El evento contará con la presencia del Gobernador y su Gabinete. El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Omar Esteban Uría, anunció que el jueves a las 10:30 horas, se inaugurará oficialmente un sector del Palacio de Justicia del Poder Judicial. En el mismo evento se llevará a cabo la Asamblea Anual Ordinaria y reunión de los miembros de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.).

“En la reunión con la Junta Federal, se tratarán problemas comunes en todos los poderes judiciales del país, y en la Asamblea Anual Ordinaria se van a renovar las autoridades de la Junta Federal de Cortes”, manifestó Uría.

Por otra parte, el ministro confirmó que en el acto protocolar estarán presentes el gobernador de Claudio Poggi, ministros del Poder Ejecutivo, miembros de la Comisión Directiva de Ju.Fe.Jus. y público en general.

El magistrado aclaró que en este acto, sólo se inaugurará la planta alta del edificio, donde funciona todo el Superior Tribunal, las Secretarías de  Informática, Judicial, Administrativa y Contable, la Oficina de Recursos Humanos,  las dos Cámaras Penales y las dos Cámaras Civiles. También agregó que se prevé la reubicación y traslado de los juzgados en el otro edificio, pero hasta ese momento, dichas dependencias continuarán funcionando en los mismos lugares. En el caso de la Cámara Penal Nº 1 y las Salas de Juicios Orales, ambas dependencias permanecerán en su lugar de origen.
A continuación se publica el Programa de Actividades previsto:

JUEVES 31
Acto de Inauguración del Palacio de Justicia
Lugar: Planta Baja del Palacio de Justicia y Salón Blanco (9 de Julio 934 – Ciudad de San Luis).
Hora: 10.30
Recepción de autoridades.
Bendición de las instalaciones por parte de Monseñor Pedro Daniel Martínez –Obispo de la Diócesis de San Luis-.
Corte de cintas inaugurales.

Continuación del Acto:
Lugar: Salón Blanco del Palacio de Justicia.
Constitución de Mesa de Autoridades con el Gobernador de la Provincia de San Luis, CPN Claudio Javier Poggi, Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Horacio Guillermo Zavala Rodriguez, Presidente de Ju.Fe.Jus., Dr. Rafael Gutiérrez, Sres. Ministros del STJ, Dres. Lilia Ana Novillo, Omar Esteban Uría y Florencio Damián Rubio y el Procurador General de la Provincia, Dr. Fernando Estrada.
Himno Nacional entonado por el tenor Rodrigo Ortiz.
Descubrimiento de Placas alusivas.
Interpretación del Grupo musical “Ensamble” de la Universidad de La Punta.
Proyección de Video Institucional.
Palabras del Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Horacio Guillermo Zavala Rodriguez.
Palabras del Gobernador de la Provincia de San Luis, CPN Claudio Javier Poggi.

FIN DE ACTO PROTOCOLAR

11:30hs: Disertación del Dr. Alfonso Santiago (h)
15.00hs.: Asamblea Anual Ordinaria y Reunión de la Comisión Directiva de Ju.Fe.Jus.
Lugar: Salón Blanco del Palacio de Justicia.

VIERNES 1 de junio

De 9.00 a 11.00hs.: Práctica de los Ministros visitantes con el Expediente Digital.
Lugar: Aula Virtual – Planta Baja del Palacio de Justicia.

11.30hs.: Disertación del Dr. Domingo Juan Sesín.
Lugar: Salón Blanco del Palacio de Justicia.

12.30hs.: Acto de cierre.
Lugar: Salón Blanco del Palacio de Justicia.

Como publicó La Gaceta el miércoles pasado, Aníbal Fernández Janeiro juró como director de Promoción del Desarrollo Económico, Industrial y Comercial y se empezaron a conocer un par de datos sobre el mismo.

El primero de ellos fue la deuda que el funcionario tiene con Canal 13 y Carolina Cable por el pago de espacio que ocupó en esas pantallas, según informaron un par de colegas. El otro tema en cuestión es el contrato que incumplió Fernández Janeiro con el Ministerio de Seguridad. De acuerdo al decreto 5860-MS-2008, se conoció que el monto del contrato fue por $396.440,77.

El Gobierno pagó el 5 de febrero de 2009, mediante transferencia bancaria el monto del contrato y, el 27 de febrero de ese año, se intimó a Fernández Janeiro a que entregara la totalidad del equipamiento.

“Que frente a la intimación, el Señor Aníbal Fernández Janeiro respondió con una negativa a hacer entrega de las cámaras faltantes, demostrando un total desinterés por el cumplimento de las obligaciones a su cargo según lo convenido”, dice el decreto N° 2352-MS-2009.

Ponce dijo que desconocía lo del incumplimiento del contrato por parte de Fernández Janeiro y destacó que no peligra la continuidad del funcionario. De todas maneras, el intendente instruyó a la asesora letrada del Municipio, Estela Aragón, para que investigue si se empezó alguna acción legal en contra de Fernández Janeiro. Si existiera alguna causa en contra del funcionario, Ponce dijo que el funcionario debe vindicarse.

Por otra parte, el intendente apeló a la presunción de inocencia, la cual estipula que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

“Tiene buena intención, pero no está perfectamente definida”, dijo Carlos Ponce, uno de los tantos opositores que crítico duramente el proyecto.

Ayer, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley del Gobierno provincial que busca modificar la ley de expropiaciones provincial para introducir la figura de “expropiación temporaria”. Para descontento de la oposición, que vertió duras críticas al proyecto, la única modificación que se le introdujo a lo enviado por el Gobierno fue cambiar el término “expropiación” por el de “ocupación”.

El debate comenzó con el oficialista Délfor Sergnese asegurando que “este proyecto tiene como objetivo primordial mantener las fuentes laborales, para que los trabajadores puedan seguir trabajando y la empresa pueda continuar por sí misma o que los trabajadores formando una cooperativa continúen, que el Estado se haga cargo o lo ceda a un tercero para que continúe con la explotación industrial”. Rápidamente, el opositor Carlos Ponce destacó que lo “de preservar las fuentes de trabajo, es una expresión de deseo”, ya que “en ningún lado de esta ley dice que se le va a garantizar la fuente de trabajo a los trabajadores”.

Otro punto que fue sumamente criticado, tanto por Ponce como por los radicales Walter Ceballos y Fidel Haddad, es el que declara como bienes sujeto a expropiación u ocupación temporaria “los establecimientos industriales públicos o privados, o de actividades agropecuarias, comerciales, económicas y todas aquellas que sean declaradas de utilidad pública”.

“Están declarando sujetos a expropiación los bienes económicos públicos. Lo público no se expropia”, señaló Ceballos. “Se le agrega ahora establecimientos agropecuarios. No veo cuál sería el interés en que el Estado se haga cargo de esta clase de establecimientos. Actividades comerciales, económicas. ¿Cuáles son las actividades económicas? No las conocemos”, dijo Ponce, mientras que Haddad señaló lo peligrosamente ambiguo es este último término, ya que “todas las actividades son económicas”.

Ponce, quien fue el opositor que más se extendió, también criticó el punto que fija un plazo de dos años, prorrogables, para las ocupaciones. “Acá veo otra contradicción. Por un lado, estamos tratando de solucionar un tema que es serio, complicado y que afecta las fuentes de trabajo en la provincia, y por otro lado decimos que no es anormal porque le fijamos 2 años, prorrogables por 2 años más. Va a ser para que los vivos puedan tener una empresa saneada, gracias a la administración del Estado provincial”, dijo el kirchnerista.

“Creemos que por este camino, lo que estamos alimentando y habilitando son a los vivos”, aportó Ceballos, coincidiendo con Ponce, mientras que Sergnese pidió la palabra para aclarar que, una vez cumplido este plazo de 2 años, la empresa no vuelve necesariamente al empresario, sino que se puede proceder a la expropiación definitiva. El oficialista agregó, ante la multitud de críticas, que estas ocupaciones solo se llevarán a cabo “cuando existan indicios serios, concretos, del cese de alguna empresa que realmente su actividad sea de interés o de utilidad pública para la provincia”.

Finalmente, después de más de una hora de debate, el ambiguo proyecto tuvo media sanción gracias al poderío del oficialismo en la Cámara. “Queríamos colaborar y tratar de mejorarla, para que fuera una ley clara. Tiene buena intención, pero no está perfectamente definida”, dijo Ponce sobre el proyecto.

Desde el Gobierno se argumenta que la Municipalidad está violando la ley.

Tal como publicó La Gaceta, el ministro de Relaciones Institucionales y Seguridad, Eduardo Mones Ruiz, declaró que la Municipalidad está violando la ley por la similitud entre los uniformes de la división de Tránsito de la Policía y los inspectores de tránsito del Municipio. Por tal motivo, desde el Gobierno se le envió una carta a un funcionario municipal.

La nota fue enviada por jefe del Programa Seguridad y Planeamiento, Diego Masci al secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Julio Cesar Fagés

Sr. Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana

Dr. Julio Cesar Fagés

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de ponerlo en conocimiento de que el personal de Tránsito y Vía Pública de la Municipalidad de San Luis se encuentra violando la Ley Nº X-0337-2004 en su Art. 23 en el cual declara que “Los uniformes, insignias, distintivos y símbolos adoptados por la Policía de la Provincia, para el uso de la Institución y su personal, como también las características y distintivos de sus vehículos y equipos, son exclusivos y no podrán ser utilizados en forma igual o similar por ninguna otra institución pública o privada”.

Si bien la tradición jurídica se asienta en la presunción legal general de que nadie puede desconocer la ley, entiendo que esta acción se pudo haber realizado por omisión o desconocimiento de la legislación vigente.

No obstante ello, la casi precisa exactitud en la similitud de uniformes utilizado por el personal municipal en relación a la Policía de la Provincia, coloca al municipio capitalino en lo que claramente se considera un quebrantamiento de la normativa legal referenciada, lo que conlleva a los ciudadanos que viven o visitan la Ciudad de San Luis a una peligrosa confusión entre los inspectores de referencia y quienes tienen la misión del mantenimiento del orden público y la Paz social.

Atento a lo expresado le solicito que tenga a bien considerar la posibilidad de que el personal municipal cumpla su tarea dentro de la normativa vigente.

Sin más, aprovecho la ocasión para ponerme a su disposición para trabajar en conjunto en todas aquellas acciones que coadyuven a la seguridad pública y saludarlo de modo atento y cordial.

Además, se exigirá a rajatabla el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a estos boletos.

En medio del tremendo costo político que ha tenido para la gestión de Enrique Ponce el veto de la ordenanza de boleto estudiantil gratuito, Ignacio Campos, presidente de Transpuntano, dio a conocer que, desde el viernes de la semana pasada, todos los boletos con tarifa social (estudiantil, obrero y para jubilados) se venderán, únicamente, en las oficinas de la empresa. 

De acuerdo a Campos la medida se tomó porque, en los puestos de venta que hasta la semana pasada funcionaban en el centro de la ciudad, “se estaban vendiendo boletos con tarifas sociales a cualquier persona, aún cuando no se justificara que lo necesitaba”.

El presidente de Transpuntano también comentó que esta medida permitirá “llevar un adecuado control estadístico de quiénes son las personas que adquieren esos boletos y el cumplimiento de esos requisitos”. A su vez, montar una nueva oficina en el centro para realizar esta operatoria, le habría significado a Transpuntano “un gasto bastante importante”, por lo que se decidió hacerlo en el predio de a empresa.

A su vez, Campos reconoció que se está limitando la venta de estos abonos, ya que la empresa se encuentra muy próxima “a establecer el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)”, por lo que “no sería conveniente vender muchos boletos anticipados”.

Por último, el funcionario repasó los requisitos para acceder a estos boletos:
– Escolar: certificación de alumnos regular expedida por alguna institución educativa.
– Jubilados: recibo de haberes o un carnet que los acredite.
– Obrero: acreditar la condición de empleado con un recibo de sueldo “que indique que cobra o percibe menos del salario mínimo, vital y móvil”, el cual, según los índices oficiales nacionales, es de $2.300.

El índice fue determinado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos. El Índice de Precios al Consumidor de San Luis (IPC-SL) registró en el mes de abril un incremento del 2,0% en relación al mes anterior (3,4%). De ese modo, el anual acumulado alcanzó el 8,2 %, mientras que en los últimos 12 meses (interanual) el aumento es del 24,0 %.

Según el informe de la Dirección Provincial de Estadística y Censos, el rubro que tuvo un mayor impacto sobre el índice general es “Alimentos y bebidas”  con una variación del 2,4% respecto del mes de marzo, a raíz de las subas producidas principalmente en azúcar y mermeladas, agua envasada, bebidas alcohólicas, yerba, productos de panificación, harinas, pastas frescas y secas, productos lácteos, comidas preparadas, entre otras. Mientras que se observaron bajas tanto en frutas como verduras debido a su estacionalidad.

“Transporte y Comunicaciones”, con un incremento del 1,3%, fue otro de los capítulos con mayor incidencia en el mes de abril, debido a la reiterada suba de los combustibles, y en repuestos y reparación del automóvil.

Uno de los capítulos que presentó un mayor incremento fue “Otros bienes y servicios” con el 3,6%, explicado por la suba en productos de perfumería, servicios para el cuidado personal, cigarrillos y servicio de sepelio. Seguido por “Atención médica y gastos para la salud” con una variación del 2,5% debido al alza en medicamentos, servicios y artículos asociados a la salud.

Además, la defensa pidió la nulidad de un estudio de ADN. Ayer a la tarde, en la Sala de Juicios Orales, el Dr. Guillermo David Levingston pidió al Excmo. Tribunal de la Cámara del Crimen Nº 1, que se deje en libertad a su defendido y la nulidad del debate oral, ya que existe un decreto de la Cámara donde constaría que Pedro Soria no estaría imputado en el caso. Por otra parte, el presidente del Tribunal, José Luis Flores notificó a las partes, que rechazaron las recusaciones presentadas por la defensa, quien en la audiencia anterior había pedido el apartamiento del Tribunal y de la secretaria Carina Gregoraschuk, por haber tenido participación en la causa.

Levingston pidió al Tribunal la nulidad del debate oral y la libertad de su Soria, quien desde septiembre de 2008 está detenido en la Penitenciaría. En un decreto firmado por la Cámara, donde se expone que  Soria no está  imputado en la causa Gramaglia. El letrado también acusó a la Dra. Gregoraschuck  de “falsedad ideológica de instrumento público en relación a la causa”, para pedir la nulidad del juicio y la libertad de Soria. Además, Levingston para fundamentar su petición detalló algunas irregularidades observadas por el letrado, en la numeración y foliatura de las fojas.

A pocos minutos de comenzar el debate oral, Flores leyó los argumentos de rechazo de las recusaciones a la Cámara. Luego el camarista dio lectura al informe que presentó ante el Tribunal, la secretaria de la Cámara, quien manifestó que las explicaciones de la recusación manifestadas por el Dr. Levingston, no eran serios, ni precisos. Por lo que el Tribunal fundamentó el rechazo del apartamiento de la funcionaria.

Al tratarse las cuestiones preliminares, el  abogado José Luis Dopazo  pidió la nulidad de la toma de muestras biológicas de Soria. El argumento de la nulidad se basa en que la muestra fue extraída  por un bioquímico particular, y porque el acto no fue controlado por el particular damnificado y el Ministerio Publico Fiscal, que no estuvieron presentes por falta de notificación.

El abogado defensor pidió que se elimine de la lista a los testigos  ofrecidos por la defensa, Arturo Gentile y Eduardo Streinterdtrger, quienes habrían expuesto un informe de ADN sin control de la querella.  Asimismo, Dopazo calificó como defectuoso el proceso de la notificación de la querella, ya que el letrado y la Fiscalía fueron notificados con posterioridad a la fecha  prevista para la extracción y en un domicilio que no era legal. Por lo tanto, la querella ni la defensa no  pudieron presenciar, ni controlar el estudio biólogo.

La fiscal de Cámara, Diana Bernal, adhirió al pedido del querellante particular pero hizo hincapié en solicitar la nulidad requerida por la defensa de la víctima, porque en el momento de la extracción de sangre de Soria, no estaba presente la custodia policial, que no vigiló el registro de los resultados en el informe pericial.

Por su parte, el abogado Fernández requirió que se anule el llamado a indagatoria de su defendido, Hugo Simón Sánchez, y de todos los actos que fueron en su consecuencia sin mayores argumentos.

Aproximadamente a las 20:30, Flores suspendió el debate a fin de resolver las cuestiones preliminares planteadas por las partes de la defensa.
La tercera audiencia de este juicio, será el próximo martes 29 de mayo, a las 9:30 hs, en la Sala de Juicios Oral de dicha Cámara.

Tiene el objetivo de facilitar el tráfico y evitar accidentes.

Con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y evitar siniestros de tránsito durante el próximo fin de semana largo, la Dirección Nacional de Vialidad  (DNV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) recuerdan que se restringirá la circulación de camiones de más de 3.500 Kg en rutas nacionales del país y en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

Días y horarios en que se aplicará la medida
ueves 24 de mayo de 2012: desde las 18 hasta las 23.59 horas.
Domingo 27 de mayo de 2012: desde las 18 hasta las 23.59 horas.

Quedan exceptuados de la medida: Transportes de leche cruda, de animales vivos, de productos frutihortícolas en tránsito, exclusivos de prensa y unidades móviles de medios de comunicación audiovisuales, de atención de emergencias, de asistencia de vehículos averiados o accidentados, cisterna de traslado de combustibles y de Gas Natural Comprimido, de transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, de transporte de medicinas y de transporte a disposición final de residuos sólidos urbanos.

Desde hace unas semanas, o para ser exactos desde que el diputado villamercedino presentó el primer proyecto para reglamentar el fallo de la Corte, Martínez ha mantenido en San Luis, sistemáticamente, reuniones con todos los bloques políticos de la Cámara de Diputados. Desafortunadamente, parece que esta actitud no ha estado solamente circunscripta a la ciudad capital, ya que el blog periodístico “Mi Reino – Mis Reglas” y el sitio villamercedino “San Luis Noticia” han denunciado que el obispo hizo lo mismo durante una reunión que mantuvo con concejales de Villa Mercedes.

Como si esto fuera poco, algunos legisladores mencionaron que Martínez comparó el aborto no punible con políticas “dignas del nazismo”, jugó la consabida carta de la “destrucción de la familia tal cual la conocemos” y, ya yéndose completamente fuera del tema, se habría manifestado en contra de la reivindicación de las culturas aborígenes. De acuerdo a los legisladores, el obispo tampoco dejó pasar la oportunidad para despotricar contra las leyes de Educación Sexual Integral y matrimonio gay, dos grandes batallas que el Catolicismo perdió contra la modernidad.

De igual manera, cabe destacar que hasta los diputados que se han manifestado en contra del aborto en sí mismo, reconocen que es más que necesario reglamentar cómo se aplicará en nuestra Provincia el fallo que la Corte de Suprema de Justicia de la Nación hizo en relación a los casos no punibles, que son aquellos embarazos que ponen en riesgo la vida de la madre o son producto de una violación.

Como, para estos últimos casos, la Corte Suprema ha determinado que con una declaración jurada confidencial entre la víctima y el médico es más que suficiente para acceder a un aborto no punible, los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad, con la iglesia Católica a la cabeza, ya están denunciado que muchas usarán esto de excusa para realizarse la práctica a pesar de no haber sido víctimas de un delito sexual. Obviamente, esta fue la postura que demostró el obispo a nuestros legisladores, defendiendo fervientemente la creencia de que, ante la posibilidad de algunas “avivadas”, las mujeres cuyas vidas peligren o que hayan sido violadas deben seguir adelante con el periodo de gestación.

Por último, cabe recalcar que es ciertamente lamentable que los legisladores que contaron todos estos detalles a La Gaceta, hayan decidido hacerlo en condición de anonimato. Al fin y al cabo, es Martínez quien está claramente fuera de lugar. Como bien dijo el abogado Ricardo Bazla a “San Luis Noticia”, “el régimen constitucional argentino se basa en la existencia de los partidos políticos, que son los que tienen que gobernar”, por lo que son intolerables las amenazas de “excomulgar a quienes eventualmente voten a favor del aborto”.

“Los legisladores son elegidos porque representan determinado sector político partidario, no por ser católicos o judíos”, comentó el letrado Bazla.

La obra costó más de 30 millones de pesos.

Ayer, a las 18 horas, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, participó de la inauguración de la pavimentación del tramo norte de la avenida Serrana y de la rotonda de acceso a la réplica del Cabildo Histórico de 1810. Según afirman desde el Gobierno, el nuevo trazado servirá para mejorar el arribo de los miles de turistas que visitan, mes a mes, el Cabildo.

Se trata de una obra de 2.100 metros de longitud, que corresponden a dos calzadas de 1.050 metros cada una. El monto total de la obra es de $30.291.283.05. El nuevo pavimento va desde la calzada derecha (calle 13N), hasta el acceso al Set de Cine de la Ciudad de la Punta.

Las obras realizadas comprendieron la terminación del pavimento asfáltico de las dos calzadas; la construcción de una alcantarilla de luces múltiples sobre el arroyo Paso de la Muerte, obras de defensa hidráulica, iluminación de todo el tramo, señalización y demarcación horizontal.

El perfil tipo de este tramo está conformado por dos (2) calzadas de 6,70m. de ancho cada una con un espesor de concreto asfáltico en caliente de 3cm. de espesor, separadas por un cantero central delimitador y banquinas.