Conozca la millonaria cifra por la que podría llegar a concretarse la operación.

A sólo 8 meses de haber tomado la posta, el dueño de Edenor y del grupo Pampa Energía, Marcelo Mindlin, acordó la venta de dos de las cuatro distribuidoras de energía eléctrica que posee en el país, siendo una de ellas Edesal de San Luis. 

De este modo, la nueva dueña de Edesal pasaría a ser la constructora Rovella Carranza, una de las tres empresas que siempre resulta adjudicataria de las obras del Gobierno de San Luis, y que últimamente también ha ganado varias licitaciones en el ámbito nacional.

Según informó el iEco de Clarín, la oferta de Rovella Carranza, de US$26,69 millones y la cancelación de una deuda de $37,5 millones, es por el 24,8% de Emdersa, la empresa madre de la cual Edesal, junto a otras dos distribuidoras de energías, forma parte. A su vez, ese porcentaje equivale al 78,44% de Edesal, por lo que la constructora se convertiría en la dueña mayoritaria de la compañía eléctrica.

El proceso tendrá lugar en la Sala de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia.

Hoy desde las 9 horas, en la Sala de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, comienza el jury contra la titular del Juzgado de Instrucción N° 2 de la Segunda Circunscripción Judicial, Martha Vallica San Martín de Figari. La magistrada está acusada de mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para el desarrollo del proceso, se citó a prestar declaración testimonial numerosos testigos de amas partes.

Testigos del denunciante, Dr. Fernández Triches): Dr. Ricardo Rojo, Dra. Erica Lourdes Civalero, Dra. Gretel Diamante, Sr. Sergio Romero, Sr. Jorge Osvaldo Quaranta, Sr. Diego Andrés Quaranta, Dr. Enrique Aman, Comisario Principal Oscar Andrés Contreras, Oficial Principal Mariano David Godoy e Inspector Pedro Guillermo Palacios.

Testigos de Vallica San Martín de Figari: Dr. Julio Cesar Agúndez, Dr. Miguel Ángel Martínez Petricca, Dr. Carlos Cobo, Comisario General Oscar Calderón, Comisario General Víctor Vicente Videla, Comisario Mayor Rodolfo Tula y Comisario Nancy Vivas.

La persona detenida tiene una causa pendiente  por emplear en su local a menores de edad. Personal de la Policía Federal  detuvo a una persona en Quines y secuestró mercadería ilegal en un costo estimado de $30.000. La detenida tiene una causa pendiente  por emplear en su local a menores de edad.

En el desarrollo del operativo se incautó mercadería de variada procedencia y tipo del rubro  juguetería e indumentaria deportiva (como conjuntos deportivos, buzos, pantalones de gimnasia, remeras y gorros, de diversas marcas).

Además, En la Justicia Federal se tramita una causa, de más de dos años, con resolución pendiente, referente a la contravención a la Ley de Trata de Personas (26.364) por haberse detectado en el local de la prevenida dos menores de origen boliviano trabajando, por lo que ha cumplido unos meses de prisión y salió en libertad bajo fianza

El detenido está acusado de infringir las leyes de marcas (22.362), la ley Penal Tributaria (24.769) y la ley del Código Aduanero (22.415 / Contrabando).  Además, en la Justicia Federal se tramita una causa, de más de dos años, con resolución pendiente, referente a la contravención a la Ley de Trata de Personas (26.364) por haberse detectado en el local de la detenida, dos menores de origen boliviano trabajando, por lo que cumplió unos meses de prisión y salió en libertad bajo fianza.

Un hombre con quien discutió el viernes a la mañana lo habría atacado con un destornillador.

El pasado viernes a la noche, Alberto Tailán, un hombre de 41 años que series antecedentes policiales y judiciales, fue herido de muerte con, todo parece indicar, un destornillador, cuando salió a comprar bebidas alcohólicas. El hombre falleció en la mañana del sábado y su agresor, Claudio Manuel Fábregas (25), fue detenido esa misma tarde en la vía pública.

Cuando fue encontrada, la víctima presentaba una herida punzante en su cabeza, otra a la altura de la tetilla derecha y hematomas en distintas partes del cuerpo. Según averiguaciones policiales, Tailán conocía a Fábregas, un vecino del barrio Santa Rita con quien habitualmente tenía diferencias y discutió la mañana del viernes en que fue atacado.

Tailán fue encontrado, el viernes a las 20.30 horas, tirado en el piso, cerca de la peatonal 2 (entre la 3 y 4) del barrio Pabellón Argentino y 131 Viviendas. Más de media hora después, cerca de las 21.15, Tailán ingresó al servicio de urgencias del Policlínico de nuestra ciudad, lugar donde falleció a las 10.50 del sábado.

Un par de horas después, el médico forense Jorge Giboin determinó, luego de practicar la necropsia habitual, que la causa del deceso fue “una herida traumática tronco cerebral producida con un objeto punzante”.

Por su parte, Fábregas, luego de ser arrestado en plena vía pública, fue alojado en una dependencia policial, acusado a “prima facie” de “homicidio en grado de tentativa seguido de muerte”.

El efectivo no tenía el seguro obligatorio de su auto.

Pasadas las 9 de la mañana del viernes, un policía se quedó dormido mientras conducía y chocó contra un comercio ubicado en calle Maipú casi Bolívar. En el accidente el efectivo policial no resultó herido como tampoco el personal del comercio, sólo hubo daños materiales.

“Lo primero que dice cuando se baja es que se queda dormido. Es un auto que no ha frenado en ningún momento, hace como 40, 50 metros sobre la vereda, le ha pegado a un poste de televisión, arrancó un árbol, le pega a una pared limítrofe entre el negocio y un vecino y al último impacta en el la vidriera del negocio”, narró Carlos di Pascuale, dueño del comercio Nueva california, donde se incrustó el auto de policía.

El comerciante resaltó que el auto del uniformado no tiene el seguro obligatorio y además circulaba en el vehículo sin el cinturón de seguridad. En el lugar del hecho, se decía que el policía iba a trabajar luego de realizar adicionales durante la noche.

“Es un fuerte llamado a la fuerza del orden. Esta persona está excedida de trabajo”, expresó Di Pascuale.

Y a pesar de que “el” Adolfo escribió en su Twitter que “sigue sin aparecer Josefina Rodríguez, la busca la policía de Jujuy y tenemos confirmados los hechos”, las fuerzas policiales de la provincia norteña le aseguró a Perfil.com que no hubo denuncia formal y que ningún hospital registró a una chica con ese nombre.

“Nosotros hablamos con los referentes de Rodríguez Saá en Jujuy y ni ellos conocen a una Josefina Rodríguez”, le explicaron a La Política Online allegados a Milagros Sala, la dirigente a la que los hermanos puntanos hicieron responsable del ataque.

Lo que es más, el centro de jubilados donde supuestamente ocurrieron los hechos, también emitió un comunicado de prensa desmintiendo completamente la golpiza. “Asimismo, dejamos expresa constancia que la persona que se menciona -que se encontraría en grave estado por los golpes- no figura en la nómina de asociación a este centro”, concluye el escrito del centro de jubilados.

“Son rumores, pero no hubo nada. Josefina es una señora que murió hace cinco años. No sé de dónde salió la información. Existía el rumor y nosotros no tenemos ni idea”, dijo Mario Nallar, candidato a diputado nacional por el espacio de los Rodríguez Saá en Jujuy. Otros, aseguran que alguien les mintió a los hermanos para hacerles pasar un nuevo papelón.

Finalmente, “el” Alberto le reconoció a Perfil.com la posibilidad de que se hayan comido un pescado podrido. “Transmitimos nuestra preocupación a partir de una denuncia que llega desde Jujuy. Si se trata de un hecho falso, como se dice, en definitiva nos comemos un pescado podrido y deberíamos pedir disculpas”, dijo el Gobernador puntano.

Tomó la decisión luego de que el Tribunal Electoral le prohibiera realizar los comicios el 6 de noviembre.

Ayer a la mañana, en conferencia de prensa, el intendente de Merlo, Sergio Guardia, anunció que las elecciones en el municipio se realizarán el próximo 20 de noviembre. La decisión se tomó luego de que el Tribunal Electoral prohibiera realizar los comicios el 6 de noviembre, alegando que la fecha no fue publicada en el Boletín Oficial a tiempo, algo que Guardia, obviamente niega.

“Nosotros tenemos las copias selladas por el Tribunal Electoral y que fueron presentadas con más de 65 días. Antes de que nosotros sacáramos el llamado para el 6 de noviembre, ya se decía que iban a buscar alguna forma para dejarlo sin efecto”, dijo el intendente, quien aseguró haber presentado la fecha el lunes para que se publicara el miércoles y no el viernes, como finalmente ocurrió.

“Hemos aceptado lo que falló el Tribunal Electoral, pero lo aceptamos exclusivamente para no traer una confusión mayor a la población, para que no se nos llenen los tiempos en una judicialización y para que realmente podamos tener un acto electivo en la Villa de Merlo tranquilos”, concluyó Guardia cuando se le preguntó por qué aceptó cambiar la fecha.

El presidente del partido en San Luis explicó la decisión.

Ayer, el ministro de Turismo Bartolomé Abdala, ahora presidente del Pro San Luis, anunció que el partido ha decidido apoyar, a nivel Cuyo, la candidatura de Alberto Rodríguez Saá a presidente. En Córdoba, sin embargo, también se apoyará a Duhalde. 

De todos modos, el dirigente comentó que la Capital Federal seguirá siendo “neutra” a nivel presidencial. “Mauricio dijo que iba a hablar con todos los candidatos después de las elecciones primarias, pero no ha tenido diálogo importante con ninguno”, comentó Abdala.

“La elección está basada en la comunicación. Es un candidato que no tiene el conocimiento que tienen otros candidatos, que no tiene el consenso a lo largo y ancho del país. Para ser candidato fuertemente te tenés que hacer conocer. En los medios de comunicación debería tener una participación mayor. Eso es producto de que no hay una ley de publicidad igualitaria para todos (los candidatos)”, dijo Abdala al ser consultado sobre qué posibilidades cree que Rodríguez Saá tiene para octubre.

Conozca cual era el modus operandi del sospechoso.

Ayer, Hugo Zudaire, vocal del Tribunal de Cuentas, anunció que se le realizará un “juicio de cuentas” al empleado de la Universidad de La Punta acusado de estafa. “Se le dan todas las garantías constitucionales de defensa. Esto funciona como la justicia, pero en el plano administrativo”, explicó Zudaire.

El funcionario también detalló que, según lo investigado, el sospechoso se ocupaba de anular cheques mal hechos y emitir uno nuevo. “Han aparecido cheques emitidos a la orden del mismo proveedor dos veces, diciendo que la primera vez estaba anulado”, precisó Zudaire.

“El proveedor cobraba lo suyo y después hacían un nuevo cheque por el mismo importe”, agregó el vocal, quien estima que se podrían haber robado cerca de 140 mil pesos.