El juez de Garantía N° 1 de la Tercera Circunscripción, Nicolás Coppola, dio por formulados cargos contra una mujer de 31 años investigada por estafar presuntamente a un hombre con 6.000 dólares. Según la teoría del caso de la Fiscalía de Instrucción N° 1, la imputada al momento de la denuncia era policía federal y había llamado al damnificado para avisarle que le iban hacer un allanamiento por una causa de estupefacientes pero que se podía evitar si pagaba la suma de dinero referida.
De acuerdo con la denuncia, el 10 de noviembre de 2024, a las 11:46 horas, el damnificado recibió la llamada donde le informaban que la Policía Federal allanaría su domicilio debido a su presunta vinculación con una persona apodada “Diler”, que habría sido objeto de un procedimiento policial donde se incautaron estupefacientes.
“La mujer llama a la víctima y le dice que le iban a realizar un allanamiento a su domicilio porque lo habrían visto con una persona. El damnificado le hace saber que tiene abogados y la imputada le dijo que no hacía falta, que lo podía solucionar, porque el contacto que ella tenía era un policía de Villa Mercedes. Posteriormente recibe otra llamada de la denunciada y le hace saber que sí, que se podía arreglar todo, y que habían pedido la suma de $12 millones”, narró el fiscal César Hugo Salazar Molina en la audiencia que se realizó este lunes.
Durante la conversación, la denunciada aseguró que existía una causa judicial activa desde octubre hasta el 14 de diciembre, periodo en el cual se podían realizar allanamientos tanto en su domicilio como en el de su grupo familiar. Posteriormente, a través de mensajes y una llamada de WhatsApp, la mujer informó que había logrado reducir el monto a 6.000 dólares, ya que había podido negociar con un juez y personal judicial.
El hombre accedió a entregar el dinero. Su abuelo le prestó la suma solicitada y se dirigió al punto de encuentro, ubicado en la intersección de Calle Consorcio de Regantes y una arteria sin nombre en Santa Rosa del Conlara. Allí, la mujer investigada recibió el sobre sin verificar su contenido.
Luego la imputada le envió un mensaje donde le informaba que la habían denunciado por coima y que no se vuelvan a comunicar. El 19 de diciembre pasado, por orden del juez de Garantía Coppola, se realizó un allanamiento en el domicilio de la mujer denunciada y se secuestraron celulares.
En la audiencia de formulación, el fiscal Molina junto a la fiscal adjunta Silvina Arguello solicitaron como medidas de coerción la firma del libro por ante la comisaría más cercana a su lugar de residencia cada 15 días, la restricción de acercamiento y contacto por cualquier medio, entre ella y el denunciante, por una distancia de 100 metros y la prohibición de salir de la provincia; todo por un plazo de 120 días.
La querella, representada por el abogado Esteban Bustos, adhirió al pedido de la Fiscalía y pidió que “se tenga en consideración, que la imputada, al momento de la comisión del hecho, era personal policial, quien había jurado proteger y servir a todos los ciudadanos y que por las acciones por ella desplegadas, su patrocinado fue perjudicado patrimonialmente en la suma de 6000 dólares”.
El abogado defensor de la mujer, Gustavo Otegui, negó que la mujer haya sido policía y sostuvo que la denuncia no debe ser consideraba como prueba “y que lo que se debe perseguir son conductas que se enmarquen dentro de los tipos penales previstos por nuestra legislación”, dijo.
El juez, luego de escuchar a las partes, hizo lugar a lo solicitado por los fiscales y ordenó la firma del libro, la restricción de acercamiento y la prohibición de la salida de la provincia por parte de la imputada, por el plazo de cuatro meses mientras avanza la investigación.
Fuente: Prensa Poder Judicial
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