumas que variaban entre $1.200 y $2.000, dependiendo de la cantidad de días justificados. Los pagos se realizaban a través de Mercado Pago, utilizando una cuenta registrada a nombre de la mujer”, narró el fiscal Roche en la audiencia de formulación.
Entre los archivos recuperados, también se encontraron certificados de apto médico para la Liga Sanluiseña de Fútbol, formularios de ANSES para la asignación por hijo, y libretas de salud, entre otros. Asimismo, en estados de WhatsApp, la imputada ofrecía certificados para justificaciones laborales, escolares, aptos físicos, libretas sanitarias y carnets de conducir.
Además, los policías secuestraron dos teléfonos celulares, una impresora y un CPU. Todo quedó a disposición de la Justicia provincial, en el marco de la investigación de la causa.
El día de hoy, el oficialismo municipal del Concejo Deliberante logró la aprobación de los proyectos de presupuesto y tarifaria 2025. El debate del presupuesto inició con una alocución del concejal Diego Videla quien solo se limitó a dar los datos más básicos sobre el proyecto, como el hecho de que asciende a $53.166.000.000, de los cuáles se destinarán $50.300.000.000 a gastos corrientes y $2.816.000.000 a los de capital. Videla también explicó que del total, $37.994.000.000 provienen de recursos propios, $13.922.000.000 de ingresos no tributarios y, por último, $1.250.000.000 de rentas de la propiedad.
De los más de 50 mil millones destinados a gastos corrientes, 30.426 millones serán para gastos de personal y 13.478 millones para consumos y servicios, destinando, por último, 6.445 millones a transferencias. Este punto en particular significa que la Municipalidad destinará un porcentaje de su presupuesto, un 56% para ser exactos, mucho menor que el 80% que históricamente se destinó a este apartado.
Por último, Videla señaló que la Municipalidad pondrá en marcha un plan de obras por 3.422 millones, que destinará 980 millones al Centro de Logística, 40 al Ente Cultural y de Turismo y 70 al de Noticias y Comunicaciones.
“Este presupuesto es una fachada, un dibujo, para cumplir con ciertas formalidades”, dijo el opositor Andrés Russo, quien puso el ojo en que la Municipalidad presupuesta unos ingresos no tributarios, por casi 14.000 millones, pero él estima que, en base a la recaudación que venía percibiendo Rentas antes del último tarifazo, esa cifra debería estar entre 22.000 y 24.000 millones. “Ahí se subvalúan 10.000 millones de pesos, algo que fue ampliamente criticado a la gestión anterior. Esos 10.000 millones podrían ir a la partida de salarios”, sostuvo Russo.
En cuanto a la reducción del porcentaje destinado a salarios, aseguró que así como cayó más de 13 puntos, lo destinado a “consumos y servicios” creció 13 puntos. “¿Sabén qué es consumos y servicios? Tercerización de servicios y contrataciones directas”, explicó el ex secretario de Gobierno, refiriéndose a las críticas que tuvo la gestión de Sergio Tamayo por hacer esto mismo.
También por la oposición habló Paulina Calderón, poniendo el foco en los montos destinados a políticas de diversidad, género, asistencia social y derechos humanos. “En todos estos temas que mencioné, supera en un poquito los 100 millones para todas las poblaciones vulnerables. Es decir, a los indigentes, las víctimas de violencia, las niñeces y las vejeces. Pero no obstante tiene 140 millones para Zoonosis y para Turismo. Miremos donde están las prioridades”, pidió Calderón.
Por el oficialismo luego tomó la palabra Johana Medina, quien leyó un documento destacando una reducción de puestos jerárquicos en más de 100 cargos. “Esto demuestra un signo de compromiso con la ciudadanía de no abarrotar de cargos políticos las distintas áreas del Estado municipal”, dijo Medina, repitiendo la consigna de “austeridad política” que pregona el oficialismo municipal. A esto, Russo le contestó que, con solo ver el organigrama municipal se detectan más de 11 cargos.
Alejandro Cordido luego tomó la palabra y no la soltó por más de una hora. Retomando la subvaluación que mencionó Russo, Cordido dijo: “La Municipalidad va a seguir timbeando, va a seguir diciendo que no tiene plata para aumentar los sueldos o para no pegar más tarifazos y lo único que va a estar haciendo es negocios en una cuenta financiera”. “Háganse cargo. Echaron empleados públicos y pegaron un tarifazo sin precedentes”, le pidió después.
De ahí en más, el debate se volvió cada vez más político y con un mayor número de interrupciones y alusiones personales, por lo que el presidente de la bancada oficialista recurrió a su herramienta favorita, y que más indigna a la oposición, el cierre de debate. Una vez aprobado el cierre, se procedió a la votación del presupuesto, la cual estuvo marcada por los gritos de dirigentes y miembros de ATE, señalando que estaban por votar un “ajuste contra los trabajadores”.
Obviamente, esto no frenó al oficialismo, el cual logró la aprobación del proyecto con 8 votos afirmativos contra 7 negativos. Finalizada la votación, los reclamos de ATE continuaron por varios minutos más, llevando a la presidenta del Concejo, Agustina Arancibia Rodríguez, a propinar sus habituales amenazas de remoción del recinto que nunca cumple. En medio de esto, la oposición mocionó permitir la palabra de los miembros de los ATE, pero el oficialismo votó en contra.
Cuando la situación finalmente se calmó, se pasó a la votación de la tarifaria 2025 que, como ya adelantó este medio, seguirá aplicando el modelo de actualización trimestral en base a la inflación registrada por Índice de Precios al Consumidor (IPC) de tres trimestres atrás. En base a esto, ya se sabe que la unidad monetaria municipal (UMM) tendrá un aumento del 14,5% a partir de enero, yéndose de $74,83 a $85,68, y de un 10,8% a partir de abril 2025, lo que da un acumulado del 26,89%.
Sobre este tema, el oficialismo tuvo poco que decir, limitándose a mencionar los beneficios anunciados por la secretaria General del Municipio, Fabiana Malamud, en octubre de este, como los descuentos por débito automático y la bonificación del 12vo mes para quienes cumplan en tiempo y forma. Además, el concejal Videla mencionó que se efectuará una nueva categorización de contribuyentes según su consumo de agua, separándolos en: familiar, comercial, comercio con explotación del recurso, industria y obras públicas y privadas, asociación sin fines de lucro y consorcios de propiedad horizontal.
Quien tuvo mucho para decir fue, nuevamente, Andrés Russo, remarcando en primer lugar que el oficialismo cometió un error en la tarifaria anterior, fijando el valor de la UMM en $72,14, lo cual ya fue ajustado a los $74,83. “Aumentaron 2 pesos en vez de corregir para el lado de la ciudadanía”, ironizó Russo.
“Si se aumenta la tarifa indexada, que quiere decir que se va actualizando en función a la inflación, ¿por qué no usamos el mismo mecanismo para los trabajadores? Se garantiza ese mecanismo para mejorar los recursos municipales, pero no para pagarle a los trabajadores. Por ese motivo, el bloque Justicialista no acompañó ninguno de los dos proyectos de ordenanza”, recalcó Russo, pidiendo mejor aumento para la familia municipal.
Asimismo, el opositor se refirió a cómo el último IPC de la Dirección Provincial de Estadística y Censos reflejó el último y brutal tarifazo que aprobó el oficialismo en el Concejo.
Ya cerca del final, sin mediar intervención del oficialismo, Juan Martín Divizia los calificó de “miserables”. “Esto que ustedes dicen austeridad es ajuste a los trabajadores que no llegan a fin de mes”, dijo el presidente del bloque del PJ, remarcando que “3.000 empleados municipales bajo la línea de la pobreza”.
A esto se sumó Agustina Gatto, señalando que “no podemos generar tasas municipales cuando los vecinos no tienen qué comer”.
De igual manera, el oficialismo utilizó sus 8 votos afirmativos y terminó aprobando este proyecto.
Según explicó Poggi, la presentación fue realizada luego de detectar un posible fraude al Estado. “Presumimos que existe una organización que emite y comercializa estos certificados falsos, incluso falsificando sellos y nombres de médicos”, dijo.
En ese sentido, el Gobernador se refirió a las medidas que tomará el Estado luego de que finalice la investigación. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en este tema, por respeto a todos los empleados públicos y a los ciudadanos de San Luis que pagan sus impuestos”, aseguró.
Por último, el Jefe de Estado señaló que continuarán investigando y adelantó que en los próximos días habrá más información. “Es injusto que se pague un salario a alguien que no va a trabajar por una licencia médica falsa, especialmente cuando el 99.9% de los empleados públicos cumple con su labor diariamente”, concluyó.
A partir de una investigación realizada por la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno provincial, se detectó la presentación de certificados apócrifos destinados a justificar y tramitar licencias por enfermedad de diferentes empleados de la administración.
La investigación da cuenta que, en los últimos dos años, se presentaron certificados médicos falsos que equivalen a cientos de días pagados por el Estado sanluiseño a personal que no asistía a su lugar de trabajo mediante una justificación fraudulenta, causando un perjuicio económico al erario público y ético a la administración.
Los certificados detectados pertenecen a tres profesionales, a quienes les adulteraron su sello y firma. En la investigación se detectó una falsificación en el número de la matrícula o alguna letra del nombre del profesional. Lo llamativo es que aunque pertenecen a diferentes profesionales, todos los certificados poseen rasgos caligráficos similares.
Uno de los profesionales médicos al que le falsificaron su identidad reside hace más de 10 años en la Villa de Merlo y no ejercía su profesión en San Luis. A pesar de esto, diferentes agentes de la administración radicados en la capital provincial presentaron certificados del médico radicado en el departamento Junín.
El Fiscal de Estado, Víctor Endeiza, realizó una presentación ante la Justicia destinada a que se investigue la adulteración de los documentos. Se sospecha que se podría estar frente a una o mas personas que se dedicaban a ofrecer certificados médicos a cambio de una retribución económica, destinados a justificar irregularmente licencias por enfermedad.
La Dirección de Recursos Humanos de la Provincia se encuentra analizando las licencias gozadas mediante el uso de este tipo de certificados, en especial relacionados con las identidades médicas adulteradas, por lo que se estima que en los próximos días se ampliará la denuncia penal.
Esta mañana, el gobernador Claudio Poggi fue el primer en realizarse el narcotest, pero no en el marco de la recientemente aprobada Ley de Ejemplaridad y Coherencia, sino en el del decreto 10.936 que dictó cuando el proyecto no conseguía tracción en la Legislatura puntana. Sobre este tema informó el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, quien además habló sobre la promulgación de la Ley y el costo que tendrá aplicarla.
“Así es que ya nos hemos puesto de acuerdo con la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, concretamente con el decano, el doctor Sebastián Andújar, para que, a partir del martes próximo, en dos oportunidades en la semana, probablemente martes y jueves, vamos a concurrir el resto de los funcionarios que integramos el Gabinete Provincial para someternos también a estos exámenes toxicológicos”, dijo Bazla.
Cabe señalar que la ley establece que el proceso debe ser aleatorio, ya que si alguien sabe cuándo le va a tocar el test puede fácilmente ajustar su consumo a ello. Sin embargo, todo parece indicar que el decreto no establece esta misma aleatoriedad y que, al menos hasta que entre en vigencia la Ley, los funcionarios van a saber exactamente cuándo les va a tocar hacerse el test.
La Gaceta Digital consultó a Bazla sobre esta aleatoriedad, pero la respuesta del funcionario fue un tanto evasiva. “No es que estemos eligiendo, sino que alguien tiene que comenzar, y ha sido precisamente el gobernador de la provincia quien ha iniciado esa ronda de toma de muestras”, dijo el secretario, quien agregó que Poggi quiere dar el ejemplo.
Un dato importante que aclaró Bazla responde a críticas que realizó la oposición, señalando que también se incluye el abuso de drogas legales. “Acá estamos hablando de drogas ilegales que son las que están, obviamente, previamente definidas en los anexos que tiene la ley de estupefacientes. Y, por supuesto, incluye cocaína, marihuana y también lo que se conoce como benzodiazepinas, que concretamente es, por ejemplo, el clonazepam. Esto respecto del uso abusivo de drogas legales. Entonces estamos hablando de que el objetivo es detectar la existencia de drogas ilegales y, eventualmente, la existencia de drogas legales utilizadas en términos abusivos, porque científicamente está comprobado que el consumo de drogas legales en sentido abusivo, con un criterio, si se quiere, adictivo, también producen trastornos en la personalidad”, explicó Bazla, quien además aseguró que todo este proceso se va a realizar contemplando las exigencias de la Ley de Protección de Datos Personales.
“La ley obliga y comprende a la totalidad de los poderes, es decir, Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Tribunal de Cuentas de la provincia, defensor del pueblo, así todos los que se conocen como órganos extra poder. Estamos hablando también de la obligatoriedad del personal de la policía de la provincia, del servicio penitenciario y del personal de la salud. Estamos hablando en términos generales o redondeando de aproximadamente 5.800 efectivos policiales, más el personal del servicio penitenciario, más todo el personal de la salud pública que hace, y a eso sumado los funcionarios ejecutivos, los legisladores, senadores, diputados y los integrantes de las mesas directivas, más el Poder Judicial, estamos hablando de ministros del Superior Tribunal, de camaristas, de fiscales, de jueces de primera instancia, de defensores. Estamos redondeando en aproximadamente 10.000 personas”, precisó Bazla, refiriéndose a los alcances de la medida.
En este sentido, La Gaceta Digital consultó cuál es el costo de cada test, y Bazla respondió que “por 22 exámenes toxicológicos, que es esto que ha iniciado el gobernador en el día de hoy, el costo ha sido de 2.000.000 de pesos”. Esto arroja un costo de $90.909 por test, por lo que se puede estimar que el Estado podría llegar a gastar más de $909 millones en los tests para 10.000 personas.
Actualización:Tras la publicación de este artículo, el secretario Bazla solicitó a La Gaceta Digital realizar una aclaración, en la que destacó que el presupuesto de $2.000.000 es por los primeros 22 tests y que eso no significa que los próximos vayan a tener necesariamente un costo proporcional similar. “Todavía no está definido ese punto y hay que trabajar sobre las imputaciones presupuestarias. Es decir, son muchos aspectos a tener en cuenta que, obviamente, hay que respetar desde el punto de vista legal, de la Ley de Contabilidad de la provincia y todas las limitaciones que existen en ese sentido. Es decir, no hay absolutamente nada definido desde el punto de vista presupuestario sobre este tema. Solamente está definida la realización de estos 22 análisis que están en curso”, dijo Bazla, en comunicación con La Gaceta Digital.
En cuanto a qué ocurre si un funcionario da positivo, el Secretario sostuvo firmemente que “cesa en sus funciones”, al igual que si se niega a someterse al mismo. “Y una situación totalmente distinta es el caso de los policías que se rigen por un estatuto en particular. El caso del personal que está incluido dentro del Estatuto del Empleado Público. Es decir, cada persona va a tener el índice de protección y de recuperación de una eventual adicción de acuerdo al régimen legal que dirige o dentro del cual está incluido”, dijo el funcionario. “Pero por sobre todas las cosas me interesa puntualizar e insistir en que hay todo un procedimiento que se va a poner en práctica, sobre el cual está trabajando la Ministra de Salud, junto con la Ministra de Seguridad y con quien les habla, precisamente para la contención de aquellas personas que padezcan una adicción”, agregó.
Este jueves, Juan Manuel Rigau presentó, por motivos personales, su renuncia “indeclinable” como titular del Ministerio de Turismo y Cultura, cargo que ocupó desde el pasado 10 de diciembre.
El funcionario acordó con el gobernador Claudio Poggi continuar al frente del Ministerio hasta fin de mes a los efectos de concluir diferentes políticas de gobierno que venía llevando adelante, como por ejemplo, los Intercolegiales Culturales y la Feria del Libro.
Texto de la renuncia:
AL SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS
C.P.N. Don CLAUDIO JAVIER POGGI
Su Público Despacho
Vengo por la presente a expresar mi renuncia indeclinable al cargo que me ha honrado de ministro de Turismo y Cultura de la Provincia.
Motiva la misma, cuestiones de índole estrictamente personal que impiden desarrollar mis funciones tal como acostumbro hacerlo con entrega total.
Mi deseo por ver un San Luis cada día mejor y mas próspero serán siempre mi anhelo.
Doy gracias a todas las personas de buena voluntad y buen corazón que me han rodeado en este tiempo, personal de inclusión social, empleados públicos, colaboradores y funcionarios, sector privado e independientes, a todo el mundo de la cultura, amigos y fundamentalmente a mi familia, respaldo incondicional y formadora de los valores que se deben sostener en la vida. Gracias a Dios, fuente de todo bien y a la Divina Providencia por marcarme este camino.
Sin otro particular, saludo a Ud. Gobernador, agradeciendo su elección hacia mí y deseando que el buen Dios le guarde.
¡Ave María Purísima!
A casi un año de la implementación de las nuevas tablas de control de salud para recién nacidos, la mayoría de los padres aún desconoce las frecuencias, lo que pone en evidencia la necesidad de difundir de manera más efectiva esta información clave para la salud infantil.
La frecuencia de los controles de salud en la niñez, tanto en la etapa neonatal como en fases posteriores, ha sido un tema de debate a nivel mundial, y no existe un consenso uniforme sobre la recomendación ideal. Con el objetivo de actualizar y unificar criterios, la Dirección de Salud Perinatal y Niñez realizó consultas en las 24 jurisdicciones del país, recabando información sobre las recomendaciones provinciales en cuanto a la periodicidad de estos controles.
Además, se mantuvieron reuniones con la Sociedad Argentina de Pediatría, con la participación de expertos de los comités de Pediatría Ambulatoria, Crecimiento y Desarrollo, y Estudios Feto-Neonatales (Cefen).
Como resultado de este proceso de análisis y consulta, el Ministerio de Salud de la Nación definió un cronograma actualizado para los controles de salud desde el nacimiento hasta la pubertad. En el primer mes de vida, el esquema propuesto establece cuatro controles para los recién nacidos en el período neonatal:
– Primer control: pre-alta hospitalaria
– Segundo control: Entre las 48 y 72 horas posteriores al alta (4-5 días de vida)
– Tercer control: A los 7-14 días de vida
– Cuarto control: Al cumplir el primer mes de vida
Estos controles son fundamentales para asegurar el adecuado seguimiento del crecimiento y desarrollo del bebé en sus primeras semanas de vida. La difusión de este cronograma entre los padres y cuidadores resulta crucial para garantizar que los niños reciban la atención médica recomendada desde sus primeros días, fomentando una cultura de prevención y cuidado temprano de la salud infantil.
Este jueves, alrededor de las 5.45, un joven de 20 años falleció por un siniestro vial cuando transitaba en moto por la Autopista 25 de Mayo, a la altura del kilómetro 8, entre la ciudad de San Luis y La Punta.
Desde la Comisaría Seccional 28° de La Punta informaron que el joven de 20 años de edad conducía de sur a norte una moto Honda Wave 110cc perdió el control del rodado, y por razones que se tratan de establecer, impactó contra una luminaria del cantero central. El joven quedó tendido sobre el mismo cantero central y con el casco colocado, mientras que la motocicleta quedó en el carril contrario.
Al lugar acudió personal médico en una ambulancia del Sempro para brindar las primeras atenciones al conductor de la moto. Luego fue trasladado hacia el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, lugar donde falleció debido a los múltiples golpes sufridos por el impacto.
Este miércoles, la Cámara de Diputados dio media sanción a dos proyectos más que importantes: la Ley de Prevención contra las Violencias Físicas y Digitales; y la adhesión a la Ley Nacional 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, conocida como Ley de Barrios Populares.
El primer proyecto, la Prevención contra las Violencias Físicas y Digitales, tiene su origen en la reforma del Código Contravencional de San Luis, el cual incorpora, valga la redundancia, contravenciones relacionadas con la salud, la educación y transgresiones o violencia digital. En base a esto, el diputado Carlos Pereira, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, remarcó la urgencia de aprobar esta nueva ley de prevención antes del cierre del año escolar, remarcando la necesidad de que la “comunidad conozca lo que se ha legislado y los eventuales autores ya estén disuadidos de consumar algunas de estas contravenciones”.
En este aspecto, mencionó el trabajo realizado en la comisión que preside, partiendo de las iniciativas presentadas por los diputados Fernanda Spinuzza y Cristian Gurruchaga, a lo que se sumó la visita de un funcionario de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de Desarrollo Humano, quien les informó que “ya están trabajando en un plan o campaña orientado a la prevención y concientización sobre estas violencias”. Por ello, consideró “oportunísimo” este dictamen, el cual permitirá “sinergizar nuestros esfuerzos como legisladores con los esfuerzos que realiza un gran equipo del Poder Ejecutivo”.
“Nos proponemos sancionar la creación de un plan provincial de prevención, cuyo objetivo es establecer mecanismos para prevenir, sensibilizar y evitar la violencia digital, que esté orientada al hostigamiento, la intimidación, el acoso y cualquier acto que afecte la integridad o identidad digital de las personas”, dijo Pereira, dando como ejemplo la creación de una guía de abordaje para conflictividad que se de, por ejemplo, en las aulas, con violencias como hostigamiento, acoso, sextorsión y más.
Por su parte, Fernanda Spinuzza, autora de una de las iniciativas que componen este proyecto, remarco que “esta temática va a seguir creciendo, más rápido, más violenta, y era muy necesario empezar a tener legislaciones actualizadas a las nuevas dinámicas”. Por ello, agradeció la “urgencia” con la que Pereira buscó estos dictámenes, para “de esta manera, empezar a corregir un poco, a través de las sanciones, conductas que están haciendo mucho daño”.
“Hay violencias que afectan a las infancias en su integridad física, pero también desarrollando comportamientos potencialmente patológicos, como el tema de la ludopatía. Esto empieza en casa, cuando las infancias, sin el control o la supervisión adulta está conectada a internet y naturaliza comportamientos, suplantación de identidad, cyberbullying, acoso digital, sextorsión”, dijo la legisladora, quien durante todo el año ha impulsado iniciativas relativas al mundo digital y la protección de la comunidad, especialmente de las infancias.
Señalando que muchos padres no se enteran de estas violencias que sufren sus hijos, o que no tienen las herramientas para manejarlo, Spinuzza remarcó que se necesitan políticas para concientizar a “la comunidad adulta y las infancias para que ellos mismos puedan ser garantes de su seguridad en línea”.
La legisladora cerró su discurso comentando que espera que antes de fin de año se apruebe en el Senado la modificación del Código Contravencional, para así poder a nueva etapa que incluya acciones como “brindar información sobre como denunciar esas contravenciones, qué información se adjunta, cómo se hace la presentación ante el padecimiento de una violencia”.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con el aplauso de todos los legisladores presentes.
En cuanto a la Ley de Barrios Populares, este proyecto, enviado por el Ejecutivo, “responde a uno de los principales ejes del gobierno de Claudio Poggi, que apunta a la reconstrucción del tejido social fracturado que heredó luego de años de abandono”, según destacaron desde el oficialismo. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), San Luis posee 32 barrios populares distribuidos en ocho municipios, en los que habitan más de 4.000 familias.
Foto gentileza de Prensa Cámara de Diputados
El diputado Carlos Pereira explicó que esta normativa nacional busca formalizar la tenencia de tierras y garantizar el acceso a servicios esenciales en los asentamientos informales relevados. “Existen asentamientos en municipios del interior que no nos imaginábamos, pero que ya son barriadas consolidadas y carecen de títulos de propiedad. Esta adhesión va a ser muy importante, ya que articula con una cuestión fundamental: la seguridad jurídica y el derecho efectivo a la vivienda. Es parte de una política del Poder Ejecutivo de escrituración de viviendas sociales que carecían de ese título, lo que también permitirá darle una identidad registral definitiva al inmueble. Esto resulta beneficioso también para quienes titularizaron un inmueble y ya no están vivos, ya que sus herederos podrán disponer de él, cederlo o transferirlo”, detalló.
El proyecto de adhesión propone además la creación de un Observatorio Provincial de Barrios Populares, encargado de relevar y sistematizar datos sobre las condiciones de vida, el acceso a servicios básicos y la situación dominial de esas comunidades.
Según un relevamiento de la dirección de Barrios Populares del ministerio de Desarrollo Humano, realizado en los 13 barrios populares ubicados en el tejido urbano de la ciudad de San Luis, el 41,5% de las familias que viven allí no cuentan con servicio formalizado de electricidad, agua de red, gas natural ni cloacas. El 32,1% sólo cuenta con uno de esos cuatro servicios y el 18,1% con dos. Esto significa que un 91,7% de las familias cuentan con apenas dos de esos servicios o incluso menos. Respecto a la infraestructura de las viviendas, un 17,6% de las familias no tiene baño.
Si bien este proyecto salió por unanimidad, hubo múltiples críticas de la oposición, la cual pidió una adhesión a la modificatoria de la Ley Nacional de Barrios Populares que el oficial no aceptó, a la vez que criticó como el Gobierno provincial es “cómplice” de la gestión de Javier Milei que ha “quitado” beneficios sociales e impulsado distintos tarifazos.
El viernes de la semana que viene, el Gobierno provincial lanzará el plan Chau Garrafa, que consiste en el otorgamiento de créditos destinados a la conexión domiciliaria de gas natural para más de 3.000 viviendas sociales. Los créditos se pagarán en 10 cuotas fijas que se abonarán en la boleta del servicio de gas.
El fiscal de Estado, Víctor Endeiza, y el director de Recursos Humanos, Alberto Sibert, brindaron más detalles sobre la causa judicial por certificados médicos falsos a la que se incorporó el Gobierno provincial, ya que existe un expediente abierto hace meses por certificados apócrifos presentados en diversas instituciones. En el caso del Ejecutivo, hasta el momento se detectaron 83 certificados truchos. La pareja implicada está procesada, pero han continuado vendiendo los certificados, según el fiscal. El hombre acusado es empleado de planta permanente de la administración pública provincial.
La causa judicial
Este jueves en Villa Mercedes, el gobernador Claudio Poggi hizo declaraciones sobre 
A partir de una investigación realizada por la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno provincial, se detectó la presentación de certificados apócrifos destinados a justificar y tramitar licencias por enfermedad de diferentes empleados de la administración.
A casi un año de la implementación de las nuevas tablas de control de salud para recién nacidos, la mayoría de los padres aún desconoce las frecuencias, lo que pone en evidencia la necesidad de difundir de manera más efectiva esta información clave para la salud infantil.
Este jueves, alrededor de las 5.45, un joven de 20 años falleció por un siniestro vial cuando transitaba en moto por la Autopista 25 de Mayo, a la altura del kilómetro 8, entre la ciudad de San Luis y La Punta.
