El Tribunal de Impugnaciones de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial revocó la prisión domiciliaria del profesor de básquet Víctor Hugo Figueroa, acusado del abuso sexual a una nena. Figueroa deberá cumplir la prisión preventiva en el Servicio Penitenciario hasta que inicie el juicio en su contra. El gobernador Claudio Poggi criticó hace dos semanas a la Justicia provincial por darle la prisión domiciliaria “a un imputado confeso, abusador y pedófilo”.

El tribunal, integrado por Marcelo Oscar Bustamante Marone, María Monserrath Bocca y Jorge Sabaíni Zapata, hizo al recurso de apelación de apelación presentado por el por el fiscal de Juicio Ernesto Lutens ante prisión domiciliaria otorgada el 1° de noviembre. Resolvió que el acusado continuará cumpliendo la prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial hasta que se lleve a cabo el juicio oral. También ordenó oficiar con habilitación de día y hora a la Oficina Judicial a fin de que se fije una fecha próxima de juicio, disponiendo (si hiciera falta) la habilitación de feria judicial.

En la audiencia que se desarrolló este martes, Lutens pidió que se analizaran particularidades de la causa y consideró que es necesario un sustento científico a fin de comprobar las razones de salud que presenta el acusado y que justificarían su prisión domiciliaria.

Aseguró que la prisión domiciliaria pone en riesgo a las partes involucradas en la causa, mencionó la pena en expectativa prevista y aseguró que existe riesgo procesal. Consideró que el juicio debe llevarse a cabo “sí o sí” y solicitó la revocación de la prisión domiciliaria.

A continuación, María Victoria Cortázar, defensora de Niñez y Adolescencia, adhirió en todo a lo expuesto por el fiscal de Juicio y también solicitó que se revoque la prisión preventiva domiciliaria. Consideró que se debe garantizar la tutela judicial efectiva y asimismo, afirmó que – ante un eventual conflicto de intereses – debe prevalecer el interés superior del niño.

Pascual Celdrán, en representación de la querella, explicó que no se referiría a los agravios vertidos por el Dr. Lutens, ya que el recurso fue presentado por el Ministerio Público Fiscal. Pidió que se respete el derecho a la víctima a una sentencia en tiempo razonable. “Pido que se fije la fecha de juicio oral de manera inmediata, la víctima tiene derecho a tener una sentencia y tienen derecho todas las partes del proceso”, dijo.

Por último, Rocío Mediavilla (defensora de Juicio) rechazó en todo lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal y por la Defensora de Niñez. Aseguró que su asistido tiene derecho a una defensa técnica plena y eficaz. Se expresó en relación a la resolución que dispuso la prisión preventiva domiciliaria y la consideró ajustada a derecho y fundamentada.

Aseguró que no existen riesgos procesales y mencionó que en el sistema acusatorio, la libertad del acusado durante el proceso es la regla.

Luego de un breve cuarto intermedio, el Tribunal dio a conocer la resolución con la que hizo lugar al recurso de apelación presentado por el Ministerio Público Fiscal y revocó la prisión domiciliaria oportunamente dispuesta, ordenando el traslado del acusado al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberá cumplir prisión preventiva hasta el inicio del debate oral.

Asimismo, ordenó que se oficie al Servicio Penitenciario Provincial a fin de que se arbitren los medios para brindar al acusado la medicación y el correspondiente tratamiento atento su estado de salud.

Entre otros argumentos, mencionó que deben prevalecer los derechos de la víctima y destacó su doble vulnerabilidad, como niña y como mujer. También resaltó que las razones de salud invocadas por el acusado deben estar debidamente fundadas.

Asimismo refirió a la complejidad de la causa y la magnitud de los delitos y ordenó que se oficie a la Oficina Judicial a fin de que se fije fecha de inicio del juicio oral.

Fuente: Prensa Poder Judicial

En el marco de una investigación judicial por presuntos delitos contra la administración pública, esta mañana se llevaron a cabo múltiples allanamientos en Villa Mercedes. Entre los inmuebles requisados se encuentran los de la ex diputada Anabela Lucero, el actual diputado Joaquín Beltrán, su hermano Enzo Lucero y otras personas involucradas. Las pesquisas están relacionadas con los delitos de violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado.

La causa fue iniciada a partir de una denuncia presentada por la conducción del Complejo Molino Fénix, tras auditorías impulsadas por el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla. Dichas auditorías revelaron graves irregularidades en la administración del complejo y de la Casa de la Música durante la gestión previa al cambio de gobierno.

Lucero, quien administraba políticamente el complejo, es señalada junto a Beltrán, exdirector del Molino Fénix, y otros exfuncionarios. Según la denuncia, los días 8 y 9 de diciembre del año pasado se habrían sustraído diversos equipos electrónicos, mobiliario y elementos de las instalaciones, utilizando vehículos oficiales para trasladarlos a una propiedad ubicada en la colectora sur de la Autopista de las Serranías Puntanas.

Durante los allanamientos realizados hoy, que incluyeron siete propiedades, la Justicia buscaba equipamiento presuntamente sustraído, como consolas de sonido, sistemas de iluminación y mobiliario. Además, se secuestraron diversos elementos técnicos que serán incorporados como pruebas en la causa.

El fiscal a cargo, José Olguín, confirmó que existe una amplia documentación sobre los bienes faltantes, que incluye imágenes de los presuntos traslados y testimonios de empleados. Estos habrían sido obligados a transportar alimentos y otros materiales a una sede partidaria vinculada a Lucero durante su candidatura a intendenta.

Entre las irregularidades denunciadas, también figura el uso de instalaciones destinadas a artistas para fines personales, como la ocupación de las suites del complejo por parte de la ex diputada y su familia mientras realizaban refacciones en su vivienda.

Olguín, en declaraciones a FM Latina 103.9, detalló que “hay una página y media” con elementos que se perdieron del interior del predio, incluyendo equipamiento musical, cámaras y mobiliario. Además, afirmó: “Tenemos mucha seguridad en lo que hacemos, y hay otras causas en trámite, por lo tanto, los procedimientos van a continuar la semana que viene. Tenemos un organigrama de medidas a ejecutar”. También señaló que “hay una innumerable cantidad de testigos y suficiente evidencia para justificar allanamientos y la formulación de cargos, que no será inmediata”.

El fiscal Olguín señaló que la investigación avanza con pruebas suficientes para justificar los procedimientos realizados y la posibilidad de nuevas medidas. Los sospechosos fueron notificados por los delitos investigados, entre los que figuran administración fraudulenta y peculado.

Asimismo, se investiga el posible uso indebido de las instalaciones del complejo para actividades privadas, como el alquiler de habitaciones destinadas originalmente a artistas. Esta línea de investigación incluye el presunto desvío de bienes públicos para fines particulares.

La causa permanece en desarrollo bajo la supervisión del juez Santiago Ortiz y podría derivar en más allanamientos y formulaciones de cargos en las próximas semanas.

La fiscal adjunta de la Primera Circunscripción, María Quiroga Nassivera, informó que el próximo 26 de noviembre al mediodía le formularán cargos a una tercera persona en el caso que investiga la emisión de certificados médicos falsos. Se trata de una mujer que presuntamente tenía a cargo la impresión de los documentos apócrifos y que iban desde formularios, recetarios y fichas hasta aptos médicos para presentar en la Liga Sanluiseña de Fútbol. El nombre de la nueva sospechosa aparece en las pericias telefónicas de los celulares secuestrados en el marco de la investigación.

Actualmente la causa tiene a Paola Tonelli y a Augusto Toledo como únicos imputados por el delito de falsificación de documentos públicos y privados. A la pareja se les formuló cargos el 26 de septiembre y se les ordenó la firma del libro de Fiscalía por sesenta días y la prohibición de salir del territorio provincial.

A pesar de las medidas de coerción impuestas, la fiscal tomó conocimiento que la pareja imputada continuó con la actividad delictiva. Un certificado médico con fecha del 11 de octubre de 2024 fue una de las pruebas que motivó a la Fiscalía a solicitar un nuevo allanamiento.

“La medida arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de más certificados, sellos, fichas de aptos médicos de la Liga Sanluiseña de Futbol, telefonía celular de sindicados y el CPU de la encargada de realizar las impresiones. Ahora le estaban falsificando la firma a otro médico. Con este allanamiento positivo pedimos la ampliación de la formulación de cargos para la mujer que imprimía los certificados”, informó Nassivera.

Fiscalía de Estado solicitó participación como querellante
Este jueves, Fiscalía de Estado solicitó solicito participación como querellante en la causa luego de comprobar que Augusto Toledo ocupa el cargo de agente estatal en una escuela pública y utilizaba los certificados falsos para justificar sus inasistencias por razones de salud, perjudicando tanto a la institución educativa como al Servicio Médico de Control de Ausentismo (SEMA).

La causa
La causa se inició por una denuncia de un médico ante la Unidad de Abordaje Fiscal. El profesional informó que la pareja emitía certificados médicos falsificados con su firma y sello, los cuales eran ofrecidos a través de una página de Facebook. Gracias a la colaboración del Departamento de Delitos Complejos y un informe proporcionado por Meta, se identificó a los responsables de esta operación.

“Ellos ofrecía el servicio por Facebook y por Whastapp. A partir del informe de la red social encontramos una dirección, el nombre de las personas que los ofrecía y una cuenta de Mercado Pago que es donde recibía los pagos”, explicó Nassivera.

El 6 de junio, luego de determinar los domicilios de los involucrados, se llevó a cabo un allanamiento en el barrio San Luis 26, con resultado positivo. Durante el operativo, realizado en presencia de Toledo, se secuestraron recetarios, formularios de ANSES, sellos falsos, documentos personales y el teléfono de Tonelli, el cual fue clave para el avance de la investigación.

“De la pesquisa realizada en el teléfono secuestrado surgen conversaciones donde la investigada ofrece servicios como certificados médicos con un costo que iban de los $1,200 a los $2,000, dependiendo de la cantidad de días justificados. Los pagos se realizaban a través de Mercado Pago, utilizando una cuenta registrada a nombre de Tonelli”, agregó la fiscal.

La pericia caligráfica realizada por la Licenciada Carina Bernal, del Departamento de Delitos Complejos, confirmó la falsificación de las firmas y sellos en los documentos incautados. Entre los archivos recuperados, también se encontraron certificados de apto médico para la Liga Sanluiseña de Fútbol, formularios de ANSES para la asignación por hijo, y libretas de salud, entre otros. Asimismo, en estados de WhatsApp, la imputada ofrecía certificados para justificaciones laborales, escolares, aptos físicos, libretas sanitarias y carnets de conducir.

Fuente: Prensa Poder Judicial