Pedirán imputar a Saá Petrino y a otras dos personas por el manejo de fondos del Colegio de Magistrados


La investigación por el manejo de los fondos del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de San Luis durante la presidencia de Hugo Saá Petrino dio un paso clave. El fiscal de Instrucción Nº3 de la Segunda Circunscripción Judicial, José Alberto Olguín, solicitó una audiencia para formular cargos contra el exjuez como presunto autor del delito de administración fraudulenta; y también contra su cuñada María Fernanda Del Cerro y al esposo de esta, Marcelo José Senatore Pecchini, en carácter de partícipes.

El requerimiento fue presentado el 20 de agosto ante el Juzgado de Garantía Nº3, a cargo de Natalia Pereyra Cardini. La causa quedó en manos de Olguín, quien tiene asiento en Villa Mercedes, o sea en Segunda Circunscripción Judicial; luego de que se excusaran todos los jueces de la Primera Circunscripción por tratarse de una investigación que involucra a quien hasta hace pocos meses se desempeñaba como magistrado en San Luis.

El pedido de formulación de cargos se produce a partir de la investigación iniciada por la denuncia del propio Colegio de Magistrados y tiene entre sus principales elementos la auditoría externa realizada por el contador Fernando Moreno, cuyo contenido fue revelado por La Gaceta Digital en diciembre del año pasado. El trabajo reconstruyó los movimientos de las cuentas de la institución en los bancos Supervielle y Santander entre el 1º de noviembre de 2022 y el 31 de octubre de 2025 y detectó, entre numerosas irregularidades, $5.396.884,58 que quedaron sin justificar.

Los $5,3 millones que no pudieron justificarse
La auditoría estableció que durante el período analizado el Colegio contó con ingresos por $77.232.702,20 y egresos respaldados por resoluciones válidas por $70.901.630,39, incluidos los gastos bancarios. La diferencia era de $6.831.071,81, pero en las cuentas de la institución solamente se registraba un saldo de $934.187,23. De allí surgió el monto de $5.396.884,58 sin justificar, que ahora forma parte de los antecedentes de la investigación penal.

Ese faltante, sin embargo, era apenas uno de los puntos que había dejado expuestos la auditoría. Como informó este medio en diciembre, también existían gastos respaldados formalmente por resoluciones cuya efectiva realización las nuevas autoridades no podían asegurar, además de una enorme diferencia entre las sumas autorizadas para actividades que sí se habían realizado y las facturas que el Colegio había logrado reunir.

En este último grupo aparecían $55.653.440,08 autorizados mediante resoluciones para eventos que efectivamente existieron, frente a una base de facturas recibidas por $6.947.524,76. Si bien al momento de elaborarse el informe todavía había comprobantes pendientes de algunos proveedores, la diferencia superaba los $48 millones.

Más de $50 millones transferidos a la cuenta personal de Saá Petrino
El aspecto más llamativo del informe estaba relacionado con movimientos que el propio Saá Petrino reconoció en su descargo del 23 de octubre de 2025 que “no se corresponden con movimientos vinculados a la actividad de la Institución”.

Según la auditoría a la que accedió La Gaceta Digital, de las cuentas del Colegio en Supervielle y Santander surgían $180.309.647,84 en egresos no vinculados con la actividad institucional. Dentro de ese universo de movimientos, Saá Petrino transfirió $50.026.880 a su propia cuenta personal y otros $742.000 a la de su esposa, María Pilar del Cerro.

También aparecían retiros de efectivo, compras con tarjeta de débito —incluidas operaciones en supermercados—, débitos inmediatos y transferencias a otras personas. La reconstrucción de esos movimientos es uno de los elementos que permitió poner bajo la lupa la utilización de las cuentas de una institución integrada por jueces, fiscales y funcionarios judiciales.

Ahora, además de solicitar cargos contra Saá Petrino, Olguín pretende que la investigación avance formalmente sobre otras dos personas de su entorno familiar: María Fernanda Del Cerro y Marcelo José Senatore Pecchini. Del Cerro es cuñada del exjuez, mientras que Senatore es su esposo. En el informe contable ya aparecían movimientos relacionados con ese círculo familiar y con Maskotas SRL, firma vinculada a Senatore.

Más de $110 millones que volvieron desde la cuenta de Saá Petrino
La auditoría también reveló una operatoria en sentido inverso. Si bien Saá Petrino había comenzado a retirar fondos de las cuentas del Colegio desde noviembre de 2022, a partir del 25 de marzo de 2024 empezó a realizar transferencias desde su cuenta personal hacia la institución.

Entre marzo de 2024 y octubre de 2025 ingresaron de esa manera y desde otras personas o firmas vinculadas a su entorno $121.383.837,90. De ese total, $110.499.940,17 fueron transferidos directamente por Saá Petrino. Maskotas SRL, por su parte, transfirió $5.200.897,73, mientras que otros $3.900.000 provinieron del fideicomiso La Candela. El propio Saá Petrino reconoció en su descargo que esos ingresos tampoco estaban relacionados con la actividad de la institución.

El período en el que comenzaron esos depósitos coincidió además con la situación financiera personal que atravesaba el entonces magistrado. Saá Petrino había sido condenado en 2023 por una deuda de US$36.000 con un particular, a la que posteriormente se sumaron intereses. Ese expediente es independiente de la investigación por los fondos del Colegio de Magistrados.

Cheques rechazados y casi $3,7 millones en costos financieros
Otro capítulo de la auditoría estuvo relacionado con la utilización de cheques. Durante la presidencia de Saá Petrino fueron rechazados 58 cheques: 54 por falta de fondos, correspondientes a $48.087.671,96, y otros cuatro por problemas técnicos, por $3.181.477,27. Además, Santander pagó 22 cheques a pesar de que la cuenta no tenía fondos suficientes para afrontarlos, por otros $1.127.676,24. Toda esa operatoria tuvo un costo concreto para la institución: $3.687.311,41 en comisiones, intereses, multas, IVA y otros gastos bancarios.

Las irregularidades detectadas derivaron en una crisis dentro del Colegio. En septiembre de 2025, la comisión directiva decidió separar a Saá Petrino de la presidencia, realizar una auditoría externa y remitir los antecedentes a la Justicia penal. Posteriormente, el entonces presidente presentó su renuncia a la conducción de la entidad.

Saá Petrino también dejó de ser juez este año. Había presentado su renuncia irrevocable al Colegio de Jueces en lo Penal de la Primera Circunscripción Judicial, con vigencia a partir del 30 de abril de 2026.

Ahora, casi un año después de que el caso llegara a la Justicia y ocho meses después de que La Gaceta Digital revelara en detalle los resultados de la auditoría, la Fiscalía pidió avanzar con la formulación de cargos por administración fraudulenta contra Saá Petrino y sumar como partícipes a Del Cerro y Senatore. El próximo paso dependerá del Juzgado de Garantía Nº3, que deberá resolver sobre la audiencia solicitada por Olguín.

Imputan a un psiquiatra y una exempleada pública por certificados médicos presuntamente falsos


La jueza de Garantía Nº 2, Agustina Dopazo Samper, tuvo por formulados cargos contra el médico psiquiatra Franco Mastronardi (exmédico psiquiatra forense del Poder Judicial) y Noelia Fernández (exagente estatal), en el marco de una investigación iniciada a partir de certificados médicos otorgados a agentes de la Administración Pública provincial. En esta instancia, la imputación se sustentó en el caso de una licencia concedida a Fernández, quien viajó a España durante ese período.

La fiscal adjunta de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 4, Antonella Romagnoli, formuló cargos contra Mastronardi por los delitos de falsedad ideológica de certificado médico, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la Administración Pública en grado de tentativa. A Fernández le atribuyó, en carácter de coautora, el delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública en grado de tentativa.

Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que Mastronardi ingresó al Poder Judicial de San Luis en marzo de 2012 y se desempeñó como médico psiquiatra del Departamento de Ciencias Médicas de la Oficina del Cuerpo Profesional Forense de la Primera Circunscripción Judicial hasta su cesantía, dispuesta en 2025. Según sostuvo el Ministerio Público Fiscal, por el cargo que ocupaba se encontraba alcanzado por una incompatibilidad para ejercer privadamente la profesión.

La investigación fiscal comprende 97 certificados médicos emitidos entre enero de 2024 y marzo de 2025 a favor de 31 agentes públicos, que habrían permitido justificar un total de 2.989 días de inasistencia por razones de salud.

De acuerdo a Romagnoli, las certificaciones presentaban diagnósticos psiquiátricos idénticos o similares, entre ellos trastornos de ansiedad, episodios depresivos y trastornos de adaptación, además de períodos de licencia que la Fiscalía consideró inusualmente extensos.

Sin embargo, al momento de resolver, la jueza aclaró que, para tener por formulados los cargos en esta instancia, no valoró la totalidad de esos 97 certificados ni los casos correspondientes a los 31 agentes, sino específicamente los hechos vinculados con Fernández.

Según el relato de la Fiscalía, el 23 de agosto de 2024 Mastronardi emitió un certificado a favor de Fernández, quien entonces se desempeñaba como operadora de monitoreo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia. En ese documento se indicó una licencia laboral ambulatoria por 30 días.

Posteriormente, el 29 de agosto, el médico extendió otro certificado en el que consignó que la paciente atravesaba un cuadro clínico neurótico con trastorno de pánico y agorafobia —descripta como temor a salir del hogar con crisis de pánico— y solicitó que, en caso de realizarse una Junta Médica, la evaluación fuera de manera virtual.

El 25 de agosto, dos días después del primer certificado y durante el período de licencia, Fernández salió del país desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo con destino a España, donde permaneció durante ese período.

Durante la licencia, el sistema de control de ausentismo de la Provincia (Se.M.A.) la convocó a una Junta Médica. La primera evaluación se realizó de manera virtual y justificó el período solicitado. Luego, según explicó la Fiscalía, compañeros de trabajo advirtieron a través de publicaciones en redes sociales que Fernández se encontraba en España y esa situación llegó a conocimiento del organismo.

A partir de ello, fue citada nuevamente a una evaluación, esta vez presencial. Fernández volvió a solicitar la modalidad virtual, pero el pedido fue rechazado y no se presentó. Como consecuencia, el certificado fue declarado inválido y posteriormente fue intimada a regresar a su lugar de trabajo.

Entre las evidencias mencionadas por la Fiscalía se encuentran la denuncia de Fiscalía de Estado, los certificados médicos, informes de Recursos Humanos del Poder Judicial, del Ministerio de Salud, de la obra social provincial, del sistema de control de ausentismo, de la Dirección de Ingresos Públicos y de Migraciones, además de documentación vinculada con los expedientes administrativos.

Romagnoli señaló, además, que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que resta producir evidencia. Entre las medidas pendientes mencionó una pericia caligráfica y de firmas sobre certificados secuestrados, entrevistas a profesionales vinculados con las Juntas Médicas y al profesional que habría derivado a Fernández con Mastronardi, además de informes solicitados a distintos organismos.

El abogado de Fiscalía de Estado, Maximiliano Trusendi, adhirió a los hechos, la calificación legal, las evidencias y las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. Sostuvo que, en esta etapa provisoria, existían elementos suficientes para avanzar con la investigación.

Fernández participó de la audiencia de manera remota desde España, donde reside actualmente, y estuvo representada por el abogado Adriel Cabello. Luego de consultar con su defensa, decidió abstenerse de declarar.

Cabello se opuso a la formulación de cargos. Señaló que su defendida había sido intimada el 18 de septiembre de 2024 a presentarse a trabajar debido a que registraba faltas injustificadas y sostuvo que su relación laboral cesó el 23 de septiembre de ese año. También afirmó que las inasistencias fueron descontadas de la liquidación final de Fernández y, sobre esa base, cuestionó que hubiera existido un perjuicio económico para el Estado o un beneficio para su asistida.

Mastronardi, quien también se abstuvo de declarar, fue representado por los abogados Gabriel Varela y Hugo Scarzo. La defensa cuestionó la formulación de cargos y sostuvo que no podía equipararse una discrepancia de criterio médico con la falsedad de un certificado.

Argumentó que el profesional certificó el cuadro que presentaba la paciente al momento de la consulta y que lo que ella hiciera posteriormente no se encontraba bajo su control. También planteó que cada certificado debía ser analizado individualmente y que la falsedad de los diagnósticos debía determinarse mediante las correspondientes pericias.

La defensa también cuestionó la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público e invocó una modificación de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia que, según su planteo, actualmente permite el ejercicio particular de la profesión a médicos del Poder Judicial. Por ello, solicitó la aplicación de la ley penal más benigna y que no se formularan cargos en esta instancia.

Al resolver, Dopazo Samper consideró que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que las controversias planteadas por las defensas deberán ser esclarecidas con la producción de pruebas. En particular, señaló que determinar si el contenido de un certificado psiquiátrico es verdadero o falso requiere conocimientos específicos y deberá establecerse mediante las pericias correspondientes.

En ese marco, la magistrada tuvo por formulados los cargos contra Fernández por fraude en perjuicio de la Administración Pública en grado de tentativa y contra Mastronardi por falsedad ideológica de certificado médico, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la Administración Pública en grado de tentativa.

Como medidas de coerción, y conforme a lo solicitado por la Fiscalía y Fiscalía de Estado, dispuso que Fernández envíe un correo electrónico a la Fiscalía entre los días 1 y 10 de cada mes, durante cuatro meses, para mantenerse a derecho.

Para Mastronardi ordenó la firma del libro de imputados, también entre los días 1 y 10 de cada mes y por el término de cuatro meses.

La jueza rechazó la caución real —una garantía económica destinada a asegurar que la persona imputada permanezca sometida al proceso— solicitada para ambos y tampoco hizo lugar a la prohibición de salida de la provincia requerida respecto del médico, al considerar que ambos imputados se encontraban a derecho y que, en esta instancia, no se advertían circunstancias que justificaran medidas de coerción más gravosas.

La UPrO abrió las inscripciones para 2027: ofrece 44 carreras y tendrá capacidad para 6.000 estudiantes a nivel provincial


La Universidad Provincial de Oficios (UPrO) presentó este jueves su oferta académica para 2027 y abrió las inscripciones para las carreras que comenzarán el próximo año. La propuesta incluye 44 perfiles académicos, distribuidos en 36 diplomaturas de un año y ocho tecnicaturas de dos años, con una capacidad máxima de aproximadamente 6.000 estudiantes en toda la provincia. Durante la conferencia, las autoridades también anunciaron novedades sobre la futura sede de Villa de Merlo y brindaron detalles del Primer Congreso Nacional de Formación en Oficios, previsto para septiembre.

La secretaria de Vinculación Productiva y Territorial, Meliné Tahtagián, explicó que la oferta se revisa periódicamente teniendo en cuenta las posibilidades de inserción laboral de los egresados. Durante el primer semestre, la Universidad realizó un relevamiento junto con el ministerio de Desarrollo Productivo, foros sectoriales, el Consejo Consultivo y referentes sociales y empresariales de las localidades donde tiene presencia. También se incorporó información del Consejo Federal de Inversiones vinculada con los planes maestros de agua y energía.

Entre las nuevas propuestas aparecen Electricidad en Inmuebles Rurales; Pintura, Revestimientos e Impermeabilizaciones; Soporte Técnico Informático y Apicultura. Esta última, debido a la demanda detectada, se dictará en cuatro sedes: San Luis, Villa Mercedes, Quines y Buena Esperanza.

También se actualizaron contenidos de carreras que ya formaban parte de la oferta. En Operador de Maquinarias Agrícolas, por ejemplo, se incorporarán tecnologías de precisión y utilización de drones. En la ciudad de San Luis, el rector Rudy Cámera mencionó además propuestas como Operador Logístico, Energías Renovables, Robótica, Diseño Industrial y Operador de Máquinas Agrícolas.

Inscripciones abiertas hasta el 30 de septiembre
Las inscripciones estarán abiertas desde este jueves 27 de agosto hasta el 30 de septiembre. El trámite comienza de manera online a través del sitio web de la UPrO, pero posteriormente los aspirantes deberán confirmar personalmente su inscripción en la sede correspondiente, que atenderá de 8:00 a 20:00.

La Universidad dispone de un cupo máximo cercano a 6.000 alumnos, distribuidos en más de 185 comisiones de entre 30 y 40 estudiantes. Después de esta primera etapa se realizará un cursillo de nivelación entre octubre y noviembre y, en febrero, se abrirá un segundo período de inscripción para completar las vacantes que hayan quedado disponibles.

Tahtagián destacó que uno de los objetivos es fortalecer el componente práctico de las carreras y la relación de los estudiantes con posibles ámbitos de trabajo. “El principal objetivo de la UPrO es la inserción laboral de sus egresados”, explicó. Actualmente, la Universidad mantiene vínculos con 239 empresas, con las que trabaja en visitas, prácticas y pasantías.

“Cuando hablamos de calidad educativa es que el egresado de la UPrO tiene que tener práctica, además de la formación en oficios técnicamente correcta y adecuada a lo que el mercado pide”, sostuvo la funcionaria. En ese sentido, señaló que buscan que la formación práctica no quede limitada a las instalaciones universitarias y que los alumnos puedan tener experiencias dentro del sector productivo.

Nueva sede en Merlo y transporte para más de 500 alumnos
Durante la presentación, Cámera también confirmó la adjudicación de la obra para construir una sede propia de la UPrO en Villa de Merlo, donde actualmente la institución funciona en un inmueble alquilado.

El nuevo edificio permitirá duplicar la capacidad disponible. La sede actual puede recibir a unas 250 personas y, según explicó el rector, la nueva infraestructura permitirá incorporar a más de 500 estudiantes. Cámera consideró que la ampliación responde al potencial y a la demanda de formación en oficios existente en la Costa de los Comechingones.

La UPrO también prevé mantener durante 2027 el esquema de transporte gratuito para estudiantes de localidades y parajes que no cuentan con servicios regulares. Actualmente, este sistema alcanza a más de 500 alumnos de distintos puntos del interior provincial.

Primer Congreso Nacional de Formación en Oficios
Otro de los anuncios fue la realización del Primer Congreso Nacional de Formación en Oficios, que tendrá lugar del 23 al 25 de septiembre en la sede central de Villa Mercedes y contará con la participación de universidades, especialistas, docentes, estudiantes y representantes del sector productivo.

El secretario Académico, Alberto Ledesma, explicó que las inscripciones ya están abiertas y que la agenda completa será publicada el 4 de septiembre. Quienes se registren antes de esa fecha tendrán prioridad para acceder a las actividades, que tendrán cupos limitados. Además, el Congreso otorgará puntaje docente.

La primera jornada, el 23 de septiembre, estará destinada a una UPrO Day, una actividad de puertas abiertas dirigida especialmente a futuros estudiantes. El 24 y 25 se realizarán talleres, ponencias, torneos técnicos y charlas magistrales en distintos espacios del campus.

El encuentro estará organizado alrededor de tres grandes ejes: Oficio e Inteligencia Artificial, Formación y Desarrollo Productivo, y Oficio y Desarrollo Sostenible. Ya confirmaron su participación representantes de las universidades nacionales de Córdoba, La Plata, Rosario, Santiago del Estero, La Rioja, Villa Mercedes y San Luis, además de empresas del sector privado.

Sobre el impacto de las nuevas tecnologías en las profesiones y oficios, Ledesma consideró que la inteligencia artificial debe incorporarse a la formación como una herramienta y no plantearse necesariamente como un reemplazo del trabajo humano. “La inteligencia artificial para el oficio es una herramienta más, que no lo va a reemplazar, pero sí queremos que todos aprendan a utilizar de manera correcta y responsable”, concluyó.

El Concejo Deliberante sesionó 21 minutos, no aprobó ningún proyecto y el oficialismo rechazó iniciativas del peronismo opositor

Foto: Prensa Concejo Deliberante.

El Concejo Deliberante capitalino sesionó este jueves durante 21 minutos y no aprobó ningún proyecto, ni siquiera algún homenaje o declaración de interés, el tipo de proyectos que el bloque oficialista impulsa repetidamente. En la sesión de hoy solamente se rechazó el tratamiento sobre tablas de dos proyectos del peronismo opositor.

El edil Andrés Russo pidió el tratamiento sobre tablas de un proyecto para que el Ejecutivo municipal informe “todo lo relacionado a la autorización para contraer endeudamiento destinado a la adquisición de maquinarias y vehículos viales”. Meses atrás, la gestión Hissa remitió al Concejo un proyecto para que se autorice a la Municipalidad a acceder a distintas herramientas de financiamiento para la compra de ocho vehículos y maquinarias destinadas a fortalecer los servicios públicos.

La iniciativa requiere una mayoría especial de dos tercios de los votos para su aprobación. En un cuerpo integrado por 15 concejales, el oficialismo cuenta con nueve bancas y necesita al menos un voto de la oposición para alcanzar los 10 votos afirmativos necesarios. Todo parece indicar que la oposición no apoyará este endeudamiento.

Según el proyecto enviado al Concejo Deliberante, la Municipalidad pretende adquirir un camión mixer de hormigón con capacidad de 8 metros cúbicos, un camión portacontenedor de 5 metros cúbicos, un camión volcador de 15 metros cúbicos tipo tatu, una retroexcavadora con martillo neumático, una hidrogrúa para alumbrado, una aplanadora, un rodillo compactador y una terminadora de asfalto.

Volviendo al proyecto del pedido de informe, Russo argumentó los motivos para el tratamiento sobre tablas, alegando que en reuniones de la Comisión de Hacienda con los ediles oficialistas e incluso con funcionarios municipales se vienen pidiendo los motivos del endeudamiento. Según planteó el edil, uno de los interrogantes es por qué la Municipalidad pretende endeudarse “teniendo un montón de plata en plazo fijo”.

“Lo otro que venimos insistiendo y preguntando para qué, para qué, cómo y por qué motivo le anticiparon $3.000 millones a Hissa y no sabemos para qué. ¿Por qué compraron camiones con $40 millones de sobreprecio? Un hecho que no han dado ningún tipo de explicación y duerme en la Comisión de Hacienda un pedido de informe donde nosotros solicitamos que nos den una explicación de por qué le adjudicaron con $40 millones de sobreprecio al proveedor que más caro siendo que había uno más barato”, acusó Russo.

“Lo que no vamos a convalidar es endeudar innecesariamente a los vecinos y a las vecinas”, agregó el opositor, aclarando que está de acuerdo en capitalizar al municipio.

El tratamiento sobre tablas fue rechazado por 9 votos negativos contra 6 positivos.

El otro proyecto que se pidió tratar sobre tablas y también fue rechazado por igual cantidad de votos fue un proyecto de comunicación a la Cámara de Diputados sobre “la necesidad de garantizar un sistema de audiencias públicas” en el marco de la reforma constitucional que impulsa el Gobierno provincial.

Tras el rechazo de este proyecto, la presidente Laura Sánchez dio por finalizada la sesión minutos después de las 11.

La Provincia llamó a licitación para incorporar vehículos destinados a la Policía de San Luis


El gobernador Claudio Poggi firmó este miércoles el decreto de llamado a licitación para la adquisición de seis vehículos que serán destinados a distintas tareas operativas de la Policía de la provincia de San Luis. La inversión permitirá fortalecer las capacidades de traslado, intervención y respuesta de la Fuerza.

La firma se realizó durante un acto desarrollado en la Plaza Cívica de Casa de Gobierno, donde el Gobernador encabezó la entrega de decretos, certificados e insignias de ascenso al personal de la Unidad Regional de Orden Público N°1.

La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, destacó el acompañamiento del Gobierno a la institución policial y señaló que las acciones buscan traducirse en respuestas concretas frente a sus necesidades.

Sosa explicó que, al asumir la gestión, se encontraron “muchas necesidades” dentro de la institución y que se decidió priorizar las más importantes. “Año tras año hemos ido dando soluciones donde estaban las primeras necesidades. Tenemos que entender que defender la institución es cuidar de ella con el trabajo diario, cuidando primero a los que tenemos cerca y son más valiosos como son nuestra familia, a nuestros compañeros y a toda la sociedad”, remarcó.

Entre las unidades previstas se encuentra un furgón que será acondicionado para el traslado de detenidos. También se incorporarán dos utilitarios destinados al traslado de tropa para las unidades especiales y una pick up equipada para una unidad de primera intervención, con el objetivo de reforzar la capacidad operativa ante situaciones que requieran una respuesta inmediata.

El llamado a licitación incluye, además, la compra de dos automóviles que serán destinados a tareas propias de la institución policial. La incorporación de estas unidades forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer el equipamiento de la Policía de la Provincia y brindar mejores herramientas a sus efectivos para el desarrollo de las tareas de prevención, intervención y seguridad.

Fuente: ANSL

Tres a favor y dos en contra: así votaron los diputados de San Luis los proyectos de Inocencia Fiscal II y la Reforma del Banco Central

Los cinco diputados nacionales por San Luis se dividieron en las dos iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno nacional, Inocencia Fiscal II y la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados. Carlos Alberto Almena (La Libertad Avanza), Mónica Becerra (La Libertad Avanza) y Claudio Álvarez (Argentina Federal) votaron a favor de ambos proyectos, mientras que Ernesto “Pipi” Alí (Unión por la Patria) y Jorge “Gato” Fernández (Primero San Luis) votaron en contra. Las dos iniciativas deberán ahora ser tratadas por el Senado.

La primera de las iniciativas aprobadas fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que consiguió en general 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones. De esta manera, el proyecto obtuvo media sanción y fue girado al Senado.

La reforma propone modificar el funcionamiento del organismo y establece como eje central la preservación del valor de la moneda nacional. Uno de los principales cambios es la eliminación de los mecanismos mediante los cuales el Banco Central puede financiar al Tesoro, con el objetivo de limitar la emisión monetaria destinada a cubrir las necesidades financieras del Estado.

El proyecto también contempla cambios en el régimen de reservas, utilidades y balance del Banco Central, además de modificaciones en las condiciones para la remoción de sus autoridades. La iniciativa busca revertir parte de los cambios introducidos en la Carta Orgánica en 2012 y establecer mayores restricciones a la asistencia financiera al sector público.

En esta votación, Almena y Becerra, ambos de La Libertad Avanza, y Álvarez, de Argentina Federal, votaron a favor, mientras que Alí, de Unión por la Patria, y Fernández, de Primero San Luis, lo hicieron en contra, según el listado oficial de la Cámara de Diputados.

Inocencia Fiscal II

Luego, la Cámara baja avanzó con la denominada Inocencia Fiscal II, que obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones y también consiguió media sanción. El proyecto deberá ser tratado ahora por el Senado.

La iniciativa busca ampliar el universo de contribuyentes que pueden acceder al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y modificar las condiciones bajo las cuales la ARCA puede cuestionar las declaraciones de los contribuyentes.

Entre los principales cambios se encuentran la eliminación de los actuales topes de ingresos y patrimonio para acceder al régimen simplificado y una modificación de los parámetros utilizados para determinar cuándo existe una discrepancia que pueda dar lugar a una fiscalización.

Durante el tratamiento parlamentario también se incorporaron restricciones para funcionarios y exfuncionarios de determinados cargos públicos. En esos casos, podrán utilizar el sistema simplificado, pero no accederán a los beneficios vinculados con la presunción de exactitud y las limitaciones a las facultades de fiscalización de la ARCA.

Los diputados sanluiseños volvieron a votar de la misma manera: Almena (La Libertad Avanza), Becerra (La Libertad Avanza) y Álvarez (Argentina Federal) acompañaron el proyecto, mientras que Alí (Unión por la Patria) y Fernández (Primero San Luis) lo rechazaron.

Poggi entregó decretos e insignias de ascensos a más de 500 policías de la Unidad Regional N°1


La ceremonia reunió a agentes policiales que accedieron a distintos ascensos tras atravesar las instancias de evaluación establecidas por el sistema de carrera policial. El acto puso el foco en el mérito, la capacitación y la transparencia como criterios para el crecimiento profesional dentro de la institución.

Este miércoles por la tarde, en la Plaza Cívica de Casa de Gobierno, el gobernador Claudio Poggi entregó decretos, certificados e insignias a más de 500 efectivos de la Policía de San Luis.

La jornada comenzó con la recepción de las autoridades y el ingreso de las Banderas de Ceremonia. Luego, la jefa de la Unidad Regional de Orden Público N°1, comisario mayor María Concepción del Rosario Romero, solicitó al Gobernador la autorización para dar inicio formal al acto.

El Mandatario destacó la importancia de que los ascensos dentro de la Policía se realicen bajo reglas de juego “más claras, objetivas” y con un procedimiento ordenado. “Creo que eso nos viene bien a todos, porque cuando se fijan reglas de juego claras, se disminuye la discrecionalidad, la discrecionalidad del dedo, de las injusticias que benefician algunos poquitos y perjudican las oportunidades de la inmensa mayoría”, afirmó.

Poggi también remarcó que el nuevo esquema representa “un ordenamiento del procedimiento de los ascensos” y comentó que “no tengo dudas que año a año se va a ir perfeccionando, se va a ir mejorando”.

El Gobernador también anunció cómo se organizarán los próximos ascensos para que el reconocimiento del nuevo cargo coincida con la correspondiente remuneración. “Los ascensos del año que viene, en vez de hacerlo en agosto, los vamos a hacer entre marzo y abril del 2027”, señaló, y agregó que los ascensos posteriores “van a coincidir exactamente con el año calendario”.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la entrega de los decretos, certificados e insignias de ascenso a los integrantes de la Fuerza que alcanzaron nuevos grados dentro de la estructura policial. En total fueron más de 500 los efectivos ascendidos. Entre ellos, dos agentes pasaron a cabo; 78 cabos a cabo primero; 18 cabos primeros a sargento; 52 sargentos a sargento primero y 38 sargentos primeros a sargento ayudante.

También recibieron sus nuevos grados un suboficial principal que ascendió a suboficial mayor; 121 oficiales ayudantes que pasaron a oficial subinspector; 12 oficiales subinspectores a oficiales inspectores; 43 oficiales inspectores a oficiales principales y 47 oficiales principales a subcomisarios.

En los grados superiores, 38 subcomisarios ascendieron a comisarios; 53 comisarios a comisarios inspectores; 13 comisarios inspectores a comisarios mayores y cinco comisarios mayores a comisarios generales.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, destacó que la actual gestión entiende la carrera policial como “un acto individual de superación, de mérito, que repercute directamente en la seguridad pública y en toda la sociedad de San Luis”, y remarcó que debe desarrollarse de manera “sistemática, transparente, trazable y objetiva”. En ese sentido, comentó que se trata de “un cambio de paradigma” respecto de prácticas anteriores y que ahora se priorizan “la trazabilidad, el mérito y la transparencia”.

Sosa explicó que el nuevo esquema establece reglas claras para quienes alcanzan el tiempo mínimo requerido para acceder al curso de ascenso. “Absolutamente todos pasaron las diferentes etapas que dirigió la escuela superior, la parte de tiro, la parte física y, por supuesto, la parte académica”, detalló.

La funcionaria también contó que el ascenso debe estar acompañado por la capacitación y la profesionalización permanente. “Es también importante el profesionalismo”, afirmó, y recordó que desde 2024 se implementó la licenciatura en Seguridad Pública, con becas otorgadas por el Gobierno para quienes quieran “alcanzar una carrera de grado en la universidad pública”. A su vez, remarcó que la antigüedad aporta “un conocimiento empírico de la carrera”, pero que debe complementarse con formación y compromiso.

Finalmente, Sosa contó que la carrera policial debe regirse por criterios objetivos y de esfuerzo personal. “No más ascensos extraordinarios si no hay hechos extraordinarios ni eventos que así lo justifiquen”, afirmó. Y comparó el recorrido profesional con una competencia en la que “todos inician en la meta de partida, avanza cada uno a su ritmo”, mientras que “la voluntad, la integridad y la rectitud harán la diferencia”.

Fuente: ANSL

Hissa y Poggi inauguraron la renovación de la plaza Maestros Puntanos

Este miércoles, cerca del mediodía, el gobernador Claudio Poggi se dirigió al barrio Estrella del Sur para participar de un acto municipal. El intendente Gastón Hissa encabezó la actividad, que puso en valor la plaza Maestros Puntanos.

Tras la proyección de un video institucional, los vecinos Julio Becerra, Miriam Vera y Lorena Loyola (quien conduce actualmente el comedor ‘Casa de Todos: Dejando una huella’) brindaron su opinión acerca de las tareas realizadas. Destacaron que estas acciones imprimen un valor especial al barrio, que muchos años fue postergado.

Poggi fue recibido en el lugar por los empleados municipales y los vecinos, quienes aprovecharon para conversar con él, darle sus observaciones por escrito, tomarse fotos, compartir un mate y jugar al tejo en la cancha recientemente inaugurada.

En la ocasión, el mandatario resaltó la importancia de que Gobernador e Intendente pueda trabajar en coordinación y armonía, especialmente en épocas de bolsillos flacos y buscando complementarse. “Es una gran fortaleza que tiene la ciudad de San Luis. Lo hago extensivo a toda la provincia porque lo hago con todos los intendentes, pero en particular en la Capital de la provincia, la ciudad más grande que tiene. Hay que cuidarlo”, planteó.

Además, habló sobre el programa La Muni Más Cerca y brindó su visión sobre qué implica estar cerca de la gente: “No es venir, sacarse una foto e irse. Es ponerse en el lugar del otro; eso llama empatizar. Como gobernante, uno comprende las necesidades y los sueños de cada barrio o de cada localidad, pero solo lo podés entender si estás cerca”, señaló.

“Esta es una obra fantástica. Valoriza las viviendas del barrio tener una plaza de estas características, con un espacio para los chicos y otro para los adultos”, afirmó. Mencionó también los programas Grandes Amigos, a través del cual los adultos mayores pueden practicar disciplinas deportivas como el tejo, y Escriturá Tu Casa, que asegura legalmente viviendas sociales.

Por su parte, el intendente de la ciudad de San Luis dijo que todo surgió a partir de La Muni Más Cerca, que brindó escucha a los reclamos vecinales. “Nos juntamos uno día y vinimos a caminar para diagramar la plaza. Ellos nos plantearon hacer un pulmón o un espacio para los adultos y otro para los niños. Esto es gestión municipal, no hubo ninguna empresa. Agradezco mucho a la familia municipal que se puso el hombro y construyó esta plaza”, expresó.

“Había algunos juegos saludables que los arreglamos y los dejamos lindos. Pusimos la cancha de tejo, que era también un pedido de los vecinos, y mobiliario urbano con mesitas en las cuales se puede jugar a las damas, al ajedrez y otros juegos de mesa. También hubo un pedido muy particular sobre poner en valor al ‘Divino Niño’, acá a mi derecha”, contó Hissa sobre la escultura de fe colocada para reflexionar, a pedir y agradecer, a la cual se le añadió piso adoquinado y bancos nuevos.

Asimismo, se construyeron veredas con rampas para garantizar la accesibilidad y fomentar la actividad física. En paralelo, se instalaron 10 columnas de iluminación led, lo cual brinda más seguridad al barrio. “Eso se traduce en seguridad y embellecimiento, en jerarquización del barrio Estrella del Sur, uno de los últimos barrios de la zona sur”, manifestó.

En definitiva, se intervinieron 3.000 metros cuadrados con dos grandes sectores: uno diseñado para los adultos mayores, que incorporó una cancha de tejo y mesas para jugar a las damas y al ajedrez, y otro infantil que sumó un playón deportivo polifuncional, donde los jóvenes pueden practicar diferentes deportes. También se colocaron bancos comunitarios, nuevos cestos de basura, dos garitas de colectivo y 170 árboles y arbustos. Las veredas se reconstruyeron con hormigón y rampas.

Fuente: ANSL

Media sanción por unanimidad al proyecto de modificación integral del ejercicio de la Fonoaudiología en la provincia


Este miércoles, por unanimidad, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley para la modificación integral del ejercicio profesional de la Fonoaudiología en la provincia. La iniciativa, que propone la adhesión a la Ley Nacional N.° 27.568 y establece las disposiciones complementarias para regular esta actividad en el territorio provincial, obtuvo el respaldo unánime de todos los legisladores presentes en el plenario de comisiones.

Christian Gurruchaga, uno de los diputados que más se destaca en materia de trabajo legislativo, fue el miembro informante del proyecto, destacando la participación de todos los que colaboraron en el mismo, como Mariana Coniglio, presidenta del Colegio de Fonoaudiólogos, docentes de la carrera de la Universidad Nacional de San Luis, profesionales e inclusive estudiantes.

Luego y luego explicó los alcances del proyecto. De acuerdo al mismo, esta normativa define que el Ministerio de Salud provincial será la autoridad de aplicación encargada de la matriculación y del Registro Provincial de Profesionales de la Fonoaudiología. Asimismo, se habilita el ejercicio de la profesión tanto de forma presencial como a través de tecnologías de la información y plataformas de teleasistencia, incorporando al Colegio de Fonoaudiólogos (CO.DE.FO.) como un órgano de consulta y asesoramiento no vinculante en cuestiones éticas, técnicas y profesionales.

El proyecto regula de manera específica la selección, prescripción y adaptación de audífonos y otros dispositivos de ayuda auditiva no implantables, tareas que estarán a cargo de profesionales de la fonoaudiología tras un diagnóstico clínico, otológico y auditivo previo. Para comercializar y calibrar estas prótesis, los gabinetes, consultorios o casas comerciales deberán contar con la dirección técnica o asesoramiento permanente de un fonoaudiólogo matriculado en la provincia, disponer del equipamiento tecnológico adecuado para el seguimiento de los usuarios y requerir intervención médica especializada cuando la situación clínica del paciente lo exija.

Finalmente, la propuesta delega en la autoridad de aplicación la fiscalización del ejercicio profesional y la instrucción de procedimientos disciplinarios ante posibles infracciones. Respecto a los profesionales que ya se encuentran matriculados, se determina que conservarán sus derechos y podrán continuar ejerciendo mientras realizan los trámites de actualización o adecuación curricular de sus títulos dentro de los plazos vigentes. Una vez sancionada, el Poder Ejecutivo Provincial dispondrá de un plazo de 120 días para reglamentar la ley, la cual derogará la anterior Ley XIV-0364-2004.

“Este despacho se alinea con los estándares nacionales, protege a los profesionales que ya ejercen y también protege a la población, otorgándole un servicio más actualizado y de mayor calidad”, concluyó Gurruchaga.

Luego fue el turno de Eugenia Gallardo, quien contó que presentó esta iniciativa en base al trabajo del Colegio de Fonoaudiólogos y de la asesora letrada del mismo, Marina Ziliotto. La diputada oficialista destacó el trabajo realizado por todos los sectores de la Cámara y señaló que la Licenciatura en Fonoaudiología es una de las carreras más emblemáticas de la UNSL, con más de 52 años formando profesionales.

“Además de adherir a la Ley Nacional en términos generales, estamos haciendo algunas contemplaciones de actualización”, destacó Gallardo, quien luego se refirió a todos los ámbitos en los que se desempeñan los licenciados en Fonoaudiología, con un énfasis particular en los procesos de intubación que se realizaron durante la pandemia.

El trabajo realizado en la cámara fue también puesto de relieve por la opositora María José Zanglá, celebrando que, a diferencia de lo que ocurre con los proyectos del Ejecutivo provincial, se hayan tenido en cuenta los aportes del bloque peronista.

“Esta es una ley de orden. Esta ley no perjudica a nadie, ordena hacia adelante. Es una ley pedida por el propio sector. Votar este proyecto no es solamente poner a San Luis en sintonía con la legislación nacional, es garantizarle a miles de sanluiseños y sanluiseñas que cuando necesiten una evaluación del habla o de la audición para sus hijos, para sus mayores o para ellos mismos van a ser atendidos por un profesional matriculado, bajo un marco claro de responsabilidad y control”, dijo a continuación la diputada Marisa Patafio, quien es licenciada en Fonoaudiología.

Víctor Moriñigo, ex rector de la UNSL, destacó el “gran trabajo que se pudo realizar con los diputados de la oposición, que pudieron trabajar en la mejora de este proyecto”, junto a la importancia que esta carrera ha tenido dentro de la historia de la universidad local, haciendo hincapié en la Clínica Fonoaudiológica que allí funciona de manera completamente gratuita, como parte de la extensión universitaria.

Luego de Moriñigo, Gurruchaga realizó su cierre y el proyecto se sometió a votación, siendo aprobado por unanimidad de los presentes.

Caso Cerhu: la imputada recuperó la libertad, pero no podrá acercarse a la víctima ni salir de San Luis

El Tribunal de Impugnaciones N° 2 de la ciudad de San Luis resolvió este miércoles otorgar la libertad a Gladys Galván Medero, de 62 años, quien estaba en prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, en el marco de una causa en la que está imputada por incumplimiento de una orden judicial, daños, amenazas, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y hurto simple en grado de tentativa.

La resolución fue adoptada luego de una audiencia en la que la Fiscalía y la defensa expusieron sus argumentos respecto de la medida cautelar. La mujer de 62 años se encontraba privada de la libertad junto a su hijo, Abel Alberto Torres, quien enfrenta cargos adicionales por resistencia a la autoridad y homicidio en grado de tentativa. El hombre de 28 años está sindicado como el autor de una agresión con un arma blanca contra Tiziano Monsalva, ocurrida el 9 de agosto pasado en la clínica privada Cerhu.

Los argumentos de la defensa

Durante la audiencia, la defensa de Galván Medero, representada por los abogados Marcos Juárez y Ramiro Rubio, cuestionó que la Fiscalía hubiera realizado, a su criterio, una valoración conjunta de las situaciones de la mujer y de su hijo, sin establecer una diferenciación suficiente respecto de los peligros procesales.

En ese sentido, planteó que se habrían atribuido a Galván comportamientos vinculados con la conducta de Torres y destacó que la imputada cuenta con arraigo, trabajo y contención familiar, por lo que no existirían razones para presumir que intentaría sustraerse del proceso.

La defensa sostuvo además que, aun cuando no compartiera necesariamente las calificaciones legales formuladas por la Fiscalía, podían aplicarse medidas menos gravosas que la prisión preventiva.

La posición de la Fiscalía

La fiscal adjunta Antonella Romagnoli explicó que el Ministerio Público Fiscal volvió a fundamentar la necesidad de mantener la medida cautelar en los riesgos procesales que, a su entender, persisten en el caso.

Romagnoli señaló que la Fiscalía no había sustentado la prisión preventiva de Galván Medero en un eventual peligro de fuga, ya que la mujer se había presentado ante el proceso. Sin embargo, sostuvo que sí existían otros riesgos que debían ser cautelados, principalmente el peligro de entorpecimiento de la investigación y la posibilidad de afectar a las víctimas o influir sobre eventuales testigos.

La fiscal remarcó que aún deben realizarse entrevistas a distintas personas y que, de recuperar la libertad, la imputada podría eventualmente influir sobre esos testimonios. También hizo referencia a la gravedad de los hechos investigados.

Otro de los argumentos planteados por la Fiscalía fue que anteriormente se habían dispuesto medidas menos gravosas que Galván Medero no habría cumplido, circunstancia que, según explicó Romagnoli, debía ser considerada al momento de evaluar una nueva medida cautelar.

La resolución del tribunal

Al resolver, el Tribunal de Impugnaciones N° 2, integrado por Ariel Parrillis, Adriana Lucero Alfonso y María Eigenia Zabala Chacur, entendió que no existían elementos de convicción suficientes para justificar una medida cautelar de la gravedad de la prisión preventiva respecto de Galván Medero.

Los jueces consideraron que la imputación formulada no resultaba suficiente para sostener una medida de esa naturaleza y que, en el caso de Galván, se había producido una suerte de extensión de los hechos atribuidos a su hijo.

El Tribunal también entendió que no se encontraba acreditado que Galván Medero pudiera amedrentar o influir sobre los testigos que aún deben ser entrevistados.

En su análisis, los magistrados destacaron además que el principio general es que las personas imputadas deben permanecer en libertad durante el proceso, salvo que exista un peligro procesal concreto que justifique una restricción de esa naturaleza.

En ese sentido, consideraron que no se había valorado adecuadamente el arraigo, el trabajo y el entorno familiar de Galván Medero.

Libertad con restricciones durante cuatro meses

Como alternativa a la prisión preventiva, el Tribunal dispuso una serie de medidas para asegurar la sujeción de la imputada al proceso.

Galván Medero deberá firmar el libro del 1 al 10 de cada mes, tendrá prohibida la salida del territorio provincial y deberá cumplir una restricción de acercamiento y contacto respecto de la damnificada, Yanina Quinteros, y de su nieto.

La prohibición tendrá una vigencia de cuatro meses.

De esta manera, Galván Medero recuperará la libertad, aunque permanecerá sujeta a las medidas cautelares establecidas por el Tribunal mientras continúa la investigación. En tanto, su hijo Abel Alberto Torres continuará detenido en el marco de la causa.

La causa

Según la teoría del caso de la Fiscalía N° 4, el día del ataque en la clínica, Torres y Galván Medero ingresaron al lugar y se dirigieron a una habitación donde se encontraba internado el hijo de Torres junto a su madre. Allí, Torres habría amenazado y obligado a retirarse a un hombre que acompañaba a su expareja, a quien luego habría agredido en presencia del niño.

La imputación también sostiene que ambos intentaron apoderarse del teléfono celular de la mujer y que, posteriormente, Torres habría intentado atacar al hombre en otro sector del establecimiento. Al quedar acorralado contra una pared, habría extraído un elemento cortopunzante y lo habría herido en la zona subcostal izquierda.

Tras el ataque, ambos se retiraron de la clínica. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde permanecía internado en estado crítico, con asistencia respiratoria y compromiso de varios órganos, según informó la Fiscalía durante la audiencia.

Una investigación que reúne cinco episodios

La imputación no se limita a lo ocurrido en la clínica. La Fiscalía incorporó otros cuatro hechos que, según sostuvo, permiten reconstruir un contexto previo de violencia y reiterados incumplimientos de medidas judiciales. Uno de ellos ocurrió el 6 de octubre de 2025. De acuerdo con la investigación, Torres y Galván Medero se presentaron en la vivienda de la expareja del primero pese a encontrarse notificados de una orden de restricción. La Fiscalía afirmó que ingresaron por la fuerza y ocasionaron daños. Antes de retirarse, Torres habría dejado cuatro municiones calibre .38 y proferido una amenaza de muerte.

Una semana después, el 13 de octubre, Torres habría regresado al domicilio e incumplido nuevamente la restricción. Allí habría amenazado a su expareja y se habría llevado al hijo de ambos sin autorización. La Policía logró localizarlo aproximadamente media hora después. Tras la restitución del niño, un examen médico constató lesiones en uno de sus brazos, antebrazo y región dorsal. Por este episodio, la Fiscalía le atribuyó a Torres, entre otros delitos, lesiones leves agravadas por el vínculo en perjuicio de su hijo.

La Fiscalía también incorporó un episodio ocurrido el 8 de noviembre de 2025, cuando Torres habría vuelto a presentarse en inmediaciones de la vivienda pese a la prohibición vigente. Tras la intervención policial, fue localizado en el mismo barrio y detenido luego de no acatar inicialmente la voz de alto.

Otro de los hechos investigados ocurrió el 23 de junio de este año. Según la acusación, la mujer fue hasta el domicilio de Torres para retirar al hijo de ambos, conforme al régimen de comunicación establecido. Una vez dentro de la vivienda, Torres la habría tomado del cuello, golpeado en el rostro y atacado con la cadena de una motocicleta.

En ese episodio, la Fiscalía atribuyó a Galván Medero haber cerrado las puertas de la vivienda mientras se producía la agresión. La víctima logró comunicarse con el 911 y salir del inmueble. Posteriormente, se constataron hematomas y otras lesiones en distintas partes de su cuerpo.

Fuente: Prensa Poder Judicial