Fiel a su costumbre de correr feriados judiciales para hacer fines de semana largos, el Superior Tribunal movió un día el feriado judicial del Día del Abogado. Por lo tanto, el Superior Tribunal declaró feriado judicial el viernes 30 de agosto.

En el acuerdo N° 151-STJSL-SA-2024, con fecha de este lunes, dice que el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis presentó una nota en la que “solicita se declare feriado judicial el día viernes 30 de agosto del corriente año, con motivo de conmemorarse el día jueves 29 de agosto, de la misma semana, el Día del Abogado”.

Ante tal pedido presentado por Gabriel Alessandro, el máximo tribunal de Justicia de la Provincia, declaró el feriado judicial el 30 de agosto en las tres circunscripciones judiciales.

Como ha informado La Gaceta Digital, el Superior Tribunal desde hace al menos más de una década, que traslada feriados judiciales para armar fines de semana largos. Hubo casos que estos feriados se movieron varios días. Por ejemplo en 2018, el Día del Abogado fue un miércoles, pero el feriado se corrió a un viernes).

Incluso hubo varios casos de feriados judiciales que cayeron un sábado o domingo y el Superior Tribunal los movió a un día hábil. Algunos ejemplos son: el Día del Abogado del 2013 cayó sábado, pero lo movieron al viernes 28 de agosto. En 2014 por pedido del Sindicato de Empleados Judiciales Puntanos (SIJUPU), el Superior Tribunal accedió correr el feriado que cayó un domingo al lunes 17 de noviembre.

La jueza Penal Juvenil y Contravencional de la ciudad de San Luis, Daniela Benenati, hizo lugar al pedido de la Fiscalía N° 1 y revocó este viernes la prisión domiciliaria bajo supervisión de uno de los dos imputados por el homicidio de Cristian Esquivel, luego de que la policía lo detuviera anoche fuera del domicilio que le habían fijado para transitar la medida coercitiva.

De esta manera, el adolescente, que al momento del hecho tenía 17 años pero que actualmente alcanzó la mayoría de edad, fue trasladado al Servicio Penitenciario bajo prisión preventiva. La calificación legal provisoria contra el acusado es de la Homicidio Criminis Causa en calidad de coautor. El otro detenido en la causa es su hermano, Omar Becerra de 22 años, privado de la libertad en el penal provincial.

La medianoche del 4 de julio, un efectivo policial de la Comisaría N° 23, que cubría la consigna policial en el domicilio del acusado, informó que el joven punible se había retirado de la casa. Una vecina, además, lo vio saltar una medianera y salir por el patio de su vivienda. Dos horas después fue recapturado en el Barrio Tibilleti y puesto a cargo de la fiscalía en turno.

“Se labraron actuaciones correspondientes y en la constatación policial donde cumplía la detención domiciliaria no se encontraron prendas de vestir del imputado, lo que permite inferir que se quería fugar. Este quebrantamiento de la medida otorgada afecta directamente los fines del proceso y torna la prisión domiciliaria insuficiente; por esto hemos solicitado la mutación de la medida a la de prisión preventiva”, explicó el fiscal N° 1 Francisco Assat Alí en la audiencia de este viernes, quien se encontraba acompañado por la fiscal adjunta Roxana Alcaraz.

“En este caso en particular, y habiendo un quebrantamiento de la medida otorgada por la jueza Benenati, no encontramos otra medida de coerción suficientemente adecuada que neutralice el riesgo de fuga. Entendemos en este excepcional caso que es procedente la preventiva en la Unidad N° 2 destinada a jóvenes adultos de 18 a 22 años”, concluyó el fiscal.

El adolescente estuvo representando por el abogado Raúl Saravia, quien se opuso al pedido del Ministerio Público Fiscal.

“Debemos ser coherentes con nuestras resoluciones”
Al adolescente, la justicia le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria en marzo del 2024 por tres meses y se la prorrogó por otros noventas días, plazo que se vence en septiembre. “Estamos ante un quebrantamiento de una medida de coerción, que implica un peligro de fuga frente a un delito grave con una pena en expectativa alta y de cumplimiento efectivo. Cuando el fiscal Assat solicitó la preventiva no la otorgué, más allá de que el adolescente había alcanzado la mayoría de edad, debido a que no se había producido un quebrantamiento de la medida”, dijo Benenati.

“Sin embargo -agregó-, debemos ser coherentes con nuestras resoluciones y para seguir con ese marco de coherencia, debido a que estamos ante un quebrantamiento efectivo conforme informe policial del 4 de julio, sumado al incumplimiento de una orden judicial, es que revoco la medida de privación impuesta en el domicilio y la convierto en prisión preventiva conforme lo establece el artículo 202 del Código Procesal Penal Provincial”.

La medida coercitiva vence el 4 de septiembre de 2024. Es importante destacar que el plazo no corresponde al dictado de una condena, sino que es el tiempo que la Fiscalía solicita para poder terminar con la investigación y pedir, si tiene fundamentos para hacerlo, la elevación a juicio oral de la causa donde se va a determinar la culpabilidad o no del imputado y se impondrá, si correspondiese, una pena.

Benenati también mencionó que es obligación del Poder Ejecutivo arbitrar los medios necesarios para que el cumplimiento de las medidas de coerción se realice en el marco de la Ley Penal Juvenil y los tratados internacionales.

También ordenó librar oficios al Complejo Penitenciario para informar que, si bien el imputado alcanzó la mayoría de edad, continúa sometido al Régimen Penal Juvenil y tratados internacionales por lo que el cumplimiento de la medida de coerción deberá efectivizarse en la Unidad N° 2 dispuesta para jóvenes adultos.

Además, dispuso que, conforme al tratamiento médico que realiza el adolescente, se oficie al Hospital de Salud Mental, al Centro de Protección a las Adicciones, para que pueda continuarlos.

El caso
El ataque a la víctima, un tatuador de 49 años, ocurrió el 22 de febrero a las 3:40 horas, a pocos metros de su casa, ubicada sobre calle Riobamba al 900, frente a la Plazoleta de la Paz. Esquivel sufrió siete puñaladas y cayó en la vereda norte de Héroes de Malvinas, al 500. Murió momentos después, mientras médicos del Hospital “Ramón Carrillo” lo operaban para tratar de salvarle la vida.

En una audiencia de formulación realizada el 7 de marzo pasado, Omar Becerra dijo que su hermano apuñaló a Esquivel. Que esa noche llegaron hasta Héroes de Malvinas y Riobamba y que el tatuador y el más joven de los imputados buscaron el lugar menos iluminado para hacer la operación pero que a los pocos minutos comenzaron a discutir y el adolescente se defendió con un cuchillo.

Becerra añadió que nunca anduvo por comisarías, que siempre trabajó y que jamás “anduvo haciendo macanas”, y que el hermano le había contado que con Esquivel se habían reunido el 21 de febrero al mediodía en la zona del Hotel Dos Venados. Allí presuntamente habrían organizado el encuentro horas más tarde, a pocos metros de la casa de Esquivel. “Nos juntamos en Héroes de Malvinas y Riobamba porque ahí es donde siempre limpia vidrios mi hermano”, dijo el acusado. Cuando el fiscal de Instrucción N° 1 le preguntó sobre el cuchillo, Becerra dijo que su hermano “ya no lo tenía cuando llegamos a la casa de mi mamá”.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Uno de los casos que conmocionó a San Luis llegó a su conclusión este jueves con la sentencia a Jonathan Werner Sandoval, condenado a 4 años de prisión y 8 de inhabilitación para conducir por el homicidio culposo agravado por la fuga de Rocío Amancay Pedernera. La sentencia del tribunal coincidió en gran medida con la solicitud de la fiscal de Juicio, Virginia Palacios, quien había pedido cuatro años y tres meses de cárcel. Por otro lado, la querella, representada por los abogados Guillermo Sánchez Pagano y Augusto Aguilera Marturano, había solicitado 8 años de prisión y mantenía la carátula de homicidio simple.

“Era uno de los resultados posibles teniendo en cuenta que, a mi entender, hay un pensamiento conservador respecto a las calificaciones legales de determinados delitos. Cuando se vuelvan más generales algunos criterios que últimamente se están viendo en la jurisprudencia, especialmente de los tribunales de Córdoba, quizás tengamos otras calificaciones penales para hechos que revisten un poco más de gravedad respecto de otros”, destacó Aguilera.

En particular, el letrado señaló la necesidad de establecer otros criterios para este tipo de casos que no sean el artículo 84 bis. Este artículo del Código Penal establece lo siguiente: “Será reprimido con prisión de dos (2) a cinco (5) años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco (5) a diez (10) años el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte. La pena será de prisión de tres (3) a seis (6) años, si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima siempre y cuando no incurriere en la conducta prevista en el artículo 106”

Al respecto, Aguilera comentó: “El 84 bis, cuando uno lee los fundamentos que da el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados para sancionarlo, es un artículo que se hace con la idea de zanjar el dolo eventual, la fuga. Sin embargo, creo que también se pueden, en algunos casos, establecer otros criterios y los tribunales alejarse del 84 bis”.

Consultado sobre si esta condena puede considerarse “tibia”, que no contenta a ninguna parte, el abogado querellante contestó: “Es prácticamente la condena que solicitó la Fiscalía y no se han apartado del criterio de la Fiscalía. Es una condena de 4 años, lo que no es poco. Lo que sucede es que la calificación legal no es la que pedía la querella. Ni con la que había llegado a ser procesado inicialmente. Imagínense que de los 16 años que pidió Esteban Roche, el fiscal, se obtuvo una condena por 4 años con una figura penal distinta”.

Finalmente, el abogado criticó que la fiscal Palacios haya excluido el dolo eventual en su acusación. El dolo eventual se da cuando una persona es consciente de los daños y del resultado que se puede derivar de una cierta conducta, los acepta, y sigue realizando esa acción.

“Lo que sucede es que la materia jurídica tiene la particularidad de que, dependiendo de la concepción filosófica que uno tenga del derecho, puede resultar de una u otra forma. Por eso yo inicialmente, cuando hice mis alegatos, expliqué por qué para mí el Ministerio Público Fiscal al excluir el dolo eventual y pedir el homicidio culposo, había equivocado la mirada con la cual debía ver el caso”.