En otro de sus párrafos, el comunicado municipal destaca que la suba solicitada por Edesal es 4 veces superior al propuesto por las empresas energéticas de Entre Ríos y Tucumán, las cuales piden un aumento del 15%, y 3 veces mayor al de otras provincias del país.

A raíz de lo ya mencionado, la Municipalidad ha dispuesto la creación de un “equipo técnico para trabajar sobre el informe presentado por Edesal, con el objetivo de defender los intereses de los ciudadanos de la ciudad de San Luis, cuyos sectores más vulnerables pueden ver impedido el derecho al acceso al servicio básico”. Además, solicitarán la realización de una audiencia pública en la ciudad San Luis, que nuclea el 42% de la población de la provincia, ya que la anterior se celebró en La Punta. Allí, exigirán “un cuadro tarifario que contemple las diferentes situaciones de manera proporcional, según las condiciones socio-económicas de los habitantes”.

“Es irrisorio que el Gobierno nacional haga toda una política de subsidios para el sostenimiento de la situación de los que menos tienen, si a través de un organismo que es provincial lo desestiman y le pasan una tarifa mayor”, opinó Carlos Jacomet, secretario de Desarrollo Humano, Social y Económico.

“Este aumento del 59% que está planteando la empresa es totalmente engañoso y no es sobre tarifa plana”, agregó el diputado kirchnerista Carlos Ponce, señalando además que la empresa está obligada a invertir el 8% de su capital en ampliación de las redes, pero no lo hace, ya que de eso se encarga normalmente el Gobierno provincial. “Es una empresa privada subvencionada en la obra pública por el Estado provincial”. Ha solicitado información sobre las inversiones, pero no se la han dado.

Finalmente, se anunció que el intendente, Enrique Ponce, está en la lista de los primeros mil argentinos que renunciaron voluntariamente al subsidio para la energía eléctrica, algo que, ayer se anunció, fue imitado por todo su Gabinete.

La reacción del Gobierno

Desafortunadamente, ayer fue imposible sacarle al ministro de Hacienda y Obra Pública, José María Emer, una opinión sobre el polémico pedido de aumento. “La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica realizará un informe de esta audiencia pública, de la cual se va a desprender la revisión del detalle, que no implica que (la tarifa final) sea lo que solicita la empresa ni mucho menos”, comentó el ministro, quien agregó que la Comisión se expedirá dentro de los próximos 10 días.

Por otro lado, Emer detalló que, en la audiencia, la empresa planteó la creación de 3 nuevas tarifas: la social y plana para los sectores más vulnerables de la provincia, una para el riego agrícola dentro de determinados horarios, y una para pequeños comerciantes.

Por último, el ministro defendió la realización de la audiencia en La Punta, argumentando que la ubicación de estos eventos siempre rota y que la ya mencionada ciudad se encuentra “muy próxima a San Luis”. “Todos los miembros que quisieron participar, se inscribieron y participaron”, concluyó el ministro, haciendo una clara referencia a la Municipalidad de San Luis.

El proyecto fue presentado por un diputado K.

El diputado del Frente para la Vitoria, José Giraudo presentará hoy en la Legislatura un proyecto de ley que pretende establecer una guía técnica para los abortos no punibles. ¿El proyecto tendrá el apoyo del oficialismo?

Recordemos que al aborto no punible no se condena a la mujer ni al médico que realiza el procedimiento, en base lo establecido en el artículo 86 del Código Penal.

La iniciativa contempla que una mujer puede acceder al aborto no punible:

-En casos de peligro para la vida de la mujer (artículo 86, inciso 1o, Código Penal   de   la   Nación),   cuando   este   peligro  no  pueda  ser  evitado  por  otros  medios.
-Cuando el embarazo sea producto de una violación.
-Cuando el embarazo sea producto del atentado al pudor sobre mujer idiota o demente.

En este último caso el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido   para el aborto. También  será  requerido   el consentimiento   del   representante legal en caso de que la mujer sea menor de edad.

En caso de no existir denuncia policial, para realizar el aborto debe solicitarse el consentimiento de la mujer o su representante legal, mediante declaración jurada. La citada declaración será recepcionada por el médico tratante ante el juez de Familia, quien está obligado a asistir al hospital “a efectos   de   tomar   la   declaración   pertinente,   cuando   el  médico   tratante      lo solicite”, dice el proyecto.

El requerimiento del médico al juez se puede realizar en forma verbal. Es responsabilidad del juzgado, cualquier daño que la demora en tiempo y forma,  o ausencia del magistrado ocasione.

La práctica del aborto no punible se realizará,  previa  constatación  de las causales que motiven el procedimiento,  por   parte   de   un  sólo  médico, quien derivará a la paciente  uno de los hospitales en un plazo que no supere las 24 horas. El procedimiento se practicará en el Hospital San Luis y en el Hospital Juan Domingo Perón (Villa Mercedes).

Cada hospital deberá contar con un equipo conformado por un toco-ginecólogo, psicólogo, psiquiatra, y un asistente social

La intervención quirúrgica deberá realizarse dentro de los 10 días corridos desde la recepción del pedido de la mujer o  de  la  derivación  recepcionada  por el  Equipo Interdisciplinario de los hospitales mencionados. Como en otros procedimientos médicos, se garantiza la confidencialidad del mismo.

La mujer en cualquier momento puede revocar su voluntad de realizar el aborto. El Gobierno abonará el equivalente a dos salarios mínimos (Vital y Móvil) por mes durante un año, desde que se manifieste la voluntad de proseguir con el embarazo, a favor de la madre, lo entregue o no en adopción luego de nacido el niño.

Además, el ministro de Política Habitacional les ofreció a los beneficiarios la posibilidad de encuadrarse en otros planes de viviendas.

El pasado viernes a la mañana, el ministro de Inclusión Social y Política Habitacional, Eduardo D’Onofrio, recibió a inscriptos del plan “Un matrimonio, un terreno” de San Luis capital, para comunicarles oficialmente que, después de meses de idas y venidas, los terrenos que recibirán estarán ubicados en terrenos lindantes al barrio Estrella del Sur. 

Durante la reunión, el ministro también les ofreció a los beneficiarios la posibilidad de que quienes cumplan con los requisitos correspondientes sean incorporados a los planes de vivienda Progreso y Sueños. Además de esta propuesta, D’Onofrio ratificó la decisión del gobernador de incluir a las 187 jóvenes familias inscriptas en el plan de autoconstrucción Solidaridad, que coordina el Programa de Inclusión Social.

De igual manera, el funcionario gubernamental explicó que, para optimizar los pasos a seguir, se convocará a cada inscripto para analizar su situación y proceder en consecuencia para encuadrarlo en la modalidad habitacional adecuada.

Finalmente, el ministro de Inclusión Social les hizo conocer que ya comenzaron los trabajos de mensura correspondientes para continuar luego con la limpieza y movimiento de suelos, delimitación de lotes y apertura de calles.

Además, se ha detectado un aumento en el pago de las cuotas de los planes anteriores.

Así lo confirmó el jefe del Programa Planeamiento y Gestión de Recursos, Sebastián Bustos Alcaraz, del Ministerio de Inclusión Social y Política Habitacional, quien acotó que tales datos acusó el informe del pasado lunes por parte de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP).

El funcionario refirió que el porcentaje mencionado corresponde a las boletas que vencieron el 12 y el 20 de marzo, mientras que la segunda cuota tuvo su primer vencimiento el 10 de abril (el segundo será el 20), incluyendo un interés proporcional a los días transcurridos, alrededor del 2% mensual.

“Es importante recalcar la importancia que reviste el pago de las boletas, ya que la condición de inscripción se pierde con 3 cuotas consecutivas o 5 alternadas que no registren el correspondiente pago, tal como lo requiere la legislación vigente. Además, el cumplimiento genera un círculo virtuoso que permite el fortalecimiento y continuidad de la política habitacional del Estado, al sumarse dichos recursos a los ya existentes para la realización de las obras. Este último concepto contempla también a los planes de vivienda que ya estaban en ejecución”, explicó Bustos Alcaraz.

Sobre ese último punto, el funcionario indicó lo siguiente: “Actualmente trabajamos en el desarrollo de los registros y bases de datos de los viejos planes de vivienda, que culminará con la migración de los mismos a la plataforma de pagos de la Dirección Provincialde Ingresos Públicos, como se hizo desde el primer momento con los planes nuevos. Por otra parte, el índice de pago sobre los viejos planes muestra durante 2012 una mejora comparativa, con un incremento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior. El objetivo es mejorar el índice general, sobre todo el pago por parte de aquellos beneficiarios que ya fueron adjudicados”.

Luego, el titular de Planeamiento y Gestión de Recursos reiteró que los lugares de pago son todas las sucursales del banco Supervielle, mientras que los pagos electrónicos deben realizarse en cajeros de la red Banelco y por Internet a través del sitio Pago Mis Cuentas (www.pagomiscuentas.com).

Con respecto a la recepción de la boleta, sostuvo que se distribuye en el domicilio postal declarado por el beneficiario, mientras que en caso de cambio del mismo o la no recepción se debe informar al Programa Política Habitacional o la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, pudiéndose gestionar la impresión de la cuota requerida.

Otra posibilidad para obtener la boleta de pago es a través del Portal Puntano (www.puntano.net) con el uso de la CIPE (Cédula de Identidad Provincial Electrónica), ingresando a los servicios de la DPIP o al sitio de la misma (www.rentas.sanluis.gov.ar) y haciendo uso de la Clave Fiscal. Este recurso, que el contribuyente tramita en la DPIP, es el mismo que se utiliza para el pago de los impuestos Inmobiliario, Automotor o Ingresos Brutos. Actualmente, se trabaja en una impresión alternativa, a realizar mediante el ingreso de datos personales, para quienes no disponen de Clave Fiscal o CIPE.

Finalmente, Bustos Alcaraz también se refirió al pago de las cuotas del Plan Solidaridad (autoconstrucción), “el cual comenzará a solicitarse cuando la familia inscripta efectivice el beneficio. Estas cuotas son de $ 100 para la tipología estándar de 2 dormitorios; mientras que el modelo alternativo de un dormitorio es de $ 75. Esto es importante aclararlo debido a que es una consulta recurrente de los beneficiarios inscriptos de este plan”.

La propuesta se hizo en una audiencia pública. En una audiencia celebrada el viernes pasado en La Punta, Edesal solicitó al Gobierno que se analice aumento en la tarifa del 59%. El último incremento otorgado a la empresa fue del 9% en junio del año pasado.

La audiencia se enmarca dentro de un procedimiento que exige la ley y el contrato de concesión del servicio público de distribución de energía eléctrica. En el encuentro participaron personal de la empresa, funcionarios del Gobierno, ingenieros del Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan, Adeuco, entro otros.

Desde la empresa e argumentó que se necesitan ingresos anuales de $280 millones. Por su parte, en el informe fue analizado por el Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan se expuso distintas alternativas de ingresos anuales para Edesal que van desde $190 y207, según criterios que se adopten y sin considerar otros factores de ajuste que quedan por aplicar.

A partir de los análisis e informes finales de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica se analizará y calculará un Cuadro Tarifario futuro.

La concejal  Adelaida Muñiz, designada como defensora del usuario, pidió que imponga la tarifa social, se modifiquen los cargos de conexión y apoyó la postura de la Universidad. De igual manera, opinaron los representantes de Defensa del Consumidor, como los gremios, asociaciones y particulares interesados e integrantes de Adeuco.

El mismo contará con un registro de ADN de condenados por delitos contra la integridad sexual.

María Virginia Divizia, directora del laboratorio de Genética Forense, dependiente de Laboratorios Puntanos S.E., informó que ya se encuentra en sus últimas etapas el proyecto de puesta en marcha el banco de datos genéticos que dará cumplimiento a la ley LEY Nº VI-0681-2009, la cual fija la creación del Registro Provincial y Banco Provincial de ADN de condenados por delitos contra la integridad sexual.

Para esto, el equipo de trabajo del Laboratorio de Genética Forense, ha estado llevando a cabo videoconferencias con la firma Bodetech, radicada en Washington DC, Estados Unidos, desarrolladores de tipos de software similares al CODIS del FBI.

Finalmente, se ha establecido una serie de reuniones, encabezadas por Berta Arenas y Divizia, con el jefe del Programa Derechos y Garantías Constitucionales, Carlos Hugo González; y el Miembro Integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Julio César Vallejo; ambos funcionarios del Ministerio de Relaciones Institucionales y Seguridad del Gobierno de la Provincia de San Luís

La oficina del Registro Civil móvil realiza todo tipo de trámites identificatorios. El jefe del Registro Civil, Martín Olivero, informó que la unidad móvil realiza operativos en barrios de San Luis capital durante esta semana. La oficina del Registro Civil móvil realiza todo tipo de trámites identificatorios, actualizaciones de 8 años, de 16, nuevos ejemplares, cambios de domicilio, pasaporte.

Según informó Olivero, la unidad del Registro Civil móvil estará, hoy y mañana en la Escuela Camino del Peregrino de 9 a 16. El miércoles, la unidad móvil estará en la Escuela Pancha Hernández del Barrio El Hornero; el jueves 19 en la Escuela Saturnino Camarero del Barrio Rawson; y el viernes y sábado en la Plaza del Cerro.

“La idea es descongestionar la delegación central del Registro Civil, de este modo con la unidad móvil tomaremos todo tipo de trámites que son arancelados, esto ha tenido muy buena aceptación” dijo Olivero.

Por el momento, no se han dado a conocer las razones por las cuales Poggi le pidió la renuncia a Corvalán, una de sus colaboradoras más cercanas y quien tuvo a cargo la organización del primero y tercer Carnaval de Río en San Luis, habiéndose pasado del presupuesto oficial en ambas ocasiones. De hecho, la edición de este año terminó costando el doble de lo presupuestado, aunque por el momento se desconoce si esta es una de las razones tras el pedido de renuncia.

De acuerdo a la Agencia de Noticias gubernamental, Poggi se tomará un tiempo para definir quien será su reemplazante.

El pedido se hizo a través del Programa Seguridad y Planeamiento.

El jefe del Programa Seguridad y Planeamiento, Diego Masci, solicitó al municipio capitalino articular los esfuerzos y compromisos en el alumbrado, desmalezamiento y mantenimiento de calles a los fines resguardar a los ciudadanos y prevenir hechos delictivos.

Según informó al Agencia de Noticias gubernamental, a partir de una reunión en torno al Plan Maestro de Seguridad, mantenida con los vecinos del barrio Cerros de las Rosas, el funcionario provincial pudo apreciar que la frondosa vegetación de casi 2 metros de altura pone en riesgo a la población de la zona, propiciando no solo a la proliferación del mosquito dengue y otras alimañas, sino que además los expone a una situación de vulnerabilidad en la tarea de prevención de seguridad.

Debido a esta observación, y con la meta de establecer políticas de estado que permitan favorecer a los ciudadanos, se elevó el pedido formal de desmalezado a la directora de Higiene Urbano del Municipio, Virginia Quevedo, al director de Alumbrado público, Ramón Fuentes, y al responsable de Vialidad Municipal, Enrique Picco.

“Para lograr una sociedad segura es preciso contemplar a la seguridad como una construcción colectiva en donde las instituciones son las responsables de la articulación de acciones para el desarrollo de una comunidad”, manifestó Masci al respecto.

Para esta ocasión se ha ampliado el presupuesto oficial de la obra.

La Universidad Nacional de San Luis convoca a una nueva licitación pública para seleccionar a la empresa que construirá su ambiciosa Biblioteca Universitaria. La fecha de apertura de sobres será el día 12 de junio de 2012, a las 11 horas.

Cabe destacar que este nuevo llamado ha fijado un presupuesto oficial de $7.391.147,30, el cual supera al de la licitación de febrero de este año. En aquella ocasión, que contó con un presupuesto de $5.914.073.90, se presentó una sola empresa, Drago SRL, con una oferta de $9.595.213,18.

Meses después, luego de la evaluación realizada por la Comisión Evaluadora, se decidió elevar, a través de la Dirección General de Construcciones, el pedido de autorización para convocar a un nuevo llamado a licitación pública, aumentando el presupuesto oficial.

Respecto a la obra, se destaca que esta biblioteca será accesible no solo a los universitarios sino también a todo el sistema educativo de San Luis y a la comunidad en general. Constará de un piso de acceso directo a los libros de manera presencial y un piso con tecnología digital de acceso a bases bibliográficas electrónicas, con especial énfasis en la accesibilidad para personas con capacidades físicas especiales.