Además, se reanudaron los términos judiciales en Villa Mercedes.

Con motivo de iniciar los traslados al Palacio de Justicia (ex Casa de Gobierno), el Superior Tribunal de Justicia declaró inhábiles los días 12, 13 y 16 de abril con suspensión de términos para la Secretaría Judicial.

Dicha medida se debe a que ya se han concluido las tareas de refacción y puesta en valor de un sector de la planta alta del referido edificio  (sito en calle 9 de Julio, entre San Martín y Rivadavia), donde funcionará la dependencia citada.

Por otra parte, la Secretaría Administrativa de la Segunda Circunscripción Judicial informó que ayer se levantó la suspensión de términos para las dependencias del edificio de Pedernera N° 209 de la ciudad de Villa Mercedes.

La medida fue esta tomada a partir de los inconvenientes edilicios originados en el edificio mencionado, por las inclemencias climáticas ocurridas el lunes pasado.

Lo determinó el Ministerio de Educación de la Nación.

Desde el Programa Educación Superior y Capacitación Docente se notificó la validez nacional al título de Profesora de Educación Primaria en los Institutos de Formación Docente Continua de San Luis, Villa Mercedes y Monseñor Orzali de Villa de Merlo. El Ministerio de Educación de la Nación otorgó validez naciona a la carrera para los alumnos agresados desde 2009 a 2012 inclusive.

“De esta forma se avala  el nivel profesional con que se trabaja en la educación de San Luis para formar a los formadores”, manifestó el ministro de Educación, Marcelo Sosa.

Recientemente egresaron 14 profesoras de Educación Primaria, quienes el pasado 30 de marzo fueron agasajadas por el ministro de Educación de la Provincia de San Luis. El almuerzo se realizó en el hotel Vista de la ciudad de San Luis y participaron seis egresadas del Profesorado de Educación Primaria del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes y ocho del IFDC-San Luis, junto a las directoras académicas de ambos institutos y las profesoras responsables de la residencia.

Obviamente, los diputados oficialistas rápidamente salieron a la defensa del periódico de Alberto Rodríguez Saá y se manifestaron en contra del proyecto, clasificándolo como un “ataque contra la democracia”. Cabe destacar que mientras tiraban todos estos calificativos, los legisladores evitaron lo máximo posible mencionar a El Diario de la República por su nombre, y encararon el asunto como un ataque contra “el periodismo en general” y la “democracia en sí misma”.

Sin embargo, estos argumentos fueron fácilmente refutados por Haddad, quien, cuando llegó su turno antes de la votación, les echó en cara el “golpe de estado del 2009”, cuando el oficialismo no dejó asumir a los diputados electos por Dupuy y Belgrano. “Yo nunca atenté contra el Gobierno. Yo nunca dije derroquemos a Rodríguez Saá”, dijo el radical.

De ahí en más, el debate rápidamente se empezó a ir por las ramas, y se empezaron a sacar temas como la doble intendencia de María Angélica Torrontegui y la Navidad sin Ponce, por el lado de la oposición, mientras que el oficialismo comenzó a decir que los legisladores que no son del PJ “menosprecian al pueblo de San Luis”, echándole la culpa “de su situación minoritaria”.

El debate recobró un poco de su foco cuando el oficialista Marcelo Amitrano tomó la palabra. “Si estamos ante la presencia del conocimiento de un delito, estamos obligados a denunciarlo, sino estaría faltando a su deber de funcionario público de denunciarlo ante el órgano competente, que entiendo yo que es la Justicia Electoral”, dijo el diputado, quien además clasificó de “desafortunado e inapropiado” al proyecto de declaración.

Más allá de los duros calificativos, Amitrano nunca pudo explicar satisfactoriamente por qué la Cámara no tiene la facultad de repudiar lo hecho por el Diario; algo que Haddad aprovechó plenamente. “La primera conclusión que sacamos es que nadie niega que la veda electoral fue violada. Se lo da por aceptado. Lo que se ha puesto en discusión es si la Cámara tiene o no facultades para repudiar una violación a la veda. Evidentemente no tienen voluntad y yo entiendo que es porque el propietario del Diario es Alberto Rodríguez Saá. Y se le hace difícil al oficialismo repudiar algo de El Diario de la República. Si la Cámara no tiene facultades para eso, así no sirve. Si eso lo hubiera hecho una de las FMs que no comparte la posición del poder, ustedes habrían sido los primeros en traer el repudio el mismo lunes y el miércoles lo iban a estar votando sobre tablas. Ni siquiera se animan ahora que no es Gobernador”, disparó el opositor, quien otras ocasiones comparó a los legisladores oficialistas con perros bien entrenados.

De todos modos, el debate fue prácticamente innecesario ya que el resultado estaba cantado desde el principio. Haciendo uso de su abrumadora mayoría, superior inclusive a la de los últimos 2 años, el oficialismo logró que el proyecto fuera rechazado por 22 votos en contra y 9 a favor.

Finalmente, antes de terminar la sesión, Amitrano sugirió “amoldar los horarios de funcionamiento de las comisiones, para que haya la menor superposición posible de horarios, dando, tal vez, muchas más actividad de las comisiones en el día lunes”. De más está decir que la propuesta fue tomada por la oposición y algunos de los presentes como un intento de que en la Cámara se trabaje cada vez menos. De igual manera, se va a conocer si esta fue la intención de Amitrano cuando la semana que viene el tema se charle tanto con las autoridades de la Cámara como con las comisiones”.

Conozca alguno de los puntos más interesantes de este proyecto de ley.

El lunes a la tarde, el ministro de Inclusión Social y Política Habitacional, Eduardo D’Onofrio, dio detalles a la prensa de la nueva Ley de Vivienda que su gabinete presentó el domingo 1ro de abril en la Legislatura. Básicamente, el objetivo del proyecto es que “aquellas viviendas a las que no se les ha dado un destino social y que ya han sido desadjudicadas”, puedan ser rápidamente “recobradas” por el Estado. 

Según explicó el ministro, la ley, en caso de ser aprobada, le permitirá al Gobierno tomar posesión de un inmueble desadjudicado y deshabitado con la simple certificación de un escribano, sin necesidad de iniciar en los juzgados de la provincia un juicio de desalojo, como se hace en la actualidad. De todos modos, si la casa, a pesar de estar desadjudicada, está habitada cuando concurran los agentes gubernamentales y el escribano, se deberá tomar el ya mencionado paso judicial.

Otro punto interesante de la ley es que las viviendas deberán ser habitadas dentro de los 15 días de entregadas. Quienes no puedan hacerlo dentro de ese plazo, “deben presentar la documentación correspondiente”, explicó D’Onofrio.

El proyecto de ley también busca implementar un “novedoso” sistema de comercialización de viviendas que no estén canceladas ni escrituradas. “Ahora, tanto las inmobiliarias como la gente que quiera comercializarlas, lo que debe hacer es ir a pedir al Programa Política Habitacional un certificado que habilite a ser comercializada la vivienda”, comentó el ministro, quien agregó que la ley “contempla severas sanciones para aquel profesional o persona jurídica que se preste a comercializar este tipo de viviendas” cuando no están canceladas.

Finalmente, el ministro destacó que la ley incluye un apartado que establecerá un plazo máximo de 90 días para la devolución del dinero a aquellas personas que ya no deseen formar parte de los planes habitacionales del Gobierno.

Según el Gobierno, las autorizaciones datan de 2008 y 2010.

Ayer, la Agencia de Noticias de San Luis reportó que, desde el Programa Seguridad y Planeamiento, a cargo de Diego Masci, se respondió al pedido municipal de que se especifique la ubicación de las cámaras de videovigilancia, adjuntando las notas enviadas por la Municipalidad de San Luis el pasado 4 de agosto de 2008 y 19 de noviembre de 2010, donde se autorizaba la instalación de las cámaras de seguridad en los espacios públicos de la ciudad.

“En esa respuesta se informan cuales fueron las autorizaciones para la instalación del sistema de videocámaras y los lugares donde están las cámaras”, explicó Masci, quien además manifestó que hubo “algún problema de archivo donde no encuentra la documentación” y por eso realiza la solicitud.

De igual manera, el funcionario reiteró una vez más que “la falta de formas para pedir aquella documentación que no se encuentra, a nosotros nos llamó la atención”, refiriéndose al hecho de que el pedido de declaración jurada haya sido firmado por el ex director de Ingresos Públicos municipal.

Dijo la concejal opositora Adelaida Muñiz sobre el veto del intendente a su ordenanza. Además, fijó su pstura respecto al proyecto de presupuesto municipal.

La concejal de Compromiso Federal, Adelaida Muñiz, criticó duramente el veto del intendente Enrique Ponce a la ordenanza de su autoría que prohíbe el traslado transitorio de los artesanos a plaza independencia. Además, la edil adelantó que mañana se tratará el proyecto de presupuesto del municipio y fijó su postura al respecto.

“Me lo esperaba, realmente me parece que no tiene cabeza. Me parece que él está actuando sin un sentido del ordenamiento urbano. Claramente, él no quiere preservar nuestro patrimonio histórico, lo cual me duele como vecina”, manifestó la concejal.

A pesar del veto, “vamos a insistir con esta ordenanza porque la plaza Independencia tiene su valor histórico, debe ser rescatada y conservada”, expresó Muñiz.

La edil explicó que con los votos positivos de los dos tercios u ocho votos de los concejales la ordenanza queda firme sin posibilidad de veto. En caso de que no se pueda dejar sin efecto el veto, Muñiz comentó que está vigente la ordenanza que establece que los vendedores ambulantes y artesanos deben trabajar en plaza del Carmen, ex Estación de Trenes y el Paseo del Padre.

El presupuesto

Muñiz adelantó que el proyecto de presupuesto municipal se tratará mañana en el Concejo Deliberante, tal como predijo el concejal Néstor Menéndez.

“Somos críticos del presupuesto, no reúne los requisitos mínimos que debiera contener cualquier presupuesto, pero entendemos que es una herramienta fundamental para el intendente. Estamos viendo qué vamos a hacer, te diría que la intención es aprobarlo pero tiene cuestiones que son insalvables”, disparó la edil.

La medida de fuerza se debe a reclamos salariales.

La Asociación de Docentes Universitarios de San Luis (ADU) resolvió efectuar un paro general de actividades por 48 horas, comenzando el día de hoy y hasta mañana, en demanda de mejoras salariales, según lo confirmó hoy a la Agencia de Noticias de San Luis el secretario general del gremio, Diego Costa.

La modalidad es sin asistencia a los lugares de trabajo, por lo que ha quedado confirmado que no habrá clases en la escuela Normal Mixta “Juan Pascual Pringles”, donde la adhesión al paro será total. La medida también se aplica en todas las sedes de la Universidad Nacional de San Luis, haciendo la salvedad que no todos los docentes de la casa de altos estudios adhieren a la medida de fuerza.

Lo que reclaman los docentes universitarios son $3.500 para el cargo testigo de Auxiliar de 1ª con dedicación semi-exclusiva, la derogación de la 4ta categoría del impuesto a las ganancias, y la universalización de las asignaciones familiares con monto digno.

La protesta es por considerar “insuficiente” la propuesta salarial del Gobierno nacional, que ofreció abonar un 12% en marzo, a cobrar en abril; un 4 % en agosto, a cobrar en septiembre; y un 2,5 % en noviembre, a cobrar en diciembre. Cabe destacar que estas cuotas no son acumulativas, por lo que, al finalizar el año, el aumento total habrá sido del 18,5 %.

“La propuesta es insuficiente y está muy lejos de lo que pretendemos, por debajo de la inflación prevista para este año y sin tener en cuenta los permanentes aumentos de precios”, concluyó Costa.

El autor del proyecto es el concejal Francisco Guiñazú. El edil Francisco Guiñazú presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para la creación en la ciudad de un gimnasio-escuela municipal. Además de actividades deportivas, el proyecto contempla la práctica de actividades artísticas, educativas, culturales, recreativas individuales y grupales.

La iniciativa dispone que la Municipalidad debe disponer del lugar donde funcionará el gimnasio-escuela. Además, el Ejecutivo Municipal deberá financiar el proyecto (que debe estar contemplado en los sucesivos presupuestos) y proveer la infraestructura material y personal. Por otra parte, se establece que el Municipio podrá disponer de la creación de nuevos el gimnasio-escuela, teniendo en cuenta las necesidades de las ciudad y los vecinos.