La Punta recibirá este sábado un encuentro de autos y motos clásicas

Este sábado 17 de octubre, desde las 15, se realizará un encuentro de autos y motos clásicas en el Paseo Héroes de la Salud de La Punta, a metros de la Plaza de los Niños. La organización espera reunir alrededor de 200 vehículos de distintos puntos de San Luis y de otras provincias.

La actividad contará con una exposición estática de los vehículos y una caravana final. También habrá food trucks, emprendedores, música y espectáculos en vivo.

Según informaron desde la organización, se espera la participación de visitantes de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, además de expositores de distintas localidades de San Luis.

La entrada será libre y gratuita. El encuentro no tiene prevista su suspensión en caso de lloviznas leves.

Quienes quieran participar con sus vehículos pueden inscribirse por WhatsApp al 2664 685933. Para hacerlo, deberán enviar dos fotografías del vehículo y sus datos personales.

Molino Fénix: el Colegio de Jueces deberá resolver dos nuevos planteos de las defensas


El Colegio de Jueces de la Segunda Circunscripción Judicial quedó en condiciones de resolver dos nuevos recursos dentro de la causa Molino Fénix: uno presentado por la defensa de Cristian Hedel Becher Domingo, que busca dejar sin efecto la formulación de cargos en su contra, y otro impulsado por Anabela Lucero, que insiste con apartar del expediente al Juzgado de Garantía N° 4.

Los planteos fueron expuestos este jueves ante el Tribunal N° 3, integrado por María Monserrath Bocca, Cintia Martín y Marcelo Bustamante Marone. Luego de escuchar a las defensas, a la Fiscalía y a la querella, los jueces informaron que darán a conocer su decisión dentro del plazo establecido por el artículo 286 del Código Procesal Penal.

En primer término, el abogado Pascual Celdrán pidió revocar la resolución que tuvo por formulados cargos contra Becher como partícipe necesario de asociación ilícita y administración fraudulenta.

La defensa sostuvo que no se encuentran configurados los elementos de los delitos atribuidos y cuestionó particularmente la acusación por asociación ilícita. Según expuso Celdrán, la Fiscalía no habría individualizado suficientemente cuáles fueron los delitos cometidos por quienes integrarían esa organización.

También rechazó la existencia de un perjuicio económico que permita sostener la imputación por administración fraudulenta y afirmó que la resolución cuestionada afectó el derecho de defensa y el principio de igualdad ante la ley.

Becher es uno de los imputados incorporados durante la ampliación de la investigación sobre la administración del Complejo Molino Fénix. En septiembre, la Justicia había ordenado que permaneciera detenido preventivamente durante dos meses, medida que posteriormente fue confirmada por el Colegio de Jueces.

Anabela Lucero volvió a cuestionar la intervención del Juzgado N° 4
El segundo recurso fue presentado por Ariel Cabello, defensor de Anabela Lucero, quien reiteró el planteo de incompetencia contra el Juzgado de Garantía N° 4.

La defensa argumentó que, por las fechas en las que habrían ocurrido los hechos investigados y la normativa aplicable, la causa debería tramitar ante el Juzgado de Garantía N° 1. Cabello sostuvo además que la intervención del actual magistrado produjo perjuicios a su asistida y pidió que se revoque el rechazo dictado previamente.

Lucero está imputada dentro de la investigación que analiza presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Molino Fénix y actualmente cumple prisión preventiva, medida que también fue revisada y confirmada en instancias anteriores.

Tanto el Ministerio Público Fiscal, representado por José Olguín y Marcelo Palacio Fernández, como la querella, a cargo de Flavio Ávila, rechazaron ambos recursos. Durante la audiencia defendieron la evidencia incorporada hasta el momento y la validez de las resoluciones adoptadas por el Juzgado de Garantía N° 4.

El Tribunal deberá resolver ahora si mantiene las formulaciones y la competencia actualmente vigentes o si hace lugar, total o parcialmente, a alguno de los planteos de las defensas.

Quinta Marcha Federal Universitaria: en San Luis también se reclamó que Milei cumpla la ley de financiamiento

La quinta Marcha Federal Universitaria se realizó este jueves en la ciudad de San Luis para reclamar que el gobierno de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial. La movilización comenzó pasadas las 17 y reunió a integrantes de la comunidad universitaria, gremios estatales, militantes y dirigentes de partidos opositores. La columna tuvo una extensión aproximada de dos cuadras.

La protesta estuvo encabezada por el rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Raúl Gil, y contó al inicio con la presencia de la cantautora Teresa Parodi, quien recibió el doctorado honoris causa.

Luz Eggel, secretaria general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), cuestionó la postura del Gobierno nacional y sostuvo que los reclamos del sector exceden la cuestión salarial. “Es un reclamo no solamente por el aumento salarial, sino por mejores condiciones para las universidades públicas, mayores becas para los estudiantes y poder tener un mayor presupuesto universitario”, expresó.

Eggel también advirtió sobre los recortes en el sistema científico y tecnológico, con impacto en organismos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Mencionó la reducción de becas y subsidios, además de la baja de proyectos de investigación.

Sobre el incumplimiento de la ley, la dirigente gremial consideró que la actitud del Gobierno es “lamentable” y remarcó que el Poder Judicial ya ordenó aplicar la norma. “En un sistema democrático es lo que corresponde, es nuestro derecho: que se cumplan las leyes que ya el Congreso avaló y respaldó”, afirmó. Y agregó: “No le queda otra que el Gobierno escuche el reclamo y que respete la ley”.

La convocatoria nacional planteó tres ejes: la defensa de la educación pública, la soberanía y la democracia. El documento difundido por las organizaciones convocantes sostuvo que el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario pone en riesgo el sistema universitario y el funcionamiento de las instituciones republicanas. También reclamó que se cumplan los artículos de la norma referidos a salarios docentes y nodocentes y becas estudiantiles.

El texto advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios, la pérdida de capacidad de las becas y las dificultades presupuestarias para sostener la enseñanza, la investigación y las actividades de extensión. Además, cuestionó el proyecto de Presupuesto nacional para 2027 por no contemplar los recursos previstos en la ley de financiamiento y reclamó una mayor inversión en educación superior y en el sistema científico-tecnológico.

La marcha de este jueves fue la quinta movilización federal universitaria convocada para defender el financiamiento de las universidades públicas. La primera se realizó el 23 de abril de 2024 y tuvo una convocatoria masiva en distintas ciudades del país.

Un camionero murió tras impactar contra las columnas del puente de acceso a Balde


Desde la Comisaría Distrito 48° informaron que este jueves 15 de octubre al mediodía, alrededor de las 12:30, se registró un accidente de tránsito fatal en la autopista de las Serranías Puntanas, debajo del puente ubicado en el acceso a la localidad de Balde.

En ese sitio, por razones que se tratan de establecer, un camión Scania de la empresa Transportes Messina con semirremolque que circulaba de este a oeste impactó contra un poste de hormigón ubicado en el cantero central y contra las columnas de la estructura del puente.

A raíz de la colisión, el conductor del camión (un hombre de 55 años con domicilio en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza) falleció en el lugar, lo que fue constatado por personal médico del Sempro que acudió a ese sitio.

Personal policial realizó las correspondientes tareas de rigor, con el objetivo de establecer las circunstancias del siniestro vial y, además, regular el tránsito vehicular en ese tramo de la autopista. Asimismo, efectivos de la Dirección General de Bomberos (DG-11) realizaron el corte de suministro eléctrico y de combustible del camión.

Régimen Penal Juvenil: reforma procesal, cambios en los CANAF y un nuevo “instituto de alojamiento” para 2027


El Gobierno provincial avanzó este jueves con una serie de medidas para adaptar el funcionamiento del Estado al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, que establece responsabilidad penal desde los 14 años. Durante un plenario con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el gobernador Claudio Poggi firmó el proyecto de ley que adecuará el procedimiento penal en San Luis, autorizó la refacción de tres Centros de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) y puso en marcha la compra de seis vehículos destinados al traslado de adolescentes. Además, anunció la construcción de un instituto penal de alojamiento juvenil para 2027. 

La jornada reunió al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, jueces especializados, legisladores y funcionarios de las áreas de Seguridad y Desarrollo Humano. Uno de los ejes fue definir cómo se aplicará en la provincia la Ley Nacional 27.801, tanto desde el procedimiento judicial como en materia de infraestructura, custodia, asistencia social, capacitación y reinserción.

Poggi sostuvo que la implementación requerirá coordinación entre los distintos organismos sin afectar la independencia de los poderes. “Todos somos parte del Estado y nuestro deber de servidores públicos nos obliga casi a articular acciones, sobre todo con institutos, con legislaciones nuevas como esta, que nos rigen en todo el país y en San Luis también”, afirmó.

La diputada Fabiana Zárate reconoció que existen posiciones diferentes respecto de la modificación de la edad de punibilidad, pero planteó que la discusión provincial debe concentrarse ahora en la implementación. “Hay distintas miradas respecto de la regresividad o no de la baja de imputabilidad. No obstante, para nosotros es ley y debemos adecuar nuestra normativa procesal”, señaló. También destacó que la Provincia está destinando recursos “fundamentalmente para la prevención del delito, para adecuar ediliciamente y para capacitar recursos humanos”.

Qué cambiará en el proceso penal juvenil
El procurador General, Eduardo Cadelago Filippi, remarcó que el nuevo régimen no se limita a reducir la edad de imputabilidad. “No es solamente decir, vamos a bajar la edad de imputabilidad de los menores, sino sobre todo viene a otorgarle también derechos a esos menores”, explicó, al señalar que la norma determina cómo deben ser tratados, los plazos aplicables y los principios que deben regir el proceso. El Ministerio Público Fiscal ya elaboró un protocolo específico para orientar la actuación de los fiscales.

Desde el Ministerio Público de la Defensa, Marcela Torres Cappiello señaló que los adolescentes deberán contar obligatoriamente con defensa técnica cuando no tengan un abogado particular, además de la intervención de las defensorías de Niñez. Según explicó, esas garantías parten de reconocer que “a quien se está juzgando es una persona que todavía no termina de desarrollarse desde el punto de vista cognitivo, del neurodesarrollo”.

Por su parte, la jueza María Antonela Panero planteó que el nuevo esquema supone también un cambio de enfoque respecto de cómo debe ser tratado el adolescente en conflicto con la ley penal. “Este nuevo paradigma implica un cambio en la visión estructural, y no hablamos del adolescente en conflicto con la ley penal como un objeto de tutela solamente, y como desamparo, sino como un sujeto de derechos”, expresó.

Cappiello precisó además que el nuevo sistema comprende a adolescentes acusados de delitos “a partir de los 14 años y hasta los 17 inclusive” y sostuvo que uno de los principales desafíos no estará únicamente en las normas, sino en el trabajo conjunto de quienes deberán aplicarlas. “La ley está, las reglamentaciones existen. El mayor desafío consistirá en el trabajo que hagamos todos los operadores”, afirmó.

La jueza Penal Juvenil Daniela Benenatti puso el foco en que la privación de la libertad no será la respuesta automática frente a un delito. “Una ley que baja la edad de punibilidad a partir de los 14 años, pero también nos da muchas herramientas. Entre ellas, establece una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva, que la misma ley establece como última opción”, explicó.

En esa misma línea, el proyecto provincial buscará establecer reglas específicas para aplicar el régimen nacional sin reproducir su contenido. La secretaria de Legal y Técnica, Natalia Carranza, explicó que la iniciativa procura determinar “cómo lo vamos a aplicar en San Luis”, garantizar que los adolescentes tengan defensa, sean escuchados y comprendan el proceso y evitar demoras o restricciones que excedan lo necesario.

Carranza resumió el objetivo en que San Luis cuente con “un procedimiento claro y adaptado a la realidad de los adolescentes, que permita determinar responsabilidades, proteger a las víctimas, respetar las garantías y aplicar medidas adecuadas a cada caso”. También remarcó que “la privación de la libertad debe ser excepcional”.

Refaccionarán tres CANAF y comprarán seis vehículos
Una parte importante de la adecuación se concentrará en los dispositivos donde pueden permanecer adolescentes involucrados en causas penales. La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, informó que serán intervenidos los edificios de los CANAF correspondientes a San Luis, Villa Mercedes y Concarán, coincidentes con las tres circunscripciones judiciales.

Las obras contemplan convertir los actuales calabozos en habitaciones y generar espacios para los equipos técnicos de Desarrollo Humano, trabajadores sociales y psicólogos. “Van a hacer una adecuación de los calabozos para que sean habitaciones, como así también oficinas que puedan oficiar para la atención de cualquier situación que se presente de parte de los profesionales”, explicó Sosa.

También se comprarán seis vehículos no identificables, destinados a las bases de CANAF de San Luis, Villa Mercedes, Concarán, Buena Esperanza, San Francisco/Quines y Villa de Merlo. De acuerdo con Seguridad, tendrán vidrios antivandálicos y sistemas de monitoreo y posicionamiento conectados con el despacho policial del 911 para registrar los traslados que disponga la Justicia.

Poggi señaló que las medidas firmadas representan una inversión provincial de aproximadamente $600 millones. Según indicó, existe además una partida nacional de $23.000 millones destinada a convenios con las provincias y estimó que a San Luis podrían corresponderle alrededor de $230 millones.

Sosa vinculó esas inversiones con la necesidad de adaptar el sistema a la nueva legislación. “Hay que hacer las adecuaciones necesarias en infraestructura, formación y movilidad para poder llegar a buen puerto y dar solución a ese reclamo social contundente de nuestra comunidad”, sostuvo.

Un nuevo instituto de alojamiento juvenil para 2027
El Gobierno también proyecta para 2027 la construcción de un Instituto Penal de Alojamiento Juvenil dentro de un sector perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial, aunque con ingreso independiente y condiciones específicas para adolescentes.

Sosa explicó que la intención es contar con un establecimiento propio que evite tener que derivar a menores a otras jurisdicciones. “Esto no es decir, ‘vamos a encerrar jóvenes o adolescentes’. Me parece que la provincia debe contar con un lugar adecuado para tal fin y no terminar enviando a los menores a otras provincias”, sostuvo.

La adecuación alcanzará también al personal que deberá trabajar con adolescentes en conflicto con la ley. Seguridad anunció una capacitación obligatoria de 100 horas para integrantes de los CANAF, prevista entre marzo y mayo de 2027, mientras que los programas de formación del Instituto Superior de Seguridad Pública incorporarán contenidos específicos tanto para futuros policías como para subayudantes penitenciarios.

Educación, familia y reinserción
El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, sostuvo que el ingreso de un adolescente al sistema penal “no suspende los derechos” y que durante todo el proceso deberán garantizarse la educación, la salud y los vínculos familiares y comunitarios.

“El egreso se debe empezar a trabajar desde el primer día”, afirmó el funcionario, quien señaló que el objetivo será evitar que el proceso judicial se limite a una respuesta punitiva y trabajar desde el comienzo sobre la posterior reinserción, especialmente dentro del ámbito familiar.

Poggi también puso la prevención como uno de los ejes de la política provincial y mencionó la educación, el deporte, las actividades culturales, el uso responsable de la tecnología y el abordaje de situaciones familiares entre las herramientas para evitar que niños y adolescentes ingresen en conflicto con la ley. “Todo nuestro esfuerzo está puesto en la prevención”, sostuvo.

Con el proyecto de adecuación procesal en camino hacia la Legislatura, las reformas edilicias, la compra de vehículos y las capacitaciones, la Provincia comenzará ahora una etapa de implementación de un régimen que modifica de manera sustancial el tratamiento penal de adolescentes de entre 14 y 17 años. El propio Gobierno reconoció que se trata de un esquema nuevo y sin antecedentes consolidados en el país: “No hay una receta en este tema. No hay antecedentes en el país. Entonces, tenemos que ir haciendo el camino”, planteó Poggi.

Prisión preventiva para el hombre acusado de intentar matar a dos hermanas en Villa Mercedes

La Justicia ordenó la prisión preventiva de José Castro, acusado de atacar con un cuchillo a dos hermanas el pasado 3 de octubre en el extremo sur de Villa Mercedes. El juez Santiago Ortiz ratificó la imputación por dos hechos de homicidio en grado de tentativa, en concurso real, y rechazó el pedido de la defensa para que el caso fuera recalificado como lesiones.

La decisión se conoció este miércoles, una vez vencida la prórroga de detención que la defensa había solicitado en la primera audiencia. En esta oportunidad, Castro declaró y dio su propia versión de lo ocurrido: sostuvo que el conflicto tuvo origen en una disputa por terrenos y aseguró que utilizó el cuchillo para defenderse.

Sus abogados, Pascual Celdrán y Mauricio Fagiano, plantearon que el acusado no tuvo intención de matar a las mujeres y señalaron que las heridas habían sido superficiales. Por ese motivo, solicitaron que la calificación fuera modificada a lesiones leves respecto de una de las víctimas y lesiones graves en el caso de la otra, ambas agravadas por el uso de arma.

La Fiscalía se opuso y puso el foco en “la cantidad de heridas, las características y la utilización del arma”. Ortiz mantuvo finalmente la imputación original al considerar que “la particularidad de las lesiones, la cantidad, el lugar y el manejo específico del arma” excedían una hipótesis de lesiones.

La Fiscalía sostuvo que estuvo escondido durante dos días

Una vez ratificados los cargos, la fiscal adjunta Cecilia Framini pidió que Castro permaneciera detenido preventivamente. Entre sus argumentos mencionó la gravedad de la acusación y la pena en expectativa, pero también sostuvo que el imputado carecía de arraigo suficiente y que, después del ataque, habría permanecido escondido durante dos días.

La Fiscalía también señaló posibles riesgos para el desarrollo de la investigación: la posibilidad de destruir, modificar u ocultar elementos de prueba, influir sobre testigos y, especialmente, el riesgo para las víctimas.

La defensa rechazó esos argumentos y afirmó que Castro tiene su familia y su centro de vida en Villa Mercedes. También sostuvo que no estuvo prófugo, sino que durante esos dos días se había resguardado ante posibles agresiones y que posteriormente se presentó espontáneamente ante la Justicia.

Celdrán y Fagiano propusieron medidas menos gravosas, como una prohibición de acercamiento a las víctimas, restricciones para salir de la provincia y del país y la obligación de firmar periódicamente un libro ante la autoridad correspondiente.

El juez optó finalmente por la prisión preventiva. Para resolver tuvo en cuenta, entre otros elementos, las características del ataque atribuido a Castro, “la reacción desmedida”, el manejo del arma blanca, la cantidad de lesiones, el riesgo para las víctimas, la posibilidad de nuevos enfrentamientos y las medidas de prueba que todavía quedan pendientes.

La defensa presentó inmediatamente un recurso de revisión contra la medida, por lo que la prisión preventiva deberá ser analizada ahora por el Colegio de Jueces.

El ataque ocurrió tras una disputa por un terreno

De acuerdo con la hipótesis que viene sosteniendo la Fiscalía, el hecho ocurrió alrededor de las 19:00 del 3 de octubre sobre calle Amaro Galán, en el extremo sur de Villa Mercedes. Las dos hermanas habían estado trabajando desde aproximadamente las 16:00 en un terreno perteneciente al marido de una de ellas, donde previamente se habría producido una discusión con la madre y el hermano del acusado.

Cuando las mujeres se retiraban por una calle de tierra, Castro habría llegado en bicicleta. Según la acusación, en la intersección de Amaro Galán con una calle vecinal sacó de su espalda un cuchillo tipo carnicero y atacó a una de ellas, primero en el abdomen y posteriormente por la espalda, cuando intentaba proteger a sus hijos.

Luego habría avanzado sobre la segunda hermana, que se desplazaba en dirección al barrio ATE 2, y la habría apuñalado tres veces. La Fiscalía sostiene que Castro escapó hacia la zona del río Quinto cuando otras personas comenzaron a acercarse para asistir a las víctimas.

En la audiencia inicial del 6 de octubre, una de las mujeres había debido ser nuevamente internada en el Policlínico Regional y sometida a una intervención quirúrgica, permaneciendo entonces con estado reservado. Tras aquella primera imputación, la defensa había solicitado siete días para preparar su teoría del caso, plazo que desembocó en la audiencia de este miércoles y en la decisión de ordenar la prisión preventiva.

El Gobierno lanzó la 3ra edición de Creciendo con tu Club, el programa destinado a financiar proyectos deportivos y de infraestructura


El Gobierno provincial presentó este miércoles la tercera edición de Creciendo con Tu Club, el programa destinado a financiar proyectos deportivos y de infraestructura en instituciones que trabajan con niños y adolescentes. En esta oportunidad, 14 clubes renovaron sus propuestas, otros tres ingresaron con proyectos aprobados y desde este viernes quedará abierta una nueva convocatoria.

La actividad se realizó en Casa de Gobierno y fue encabezada por el gobernador Claudio Poggi, quien sostuvo que el objetivo central es fortalecer las divisiones inferiores y ampliar la participación de chicos en los clubes. “No hay Primera sin inferiores. Entonces, la idea es fortalecer al club que contiene a los chicos”, afirmó.

Según detalló el director del programa, Gabriel Messina, actualmente 77 clubes forman parte de Creciendo con Tu Club. La iniciativa contempla dos líneas: una deportiva, que permite incorporar un coordinador y un preparador físico, y otra de infraestructura, destinada a instituciones que sean propietarias de un terreno o cuenten con uno cedido en comodato por la Provincia o algún municipio.

Poggi planteó que la continuidad será uno de los ejes del programa. “El éxito de una política pública, más en esta temática, como la educación, es su continuidad en el tiempo. Y éste es un programa que va a seguir teniendo continuidad”, señaló. También sostuvo que el resultado debería medirse principalmente por la incorporación de niños y adolescentes: “Al programa Creciendo con Tu Club le interesa que más chicos estén en el club, ése es el objetivo”.

La secretaria de Deportes, Adelaida Muñiz, explicó que el esquema de trabajo se apoya sobre tres aspectos: “Lo institucional, lo deportivo y la infraestructura”, con la intención de que las entidades puedan sostener espacios adecuados para las categorías infantojuveniles.

Los clubes que renovaron y los que se incorporaron
Los tres nuevos proyectos aprobados corresponden al Club Atlético Sol de Mayo, de San Luis; la Asociación Civil Club Social y Deportivo Villa Larca; y el Club Social, Deportivo y Cultural E.F.I. San José, de Villa Mercedes.

Por su parte, renovaron sus proyectos el Club Atlético Juventud Unida Universitario, GEPU, Sociedad Española, el Centro de Actividades Infantiles San Luis y el Club Deportivo Santa Catalina, de la ciudad de San Luis; el Club Deportivo, Social y Cultural La Punta y el Club Atlético El Búfalo, de La Punta; General San Martín y Jorge Newbery, de Villa Mercedes; Picahuesos Básquet Club, Centro Recreativo y Deportivo El Rincón, Club Social y Deportivo Casino y Herradura Rugby Club, de Villa de Merlo; y Sportivo Villa de la Quebrada.

La nueva inscripción comienza este viernes
La convocatoria para nuevos clubes comenzará este viernes 16 de octubre mediante un formulario de preinscripción que estará disponible en la página de la Secretaría de Deportes. Esa primera instancia permanecerá abierta hasta el 15 de noviembre.

Luego, entre el 16 de noviembre y el 15 de diciembre, las instituciones deberán presentar la documentación exigida, acreditar que cuentan con categorías infantojuveniles federadas de entre 6 y 16 años, designar un representante de ese sector dentro de la comisión directiva e implementar medidas de prevención de la violencia en el deporte.

Durante ese mismo período, presidentes, secretarios y tesoreros deberán completar seis módulos virtuales obligatorios: tres vinculados con la gestión de asociaciones civiles y otros tres relacionados con la administración deportiva.

Los clubes que superen esa etapa podrán presentar sus proyectos entre el 16 de diciembre y el 15 de enero de 2027. Según el cronograma oficial, a partir de febrero comenzará la entrega de los decretos de financiamiento.

Messina explicó que las propuestas serán evaluadas y podrán requerir modificaciones antes de ser aprobadas. La incorporación, por lo tanto, no será automática con la inscripción, sino que dependerá del cumplimiento de los requisitos y de la aprobación del proyecto presentado.

Invertirán más de $1.500 millones en obras públicas para 14 municipios


El gobernador Claudio Poggi encabezó un encuentro con 14 jefes comunales del interior, quienes renovaron el acuerdo establecido en el programa Construyendo en Tu Pueblo para ejecutar más proyectos en sus comunidades.

“Pese a un contexto que no siempre acompaña, en San Luis la rueda de la obra pública sigue girando. Gran parte de ello se debe al programa ‘Construyendo con Tu Pueblo’, una iniciativa diseñada por el Gobierno provincial para conformar pozos comunes con los municipios y financiar así la ejecución de propuestas surgidas a partir de las prioridades establecidas por cada localidad”, destacaron desde el Gobierno.

En este contexto, el gobernador Claudio Poggi recibió en su despacho a los intendentes de Bagual, Buena Esperanza, Beazley, El Volcán, Fortuna, Fraga, La Carolina, Leandro Alem, Navia, Renca, San Gerónimo, Santa Rosa, Villa de Merlo y Villa Larca. También acompañó la reunión el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, quien aportó la rúbrica en representación del Ejecutivo.

“Hemos suscripto convenios que corresponden al primer semestre del 2026 por un total que supera los $1.500 millones, conformado por supuesto con un aporte en partes iguales de los municipios y del Gobierno provincial para la ejecución de obra pública municipal”, explicó el ministro.

El funcionario recordó que, además de cubrir necesidades en cada pueblo o ciudad, el Programa también demanda darle prioridad a mano de obra local y la adquisición de los materiales necesarios para cada obra en la región. “Creo que eso moviliza la economía y, en estos tiempos ya de fin de año, es muy importante que todas las familias tengan la posibilidad de acceder a un trabajo”, indicó.

Además, aclaró que cada municipio tiene la potestad de elegir, según su propia consideración y lo que le comuniquen los vecinos, cuáles son las obras que desean encarar con el presupuesto conjunto con el Gobierno. La renovación de plazas, la refacción edilicia de establecimientos compartidos, la colocación de alumbrado público y el arreglo de calles y arterias, entre otras cosas, aparecen como alternativas comunes en los pueblos.

El cadáver de la mujer hallado cerca del barrio La República estaba desmembrado y había sido degollado

El cadáver de una mujer de aproximadamente 40 años fue encontrado este martes en un pozo en un descampado de la zona oeste de la ciudad de San Luis. La fiscal de Género, Delia Bringas, informó que la víctima presentaba múltiples hematomas en el rostro y el tórax, había sido degollada y posteriormente desmembrada. La data de muerte fue estimada en un mes y medio.

El hallazgo se produjo en inmediaciones de la Autopista de los Pescadores, al final del barrio República. Según explicó Bringas, un perro que escarbaba en la tierra dejó al descubierto una parte de los restos. Los vecinos dieron aviso a la Policía y, tras las excavaciones realizadas con la colaboración de bomberos, encontraron el cuerpo enterrado en un pozo de aproximadamente un metro y medio de largo por uno de ancho. A un costado había una bolsa con partes del cuerpo.

“Primero la golpearon, tiene muchos hematomas en su cara y en su tórax. Fue degollada y postmortem fue desmembrada”, detalló la fiscal, quien confirmó que la causa se investiga como un femicidio por las características del crimen.

El avanzado estado de descomposición impidió establecer la identidad de la víctima. Se realizan estudios de ADN y fueron localizados familiares de una persona que podría ser la mujer, aunque todavía no hay una identificación confirmada.

Bringas indicó que no hay detenidos ni sospechosos confirmados públicamente. También señaló que no se encontró un pedido de paradero que permita vincular el caso con una búsqueda vigente. Por el momento, la Fiscalía no brindó información sobre posibles vínculos de la víctima ni sobre las hipótesis que se investigan.

El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza para implementar sistemas de IA en la Municipalidad de San Luis

Foto: Prensa Concejo Deliberante.

El Concejo Deliberante de San Luis aprobó el proyecto de ordenanza para implementar sistemas de inteligencia artificial (IA) en el ámbito municipal, con ocho votos positivos y seis abstenciones. La iniciativa fue enviada por el intendente Gastón Hissa y generó críticas de concejales del bloque Justicialista, que cuestionaron la falta de participación de la oposición en su elaboración.

La concejal Micaela Medina, del bloque oficialista Ahora San Luis y titular de la Comisión de Legislación e Interpretación, fue la encargada de informar sobre el proyecto durante la sesión.

“Este proyecto lo que busca es modernizar y agilizar a la municipalidad. La tecnología no va a venir a reemplazar a los empleados municipales, lo que va a hacer es una herramienta para que la respuesta al vecino sea más rápida y para que los servicios públicos puedan funcionar de una mejor manera”, afirmó.

Medina también defendió la iniciativa al señalar que es “equilibrada” y “éticamente sólida”, que respeta la Carta Orgánica Municipal y que contempla la protección de los datos personales, los derechos de los vecinos y los trabajadores municipales.

Desde el bloque Justicialista, el concejal Gastón Témoli cuestionó el tratamiento del proyecto y sostuvo que la ordenanza le otorga amplias facultades al intendente para definir la implementación de la inteligencia artificial en el municipio.

“Lo único que sí contiene claramente es un cheque en blanco nuevamente para el intendente. Para que él pueda hacer lo que quiera con la implementación de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito municipal”, expresó.

Témoli afirmó que el bloque intentó incorporar modificaciones para proteger el patrimonio municipal y a los vecinos ante posibles perjuicios derivados del uso de estas herramientas, pero que las propuestas no fueron aceptadas. También advirtió sobre la responsabilidad política del jefe comunal ante eventuales consecuencias negativas.

“Si algo pasa con la implementación de los sistemas de inteligencia artificial y se genera un perjuicio para nuestra comunidad, el principal responsable va a ser él”, manifestó.

El concejal también criticó la dinámica del debate legislativo y consideró que no hubo una instancia efectiva para incorporar los planteos de la oposición al texto que finalmente se aprobó.

Por su parte, la concejal justicialista Julieta Ponce cuestionó el trabajo legislativo y la falta de acuerdos entre los bloques. “No es posible que las políticas públicas no se puedan construir con todos los partidos políticos dentro”, sostuvo. Además, puso en duda que la implementación de estas tecnologías garantice por sí misma una mejora en las condiciones laborales: “La IA no puede hacer magia”.

“La única vocación que tienen es de ser la escribanía de Hissa, por eso están acá. Para aprobar los proyectos que manda Hissa”, criticó la legisladora.

La presidente del bloque oficialista, Lizbeth Huatay, rechazó las críticas. La concejal Ponce no se toma el trabajo a leer porque trae hasta recinto temas que no tienen que ver con esto, pero como estamos acostumbrados siempre aprovechan cada proyecto para chicanear”.

la titular del bloque oficialista afirmó que los cuestionamientos de la oposición no estaban vinculados con el contenido de la iniciativa. “El único fin de este proyecto enviado por el intendente Gastón Hissa es simplificar y, sobre todo, mejorar la atención al vecino”, señaló.

Otros concejales del Justicialismo, entre ellos Andrés Russo, Paulina Calderón y Juan Martín Divizia, también intervinieron en el debate y formularon críticas al proyecto y a la gestión municipal.

La ordenanza establece una implementación gradual de sistemas de inteligencia artificial en la administración municipal. El texto fija como objetivos simplificar y optimizar los procesos administrativos, mejorar los servicios públicos y promover un uso ético, responsable y transparente de estas tecnologías.

Entre sus principios incluye la protección de datos personales, la privacidad, la transparencia, la seguridad y la supervisión humana. También establece que los sistemas de IA deben complementar las capacidades de los agentes y funcionarios municipales, sin sustituirlos, y que la responsabilidad final de las decisiones corresponde a las personas competentes.

La norma prevé cuatro etapas: evaluación y planificación de las áreas en las que podría aplicarse la tecnología, capacitación de funcionarios y agentes, implementación piloto en organismos seleccionados y extensión progresiva al conjunto de las dependencias municipales. El Poder Ejecutivo será la autoridad de aplicación y podrá designar al organismo encargado de llevar adelante la ordenanza.