Diputados: el poggismo logró la sanción de la reforma de la Ley de Ministerios

Foto: Prensa Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados de San Luis aprobó este miércoles la reforma de la Ley de Ministerios impulsada por el Poder Ejecutivo provincial. El proyecto fue sancionado por 29 votos positivos contra 12 negativos, luego de ser tratado sobre tablas tras la media sanción que había recibido este martes en la Cámara de Senadores. Desde el oficialismo se argumentó que la nueva ley apunta a la austeridad, mientras que desde el peronismo se señaló una falsa austeridad y que se nombrarán a los mismos funcionarios.

La iniciativa establece una reorganización de la estructura del Ejecutivo provincial y, según argumentó el oficialismo, apunta a una reducción de más del 30% de la estructura orgánico funcional, con la supresión de dos ministerios y cinco secretarías de Estado.

La diputada Eugenia Gallardo, del bloque Ahora San Luis, fue una de las encargadas de fundamentar el proyecto durante la sesión. La legisladora sostuvo que la ley “es efectivamente una herramienta esencial para ordenar las competencias y las responsabilidades de cualquier ejecutivo”.

Gallardo afirmó que la reforma tiene “principios ordenadores de austeridad” y que busca “la eficiencia” para responder “de manera ágil, rápida y eficiente, y sobre todo con gran responsabilidad financiera a las demandas de la sociedad”.

La diputada destacó que la reorganización administrativa “no implica una disminución en la calidad de los servicios públicos, sino una readecuación funcional que busca optimizar los recursos”. Además, vinculó la medida con “las restricciones financieras” y la disminución de recursos coparticipables.

En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo debe “profundizar medidas de responsabilidad fiscal” y dar continuidad a las políticas implementadas desde el inicio de la gestión de Claudio Poggi.

“Esta nueva reorganización busca fortalecer las capacidades institucionales para poder impulsar un desarrollo productivo que acompañe al sector privado, que promueva la actividad económica y consolidar este modelo de gestión iniciado el 10 de diciembre de 2023”, expresó Gallardo.

El titular del bloque Consolidación Argentina, Carlos González D’Alessandro, adelantó el acompañamiento de su espacio a la iniciativa y vinculó el debate con la estrategia política del Gobierno provincial.

“Discutir esta nueva ley de ministerios, a la cual voy a apoyar, es discutir también el futuro de la provincia de San Luis”, manifestó.

El legislador consideró que la reforma se da “a dos años y medio de un gobierno que se está despojando de aliados políticos”, aunque remarcó que “esa es la verdadera razón” del proyecto.

“Lo veo bien que el gobernador Claudio Poggi marque su estrategia, marque su objetivo y marque su diseño de gobierno”, agregó.

González D’Alessandro sostuvo además que “el problema de los sanluiseños no es cuántos ministerios existen”, sino “que el Gobierno funcione”.

“Si el gobernador Claudio Poggi ve que esto es lo mejor para que el Gobierno funcione, lo vamos a apoyar. Porque los problemas reales de la sociedad no pasan por la cantidad de ministerios o de secretarías, sino por la gestión de gobierno”, afirmó.

Críticas a la reforma

Desde la oposición, el presidente del bloque Justicialista, Lucas Caymes, cuestionó el alcance de la reforma y aseguró que el proyecto mantiene una “hipertrofia burocrática”.

“Lo que nos llama la atención de las leyes de ministerios que nos mandan es que hacen hincapié en una hipertrofia burocrática permanente, en un derroche de los recursos públicos y en el desorden institucional”, manifestó.

Caymes señaló que el proyecto contempla “la creación de 14 cargos de funcionarios con rango y sueldo ministerial” y también la incorporación de “subprogramas, direcciones, subdirecciones, áreas y proyectos”.

El legislador comparó la estructura provincial con la de otras jurisdicciones y sostuvo que “hay provincias con siete u ocho ministerios que funcionan correctamente”. Además, afirmó que San Luis “está casi a la altura de una provincia como Buenos Aires” en cantidad de funcionarios.

“Nos hablan de austeridad cuando nosotros creemos que hay una falsa austeridad”, cuestionó.

Durante el debate, Caymes cedió la palabra a la diputada Silvia Sosa Araujo, quien también criticó el proyecto y aseguró que “van a seguir creando secretarías”.

“Es totalmente mentirosa esta ley. ¿Para qué la van a derogar? Si van a designar los mismos funcionarios”, expresó la legisladora.

Sosa Araujo aseguró que el proyecto contiene un “error gravísimo” porque, según planteó durante la sesión, en el capítulo donde se enumeran las secretarías de Estado no figura expresamente la Secretaría de Transporte. La diputada señaló que, pese a esa omisión, posteriormente el articulado sí le asigna funciones y competencias a esa área, lo que a su entender genera una contradicción dentro del texto legal. “Omitieron hablar de la Secretaría de Transporte. Evidentemente no se puede sacar hoy esta ley porque tiene un error gravísimo”, sostuvo la legisladora, quien reclamó que el proyecto volviera a comisión para ser corregido y analizado nuevamente.

Como era previsible, el oficialismo les sobraron los votos para sancionar la ley gracias a sus propios legisladores y los aliados.

La reforma

Con la nueva ley, el Poder Ejecutivo provincial quedó integrado por ocho ministerios: Gobierno; Seguridad; Hacienda e Infraestructura Pública; Salud; Educación; Desarrollo Productivo; Desarrollo Humano; y Turismo y Cultura.

La reforma también redefine el esquema de secretarías de Estado y sus dependencias dentro del organigrama provincial.

La Secretaría General de la Gobernación concentrará bajo su órbita a las secretarías Legal y Técnica; de Comunicación; y de Vinculación Interjurisdiccional.

En tanto, la Secretaría de Transporte pasará a depender del Ministerio de Gobierno; la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable quedará bajo el Ministerio de Desarrollo Productivo; y la Secretaría de Política Habitacional funcionará dentro del Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública.

Por su parte, la Secretaría de Deportes dependerá del Ministerio de Turismo y Cultura, mientras que la Secretaría de Discapacidad quedará bajo la estructura del Ministerio de Desarrollo Humano.

De esta manera, varias áreas que anteriormente tenían mayor autonomía administrativa o rango ministerial pasarán a integrarse dentro de otras carteras o bajo coordinación directa de la Secretaría General de la Gobernación.

La Policía Federal desbarató un bunker de drogas en Villa Mercedes y secuestró 130 dosis de cocaína

La Policía Federal Argentina desarticuló un punto de venta de estupefacientes al menudeo en la ciudad de Villa Mercedes, donde secuestró 130 dosis de cocaína listas para su comercialización y detuvo a un hombre mayor de edad.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, en el marco de una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional vinculada al combate contra el narcotráfico.

Según informó la fuerza federal, la causa se inició a partir de tareas investigativas llevadas adelante por personal de la División Unidad Operativa Federal Villa Mercedes, que permitió detectar una vivienda ubicada sobre calle Profesor Hamann, en el barrio Eva Perón II, que era utilizada para la venta de clorhidrato de cocaína.

Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado Federal de Villa Mercedes, a cargo de Juan Carlos Nacul, ordenó el allanamiento del inmueble.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron al sospechoso y secuestraron 130 dosis de cocaína preparadas para su distribución, municiones calibre 32, dinero en efectivo presuntamente proveniente de la comercialización de droga, siete teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

El detenido y los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley de Estupefacientes.

El Senado sancionó el régimen de notificaciones judiciales electrónicas

Este martes, la Cámara de Senadores dio sanción definitiva al proyecto de Ley de Régimen de Notificaciones Judiciales que busca modernizar el sistema de notificaciones para agilizar los tiempos de los procesos judiciales y reducir la mora en el sistema.

La Ley de Régimen de Notificaciones Judiciales prevé la modernización y unificación de las notificaciones judiciales mediante un sistema electrónico automatizado, que permitirá que las resoluciones sean notificadas de manera inmediata una vez firmadas y publicadas en el expediente digital.

El proyecto establece como regla el domicilio procesal electrónico (correo del Poder Judicial del abogado) y regula la notificación electrónica automatizada para la mayoría de las resoluciones.

Además, reserva la notificación al domicilio real para actos más sensibles, como demandas, citaciones personales y declaraciones de rebeldía, entre otros.

Durante el tratamiento en el recinto, el senador Martín Olivero destacó que la iniciativa surge “en el marco de un trabajo coordinado entre los poderes del Estado” y remarcó que forma parte del proceso de transformación sostenida del Poder Judicial, iniciado con la implementación del expediente electrónico y la despapelización.

Fuente: ANSL

La red de gas natural se extendió a otros 408 hogares del barrio Serranías Puntanas

La Dirección de Infraestructura Hídrica y Energética informó que finalizó una nueva etapa de la obra de extensión de la red de gas natural en el barrio Serranías Puntanas, incorporando otros 408 hogares al tendido. De este modo, se completó la totalidad del proyecto, que demandó una inversión superior a los $2.623 millones.

Con este avance, la red quedó instalada frente a unas 1.900 viviendas del barrio, junto con toda la infraestructura necesaria para la prestación del servicio. El próximo paso será la realización de las conexiones domiciliarias individuales.

La obra incluyó la instalación de 36.375 metros de cañería de polietileno y la ejecución del sistema de distribución de baja presión. Además, se construyó una planta reguladora ubicada a pocos metros del ingreso al barrio, infraestructura clave para garantizar un suministro seguro y eficiente.

Desde el organismo explicaron que esta instalación también permitirá abastecer a nuevas viviendas adjudicadas recientemente por la Provincia y a otras que actualmente se encuentran en construcción en la zona, parte del programa ‘Tenemos Futuro’.

Por otra lado, Infraestructura Hídrica y Energética adelantó que esta semana se anunciará una nueva etapa del plan ‘Chau Garrafa’. La iniciativa ofrece financiamiento accesible para que familias que residen en viviendas construidas por el Gobierno provincial puedan concretar la conexión domiciliaria a la red de gas natural en barrios donde el servicio ya se encuentra habilitado.

Fuente: ANSL

Prorrogan por 60 días medidas cautelares contra el diputado nacional Alí y los ex ministros Anastasi y Latini

La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía de Instrucción N° 6 de la ciudad de San Luis y prorrogó este martes por otros 60 días las medidas de coerción contra Luciano Anastasi y Claudio Latini (ambos ex ministros de Seguridad del gobierno provincial); Ernesto Alí (ex intendente de La Toma y actual diputado nacional), y los ex intendentes Jeremías Vivas y Mario Canali.

La magistrada fundamentó su decisión en la etapa procesal que atraviesa la causa, y señaló que el Tribunal de Impugnaciones ha sostenido que los riesgos procesales aumentan a medida que avanza la investigación hacia instancias intermedias y de juicio.

En ese marco, dispuso mantener para todos los imputados la obligación de firmar el libro entre el 1 y el 10 de cada mes ante la Fiscalía de Instrucción Nº 6. También prorrogó la prohibición de salir de la provincia, con excepción de Ernesto Alí y Luciano Anastasi. Asimismo, ordenó extender la inhibición general de bienes para todos los imputados, salvo Anastasi (quien ya cuenta con un embargo preventivo en sustitución de esa medida) al considerar que busca preservar el patrimonio y evitar una eventual insolvencia que pueda afectar futuras responsabilidades patrimoniales vinculadas a la causa.

La fiscal Linda Maluf argumentó, en su pedido de prórroga, la necesidad de garantizar los fines del proceso y señaló, además, los antecedentes condenatorios por delitos dolosos respecto de uno de los imputados, lo que podría derivar en una declaración de reincidencia. También destacó que la causa ya transita la etapa intermedia, con requerimiento de elevación a juicio formalizado y los traslados correspondientes en curso, por lo que consideró razonable y proporcional mantener las medidas por un plazo de meses, a fin de asegurar el desarrollo del proceso hasta la eventual realización del juicio oral. Juan Ignacio Trusendi, representante de la Fiscalía de Estado, adhirió a lo expresado por Fiscalía y ratificó la denuncia que dio origen a la causa.

El abogado defensor Nedo Gómez se opuso a la solicitud de prórroga de las medidas de coerción respecto de su defendido, Ernesto Alí, al sostener que durante toda la investigación se mantuvo a disposición de la Justicia y cumplió con todas las exigencias procesales. Argumentó que, habiendo concluido la etapa inicial y encontrándose ya formalizada la acusación, no resulta razonable mantener medidas que consideró innecesarias y que calificó como un “hostigamiento”, especialmente en función de la actividad pública de Alí como diputado nacional.

Asimismo, cuestionó la continuidad de la inhibición de bienes, al señalar que no se acreditaron los requisitos necesarios para sostener esa medida cautelar, como la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora. También afirmó que el presunto perjuicio patrimonial no quedó debidamente demostrado durante la investigación y sostuvo que mantener estas restricciones implicaría un prejuzgamiento sobre su defendido. Por ello, solicitó el rechazo del pedido de prórroga de las medidas.

En la misma línea, el defensor de Latini, Cristóbal Ibáñez, se opuso a la prórroga y a la inhibición de bienes, al sostener que no se acreditaron los requisitos legales para su aplicación ni se realizaron las diligencias necesarias para determinar el patrimonio de su defendido, por lo que afirmó que la medida restringe de manera irrazonable la disponibilidad de sus bienes.

El abogado defensor del exintendente Jeremías Vivas, Alejandro Cordido, manifestó su oposición a la prórroga de las medidas de coerción solicitadas por la Fiscalía, al considerar que no resultan razonables ni indispensables para garantizar los fines del proceso. Señaló que su defendido se mantuvo siempre a disposición de la Justicia, cumplió con las medidas impuestas y no registró conductas que evidencien riesgos procesales, por lo que sostuvo que debe prevalecer el principio de inocencia.

Además, cuestionó particularmente la prohibición de salir de la provincia y la inhibición general de bienes, al entender que constituyen restricciones desproporcionadas. Respecto de esta última, remarcó que Vivas no posee bienes registrables y consideró que la medida podría incluso desalentar futuros ingresos patrimoniales.

En la sala estuvo presente Anastasi junto a la defensora oficial, Stefanía Cifuentes, quien además representa a Canali, ex intendente de Cortaderas.

¿Por qué se los investiga?

Los cinco ex funcionarios fueron imputados en septiembre de 2025 por presuntas maniobras de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según la imputación, mientras ejercía como ministro de Seguridad, Anastasi suscribió convenios con intendentes locales que preveían refacciones en comisarías, cuarteles de bomberos y dependencias policiales. Los contratos fueron adjudicados de manera directa y establecían anticipos de hasta el 40% del monto total. Sin embargo, la fiscal sostuvo que se realizaron desembolsos que superaron ampliamente lo pactado, sin que existiera inicio, avance ni finalización de las obras comprometidas.

Posteriormente, bajo la gestión de Latini como ministro, los contratos fueron rescindidos “de común acuerdo” y bajo el argumento de la inestabilidad económica y crisis inflacionaria, pese a que ya se habían efectuado las transferencias millonarias. Informes técnicos y constataciones judiciales de 2023 y 2024 confirmaron presuntamente que los trabajos nunca se realizaron y que los sitios permanecían en estado de abandono.

En su teoría del caso, la Fiscalía calificó los hechos como parte de un “modus operandi” reiterado: celebración de contratos, liberación de fondos millonarios y posterior rescisión sin rendiciones ni ejecución de tareas.

Por estas presuntas maniobras, el Ministerio Público Fiscal imputó a Luciano Anastasi y Claudio Latini, ambos ex ministros de Seguridad del gobierno provincial, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.

En tanto, el ex intendente de La Toma y actual diputado nacional Ernesto Alí, junto a los ex intendentes Jeremías Vivas (San Francisco del Monte de Oro) y Mario Canali (Cortaderas), fueron imputados como coautores de fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Media sanción a la nueva Ley de Ministerios de Poggi. La oposición hizo duras críticas, pero no votó en contra

Este martes, el Senado provincial dio media sanción a la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de Claudio Poggi, con la unanimidad de los que votaron, ya que la oposición se abstuvo, a pesar de haber formulados fuertes críticas. Cabe recordar que ayer se develó la nueva estructura de Poggi, que elimina 8 de las 22 carteras que llegó a tener, quedándose así con un total de 14 Ministerios y Secretarías de Estado.

Si bien podría decirse que se trató de un tratamiento exprés, lo cierto es que este tipo de proyectos siempre atraviesan procesos similares. La iniciativa ahora será remitida a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.

El tratamiento del proyecto comenzó con una alocución del oficialista Martín Olivero, pero la misma se limitó a, básicamente, los fundamentos del proyectos y los puntos que el Gobierno ha estado promoviendo desde que dio a conocer la medida; como que “que la presente reorganización funcional se inscribe en una política sostenida de austeridad, ordenamiento y racionalización administrativa impulsada desde el inicio de gestión del gobierno, orientada a fortalecer la eficiencia del estado provincial”. Obviamente, también remarcó que el nuevo organigrama “representa una reducción superior al 30% de la estructura política preexistente, reafirmando un criterio sostenido de autoridad, eficiencia administrativa y responsabilidad fiscal”.

Por el lado de la oposición, Hugo Olguín fue sumamente crítico, asegurando en primer lugar que cuando Poggi asumió dijo que la planta de funcionarios se “achicaría en un 40%”, lo cual es algo “totalmente distinto a la realidad”. “Hoy, 875 días después, pide la renuncia de todo su gabinete para ver quiénes están comprometidos con la gestión. Y digo, si han tardado 875 días para saber quiénes estaban comprometidos con el cambio, el problema no es el equipo, el problema ha sido la conducción”, dijo Olguín, quien opinó que esta la reducción del gabinete está relacionado a la caída del 7,14% de los fondos coparticipables en el primer cuatrimestre del 2026 y que “la caja no alcanza”.

En la siguiente parte de su discurso criticó duramente a las carteras que fueron creadas para ser dirigidas por integrantes de las fuerzas que participaron de la coalición política que lideró Poggi en 2023. Por ejemplo, con respecto a Asuntos Institucionales recordó que hubo 3 anuncios de reforma constitucional, con sus correspondientes asignaciones presupuestarias, y que todavía no se efectivizó.

También se refirió, obviamente, a la desaparecida Secretaría de Ética Pública y el escándalo de corrupción que enfrenta en relación a la causa por El Caburé. “Creo que el mejor ejemplo que podemos dar de esta secretaría se lo tenemos que pedir a la Justicia por los hechos acontecidos recientemente, y que todavía nosotros no tenemos explicación y ni nadie nos dice nada”, sentenció.

Sobre Ciencia e Innovación, una cartera que fue asignada al adolfismo de Todos Unidos, destacó que tuvo 4 ministros en 2 años y medio sin que se conozca ni una sola política que haya impulsado. “Este ministerio de Ciencia e Innovación no existió para hacer ciencia, sino para distribuir cargos a los a los aliados”, criticó el opositor.

“La Secretaría de Vinculación Interjurisdiccional, que estaba a cargo de González Riollo, exsenadora nacional y presidente del PRO de San Luis. Una cartera inventada para favores políticos. Nunca logró objetivos claros”, continuó Olguín, quien también se despachó contra la Secretaría de Logística.

“Nosotros entendemos que este este proyecto es nada más que es una factura impaga de una coalición que se armó con promesas de cargo y que se deshace devolviendo los cargos”, añadió Olguín, apuntando además contra el artículo 28, el cual permitiría al Ejecutivo a “crear secretarías, programas, organismos por decreto, sin intervención legislativa”. Esto significa que el recorte que se publicita puede hacerse mañana con 20 coordinaciones creadas por decreto, sin tope de cargo ni límite presupuestario”.

Ya cerrando, consideró que el Senado debería exigir algunas cositas antes de votar, como un “informe de gestión de cada área suprimida, el gasto total ejecutado no presupuestado por estas estructuras en 2 años y medio, y una explicación sobre la causa penal que involucra al ex titular de Ética Pública”. Aún así, en vez de votar en contra, la oposición decidió abstenerse, por lo que la ley resultó aprobada por unanimidad.

En cuanto al resto de la sesión, con argumentos similares a cuando el proyecto pasó por Diputados, se le dio la media sanción restante a la modificación de la Ley de Amparos y al Régimen de Notificaciones Judiciales, que establece el aviso automático a las partes y reduce los tiempos procesales. Se trata de dos proyectos que continúan con las modificaciones que el Gobierno provincial quiere introducir en la Justicia.

Los gremios docentes rechazaron el decreto de presentismo del Gobierno y reclamaron que los $125 mil vayan al salario básico

El Frente Gremial Docente, integrado por Sadop, UTEP, AMET, ASDE y UDA, cuestionó con dureza el decreto N° 3864 del Poder Ejecutivo provincial, que creó un nuevo adicional salarial vinculado al presentimos para parte del sector docente, y reclamó que ese monto sea incorporado al salario básico de toda la docencia. Además, exigieron la convocatoria a paritarias y advirtieron que la medida reinstala un esquema de presentismo que afecta derechos laborales y profundiza la precarización salarial.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, los representantes sindicales coincidieron en señalar que el adicional anunciado por el Gobierno no constituye una recomposición salarial real, sino un premio condicionado a la asistencia perfecta. También cuestionaron que el beneficio alcance únicamente a docentes de nivel Inicial y Primario frente a alumnos, dejando afuera a otros niveles y funciones dentro del sistema educativo.

Juan Accornero fue uno de los primeros en expresar el rechazo gremial y aseguró que el decreto es “totalmente discriminatorio”, “anti estatutario” y que además “atenta contra la mujer docente”, al estar dirigido únicamente a quienes están frente a alumnos en nivel Inicial y Primario. “Este decreto otorga una suma fija, solo para maestras de nivel inicial y nivel primario que estén frente a alumnos. El 100% de las maestras a nivel inicial son mujeres, y un poquito menos el porcentaje en nivel primario”, dijo el dirigente, quien cuestionó que la medida vuelva a instalar un sistema de presentismo que el sector había logrado eliminar hace más de dos décadas.

“En el 2004 logramos tener derecho con un estatuto que peleamos, y sabemos lo que nos costó, sacar este tipo de de presentismo o ítem aula que le copia a Mendoza el gobernador”, afirmó. En ese sentido, advirtió que muchas licencias habituales no fueron contempladas dentro de las excepciones para conservar el adicional. “La docente que es madre para asistir y acompañar en el crecimiento a su hijo a un acto, o lo que se llama la licencia por atención familiar, cuando tenés que llevar a un familiar al médico. Bueno, todo esto el decreto no lo contempla. O sea, se pierde el presentismo. Se pierden esos $125.000 pesos”, señaló.

Accornero remarcó además que el problema de fondo sigue siendo el deterioro del salario básico docente. “Un salario básico de $244.000 pesos y en base a ese básico se construye salarialmente la carrera docente. Y el básico es el más bajo histórico en los últimos 40 años de democracia”, sostuvo, recordando además las marchas y luchas contra los gobiernos de Alberto Rodríguez Saá. Por eso, reclamó que la suma otorgada por decreto sea incorporada al sueldo de toda la docencia: “Le decimos al gobernador que ese monto que dio de 125.000 pesos sea general para toda la docencia y que vaya al básico. Es necesario sanear el recibo de sueldo docente y dignificar al docente con un salario digno”.

Desde UDA, Jorge Lazarini aseguró que la medida no trae beneficios para el sector y que, por el contrario, representa un retroceso en derechos laborales. “¿Qué le da al docente? Menos dignidad. De esta forma nos están coartando los derechos”, afirmó. También advirtió sobre las consecuencias sanitarias que podría traer durante los meses más fríos. “Vamos a tener docentes que por estos míseros pesos van a ir enfermos. Vamos a estar en un momento complicado, en un invierno, casi generalmente hay enfermedades, contagios, y esto el docente se va a exponer a no cuidar sus alumnos por la necesidad”, sostuvo.

Lazarini también apuntó directamente contra el gobernador por la falta de diálogo con los gremios docentes. “El docente los acompaña en todos los momentos. Él no cumplió su palabra. Él dijo paritaria para el sector antes de un 11 de junio del 2023. No ha cumplido su palabra. Está en deuda con los docentes”, dijo, y reclamó una convocatoria formal a los representantes sindicales para discutir una salida salarial integral.

Desde UTEP, Carlos Peralta comparó la medida con políticas salariales implementadas a fines de los años 90 y alertó sobre sus consecuencias a largo plazo. “Los memoriosos, no solo los docentes, se van a acordar de que esto es muy parecido a los finales de los 90, cuando nos daban estos bonos”, expresó. Según indicó, este tipo de sumas no remunerativas terminan afectando jubilaciones y el financiamiento de la obra social. “Sabemos cuáles son las consecuencias, no solo el salario pobre de los docentes, sino jubilaciones de pobreza y un desfinanciamiento de la obra social”, afirmó.

Por su parte, Diego Scriboni, de ASDE, recordó que persisten otros reclamos salariales sin resolver dentro del sistema educativo, como el de los profesionales del Instituto de Formación Docente. “También están llevando un reclamo de hace ya más de un año, porque tienen los salarios mal liquidados y es un reclamo que se viene teniendo hace más de un año”, dijo. “El gobierno ha dicho que está bien, que es cierto, que está mal liquidado, pero que no hay dinero para eso”, agregó.

Finalmente, Darío Lobos, de AMET, cuestionó que el decreto deje afuera a numerosos trabajadores de la educación. “Este decreto deja fuera a muchas personas también, secundario, los preceptores”, señaló. “Han dejado fuera a los auxiliares de nivel inicial, de escuelas especiales, y a las escuelas especiales también”, agregó.

Qué establece el decreto cuestionado
El decreto N° 3864 creó el adicional remunerativo no bonificable “Enseñanza en aula”, de $125.000 para el cargo testigo de Maestro de Grado, destinado exclusivamente a docentes de nivel Inicial y Primario que estén frente a alumnos y con presencia física en el aula. El monto se paga de manera proporcional según la carga horaria de cada agente.

Para poder cobrar ese adicional, el docente debe cumplir con asistencia efectiva durante todos los días hábiles del mes y mantener el dictado regular y continuo de clases. Solo se contemplan algunas excepciones, como hasta tres inasistencias mensuales por enfermedad o diez en todo el ciclo lectivo, además de licencias por maternidad y otras situaciones puntuales previstas en la normativa vigente.

Para los gremios, ese esquema representa un regreso del presentismo bajo otra denominación y no una verdadera recomposición salarial. Por eso insistieron en que los $125.000 deben ser incorporados al salario básico y reclamaron la apertura urgente de una mesa paritaria para discutir salarios y condiciones laborales del conjunto de la docencia provincial.

El Gobierno advirtió que usuarios de San Luis perderían subsidios al gas si se modifica la Ley de Zona Fría

La presidente de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica (CREE), Laura Giumelli, envió una nota a los legisladores nacionales por San Luis para manifestar la preocupación del Gobierno provincial ante el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo nacional que propone derogar parte de la Ley N° 27.637, conocida como Ley de Zona Fría.

Según informó la Agencia de Noticias del Gobierno, la funcionaria advirtió que, de aprobarse la iniciativa, gran parte de los usuarios de gas natural de San Luis perderían subsidios que actualmente reciben por encontrarse en zonas consideradas de bajas temperaturas.

La nota fue remitida a los diputados nacionales Ernesto Alí, Carlos Almena, Claudio Álvarez, Mónica Becerra y Jorge Fernández, y a los senadores Bartolo Abdala, Ivanna Arrascaeta y Fernando Salino.

En el escrito, Giumelli sostuvo que la ley vigente permitió reconocer las particularidades bioclimáticas de casi todos los departamentos de la provincia y acceder a beneficios tarifarios en el servicio de gas.

La funcionaria señaló que el proyecto enviado por Nación “persigue la disminución de subsidios, sin distinción de las realidades geográficas, del análisis integral y de una planificación federal”.

Además, advirtió que muchos usuarios podrían sufrir incrementos de entre $10.000 y $40.000 mensuales antes de impuestos en las facturas residenciales de gas.

Giumelli también afirmó que la Provincia realizó inversiones para ampliar la red de gas natural “sin ayuda nacional” y sostuvo que la eliminación de subsidios podría afectar fuertemente las economías familiares.

“Muchos de esos suministros se encuentran en zonas bioclimáticas de alta amplitud térmica que registran temperaturas bajísimas, incluso a nivel país”, expresó en la nota.

La titular de la CREE agregó que, ante la pérdida de subsidios al gas natural, muchos hogares podrían recurrir a la energía eléctrica o al gas licuado de petróleo (GLP), alternativas que consideró más costosas.

En el documento también cuestionó la compensación de deudas con CAMMESA para algunas provincias y sostuvo que San Luis “no ha generado activos regulatorios a favor de la concesionada”.

Finalmente, la funcionaria planteó que el debate energético debe incluir la participación efectiva de las provincias y contemplar las diferencias climáticas y de acceso a los servicios en cada región del país.

ARCFOX llega a Cuyo de la mano de Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo anuncia la llegada oficial de ARCFOX a la región de Cuyo, incorporando a su portfolio la marca de lujo 100% eléctrica del Grupo BAIC, uno de los conglomerados automotrices más importantes de China y referente global en innovación y movilidad sustentable.

Esta marca, creada en 2017 bajo el ala del Grupo BAIC, nació con la misión de desarrollar vehículos eléctricos de categoría de lujo, priorizando la innovación, la conectividad avanzada y la eficiencia energética. Actualmente, ARCFOX cuenta con presencia consolidada en mercados estratégicos como China, Europa y Japón, posicionándose como una de las propuestas más innovadoras dentro del universo de la movilidad eléctrica internacional.

En Argentina, el desembarco de ARCFOX acompaña además el crecimiento sostenido de BAIC en el mercado local. BAIC cerró 2025 como la automotriz de origen chino con mayor volumen de ventas en el país, y el objetivo del grupo importador es continuar ampliando su propuesta hacia un segmento superior, incorporando productos donde el diseño, la autonomía y la tecnología eléctrica ocupan un rol central.

Con una propuesta centrada en el diseño, la tecnología y la experiencia de lujo, ARCFOX representa una nueva generación de vehículos eléctricos pensados para quienes buscan una movilidad más inteligente, sofisticada y sustentable.

Uno de los grandes diferenciales de ARCFOX es su identidad de diseño, desarrollada junto a Walter de Silva, uno de los diseñadores automotrices más influyentes del mundo y responsable de algunos de los modelos más icónicos de marcas como Audi, Lamborghini, Alfa Romeo, Volkswagen y SEAT. Su participación aporta una mirada de diseño internacional vinculada al lujo, la sofisticación y la pureza estética, elementos que atraviesan toda la identidad visual y conceptual de ARCFOX.
La marca desembarca en Cuyo con una gama de cuatro vehículos 100% eléctricos que combinan autonomía extendida, conectividad inteligente, performance y diseño contemporáneo:

  • ARCFOX T1: un SUV urbano de espíritu moderno, pensado para una movilidad ágil, tecnológica y versátil.
  • ARCFOX S5: un sedán sportback orientado al confort, el diseño aerodinámico y la experiencia tecnológica.
  • ARCFOX T5: un SUV eléctrico de alta autonomía, con soluciones avanzadas de asistencia a la conducción y carga rápida.
  • ARCFOX Kaola S: una innovadora propuesta eléctrica con puertas corredizas y una experiencia interior diseñada para el confort y la vida urbana.

La llegada de ARCFOX marca además un nuevo paso en la expansión de la movilidad eléctrica de lujo en Cuyo, acercando al mercado local vehículos que ya se destacan a nivel internacional por su tecnología, conectividad y diseño.

En Cuyo, los modelos de ARCFOX podrán encontrarse dentro de los nuevos espacios exclusivos “ARCFOX Corner”, ubicados en los concesionarios oficiales BAIC de Grupo Lorenzo en cada plaza de la región. Estos espacios fueron concebidos para ofrecer una experiencia diferencial, alineada con el universo sofisticado, tecnológico y de vanguardia de la marca.

Con esta incorporación, Grupo Lorenzo continúa consolidando su liderazgo regional y su apuesta por las nuevas formas de movilidad, sumando a su ecosistema automotriz una marca global que representa el futuro de la industria.

Villa Mercedes: una anciana de 76 años fue atropellada por una camioneta

Una anciana de 76 años resultó herida este lunes por la mañana tras ser atropellada por una camioneta en la ciudad de Villa Mercedes, según informó el Ministerio de Seguridad.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles General Paz y Santa Fe y tomó intervención personal de la División Accidentología Vial Villa Mercedes, dependiente de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial.

De acuerdo a las averiguaciones policiales, un hombre de 44 años conducía una camioneta Ford Ranger por calle General Paz de sur a norte y, al girar hacia la izquierda por Santa Fe, atropelló a la anciana que cruzaba la arteria de norte a sur.

Por causas que se tratan de establecer, se produjo el impacto que dejó herida a la peatona.

Tras el accidente, personal del sistema de salud pública provincial asistió a la mujer en el lugar y posteriormente fue trasladada en ambulancia al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” para recibir una atención médica de mayor complejidad.

Desde la Policía informaron además que al conductor de la camioneta se le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol en sangre.