Este miércoles, luego del acto que compartió junto al intendente Gastón Hissa en el barrio Estrella del Sur, el gobernador Claudio Poggi fue consultado por la causa Molino Fénix y la reacción del Partido Justicialista local.

Sobre la causa y la actuación de la Justicia declinó decir algo, pero ante las acusaciones de connivencia con el Poder Judicial, se limitó a lo político y calificó como “hipócrita la actitud de Alberto Rodríguez”. “Él, 6 meses antes, después de haber perdido la elección, de junio a diciembre, ordenó vaciar el estado”, dijo Poggi, señalando que su gestión ha denunciado a “todos sus funcionarios que participaron en esas maniobras fraudulentas”.

Todo esto, insistió Poggi, fue lo que lo llevó a desdoblar el pago de salarios cuando asumió en diciembre de 2023. “Era el mandato que teníamos cuidar los fondos de San Luis y recuperar los fondos de San Luis. Parte los recuperamos, y parte están en procesos judiciales, pero eso se debe al vaciamiento del estado que ordenó el exgobernador”, dijo Poggi, quien luego fue consultado nuevamente por qué no hay denuncias contra Rodríguez Saá.

“Firmaban los otros. Los mandó a firmar a los otros. Que pícaro”, fue la respuesta del Gobernador, remarcando que no hay firmas de Rodríguez Saá.

Continuando en el orden político, Poggi fue consultado una vez más si va a ir por la reelección. Mientras que otras ocasiones ha dicho que le “encantaría” seguir siendo gobernador, hoy sostuvo que “el año que viene vamos a decidir eso”.

“Estoy muy focalizado en la gestión. Al ciudadano no le interesa el tema electoral. Por eso la reforma electoral que tratamos de impulsar de votar cada 4 años, (para) que evitemos la fatiga del voto de medio término. Yo creo que estos son temas para el próximo año, ahora muy concentrado en la en la gestión”, dijo Poggi.

Por último, le preguntaron su opinión sobre las críticas que, desde junio, uno de sus ex aliados políticos, Adolfo Rodríguez Saá, viene lanzando contra su gestión. “Lo respeto”, respondió Poggi, antes de retirarse y dar por concluido el contacto con la prensa.

Este miércoles, durante un acto del plan municipal Volvé a Tu Plaza, el gobernador Claudio Poggi encabezó la firma de un convenio de cooperación. Se trata de la puesta en marcha del programa de Autoconstrucción Asistida del plan Tenemos Futuro en la ciudad de San Luis.

Esta política pública constituye una herramienta que articula la intervención del Estado con la participación activa de las familias. Promueve un modelo de acceso a la vivienda basado en el esfuerzo propio y el uso eficiente de los recursos públicos.

Puntualmente, provee materiales de construcción y mano de obra desde un esquema de crédito accesible, que se complementa con asesoramiento técnico, supervisión de obra, contenidos orientativos y herramientas prácticas que garanticen una calidad constructiva.

El acuerdo fue suscripto por el intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa; el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, y el secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres.
Al respecto, Poggi afirmó que su gestión reactivó fuertemente la política habitacional. “Yo soy un fanático de la vivienda propia porque estoy convencido que facilitarla organiza la familia y van de la mano. Lanzamos, después de haber cumplido con los antiguos inscriptos que estaban pendientes durante el 2014-2015, una inscripción de un nuevo plan que se llama ‘Tenemos Futuro’”, contextualizó y comentó que ofrece la opción convencional de vivienda de barrio y otra alternativa, con una cuota más económica, que es la de autoconstrucción asistida.

Poggi detalló que esta segunda opción es “muy parecido al plan ‘Solidaridad’ de aquella época, con otras características. La Provincia le provee el 100% de los materiales a la familia inscripta y sorteada bajo dos condiciones: el grupo familiar debe vivir hace más de 10 años en la provincia y no tener otra casa. Porque esto es para las familias que no tienen casa”.

El Gobernador mencionó que acordaron con los intendentes un acuerdo económico Provincia-Municipio para la mano de obra. “Quizás en esa familia trabajan los padres todo el día y no tienen tiempo para levantar las paredes de su casa. Todos los meses vamos a ir sorteando inscriptos que van a ser beneficiarios de este Plan”, aseguró.

El ministro Bertolini explicó que este convenio es el mismo que se rubricó en 34 localidades del interior provincial. “Los municipios colaboran con el programa de autoconstrucción asistida, apoyándonos en la logística local y el aporte de mano de obra para los adjudicatarios de los créditos en materiales”, indicó.

El funcionario contó que tuvo un diálogo fluido con el intendente Hissa para comenzar con la primera etapa de viviendas que se levantarán mediante el sistema de autoconstrucción asistida en la capital provincial. “El Municipio se suma al resto con esta actividad que nos parece fundamental. Para nosotros, entregarle los materiales a la Municipalidad y que ellos tomen la parte de la distribución y la logística local es una ayuda enorme. Para los adjudicatarios también, por el aporte de mano de obra”, apuntó.

Bertolini dijo que recientemente, en un acto desarrollado en la ex Colonia Hogar, entregaron 122 créditos de los cuales nueve pertenecían a la ciudad de San Luis. “Vamos a dar inicio con esos nueve a partir de la firma del convenio, pero lo vamos a firmar por 100 de este tipo de viviendas acá en la ciudad. En cada localidad hemos hecho así: firmamos por un cupo y después se va transfiriendo a medida que van saliendo inscriptos aptos, que cumplen con todos los requisitos establecidos por la ley”, precisó.

También indicó que, a medida que se van incorporando beneficiarios, se transfiere el dinero al municipio.

Fuente: ANSL

Durante este fin de semana, a través de las acciones de la Misión Sarmiento que lleva adelante la Policía de la provincia, y dando continuidad a tareas investigativas relacionadas con operativos que permitieron desarticular una organización delictiva que se dedicaba a la comercialización de drogas en la Costa de los Comechingones, el Valle del Conlara y la ciudad de Río Cuarto, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8) realizaron un allanamiento en una propiedad ubicada en la localidad de Carpintería.

Durante el procedimiento, la Policía incautó marihuana valuada en aproximadamente $8.508.000. Tupac, un perro de raza pastor alemán que forma parte del departamento Canes Detectores de Estupefacientes del DG-8 y que participó del operativo junto a su guía, el agente Pablo Rosales, fue clave en el hallazgo de dicha sustancia.

“La droga fue localizada en un terreno aledaño a la vivienda que era muy tupido y de difícil tránsito debido a la cantidad de arbustos y vegetación. Una vez iniciada la inspección, Tupac alertó sobre una bolsa de nylon, la cual estaba oculta con tierra y otros materiales, lo que impedía observarla a simple vista si no hubiese sido por el recurso del can”, comentó el jefe y subcomisario, Diego Pencin.

Tupac nació el 15 de febrero de 2021 en las instalaciones del Departamento y fue adiestrado para la búsqueda y localización de drogas. Es hijo de Otto y Umbral, dos perros de la misma raza que también formaron parte de dicha dependencia y cumplieron los años de servicio, siendo retirados con honores por la institución policial tras destacarse en la especialidad.

“El adiestramiento que se lleva adelante en este Departamento es el adiestramiento mixto (clásico-operante), que consiste en un juego mediante el cual el perro asocia el olor característico del estupefaciente presentado a un objeto determinado (pelota-mordiente). Luego se inician ejercicios de lanzamiento y recuperación a través de comandos verbales para la correspondiente búsqueda”, manifestó Pencin.

Por último, agregó: “El Departamento Canes Detectores de Estupefacientes lleva adelante el adiestramiento con sustancias reales provistas por el Ministerio Público Fiscal, lo que conlleva a un estricto control judicial y reglamentario por las autoridades responsables, y siempre teniendo como premisa el bienestar del animal”.

El Partido Justicialista de San Luis cuestionó la decisión de la Justicia de ordenar la prisión preventiva por 60 días para la exdiputada provincial Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel, en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la Casa de la Música del Molino Fénix. También rechazó el pedido impulsado por el Ministerio Público Fiscal para avanzar sobre los fueros del diputado provincial Joaquín Beltrán.

A través de un comunicado titulado “No hay justicia ni democracia cuando se violan las garantías constitucionales”, el PJ calificó la medida dispuesta por el juez de Garantía Nº 4, Santiago Ortiz, como “un ejercicio abusivo y desproporcionado del poder cautelar” y sostuvo que constituye “un gravísimo precedente institucional para San Luis”.

El partido sostuvo que la prisión preventiva no constituye una pena anticipada y recordó que se trata de la medida cautelar más gravosa que puede adoptarse contra una persona que conserva el estado constitucional de inocencia. En ese sentido, señaló que el Código Procesal Penal establece que debe recurrirse a esta medida únicamente cuando ninguna otra resulte suficiente para garantizar el desarrollo del proceso.

Respecto de Anabela Lucero, Enzo Lucero y Scarel, el PJ afirmó que los tres “carecen de antecedentes y poseen arraigo familiar” y sostuvo que, a su criterio, no existe entorpecimiento de la investigación ni peligro de fuga. También cuestionó que el juez haya rechazado las medidas alternativas propuestas por las defensas y dispuesto el alojamiento de los imputados durante 60 días en el Servicio Penitenciario Provincial. El comunicado señaló que esa decisión ya fue sometida a revisión.

En relación con Beltrán, el Partido Justicialista cuestionó el pedido impulsado por el Ministerio Público Fiscal, con adhesión de la Fiscalía de Estado, para avanzar sobre los fueros constitucionales del diputado provincial por Pedernera. Según expresó el partido, el objetivo sería que el legislador quede en las mismas condiciones de prisión preventiva que los demás imputados, pese a que no existe una condena.

El comunicado también incluyó cuestionamientos políticos al Gobierno provincial y al funcionamiento del sistema judicial. El PJ denunció una supuesta “connivencia” entre el gobernador Claudio Poggi, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y decisiones judiciales que, según sostuvo, serían funcionales al poder político provincial.

En ese marco, el partido afirmó que la Justicia “no puede transformarse en una herramienta para disciplinar opositores” y sostuvo que los dirigentes de ese espacio atraviesan desde hace casi tres años una situación que calificó como una persecución y disciplinamiento judicial.

El PJ cerró el comunicado con un reclamo para que en San Luis se respeten la Constitución, el debido proceso, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. “Para todos”, remarcó el documento, que también cuestionó la existencia de privilegios para sectores vinculados al poder y de persecución contra quienes tienen posiciones políticas diferentes.