Lo hacen con la aplicación Tramix Mobile para BlackBerry.

Con la herramienta Tramix Mobile, los funcionarios provinciales pueden efectuar gestión gubernamental y firmar documentos digitales a través de sus smartphones (teléfonos inteligentes). Durante San Luis Digital se mostró cómo funciona y se estaría aplicando.

“El Estado de San Luis es el único en Latinoamérica que posee esta aplicación móvil, con toda una infraestructura legal detrás, para que los funcionarios puedan realizar trámites gubernamentales mediante un BlackBerry”, aseguró Daniel Carmona, vicepresidente de Unitech, firma que desarrolló la herramienta. Para concretar la operación se requiere la Cédula de Identidad Provincial Electrónica (CIPE), que posee los certificados de firma digital, y un lector inalámbrico que se adiciona al teléfono.

De ese modo, el sistema permite dar curso a expedientes, decretos, resoluciones ministeriales, entre otros documentos, con independencia del lugar en que se encuentre el funcionario.

La innovadora aplicación que Unitech presentó en San Luis Digital 2012, implica un lector Bluetooth donde se inserta la CIPE y por esa vía se comunica con el dispositivo móvil. Durante la presentación que protagonizó en la feria digital, ante el Gobernador de San Luis, Claudio Poggi, el rector de la Universidad de La Punta (ULP), Alejandro Munizaga, firmó en vivo desde su BlackBerry un expediente digital para mostrar en concreto el funcionamiento.

Como lógico paso previo, el Gobierno de San Luis digitalizó su sistema de expedientes, que en la actualidad tiene una base de datos centralizada, donde cualquier funcionario accede a sus expedientes en forma ubicua por medio de una computadora. Puede ingresar al sistema por la Web y ver los expedientes de su área, actuaciones pendientes a firmar, etc. “Ahora, con Tramix Mobile no tiene necesidad de tener una notebook, ni conectividad, con sólo tener señal de celular puede acceder a la aplicación web móvil, que es específica para celulares, y de esta forma realizar los trámites necesarios”, expresó el empresario.

Asimismo, Carmona manifestó que Tramix Mobile les da a los funcionarios “una extraordinaria sensación de libertad”, ya que agiliza el trabajo sin tener que estar físicamente en la oficina. “Pero el principal beneficiario es para el ciudadano de San Luis. El funcionario desde cualquier parte del mundo, con señal en su celular, puede firmar y darle curso a las tramitaciones del Estado”, aseveró.

La arquitectura de la aplicación se desarrolló en Buenos Aires, en aproximadamente ocho meses. Desde Unitech señalaron que también se trabajó con ingenieros de Estados Unidos y de la firma BlackBerry. Antes de que finalice el 2012, estará en el mercado Tramix Mobile para dispositivos OS Android y IOS de Iphone.

“Entiendo es involuntario”, dijo el concejal Francisco Guiñazú.

Desde la Municipalidad se remitió el proyecto de presupuesto 2013 mediante nota firmada por el intendente al Concejo Deliberante, el primero de octubre, día que Zulema Rodríguez Saá estaba a cargo del Ejecutivo Municipal. El edil opositor Carlos Rosso opinó que la nota no tiene valor jurídico, ya que técnicamente se considera que el proyecto de presupuesto no ingresó al Concejo Deliberante.

“No estaba en ejercicio (Enrique Ponce) había delegado el mandato a la presidente del Concejo. Por lo tanto, no tiene legitimación para enviar una nota como intendente cuando no está en ejercicio”, explicó el concejal Francisco Guiñazú.

A partir del error por parte de la Municipalidad, los concejales aprobaron una moción para que se le envíe al Municipio un proyecto de comunicación y que adjunte la nueva tarifaria.

Según Guiñazú, el Concejo Deliberante remitirá el proyecto de comunicación a la Municipalidad para que se aclare sobre el tema “para subsanar este error que entiendo es involuntario. Pero la realidad es que las formas hay que resguardarlas y respetarlas”.

Manifestó el abogado de José Luis López, la persona que apuñaló a su ex pareja en el Juzgado de Familia Nº1.

“Está profundamente apenado por lo que pasó. No lo justifico al hecho, hay que comprenderlo”, expresó Diego Domínguez, abogado de José Luis López, quien apuñaló en el cuello a su ex pareja en el Juzgado de Familia Nº1 el lunes pasado. Por pedido de su abogado, el agresor se abstuvo de declarar en la causa que se le abrió por homicidio en grado de tentativa. 

“El hecho de que él haya actuado así tiene el antecedente, que no lo justifica obviamente, el permanente hostigamiento de parte de la mujer hacia él”, manifestó Domínguez. De acuerdo al abogado, López le contó que se reía de él y que recuerda el momento de la agresión porque le dijo “me saqué y actué así, mal”.

El letrado comentó que el camionero porta el cuchillo con el que apuñaló a su ex pareja permanentemente porque es una persona de zona rural. Además, calificó como una casualidad que el agresor y su víctima se encontraran en el juzgado porque López estaba en el lugar para solicitar el paradero de sus hijos y de su nieta.

Finalmente, Domínguez dijo que es probable que se pida el cambio de carátula de la causa de homicidio en grado de tentativa a emoción violenta.

El valor total de venta era superior al millón de pesos.

La Policía Federal secuestró en la plaza San Martín de la ciudad de Villa Mercedes unas 4 mil cápsulas de LSD por un valor total de 1.200.000 pesos.

El operativo se venía gestando desde hacía varios días y se pudo conocer que los arrestados recibieron el cargamento de la droga desde un vuelo procedente de Buenos Aires y que los paquetes con las sustancias fueron retirados en el correo de esa ciudad, datos que la Policía Federal manejaba de manera concreta.

Todavía no se hado revelado ninguna información en cuánto al número de detenidos.

Adriana Álvarez vivía en Mendoza cuando fue convocada por el Gobierno para trabajar en el Hospital San Luis porque es especialista en terapia intensiva de adultos. Empezó a trabajar en noviembre de 2011 pero en marzo de este año fue despedida “ilegalmente y sin causales”, según la profesional, porque le hicieron “una cama”. Luego ser desalojada de la casa que alquilaba junto a su hijo y madre, vivieron en una carpa y después en un galpón.

“No pude sostener la situación económica. Me desalojan en forma violenta y en septiembre estuve 11 días en una carpa. Una señora, solidariamente, me ofreció el galpón de su casa para estar hasta que yo pudiera solucionar algo. La mujer viaja a Córdoba y llega en el día de ayer (por el miércoles) y no quiere que esté más. Me quedé acá con mis cosas fuera en la calle”, relató Adriana.

La familia de Adriana subsiste con la jubilación de su madre, algunos pacientes que llamaron a la médica y ayuda de la gente.
“A este nivel de humillación he llegado”, expresó la profesional con angustia en su voz.

“Ya no quiero estar más en esta provincia. Lo único que pido es la solidaridad de alguien que viaje a Mendoza en camión para cargar todas mis cosas e irme. No quiero volver nunca más a San Luis”, concluyó Adriana.

El ministro de Seguridad dio más detalles del caso Luchessi y llevó tranquilidad a la población.

El ministro de Seguridad y Relaciones Institucionales, Eduardo Mones Ruiz, dio ayer mayores detalles, aunque no muchos, sobre la recuperación de Jair Emanuel Luchessi, el bebé secuestrado la semana pasada en Villa Mercedes y que después fue entregado por una joven en una comisaría de Mendoza. “Es un hecho aislado, puntual, sin muchos antecedentes. Podemos decir que en San Luis no hay una banda operando en el robo y venta de bebés”, dijo el ministro, llamando a la calma de la población.

“Era el final que todos queríamos, que Jair Emanuel se pudiera reencontrar con su mamá, es una situación que uno no se lo desea a nadie, gracias a Dios terminó muy bien y es lo realmente importante en este momento. De ahora en más será esclarecer el hecho”, aseguró el funcionario en sus primeras apreciaciones.

Según explicó Mones Ruiz, dijo que la mujer que entregó al niño en Mendoza “sigue siendo materia de investigación”. “Dio muchas versiones, las fue cambiando las versiones”, dijo con respecto a las declaraciones que dio a la Policía de Mendoza. “Es responsabilidad del Poder Judicial llegar al meollo de la cuestión”, agregó.

En cuanto a la investigación de la Policía local, el ministro la defendió a pesar de que no dio fruto alguno, asegurando que “los elementos de cómo se estaba investigando era la línea correcta”, ya que la persona demorada tenía pasajes a Mendoza.

En cuanto a Jair Emanuel, el niño ya fue de alta en el hospital Notti de la provincia vecina, donde se lo resguardó porque presentaba unas líneas de fiebre. De igual manera, todavía no podrá retornar a nuestra provincia, ya que la Fiscalía de Mendoza no lo ha autorizado.

Cristian Niño, el nuevo director de PAMI en San Luis, definió cómo será su política.

“Ingreso al PAMI nombrado por Luciano Di Cesare, el director ejecutivo, con el total apoyo de nuestra Presidenta. Obviamente, soy un hombre de un proyecto político y la idea que tiene este proyecto es el desarrollo de la persona como eje y esa va a ser mi función, todo en pos del jubilado”, dijo Cristian Niño, el nuevo director de PAMI San Luis, en uno de sus primeros contactos con la prensa local. 

Alegando no estar al tanto ni haber seguido toda la controversia que hubo, previo a su nombramiento, en torno a su predecesor, Amado Neme, Niño comentó que va a plantear el presupuesto para el año que viene en base a lo que arrojen las reuniones que, desde que se hizo cargo, está manteniendo con los centros de jubilados de la provincia, destacando, además del aspecto sanitario de la obra social, el sociocomunitario.

De igual manera, reconoció que, previo a su despido, a Neme se le realizaron una serie de auditorias internas y externas, aunque asegura que todavía no ha tenido contacto con ellas. “Una necesidad mía es conocerlas, tener el contacto directo con los jubilados y a partir de ahí programar un plan de acción, siempre obteniendo el apoyo de la casa central”, concluyó el flamante director de PAMI San Luis.

El diputado Giraudo comparó el presupuesto asignado a Villa Mercedes con el resto de las últimas universidades que se crearon.

Ayer, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración, producto de la unificación del presentado por el diputado villamercedino José Giraudo y otro del oficialismo provincial, en relación a la Universidad Nacional de Villa Mercedes, solicitando a la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación que se le asigne específicamente el presupuesto que requirió su rectora, 50 millones de pesos, ya que solo recibió 3.000.000.

“Es el presupuesto asignado más bajo de todas las universidades del país. Corre serios riegos el comienzo del año lectivo y podríamos llegar a encontrarnos un año más con una universidad nacional totalmente paralizada”, dijo Giraudo con respecto a los 3 millones.

Por otro lado, el diputado fue consultado por las declaraciones del secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Martin Gil, quien le confirmó al vicegobernador local que la UNVM contará con la totalidad del presupuesto destinado para el normal funcionamiento de la universidad, asegurando que el resto del dinero provendrá de dos partidas que estarán incluidas en el presupuesto del programa Universidades de Reciente Creación, el cual es de 121 millones de pesos.

Al respecto, Giraudo comentó que el presupuesto ya existía el año pasado, pero la UNVM nunca vio un peso, por lo que no hay ninguna razón para creer que el dinero efectivamente llegará este año, más aún si se tiene en cuenta que son 7 las universidades recientes del país, aunque a todos ya se les asignó un presupuesto específico superior a los 30 millones, y que este año se podrían crear un par más. “Si tienen en dinero, ¿cuál es el problema de asignar los fondos específicos?”, se preguntó el legislador.

Por otro lado, en relación a supuestos trascendidos que dicen que el presupuesto fue tan exiguo porque ninguna de las carreras de la UNVM está acreditada por la CONEAU, Giraudo informó que 3 de las últimas universidades creadas, que sí recibieron un presupuesto más que generoso, tampoco tienen aprobado el proyecto inicial en la CONEAU. Lo que es más, comentó que la famosa UBA solo tiene acreditadas 14 de las casi 80 carreras que dicta, pero igual reciben un amplísimo presupuestos de $3.900.000.000.

Conozca los alcances de la nueva norma.

La Cámara de Senadores en la sesión convirtió en ley el Proyecto de Ley en revisión caratulado: Reglamentación del Derecho de Inclusión Social del Artículo 11 Bis de la Constitución de la Provincia de San Luis.

La Senadora por el Departamento Juan Martin de Pueyrredón, María Angélica Torrontegui, pidió el tratamiento sobre tablas del proyecto de Ley Reglamentación del Derecho de Inclusión Social del Artículo 11 Bis de la Constitución de la Provincia.

“Las personas a ser incluidas de acuerdo a lo previsto en la presente ley, son los beneficiarios del Plan de Inclusión Social “Trabajo por San Luis” y todas aquellas personas en riesgo de exclusión social; con especial atención a los ciudadanos de la Provincia de San Luis que se encuentren desocupados, madres solteras, mujeres jefas de hogar, hombres y mujeres mayores de 40 años, personas con capacidades diferentes y cualquier otro habitante en estado de emergencia social”, explicó Torrontegui.

“Las prácticas que desarrollaran los beneficiarios, en el marco de la presente Ley, tendrán una duración de cuatro horas diarias, hasta cinco días a la semana y todas las personas que sean incluidas percibirán del particular o del municipio, en concepto de colaboración económica de carácter no remunerativo, una suma mensual, nunca inferior a la que perciben del Estado Provincial los beneficiarios del Plan de Inclusión Social Trabajo por San Luis. También gozarán de cobertura médica de Obra Social y de Aseguradora de Riesgos del Trabajo”, aseguró la senadora.

Las prácticas a desarrollar por las personas incluidas por los particulares o los municipios, consistirán en todas aquellas referidas a las actividades comerciales, industriales, rurales, forestales, medioambientales, artesanales, deportivas, turísticas, culturales, tecnológicas, de la construcción y/o todas aquellas otras que capaciten y/o formen a dichas personas incluidas para insertarse socialmente, desarrollar un oficio o conseguir empleo.-

Por otra parte, la relación de inclusión originada en el marco de la presente Ley, podrá ser disuelta de manera unilateral o de común acuerdo de las partes, en cualquier momento, no generando recíprocamente para las mismas ningún derecho ni obligación, dice el artículo 10.