La Jueza Civil Nº 2 de la ciudad de San Luis, Geraldina Inés Ibáñez, consideró que un contrato de seguro es un contrato de consumo y que la actora es una tercera expuesta o “damnificada”, es decir, equiparada a un consumidor. Por lo tanto, aplicó la tutela preferencial y protectoria prevista en la Constitución Nacional, el nuevo Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor. La Jueza utilizó este encuadre para resolver una prescripción en una causa por daños y perjuicios a raíz de un accidente de tránsito.

El choque ocurrió en febrero del 2015 entre un taxista y un motociclista en las intersecciones de las calles Almirante Brown e Italia. A raíz de la colisión, la damnificada, una mujer de 28 años que iba como acompañante del conductor del taxi, sufrió una deformación de rostro y posteriormente presentó una incapacidad como consecuencia del siniestro vial. La mujer demandó al seguro del taxista el 7 de marzo de 2017, es decir, dos años y un mes después del accidente.

El representante del seguro solicitó la prescripción de la acción pidiendo la aplicación del Art. 4037 del Código Civil ya derogado, el que establece un plazo para accionar legalmente de 2 años desde la fecha del siniestro.

La Magistrada rechazó el pedido del seguro e hizo lugar a la acción indemnizatoria ya que tuvo en cuenta la calidad de “tercera expuesta” en una relación de consumo de la damnificada con una clara protección de jerarquía constitucional. Si Ibáñez hacía lugar a la prescripción, la mujer perdía la posibilidad de acceder a una indemnización integral por los daños que reclamaba.

“Consideré que en el caso resulta de aplicación las normas de Defensa del Consumidor Ley 24.240 en un diálogo de fuentes con los arts. 1092 y 1096 del Código Civil y Comercial, por los cuales toda persona afectada en su integridad como la damnificada, son equiparadas a consumidores constituyéndose así una relación de consumo limitada con la consiguiente protección constitucional. Teniendo en cuenta que el derecho del consumidor es un derecho protectorio, su integración e interpretación permite que, ante la duda, prevalezca la más favorable al consumidor. En esta inteligencia el plazo más beneficioso para el caso es de 3 años, previsto en el Art. 50 de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC)” sostuvo la Jueza.

De esta forma realizó un análisis armonioso y global del ordenamiento jurídico aplicando en primer lugar la Constitución Nacional, que en su artículo 43 otorga una tutela preferencial al consumidor; en segundo lugar, el nuevo Código Civil y Comercial, que ampara a los damnificados de los contratos de seguro como consumidores y en un tercer lugar, la LDC que en su Art. 3 establece que, en caso de colisión de normas de distintos ordenamientos, prevalece la interpretación más favorable al consumidor.

In dubio pro consumidor
Se trata de una locución latina que significa que en caso de duda se favorecerá al consumidor. “In dubio pro consumidor es un principio que rige todos los procesos de consumo, cuya ley es de orden público y teniendo en cuenta la vulnerabilidad estructural que tiene una consumidora frente a una gran empresa, como en este caso una empresa de seguros, hago esa interpretación armónica del sistema protectorio, para así lograr que el justiciable pueda acceder a una tutela judicial efectiva de los derechos conculcados, por estar así establecido en la ley de aplicación obligatoria para el intérprete (jueces)”, concluyó la magistrada.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Este martes, el Juzgado Federal San Luis ordenó que una mujer de 41 años de edad sea trasladada al Servicio Penitenciario Provincial, lugar donde quedará en calidad de detenida y comunicada a disposición del magistrado interviniente, en la causa en la que se le imputa a “prima facie” la presunta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

Con respecto al hecho, el pasado sábado -como resultado de una investigación policial- efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda de la ciudad de La Punta, a partir de una medida ordenada por el juez federal de San Luis, Dr. Juan Esteban Maqueda.

Tras el procedimiento, la Policía anuló un centro de distribución y venta de drogas que funcionaba en la vivienda allanada.

Asimismo, en el lugar se secuestraron e incautaron 81 envoltorios de nylon con cocaína, 23 cigarrillos armados caseros de marihuana, dos trozos de marihuana compactada, $193.000 en efectivo, una balanza digital, un teléfono celular, entre otros elementos.

La sustancia incautada en esa ocasión es suficiente para la elaboración de 212 dosis de cocaína y 1.542 dosis de marihuana, mientras que toda la sustancia estupefaciente está valuada en $5.200.000 pesos.

Este jueves ya se podrá ver una primera muestra de los lotes que se rematarán el 8 de junio. La subasta de vehículos del Estado será en la Planta Verificadora N° 1 de la Policía de San Luis, ubicada en Lallemant y Dominicos Puntanos de la ciudad de San Luis. Será a ‘martillo corrido’ desde las 8:00 hasta que se venda el último lote, de manera que, de no culminar, se podría continuar al día siguiente.

Las visitas comenzarán este jueves 30 de mayo y serán hasta el próximo 6 de junio, desde las 10:00 hasta las 17:00, incluido sábado y domingo. Para consultas, se puede escribir por WhatsApp al 2664-467879, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00.

En cuanto a las cantidades a subastar serán 38 motos en 16 lotes y 140 lotes de vehículos, haciendo un total de 387 unidades: 4 colectivos, 2 minibús, 18 utilitarios, 132 automóviles, 174 camionetas y 57 furgones. En estos links se pueden observar los lotes: Lote 1, Lote 2, Lote 3 y Lote 4.

Entre los requisitos, el comprador deberá concurrir con DNI y fotocopia del mismo. La forma de pago será de contado, con una seña del 30% del valor de la puja, la comisión del 10% del Colegio de Martilleros y un sellado del 0.6% del valor del acta.

El lunes y martes siguientes al remate, se habilitará una ventanilla en una entidad bancaria para cancelar el saldo restante. Con el pago completo se otorgará un turno en Escribanía General para la certificación, y de allí el Registro correspondiente completará lo administrativo con la Dirección de Parque Automotor de la Provincia para pactar la entrega.

Esta mañana, Soledad Correa, secretaria general de UTEP, y Eugenia Calderón, docente despedida de la escuela Luis Lusquiños; dieron una conferencia en la que denunciaron que el Gobierno “se está desentendiendo de la educación pública”.

En primer lugar, Calderón destacó que a los 16 docentes despedidos de la Lusquiños todavía no se les ha dado “ninguna respuesta” a la nota presentada días atrás y que tampoco han sido recibidos por el ministro Guillermo Araujo.

Además, advirtió que seguramente más docentes se encontrarán en esta situación el próximo 31 de mayo. “Parece que la nueva directiva es que todos caigan el 31 de mayo, no solo los nuestros, sino también los de los demás colegas en otras generativas. Por eso no sabemos, como dijo Soledad, cuántos docentes van a estar en la misma situación en que estamos nosotros hoy. El tema que hay que resaltar es que no es la mismo la cantidad de dinero que recibe una escuela generativa que una autogestionada. Las escuelas generativas que todavía están en transición para pasar a autogestión reciben menos dinero y no van a poder sostener por contrato privado a sus docentes. Entonces seguramente nos vamos a encontrar con más compañeros en nuestra situación”, dijo Calderón.

La docente también puso el foco en la asociación que se hizo cargo de la Lusquiños y en la persona que está al frente de la misma, Diego Muñoz. “Fue la misma persona que capacitó a los coordinadores o a las asociaciones de generativas para cómo convertirse en autogestión. Diego Muñoz. A esta misma persona se le dio en bandeja a la escuela. Y nosotros los docentes, que no somos parte de ninguna asociación, terminamos siendo despedidos y el Ministerio lo avala. Porque esta asociación entró de la mano del Ministerio de Gobierno. O sea, es una asociación que no sabemos cómo, cuándo y de dónde salió. Como dijo Soledad, se formó el 27 de marzo”, comentó Eugenia Calderón.

Para finalizar, la docente se refirió al ofrecimiento que les hicieron desde Educación para que envíen sus currículums para ser seleccionados para otras escuelas. “Me parece una cosa totalmente fuera de lugar cuando yo ya tenía un puesto de trabajo. Cumplí cinco años, no tengo ningún acta, ningún sumario, no tengo ninguna falta injustificada. Entonces, ¿por qué yo, en este momento, en esta altura, con cinco años de trayectoria en ese lugar de trabajo, tengo que estar presentando nuevamente mi currículum al empleador que ya me había empleado hace cinco años atrás? A mí me parece una falta de respeto”, concluyó Calderón.

Por su parte, Soledad Correa pidió poner el foco en los trabajadores que quedaron sin empleo y llamó “punteros políticos” a quienes dirigen estas asociaciones que se están haciendo cargo de las escuelas generativas.

“El foco es que hay trabajadores que quedan desempleados, el foco es que no se pueden sostener los contratos fraudulentos, el foco es que el Estado no se puede desentender de la educación. Y quiero que nos quedemos ahí, porque basta, basta de cambiar punteros políticos de uno por otro. Esto es lo que tiene que olvidarse. Porque la autogestión, con el nombre que quieran, autogestión generativa, desconcentrada, digital, fracasó. ¿Y por qué fracasó? Porque el Estado dice son escuelas de autogestión. Y la escuela dice, ‘necesito seguridad’. Y desde el Gobierno mandan a Seguridad Comunitaria. ‘Necesitamos ordenanza’. Mandan al Plan de Inclusión. A los docentes le dicen, no podemos pagar la recomposición salarial que anunció el Gobierno, porque el Gobierno no nos aumenta la USE. Entonces, ¿de qué autogestión hablamos? Lo que se está autogestionando, en realidad, es hacer lo que quieras con el trabajador docente. Todo lo demás lo paga el Estado. Contratá a quien quieras. Despedilo cuando quieras. Es la única parte que autogestionan las autogestionadas. Con el nombre que quieran. Entonces, es una mentira. El Gobierno se está desentendiendo de la educación pública. Este es el punto. El Gobierno se está lavando las manos con los trabajadores docentes. El Gobierno está permitiendo que trabajadores queden en la calle”, criticó Correa.

“Lo triste de esto es que, en estas agrupaciones, que son políticas, hay docentes que están convalidando esto. A esos colegas, por favor, no entreguen a sus compañeros. Ustedes estuvieron de este lado luchando por la educación pública. Muchos son los mismos que ayudaron a sacar los interventores del 2004. ¿Qué están convalidando? ¿Son el verdugo sus compañeros? Un llamado a la reflexión. No nos puede pasar esto entre colegas. No pueden ser los compañeros que despidan a los compañeros. No nos olvidemos de nuestras luchas. No nos olvidemos de nuestras banderas”, concluyó Correa, pidiendo empatía entre docentes.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comunicó que se concretaron una serie de avances de reclamos de trabajadores monotributistas de DOSEP. En la reunión de este martes en la Dirección de Relaciones Laborales, entre representantes de ATE y funcionarios de la obra social provincial, se acordaron varias mejoras laborales para los trabajadores como la suba de salario en los mismos términos que los empleados públicos.

ATE confirmó que se acordó con DOSEP:

– Aumento del salario a monotributistas en los mismos términos que el resto del personal, (suma de $70.000, más el 15% con los haberes de mayo).
– Los empleados monotributistas tendrán las mismas prestaciones DOSEP que los trabajadores de planta permanente.
– Renovación de la prestación de servicios con una cláusula de aumentos automáticos a futuro.
– Se analiza implementar la licencia psicoprofiláctica para todo el personal de DOSEP y para los monotributistas de acuerdo a los años de servicios.

Desde el gremio se remarcó que continúa abierto al diálogo y se entró en un cuarto intermedio con DOSEP hasta mediados de junio.

Hay que recordar que hace un par de semanas, los trabajadores monotributistas de la obra social realizaron un paro parciales durante 72 horas para reclamar principalmente el pago de salarios atrasados.

Así como mandó a revelar cuánto gana un médico provincial, este martes, ante una pregunta de un colega sobre la disconformidad generalizada con el aumento salarial del 15% que anunció la semana pasada, el gobernador Claudio Poggi exigió saber cuánto le aumentaron este año a quien hizo la pregunta y luego, al escuchar que había recibido un aumento del 57%, cuánto gana.

El colega le respondió y además aprovechó el desubique del Gobernador para preguntarle a cuál es su salario. A esto, Poggi respondió que con el aumento se va a $2.000.000 y agregó que en San Luis los sueldos de los funcionarios están “controladitos”.

Este tipo de respuesta de Poggi no sorprende. En 2012, ante la pregunta de este medio sobre la posibilidad de que otorgue un bono de fin de año, como estaban haciendo tantas otras provincias, la respuesta fue: “¿A vos te da un bono tu empresa?”.

A este hay que sumarle que durante su primera gobernación, era habitual que, cada vez que daba un aumento salarial, contaba a cuánto se iba el salario de, por ejemplo, un docente o policía.

En cuanto al reclamo por el aumento insuficiente, Poggi finalmente respondió: “Es justo que haya un reclamo, pero si a mí me dan vuelta y no me sacan un peso, ¿de donde vamos a sacar para pagar más salarios? Los salarios, si los comparan con las demás provincias, estamos muy por encima de la media”.

El gobernador Claudio Poggi recibió este martes en su despacho al empresario Walter Vogt, quien asumirá como secretario de Actividades Logísticas el próximo jueves, a las 9 horas. Es el reemplazo de Harold Bridger, quien presentó su renuncia el 12 de abril.

La reunión entre Poggi y Vogt se concretó en el mediodía de este martes.

Fuente: ANSL