En la edición de este viernes del Boletín Oficial salió publicada la VIII-1135-2024 que es la adhesión de la provincia de San Luis al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) contenido en el título VII de la Ley Bases y Puntos de Partida. La adhesión al RIGI fue sancionada por el voto de los bloques del poggismo y aliados, mientras que fue votada en contra por la oposición. Los ambientalistas se manifestaron en varias ocasiones en la Legislatura mostrando una activa postura en contra al RIGI.
El RIGI contempla una serie de incentivos fiscales, financieros y administrativos para atraer capital nacional y extranjero con el objetivo de promover el desarrollo económico y la creación de empleo. El RIGI tiene un piso de inversión de 200 millones de dólares y hay un plazo de dos años para presentarlos.
LEY Nº VIII-1135-2024
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY ADHESIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS A LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL TÍTULO VII DE LA LEY NACIONAL Nº 27.742 “RÉGIMEN DE INCENTIVO PARA GRANDES INVERSIONES (RIGI)”
ARTÍCULO 1°.- ADHERIR a los términos previstos en el Título VII de la Ley Nacional Nº 27.742 “RÉGIMEN DE INCENTIVO PARA GRANDES INVERSIONES (RIGI)”, que contiene los Capítulos I al XII y los Artículos 164 al 228 respectivamente, que establece un marco regulatorio de incentivos impositivos, certidumbre económica, y seguridad jurídica, que habilita el fomento de grandes inversiones en la provincia de San Luis, todo en los términos a la disposición del Artículo 224 de la referida Ley.-
ARTÍCULO 2°.- A los efectos de la adhesión dispuesta en el Artículo 1° ratifíquese la vigencia de la Ley Nº IX-0634-2008 “Preservación y Restauración ambiental del Sector Minero” todo ello en el marco del Artículo 47 de la Constitución Provincial de San Luis y el Título Segundo de la Constitución Nacional -Artículos 121-128- Facultades de la Provincia no delegadas a la Nación.-
ARTÍCULO 3°.- El Ministerio de Desarrollo Productivo o el organismo que institucionalmente lo reemplace, serán Autoridad de Aplicación en todo lo atinente a las competencias correspondientes en la provincia de San Luis a la aplicación del “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”.-
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.-
RECINTO DE SESIONES de la Honorable Legislatura de la provincia de San Luis, a un día del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.-
Este jueves, el gobernador Claudio Poggi acompañó a las más de 300 familias de Villa Mercedes que se convirtieron en las primeras de la provincia en conocer los avances de las viviendas que serán suyas y que están en construcción en un predio ubicado en el lateral oeste de la ruta provincial 2B.
El Gobernador sostuvo que, en el final de su anterior mandato, habían dejado presupuestado el dinero que debía ir dirigido hacia la construcción de las 300 viviendas restantes en Villa Mercedes. “Dejamos los recursos para eso pero se usaron para otra cosa. Cada vez que nos cruzabamos yo les insistía en que no acepten la devolución del dinero, porque si el pueblo de San Luis me daba otra oportunidad de ser gobernador, las primeras viviendas que íbamos a construir eran estas”, destacó.
Además, Poggi explicó que irán retornando a los lotes a medida que avancen las obras. El próximo encuentro en Villa Mercedes será a fines de diciembre. “Estas visitas periódicas sirven para ir construyendo el vecindario. Los voy a acompañar en todo el proceso y les prometo que van a pasar la Navidad de 2025 en sus propias casas”, remarcó.
La iniciativa de permitir que los preadjudicatarios visiten las obras de sus futuras viviendas no es nueva, pero representa una propuesta clave en la gestión de Poggi. Este jueves, las más de 300 familias pudieron proyectar en un futuro cómo será el hogar que idearon allá por el 2011.
Esta modalidad no solo ofrece a las familias la posibilidad de conocer la ubicación exacta de su próximo hogar desde el inicio, sino también de involucrarse en el proceso de construcción. Durante las visitas, los propietarios pueden dialogar con los responsables de las obras, comprobar la calidad de los materiales y verificar el progreso de los trabajos.
El Gobernador consideró que este tipo de actividades obedecen a un compromiso con la transparencia y la participación activa de las familias. Además de asegurarse de que todo esté en orden, también tienen la oportunidad de ir conociendo a quienes serán sus vecinos.
El predio donde están construyendo las nuevas viviendas está ubicado en una zona en pleno desarrollo, junto al barrio Unión y frente al complejo urbanístico La Ribera. La obra entró en su etapa de terminalidad, lo que significa que pronto muchas familias podrán recibir las llaves de sus nuevos hogares.
“Es un momento emocionante para cada una de las familias, que ya empiezan a visualizar lo que será su nueva vida en este barrio”, destacó el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini.
Durante este jueves se realiza el paro de 24 horas de profesionales de la Maternidad Provincial Dr. Carlos Alberto Luco en Villa Mercedes. La medida de fuerza se lleva adelante en reclamo de recomposición salarial, incorporación de aparatología, insumos y profesionales. Como consecuencia del paro, el Gobierno convocó a la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) a una reunión el martes de la semana próxima.
“Desde APTS hace varios meses que venimos haciendo el reclamo de la falta de profesionales, de recursos humanos, falta de insumos, falta de infraestructura. Llegamos a un punto en donde tuvimos que tomar medidas extremas. Nosotros siempre decimos que desde APTS queremos llegar a las soluciones a través del diálogo, pero bueno, lamentablemente el Gobernador no nos escucha. Ya nuestros profesionales están desbordados, no pueden seguir trabajando de la manera en la que están, sin falta de recursos, sin insumos”, sintetizó la situación Carola Piasco, secretaria gremial de APTS en declaraciones a La Gaceta Digital (LGD).
Piasco detalló que el “problema máximo que tiene la maternidad Luco es sobre la instrumentación”. Como ejemplo, mencionó el video que hizo su compañero Carlo Belletini, mostrando una tijera quirúrgica que no cortaba. Ante la falta de de recursos, la profesional considera que los trabajadores de la salud no pueden brindar una atención adecuada.
Ante la repercusión del paro de 24 horas en la Maternidad Luco, la gremialista reveló que el Gobierno los convocó a una reunión para el próximo martes a las 14.30. “Ellos nos llaman al diálogo. Nosotros, por supuesto, vamos a ir porque creemos que como sociedad todavía podemos solucionar los problemas hablando, pero también estamos en estado de alerta. Si no se solucionan estos problemas, por supuesto que las medidas de esfuerzo serán extendidas en toda la provincia y por largo tiempo”, anticipó Piasco.
En la Maternidad Luco trabajan más de 100 profesionales en las que se atienden a pacientes de Villa Mercedes y el resto de las localidades de los departamentos Pedernera y Dupuy. Próximamente se atenderán pacientes de Fraga.
La secretaria gremial consideró importante que se apoye a la salud pública porque el primer lugar donde se atiende una urgencia es en el hospital público. Además, ante la actual “crisis económica que atraviesa toda la sociedad, hay personas que no tienen dinero para abonar un coseguro.
El gobernador Claudio Poggi, durante su visita al Policlínico Regional de Villa Mercedes, anticipó que firmó un proyecto de ley para instalar un sistema de autogestión hospitalaria. “Significa que el hospital público va a seguir atendiendo a todo el mundo, ahora si uno viene con una prepaga como OSDE u obras sociales como Osecac, o DOSPU también hay que entenderlo, pero el Estado le va a cobrar después a esa prepaga u obra social”, resumió Poggi, quien explicó que se cobrará un copago más “ajustado a la realidad” por cada paciente que se atienda en un hospital público.
Según el Gobernador, el Estado factura una cifra muy baja, por lo que está subsidiando desde el hospital público a la medicina privada. Aseguró que eso es lo que van a corregir, porque además hasta ahora la Nación era una especie de garante si la obra social no pagaba, pero ya dejó de serlo.
“De esta crisis surge una oportunidad. Vamos a ajustar el nomenclador a lo que corresponde, siempre siendo razonables. Crearemos un nuevo sistema de recupero de gastos y le vamos a facturar a la obra social de manera directa, firmando convenios con cada una de ellas”, dijo Poggi, quien agregó que “en esta época de vacas flacas creció la demanda en el sistema público de salud, entonces tenemos que ayudar a financiarlo”.
A su vez, hay una propuesta en la ley que prevé que el 40% de esa recaudación irá a salarios del personal de salud, otro 30% se invertirá en el funcionamiento y equipamiento del hospital donde se generó la autogestión y el restante 30% se va a redistribuir de manera solidaria donde no hay tantos ingresos, sobre todo teniendo en cuenta que la Provincia dejó de recibir algunos aportes.
Teresa Nigra, la ministra de Salud, irá la semana que viene a la Legislatura a contar más detalles del proyecto de ley. “Esto significa un recambio del sistema actual, producto de que se desreguló, será uno propio, con trato directo con cada obra social o prepaga. Y de paso aprovechamos para actualizar los aranceles porque una consulta médica nosotros la cobramos hoy $1.200, así viniera una persona que tiene OSDE, y esos son recursos públicos”, finalizó el Gobernador.
Este miércoles, alrededor de las 17:00 se produjo un accidente laboral en una estancia ubicada sobre la ruta provincial 30, en la zona del paraje Juan W. Gez, al sur de la ciudad de San Luis.
En ese lugar, tres empleados de la estancia inflaban la rueda de una máquina, la cual reventó e impactó en el rostro de uno de los trabajadores del lugar.
Personal médico acudió al lugar en una ambulancia del Sempro y constató el deceso del empleado que recibió el impacto de la rueda.
De acuerdo a las averiguaciones, el hombre tenía 45 años de edad.
La sesión del Concejo Deliberante capitalino tuvo una polémica hoy sobre la prórroga de contratos de trabajadores. La oposición puso la lupa en un contrato y afirmó que la empleada está a cargo de un Centro de Atención al Vecino (CAV) y que no cumple funciones en el Concejo Deliberante.
La concejal peronista Paulina Calderón planteó su preocupación por que se está “homologando un contrato y no está cumpliendo funciones en el Concejo del Deliberante ni para ningún concejal ni para la Presidencia” y que el tema amerita una explicación. “¿La señora Pamela Vanesa Araya trabaja para usted?”, preguntó Calderón a la presidente del Concejo Deliberante, Agustina Arancibia Rodríguez.
“Sí, trabaja en el Concejo. No sé de dónde han sacado esa información, esa es la realidad, la desconozco, sinceramente”, respondió Arancibia Rodríguez.
Luego intervino el opositor Andrés Russo, quien contó que fue a realizar un trámite y la vio a Araya en el CAV del barrio 500 Viviendas Norte. “Yo doy fe que estaba porque fuimos a hacer un trámite, había perdido el carnet de conducir y esta señora estaba ahí a cargo de ese Centro de Atención del Vecino que casualmente figura como vacante en el organigrama”, afirmó Russo, quien criticó a Gastón Hissa en relación a la cantidad de funcionarios. “El intendente dice que tiene 70, pero en el organigrama le figuran 110 funcionarios”, expresó el edil.
Siguiendo con la polémica que se desató con el contrato de Araya, Russo manifestó algunas posibilidades al respecto. Una de ellas es que si Araya trabaja en el Concejo y el CAV hay dos alternativas. “Que esté cobrando doble salario o que fue adscrita por este cuerpo, algo que nosotros tampoco fuimos informados. Damos fe que está ahí porque hicimos un trámite y nos atendió la señora”, dijo.
Por su parte, el concejal Alejandro Cordido del bloque opositor planteó que Araya debería aclarar la situación o que se arme una comisión para que se investigue al respecto.
Más adelante en el debate sobre este tema, Arancibia Rodríguez habló nuevamente: “Una vez más se me hizo una pregunta y accedí a responderla. Una vez más, seguramente no estará a la altura de lo que ustedes quieren escuchar. Están muy acostumbrados a interpelar, a preguntar, y siempre poner en tela de juicio cualquier situación que se dé en el Consejo. Está bien, y lo respeto, y se los escucho. Yo di una respuesta, entonces voy a solicitar, voy a solicitar que se cierre el debate y que se pase a votar la resolución”.
Se votó el cierre del debate y luego se aprobó la resolución de prórroga de los contratos por 7 votos a favor del oficialismo municipal, ninguno en contra y 5 abstenciones de la oposición. Los concejales Gastón Témoli. Cordido y Laura Sánchez se fueron del recinto al momento de la votación.
La reconstrucción del hospital Juan Domingo Perón de Villa Mercedes iniciará un nuevo capítulo. Este jueves, el gobernador Claudio Poggi firmará el decreto para comenzar la intervención del primer piso. Esta etapa se enfocará en la renovación de los servicios de quirófano y de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).
Cabe recordar que ya inauguraron una intervención en la planta baja con refacciones en quirófanos, UTI y el área de internaciones, mientras que ahora continuarán con la obra en la planta alta. Para ello realizarán una inversión aproximada de $2.636 millones.
En lo que respecta al servicio de quirófano, harán una refacción general del sector existente que contará, una vez terminada la obra, con siete quirófanos, cada uno con su equipamiento completamente nuevo. Para ello realizarán todas las instalaciones nuevas, climatización, electricidad y gases medicinales. Renovarán pisos, cielorrasos y revestimientos, al mismo tiempo que pintarán el área completa. Además reemplazarán la totalidad de las carpinterías con la instalación de ventanas de aluminio y puertas interiores principalmente de acero inoxidable.
En la UTI reemplazarán también cielorrasos, pisos, revestimientos, carpinterías e instalaciones de climatización, electricidad y gases medicinales. Asimismo, repondrán la totalidad de las carpinterías y realizarán la pintura completa. Una vez remodelado el sector, contará con trece camas generales y cuatro para aislados respiratorios.
Este miércoles, la agenda del gobernador Claudio Poggi comenzó en el Parque Industrial Sur, más precisamente en el Parque Automotor, donde anunció que el Estado provincial nuevamente realizará dos remates vehiculares, bajo su continua búsqueda de limpiar el espacio y librarlo de rodados deteriorados, cuyos costos de arreglo son tan elevados que conviene adquirir nuevos.
En su arribo al predio, Poggi fue recibido por el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, el director del Parque, Horacio Del Percio, y personal que trabaja en diferentes estaciones del sector mecánico. El Gobernador inspeccionó algunos de los vehículos en los que trabajan actualmente y se interiorizó sobre el estado actual de la Dirección, que viene recuperando todo tipo de rodados en estado de abandono.
“Estamos tratando de limpiar nuestro Parque Automotor de todos los vehículos que heredamos fuera de servicio, fundamentalmente patrulleros, ambulancias y motos destruidas. El costo de arreglo es mayor a la acción de subastarlos”, explicó el Gobernador, quien caracterizó al primer remate como “un éxito triste” porque “estamos vendiendo vehículos destruidos, que no tuvieron un mínimo mantenimiento o control, son recursos que debemos cuidar como si fueran propios”.
Con respecto a los detalles que arrojó el primer remate que se realizó en julio, Poggi mencionó que se vendieron 380 vehículos.
En ese sentido, Poggi anunció que la próxima subasta tendrá lugar en el Salón Malvinas Argentinas el 7 de diciembre, con aproximadamente 110 vehículos a vender, mientras que apuntan a desarrollar un tercer remate en marzo de 2025. “Estamos ordenando el parque obsoleto que recibimos y con productivismo lo queremos recomponer con nuevos vehículos, como hicimos con los 80 móviles policiales que compramos en simultáneo con el primer remate“, subrayó.
Por su parte, Bazla resaltó el trabajo que vienen realizando para hacer más eficiente la labor del ente. “Hemos logrado modificar la realidad en cuanto a agilizar la reparación. También hemos logrado recuperar recursos valiosos como las grúas abandonadas en Río Cuarto. Este lugar demanda un trabajo permanente y hemos encontrado una gran colaboración del personal para lograrlo”, señaló.
El secretario mostró entusiasmo respecto al próximo remate, sobre todo basándose en la anterior experiencia, que permitió recaudar más de $852 millones, una inyección económica importante para San Luis. “Esta vez tenemos vehículos en mejores condiciones, hay una gran expectativa”, destacó.
Durante esta mañana se reportaron distintas problemáticas que han surgido a raíz de la toma que grupos de estudiantes y docentes están realizando de algunos edificios de la Universidad Nacional de Nacional.
Una mujer publicó en redes sociales que su hija no pudo ir al turno que tenía en la Clínica Fonoaudiológica de la UNSL debido a que la misma se encuentra cerrada por la toma. Según le manifestó la profesional que debía atenderla, quienes realizan la toma no le dejaron ingresar al edificio donde funciona la clínica. “La fonoaudióloga me dice que ella quiere atender, quiere hacer consultorio y no se lo permiten. Y esta mañana teníamos consulta con un doctor, porque además la clínica trabaja con otros profesionales como otorrinolaringólogos y odontólogos, y no permitieron la entrada”, contó la mujer, en diálogo con La Gaceta Digital, señalando que perdió 2 turnos.
Asimismo, tampoco se ha permitido el acceso a distintos laboratorios de la UNSL, lo que perjudica el trabajo de profesionales como biólogos, bioquímicos y demás.
Por otro lado, La Gaceta Digital pudo confirmar a través de fuentes policiales que esta mañana fue entorpecido un operativo policial que buscaba dar respuesta a una denuncia de robo. Según la fuente consultada por este medio, la Policía recibió un llamado del personal de seguridad de la UNSL, que manifestaba que dos personas, ajenas a la toma, estaban robando distintos bienes de la institución.
La Policía acudió al llamado, pero los estudiantes que realizan la toma creyeron que venían a reprimir, dificultando así el accionar policial, el cual solamente logró arrestar a uno de los delincuentes.
La Cámara de Diputados de San Luis aprobó por unanimidad el proyecto de Ejemplaridad y Coherencia, también conocido como el de narcotests para funcionarios del Estado. El texto fue impulsado por la legisladora Marisa Patafio, quien defendió la iniciativa argumentando que “el Estado, a través de sus representantes, debe dar un ejemplo inequívoco de congruencia”. La oposición acompañó la votación y el proyecto obtuvo media sanción por unanimidad, pero de igual manera lanzó fuertes críticas a la iniciativa, señalando que carece de verdadera aplicabilidad.
El debate comenzó con Patafio explicando las razones detrás del rechazo oficialista al tratamiento previo del proyecto, subrayando el impacto del narcotráfico en la provincia y en el país. Según cifras aportadas por la legisladora, la incautación de marihuana aumentó un 78% en 2024, lo que refuerza la necesidad de contar con funcionarios “aptos, sanos para cumplir su función debidamente”. “No se puede combatir algo cuando de alguna manera se está involucrado”, sentenció la diputada.
El diputado opositor Federico Berardo calificó el proyecto de ley como “malo” y cuestionó que, desde el Gobierno, “tuvieron que sacarlo por decreto” ya que no conseguían los votos oficialistas para respaldarlo. En este sentido, el legislador se refirió a las ausencias en el recinto, afirmando que estas se debieron a la “falta de consenso” y “claridad” en torno a la medida, la cual describió como una ley que “vende humo”. Berardo expresó que “no estamos peleando contra el narcotráfico sancionando esta ley”, apuntando que la normativa solo abarca drogas ilegales, mientras que “el problema con el narcotráfico no son solamente las drogas ilegales”. “Hay un universo inmenso de drogas legales. De hecho, cada vez más personas tienen esta enfermedad por consumir drogas legales, no ilegales”, sostuvo el legislador.
Berardo fue particularmente crítico respecto a la transparencia del proceso, especialmente en relación a la responsabilidad que caería en el secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla. “Tengo que confiar en la honra de Bazla. Si le da positivo al gobernador, ¿se juntará Bazla con el gobernador y le dirá ‘che, tenés que renunciar porque te dio positivo’?”, dijo el opositor.
Las críticas de Berardo no se limitaron a la figura de Bazla, también cuestionó la exclusión del sector privado del proceso de control, y el hecho de que aparentemente será la UNSL la que realice estos tests a los funcionarios. “Pongo en duda la seriedad y los compromisos políticos del rector de la Universidad. Tengo que confiar en que Víctor Moriñigo va a informar bien y no se va a tapar ningún dato. No hay nada escrito en la ley que garantice transparencia en este sentido”, disparó.
El legislador también planteó una serie de preguntas sobre la aplicabilidad real de la ley, especialmente respecto a los posibles casos positivos, el derecho a la intimidad y el manejo de la condena social o rumores con respecto a despidos. Al respecto, señaló que la ley contempla despidos en esos casos, lo que considera problemático: “Descubriste que está enfermo y lo dejás sin obra social”.
Eugenia Gallardo, presidenta de la bancada del oficialismo, defendió con firmeza el proyecto durante la sesión, destacando su potencial para mejorar la transparencia del Estado. “Fortalecemos nuestras instituciones”, afirmó, señalando que la implementación de narcotests contribuiría a crear un gobierno “más confiable y transparente”. En su discurso, la legisladora también remarcó que provincias como Tucumán, Tierra del Fuego y Córdoba ya cuentan con leyes similares que abordan el uso de drogas por parte de los funcionarios públicos. “Es muy sensible, pero estoy convencida que hay un bien común”, añadió, aludiendo a la importancia de la medida como respuesta a las demandas de la comunidad.
Sin embargo, Silvia Sosa Araujo, diputada de la oposición, se mostró escéptica sobre la aplicabilidad del proyecto. La opositora contó que desde su bloque se comunicaron con las legislaturas y funcionarios de Salud de las provincias mencionadas por Gallardo “para ver si realmente funciona esta ley”. “Son leyes que no se aplican, que sirven para un título”, fue la respuesta que obtuvo, según relató.
Sosa Araujo profundizó en los problemas que podría generar la implementación de los narcotests en San Luis, especialmente en relación a los funcionarios del Poder Legislativo y Judicial. “En el caso de los legisladores y de los demás poderes del Estado, la Constitución establece cuál es nuestra idoneidad para ejercer un cargo público. Entonces si obligan a un legislador o alguien de la Justicia a hacerse un narcotest, no lo van a poder hacer porque no está en la Constitución”, sostuvo.
Además, la legisladora cuestionó las razones detrás de la decisión del gobernador Claudio Poggi de emitir un decreto para aplicar la medida, insinuando que no contaba con el respaldo suficiente dentro de su propio espacio político para obtener los votos necesarios. Cerrando, se preguntó quién se hará cargo del costo de estos tests, que ronda los $115.000, y si un escribano va a acompañar el proceso para ver que no cambien la orina. También remarcó que el oficialismo sacó del proyecto la parte que lo hacía extensivo a extensivo a personal de la Policía y del Ministerio de Salud. “Lo sacaron porque sabían que no se podía hacer”, aseguró.
El oficialista Carlos Pereira, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, fue uno de los últimos en hablar y comenzó señalando que “el punto de largada” de este Gobierno fue un 2023 en el que “la comercialización y tenencia de droga aumentó un 43%”. “La droga estaba en las calles de San Luis”, dijo Pereira, quien agregó que la nuestra es la “tercera provincia con mayor cantidad de casos cada 100.000 habitantes”.
“Tengo evidencia de que parte de la lógica narco infectó el poder político de San Luis en los últimos años e infectó a parte del Poder Judicial”, continuó el oficialista, disparando contra la gestión de Alberto Rodríguez Saá. A esto le agregó que “fiscales federales” le confirmaron que “San Luis logró llegar a ser un nodo logístico de tráfico y distribución de droga y luego se terminó convirtiendo en un nodo de consumo”.
En cuanto a lo vertido por la oposición con respecto a las violaciones del derecho a la intimidad, respondió: “Cualquier empleado público, funcionario que sienta que se ha conculcado su derecho a la intimidad, la salud o la privacidad tendrá los recursos jurídicos necesarios para poder defenderse en un estado de derecho. Pero necesitamos que ese estado no esté colonizado por el poder narco”.
“Seguramente tiene mucho para solucionar, es algo que se puede perfeccionar, pero nosotros estamos empezando por algo”, fueron las palabras de Patafio antes de cerrar el debate y pasar a la votación que aprobó el proyecto por la unanimidad de los 38 legisladores presentes.