Se le pide al juzgado que investigue las denuncias por maltrato que hicieron los ex funcionarios Constanza Jiménez Nasseta y Juan Carlos Puertas.

El pasado lunes, el asesor letrado de la Municipalidad de San Luis, Ricardo Bazla, dio a conocer que se solicitó el avocamiento del Juzgado del Crimen N° 1 a la investigación de las denuncias que formulan los ex funcionarios Constanza Jiménez Nasseta y Juan Carlos Puertas, en el marco del escándalo del pasado viernes, donde ellos y el secretario de Vivienda, Hugo Silva, terminaron siendo despedidos por el intendente de la ciudad, Enrique Ponce.

“A los efectos de que quede la clara la predisposición de la gestión del Intendente Ponce, en cuanto a estar a disposición del Poder Judicial, nos ha instruido para que presentemos de inmediato el avocamiento, cosa que ya está hecha”, comentó Bazla. En medida que habilite la feria judicial, la investigación debería comenzar lo antes posible.

“También solicitamos se investigue la conducta observada por los arquitectos Puertas y Jiménez Nasseta, a los efectos de verificar si se ha cometido algún ilícito, respecto de las órdenes dadas por el intendente Ponce a través de un decreto”, agregó Bazla.

“Son faltas graves”, dijo un funcionario municipal. Choferes sin libreta de trabajo o sin el comprobante de pago del seguro, fueron algunas de las contravenciones que los inspectores de la Dirección de Transporte detectaron en una serie de operativos sorpresa que se hicieron en taxis durante el último fin de semana.

“Son faltas graves, ya que las libretas contienen todos los datos del conductor y del propietario del vehículo. Los taxis que no la exhiben a los usuarios son taxis indocumentados. Lo mismo sucede con no poseer los datos del seguro”, expresó Jorge Jofré, a cargo de Transporte. También se encontraron licencias de conducir vencidas.

Los controles sobre los coches de alquiler se realizan todos los días pero se intensifican los fines de semana, motivados por el movimiento que imprimen bares y locales nocturnos. “Lo primero que se solicita es la licencia de taxi y la libreta y después se verifican los datos del seguro y si el chofer tiene una vestimenta adecuada. En un alto porcentaje hemos detectado que nada de esto se cumple por lo que los taxis son sacados de circulación y se notifica al Juzgado de Faltas”, añadió Jofré.

Las multas por no poseer ese tipo de documentación varían según el tipo de contravención. En tanto que por gestionar la libreta se abonan 39 pesos. Idéntica cifra para realizar la desinfección bimestral y el control técnico trimestral; en tanto que la renovación de la licencia anual cuesta 260 pesos y la transferencia de licencias 780.

“Los taxistas deben entender que tienen que cumplir con las normas porque es una gran responsabilidad trasladar personas; y a los usuarios les pido que denuncien cualquier anomalía que observen cuando se suban a un taxi”, finalizó el funcionario municipal.

El desaparecido tiene síndrome de down. Desde Relaciones Policiales se solicita información para conocer el paradero de José Luis Ahumada (45), quien posee síndrome de down. El hombre también tiene dificultad para caminar en una de sus  piernas y una joroba en su espalda.

El desaparecido se ausentó de su domicilio el pasado 3 enero.

Entre otras características físicas, Ahumada cuenta contextura física robusta, mide 1,60 metro aproximadamente, tiene cabellos canosos cortos, tez blanca, y ojos de color verdes.

La última vez que fue visto, el hombre llevaba usaba una remera de color mostaza con ribetes de color blanco, bermuda de jean, zapatillas de color blanco, marca Nike.

Ante cualquier información del paradero se solicita hacerla llegar en forma personal a Comisaría Seccional Cuarta sito en calle Rawson y Balcarce de esta ciudad, teléfono 4423200  ó a la línea gratuita 911 o cualquier dependencia policial.

Alejandro Amitrano nació en Buenos Aires, pero fue criado en Villa Mercedes, donde su padre era gerente de la empresa Bagley. Amitrano fue a la famosa Escuela Normal y estudio para ser martillero público. Años después conoció Cecilia Cousau y se fue a vivir a Mendoza, donde se lo acusó de asesinar a golpes a su hija de un año, quien falleció en el hospital Notti debido a hemorragias internas y fractura de cráneo. Como si eso fuera poco, la niña fue atendida varias veces en diversas clínicas privadas de Mendoza con signos de maltrato infantil.

Inmediatamente después de la muerte de su hija, Amitrano se dio a la fuga e inclusive se comprobó que estuvo escondido en casa de sus familiares de Villa Mercedes, ciudad donde se realizaron 2 allanamientos para dar con él, sin resultado positivo alguno. “Cada vez que iban a buscarlo a San Luis, el plan se frustraba”, dijo la fiscal mendocina Ríos Ortiz, en referencia a los operativos realizados en Villa Mercedes, a cargo de la ahora destituida jueza Marta Vallica San Martín de Figari.

Más de 13 años después, Amitrano fue detenido gracias a una investigación que comenzó con el periodista Marcelo Ortiz. El prófugo estaba viviendo en Paraná, Entre Ríos, donde es dueño de un minimercado. Además, se cambió el look completamente, ahora luce pelo largo y barba, e inclusive el apellido a González. Para colmo, está en pareja desde hace años y espera, para febrero, el nacimiento de una nueva hija.

“Hace tres meses me llegó el dato de que Amitrano vivía en Entre Ríos. Le pedí colaboración a la policía para hacer una investigación juntos y le dije que quería estar en los detalles, porque tenía una deuda pendiente con ese caso. Hicimos averiguaciones en Paraná y descubrimos que vivía aquí con otro nombre, se hacia llamar el gringo González, va a tener una hija en febrero y esta mañana fue detenido por personal de las policías de Mendoza y de Entre Ríos. Ahora tendrá que ser juzgado por el delito de homicidio agravado por el vínculo”, le dijo Ortiz al diario Uno.

Como la fuente del periodista tenía el número celular de Amitrano pero no su dirección, se hizo un rastrillaje de kioscos y minimercados de Paraná, que, sin embargo, no tuvo resultado positivo alguno. Finalmente fue detenido, cuando casualmente salía sacar la basura, porque se realizó un seguimiento de su madre, quien viajó desde Villa Mercedes a Paraná para pasar las vacaciones con su hijo.

“Los hombres de la DIC (Dirección de Inteligencia Criminal) le montaron guardia a la madre de Amitrano en San Luis y la siguieron hasta que llegó a la casa de él, en Entre Ríos. La madrugada del domingo, cuando él salió y le dio un abrazo, quedó marcado y ya no hubo dudas. Al día siguiente lo detuvieron”, reportó el diario Uno.

Finalmente, ayer martes, Amitrano fue llevado a Mendoza, donde será juzgado por homicidio simple agravado por el vínculo, afrontando una pena de cadena perpetua. Aquí el video de su detención:

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En su versión de lo ocurrido el pasado viernes, el Intendente criticó al ex secretario de Vivienda por omisiones en la urbanización del barrio Néstor Kirchner y lo culpó por la demora en la entrega de casas.

Mientras Hugo Silva realizaba su farolera conferencia de prensa en un bar de la peatonal, el intendente, Enrique Ponce, decidió dar la suya propia, en la cual condenó la actitud de su ex secretario de Vivienda, culpándolo de los eventos del pasado viernes y de la demora en la entrega de las primeras 42 viviendas municipales.

“Realmente un suceso lamentable, desproporcionado y absolutamente injustificado por parte de un ex funcionario de la Municipalidad de San Luis ante una negativa a tratar de colaborar en equipo con la administración de la ciudad”, dijo Ponce, sin salirse de la versión oficial que la Dirección de Prensa dio a conocer el viernes a la noche, la cual cuenta que el conflicto se originó cuando funcionarios dependientes de Silva no dejaron ingresar al secretario de Vivienda subrogante a las oficinas ni retirar documentación referida a la obra de alumbrado público para el barrio Néstor Kichner.

“Los propios funcionarios públicos manifestaban estar haciendo caso a los que les decía, desde la distancia, supuestamente el ex secretario Silva. Ante la intimación fehaciente, a los efectos de que depusieran esa rebelión institucional, se permitiera el acceso a la información. Se los intimó, siguieron en esa posición. Lo primero que le dije es que no es una auditoria. Lo grave es el manejo de la cosa pública como si fuera secreta. Yo me pregunto, ¿qué es lo que tenían esas computadoras que no se quería permitir el acceso? ¿Qué es lo que tenían esos expedientes que no se podían facilitar? Son públicos”, subrayó Ponce.

“Es una cuestión natural y lógica que, ante esta continuidad de los servicios públicos y de las obras, las funciones tienen que ser cubiertas a través de la subrogancia, porque sino se paran los expedientes, se paran las obras. Acá no hay expedientes secretos y, mucho menos, hay oficinas secretas. Cuando veo eso, para que quede todo documentado, ante lo insólito de esa circunstancia y para transparentarla, les di instrucciones al escribano Cangiano y al asesor letrado Bazla para que constataran esas circunstancias”, contó el Intendente.

Con respecto a las denuncias policiales por maltratos que hicieron los ahora ex directores de Vivienda y Planeamiento, Juan Carlos Puertas y Constanza Jiménez Nasseta, respectivamente, Ponce los invitó a que acrediten las pruebas. “¿Y saben por qué no las van a acreditar? Porque ellos mismos hacían los actos de violencia”, tiró el Intendente, antes de enfocar sus críticas en la figura de Silva.

“Lo hago responsable del bochorno, de la falta de toma de conciencia de lo que es la labor de un funcionario público. ¿Saben por qué lo removí? Porque yo no sabía si tenía o no que ver él con esto. La segunda charla que tuve con él, me di cuenta que estaba detrás de todo esto. Me da vergüenza poner la cara, porque yo no soy el responsable”, disparó Ponce.

Y a pesar de que reconoció que traer a un funcionario “importado” como Silva tuvo un “costo político” para él, Ponce aseguró que “lo volvería a hacer de nuevo”. “Quise ser eficiente y traerme a alguien experimentado en confección de pliegos y licitaciones y ese fue el beneficio que tuvimos los puntanos de avanzar en tener un esquema hoy de 1.600 viviendas en trámite en Nación y con 600 esperando ya la transferencia para su construcción”, dijo el Jefe
Comunal, asegurando también que Silva “no fue impuesto” por el Gobierno Nacional.

Finalmente, tras esta suerte de elogio, o extraña manera de tratar de demostrar que él nunca se equivoca, Ponce retomó las críticas, anunciando que el nuevo secretario de Vivienda, Enrique Picco, va a constatar el grado de avance efectivo “de las 42 viviendas que deberían haber estado entregadas ya conforme los pliegos de licitación”. Además, comentó que, “en mucha tramitación”, Silva obvió detalles “que tienen que ver con la urbanización” de las zonas donde se construirán las nuevas viviendas. “Había que hacer casas y no se decía dónde. ¿Dónde está el agua, la cloaca, la luz, las calles?”, comentó.

“Se volverá a trabajar al Ministerio de Planificación Federal. Espero que le vaya bien. Pero que sepan que (Silva) es capaz de hacer estas cuestiones escandalosas”, concluyó Ponce.

“Vengo a pedir por los humildes y desprotegidos”, fueron las palabras con las que Silva abrió la conferencia de prensa que se realizó en un bar de la peatonal, al cual llegó portando un cuadro de Eva Perón que lo “acompaña a todos lados”. “El viernes fue un viernes negro”, agregó el ex secretario, para así completar su dramática, algunos dirían irrisoria, entrada.

De acuerdo a lo que se pudo entender del desordenado relato del ex funcionario, todo comenzó a las 7.50, cuando el secretario de Obras y Servicios Públicos, Ramón Zarrabeitía, subrogando a Silva, llegó a su oficina a buscar documentación sobre la obra de alumbrado público para el barrio Néstor Kirchner. “Zarrabaitía entró a mi oficina. Llegó a las 7.50 y se fumó un cigarrillo en mi oficina. Es mentira que no le dejaron ingresar. Estuvo esperando a que viniera la inspectora (de la obra de alumbrado público), que estaba demorada, y se fue a hacer un trámite. Vino la inspectora, pero en el interín mi secretario cierra con llave y se cruza en frente, a Ceremonial. La disputa que tiene con una de nuestras inspectoras de obras, es por los modos, por como le pide las cosas, que la gritonea, la amenaza, le manotea los expedientes de una mala forma. Y ella sin poder acceder a mi oficina porque es mi secretario el que tiene las llaves”, relató Silva, desmintiendo que no dejaran entrar a Zarrabeitía, lo cual, según la versión oficial, fue el desencadenante del despido del ahora ex secretario.

A partir de ahí, es cuando la cosa se descontroló, e intervinieron Juan Carlos Puertas y Constanza Jiménez Nasseta, los directores que Ponce despidió. “Estaban agarrando CPUs, estaban bajando información sensitiva de licitaciones millonarias. Hubo apremios, hubo gritos, hubo violencia de género. Como el mejor estilo de la dictadura militar, a algunos compañeros de trabajo le pidieron el nombre, el documento y si estaba con Silva o no. Cuando alguien le dijo que no podían hacer eso, hasta tuvieron la cobardía de levantar la mano amenazante hacia una mujer. Estaban amenazando con golpear, sin un solo papel en la mano que dijera qué es lo que estaban haciendo y buscando. Porque, encima, lo que querían buscar estaba a mano, no estaba en mi oficina”, dijo Silva, quien además aseguró que sus directores nunca desconocieron la autoridad de Zarrabeitía y Ponce, pero si solicitaron “un papel que diga que van a hacer una auditoría y necesitan llevarse la computadora”.

De ese punto en adelante, ya todo es historia conocida. Ponce mandó al escribano y al asesor letrado de la Municipalidad, Fernando Cangiano y Ricardo Bazla, respectivamente, quienes con un cerrajero entraron a la oficina de Silva y finalmente se llevaron lo que buscaban.

“Yo creo que me quería sacar de encima, posiblemente. Yo estoy tan desorientado como ustedes. Me he ido, han subrogado el cargo y han cambiado las reglas del juego. Yo le renuncié al Intendente. No tenía mucha opción. El tema es si el Intendente podía realizar esas acciones y yo las asumiera. No me lo banqué una vez más. Si no se me consulta de una cuestión que es de mi competencia, creo que no está siendo valorada mi gestión”, comentó Silva, asegurando que nunca fue despedido por Ponce, y dando a entender que antes hubo una situación que no se “bancó”. “El Intendente me dice que sí, que él había autorizado eso. Imagínense, así yo ya no puedo seguir siendo secretario de él, ni él mi Intendente”, añadió.

Y continuando con el hincapié en su desorientación, el chaqueño descartó que el episodio se haya debido a la obra del alumbrado público del barrio Néstor Kirchner. “El alumbrado era un millón de pesos, y nosotros tuvimos licitaciones por 160 millones de pesos”, quien aseguró no temer que su gestión sea investigada por el Tribunal de Cuentas. “Mejor dejemos que el Tribunal de Cuentas decida”, disparó. Otra versión que descartó es la de una interna con Zarrabeitía, con quien aseguró tener “una relación de compañeros”. “Hasta diría de buena para
arriba. Nos colaborábamos mutuamente”, manifestó.

Otro punto que Silva comunicó durante la conferencia fue la entrega de un petitorio al Concejo Deliberante y al Intendente, quien se negó a recibirlo. “Pido que de intervención al Tribunal de Cuentas para que investigue mi gestión. Pido que no se persiga la gente, que se forme una comisión investigadora de lo qué pasó ese viernes negro. Quiero que alguien del otro lado también por lo que hizo, que lo investiguen a él y a otros involucrados”, comentó el ex secretario.

Profundizando sobre su visita al Concejo Deliberante, Silva comentó su diálogo con Zulema Rodríguez Saá, a quien le habría dicho que la forma de actuar de Ponce, “de prepotear, de llevarse por delante la gente, de no tener un solo papel que avale lo que están haciendo y nada más que por una forma verbal”, es el resultado del “semillero de sus hermanos” Adolfo y Alberto. A su vez, también desmintió a Raúl Laborda Ibarra, asegurando que el concejal “faltó totalmente a la verdad” cuando dijo Silva había denunciado hechos de corrupción.

Por último, y antes de referirse al tema viviendas, el ex secretario aseguró que hay una lista de 11 personas que serían despedidas. “Hay hasta ayudas económicas”, dijo Silva, quien esquivó la pregunta sobre si también fueron despedidos todos los familiares que él había acomodado en su antigua Secretaría de Obras Públicas. Para rematarla, Silva dijo que recibió mensajes, diciéndole “que estas cosas están pasando en la Municipalidad en otras áreas”.

¿Y las viviendas?
De acuerdo a Silva, su compromiso con Ponce era tener 2 casas listas para entregar el 28 de agosto, las cuales estarían ya completas, mientras que las 40 restantes se iban a hacer “periódicamente, porque no tenemos agua, no tenemos luz y no tenemos cloacas”.

Y mientras que, durante su conferencia, Ponce culpó a Silva por el hecho de que las primeras 42 viviendas municipales todavía no estén listas, el ex funcionario fue un tanto más diplomático. “Dejemos que un tercero juzgue eso”, dijo Silva, quien, sin embargo, sugirió que hubo grandes demoras en las instalaciones eléctricas y llamó la atención sobre los cambios del modo de operar de las comisiones evaluadoras de las licitaciones. “Así, una licitación que lleva 45 días, se va a 90 fácil”.

De igual manera, comentó que su ida de la Municipalidad no significa que la ciudad capital se vaya a quedar sin viviendas de la Nación. “Las viviendas van a venir a San Luis. La Presidenta ha decidido poner sus ojos en San Luis. No creo que ni Silva, Ponce o Picco seamos los instrumentadores de eso”, concluyó, luego de anunciar que seguramente su destino implica volver al Ministerio de Planificación Federal a realizar un informe, luego de tomarse unos días de vacaciones, sobre lo ocurrido en San Luis.

Aseguran que desde el programa no comunicaron que se llevaban la nena a San Juan a pasar Navidad.

Ayer, Marcela Santiago, una mujer inscripta en Familias Solidarias, denunció que una mala gestión de la gente del programa le costó a una de sus amigas, también inscripta en el mismo, una denuncia por rapto de menor, lo cual complica de sobremanera sus trámites para adoptar a una beba que está cuidando desde hace más de un año y cuatro meses, la cual era abusada y golpeada, junto a sus 5 hermanitos, por sus padres biológicos.

“El día 21, en la misma Casa de Gobierno, se les informó que íbamos a San Juan a pasar las fiestas. La señorita Paola (Giménez) nos dijo 3 veces que podíamos ir y que cualquier novedad que hubiera iban a ser avisados el día antes. El día 27 de diciembre, a las 15.30, leemos un mensaje, de que iban a buscar a la beba. Les explicamos que estábamos en San Juan y ellos levantan un pedido de captura por rapto de un menor”, relató Marcela, quien viajó junto a su amiga y la niña en cuestión.

Inmediatamente, las mujeres retornaron a San Luis y concurrieron al Juzgado de Familia y Menores N° 2, a cargo de la jueza Viviana Oste. “No nos quiso atender y nos arrancaron la nena, negándole toda posibilidad de hablar. Yo creo que la jueza no está enterada de nada”, dijo Marcela, apuntando a que el programa no ha cumplido su rol de lazo entre el juez, la familia solidaria y la biológica.

Para la mujer, la situación es sumamente crítica porque, a raíz del profundo amor que siente por esta niña, que está a su cargo desde que tenía 4 meses de edad, la quiere adoptar. “Llegó con un grado de desnutrición terrible. La familia la saca adelante, le da mucho amor y apoyo, y al pasar 1 año y 4 meses, pide la adopción de la nena. Familia Solidaria nos dice que no nos podemos anotar en el RUA (Registro Único de Adopción), porque sino los nenes son automáticamente quitados de nuestro lado, pero hay una posibilidad a nivel nacional en que tenemos las familias solidarias la prioridad de adoptar a estos chicos”, relató Marcela.

A esta posibilidad que mencionó la mujer, hay que sumarle que, meses atrás, la beba y sus 5 hermanos tuvieron un reencuentro con su familia biológica, pero ante nuevas situaciones de abuso, la Justicia determinó que pasaran a adopción, lo cual fue aprovechado por la amiga de Marcela para iniciar los correspondientes trámites.

Cabe a su vez destacar que Santiago reconoció que ha sido una irregularidad que la beba lleve 1 año y 4 meses con su amiga, ya que las normas del programa establecen que ningún niño puede estar más de 6 meses con la misma familia solidaria. “Hay niños que están más de 2 años porque está mal manejado por la gente que está dentro del programa”, concluyó la mujer, quien espera poder reunirse con el ministro de Inclusión Social, de cuya cartera depende el programa, o el Gobernador para solucionar la situación.

Funcionarios municipales efectuaron una inspección en las instalaciones. Encabezados por el subsecretario de Transporte, Servicios Generales y Ambiente de la Municipalidad, Mariano Estrada, un grupo de funcionarios inspeccionó la nueva terminal de ómnibus de la ciudad, con el objetivo de conversar con los encargados de las boleterías y propietarios de comercios y locales de venta de comida, a los fines de conocer los motivos por los cuales, al día de la fecha, no habían dado inicio con el correspondiente trámite de habilitación comercial.

La primera recorrida fue por las boleterías ubicadas en la planta alta. “Ninguna tiene la habilitación municipal correspondiente. Algunos encargados manifestaron que el ente regulador de la estación terminal todavía no les entrega el contrato para la utilización del espacio”, explicó Estrada.

En total se relevaron 13 expendedoras de boletos y el resultado fue el mismo en todos los casos, es decir, ninguno pudo demostrar haber dado inicio al trámite correspondiente.

Estrada estuvo acompañado por el director de Transporte, Jorge Jofré, la directora de Fiscalización de Actividades Comerciales e Industriales, Érica Méndez y la directora de Ingresos Públicos, Alejandra Pina Más.

Luego fue el turno de los locales de la planta baja. Un comerciante que vende artículos regionales exhibió documentación que demostraba que el trámite de habilitación estaba en marcha. Lo mismo sucedió con un maxiquiosco y la juguetería, en tanto que una agencia de quiniela y el bar trabajan sin la autorización correspondiente.

Para el director de Transporte, Jofré, “hay una falta de cumplimiento de parte del Gobierno provincial al no entregarle el contrato a los locatarios, lo que impide a las empresas regularizar su situación ante el Municipio”.

Estrada y su equipo detectó otra infracción: la ausencia de libretas sanitarias en aquellos empleados que venden sustancias alimenticias.

El subsecretario adelantó que, siguiendo instrucciones impartidas por el intendente Enrique Ponce se realizará un pedido de audiencia ante el Ente Regulador de la Terminal de Ómnibus, con el objeto de buscar una solución en conjunto que permita a las empresas de transporte y comerciantes del predio regularizar la situación actual