El gobernador Claudio Poggi le tomó juramento a Gustavo Bertolini como ministro de Desarrollo Humano en el acto que se realizó esta tarde en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo.

Al finalizar el acto, el flamante ministro mantuvo un contacto con la prensa: “La calidad de vida no se mejora a través de una asistencia, no debería ser necesaria. Todos deberíamos tener trabajo, todos los niños deberían tener alimento en su casa, los adultos mayores tienen que tener la condición de vida que merecen y esto no se logra con un subsidio. Tenemos que cambiar el rumbo”.

“Vamos a trabajar para lograr la inclusión de toda la gente que hoy está recibiendo un plan social, porque la verdadera salida de esto es la inclusión laboral, al mercado del trabajo y la transformación en emprendedores. Necesitamos que se generen puestos de trabajo y que todos estemos incluidos”, dijo el funcionario.

También mencionó que ha desmejorado el tejido social de la provincia y se mostró en consonancia con el fundamento de recuperarlo, tal como lo afirmó en reiteradas oportunidades el Gobernador. “Necesitamos entidades intermedias fuertes, que fortalezcan la producción y que generen puestos de trabajo”, manifestó.

El nuevo titular de Desarrollo Humano es licenciado en cooperativismo y mutualismo, una herramienta que está al alcance para conseguir los objetivos que se ha planteado la gestión actual. “Cuando hablamos de inclusión laboral, estamos hablando de los programas que prevén que los beneficiarios de un plan social puedan encontrar un trabajo genuino y el Estado ha desarrollado una herramienta para ello. Hay otra posibilidad que es a través de las cooperativas y el Estado también tiene una iniciativa para eso”, expresó el Ministro, y agregó: “Vamos a fomentar todo lo que implique un camino de salida de la asistencia y apostar a la inclusión laboral que es lo que corresponde”.

Fuente: ANSL

Este martes por la mañana, Marisol Herrera, Silvia Scotti y Sabrina Cerbilla, familiares autoconvocadas de personas que supuestamente son víctimas de falsas denuncias; dieron una conferencia de prensa en la que señalaron distintos aspectos de esta problemática que, principalmente, hoy afecta a los hombres. Estas denuncias, afirman, están “destrozando familias” y socavando los principios fundamentales de justicia y equidad. “Hoy se condena solo por relatos, la palabra de la mujer está sobrevaluada”, manifestó Sabrina.

La docente Marisol Herrera fue la primera en tomar la palabra y aseguró que su objetivo es claro: “Nuestra meta es que la justicia revea las causas. Porque a nuestros familiares se los acusaron sin pruebas, simplemente con un relato ellos fueron condenados”. Herrera denunció un preocupante aumento en el número de denuncias desde el inicio de la pandemia, con un salto de 3.000 a 300.000 denuncias en todo el país, atribuyendo este incremento al acceso al Plan Acompañar, que, según sus afirmaciones, ha llevado a muchas mujeres a presentar denuncias falsas para obtener beneficios económicos.

Por su parte, las declaraciones de Silvia Scotti apuntaron a presuntas irregularidades en los procedimientos judiciales. Scotti señaló la utilización del juicio abreviado como una táctica para resolver rápidamente casos, a menudo sin garantizar el derecho a la defensa. También describió un patrón en el que los informes forenses son rutinariamente deficientes, lo que resulta en decisiones injustas y, en algunos casos, en tragedias humanas, como la muerte reciente de un interno debido a una supuesta negligencia médica. “Los informes, lamentablemente voy a ser dura en esto, de los forenses se asemejan al informe de un repositor de supermercado, donde pone, ‘hay esto, falta esto y lo otro’. No lo revisa. Eso es anticonstitucional, es un genocidio”, manifestó la mujer.

La crítica de Herrera al Ministerio de la Mujer fue especialmente severa: “¿Qué hizo el Ministerio de la Mujer empezar a destruir y desplazar al hombre? Y al desplazar y destruir al hombre, también destruye a la familia y todo su entorno”. Herrera y su grupo acusaron a la institución de fomentar un clima en el que la palabra de la mujer se considera automáticamente veraz, llevando a condenas injustas y a la alienación de los hijos de sus padres.

Por su parte, Sabrina Cerbilla hizo hincapié en la importancia de revisar exhaustivamente cada caso y en la capacitación adecuada de los profesionales involucrados en los procedimientos judiciales. “Los peritos no están formados, no están capacitados, hay psicólogas clínicas que van a dar sus testimonios o van a dar informes en los juicios, y la psicóloga clínica puede diagnosticar un maltrato, pero no un delito de abuso, que son los más denunciados”, comentó Sabrina, quien además hizo hincapié en usar los términos adecuados. “Es importante empezar a cambiar las palabras que usamos. No es víctima, es denunciante. Es víctima una vez que se comprueba”, remarcó.

El grupo también subrayó la necesidad de que se promulgue una legislación que penalice las falsas denuncias y que se promueva una custodia compartida en lugar de otorgar automáticamente la custodia a uno de los progenitores, lo que consideran una práctica discriminatoria que puede conducir a la alienación parental.

Asimismo, resaltaron la importancia de las contradenuncias como un recurso crucial para restaurar la equidad en el proceso judicial. Herrera enfatizó: “Se debería hacer la contra denuncia. Tenés dos años para hacerlo, pero lamentablemente los abogados no informan adecuadamente sobre esta opción”. La falta de información sobre este recurso legal deja a muchos acusados en una posición de vulnerabilidad, incapaces de defenderse adecuadamente. En este sentido, el grupo insta a aquellos que han sido falsamente acusados a ejercer su derecho a presentar contradenuncias para protegerse de acusaciones infundadas y buscar justicia ante las irregularidades en el sistema judicial.

“Hoy se condena solo por relatos, la palabra de la mujer está sobrevaluada, si bien hay que tenerla en cuenta, ¿pero hoy qué es lo que se dice mayormente? Que la denunciante al ser mujer hay que creerle. Y también se dice que los niños no mienten, pero los niños mienten, los adolescentes mienten, tienen su derecho, como las personas mayores, pero en estos casos de alineación parental vemos que el progenitor es quien convence el relato del niño, entonces el niño no está mintiendo, está diciendo el relato del progenitor”, concluyó Cerbilla.

El día de ayer, la médica cirujana María Florencia Barbera hizo pública una carta dirigida al gobernador Claudio Poggi, en la que relata su experiencia en el hospital Ramón Carrillo, institución de la cual fue despedida, sin previo aviso, este mes.

“Desde el momento en el que asumió la nueva dirección, las desprolijidades estuvieron a la orden del día: múltiples despidos, sin razón ni aviso previo, comentarios desafortunados, haciendo alusión a que se nos echaría a todos, queriendo imponer miedo, decisiones que quedaban sin efecto en plazos de días a semanas, sin hablar de la multiplicación de trabajo para quienes seguíamos trabajando, comenzar el camino de recibir los pacientes de nuestros compañeros que fueron despedidos, pacientes que, con justa razón, venían a las consultas enojados porque ¿Quién iba a operarlos? Ya no pertenecía a la institución. A esto se sumó la constante falta de insumos quirúrgicos básicos y la lucha mensual por percibir nuestros salarios, que en todas las oportunidades llegaron luego del día 10 de cada mes, lo que nos llevó a la nueva rutina de pagar servicios y alquileres vencidos, y, por supuesto, con creces. Estas últimas situaciones, honestamente, no había tenido que experimentarlas previamente en el nosocomio”, manifestó la médica, que dejó su provincia natal de Mendoza para venir a trabajar en el Carrillo.

Podés leer la carta abierta completa a continuación:

“Me presento, ante todo: mi nombre es María Florencia Barbera, soy médica graduada de la Universidad Nacional de Cuyo, con especialidad en Cirugía General y Digestiva.

“Hace poco más de un año, en medio del caótico mundo laboral que reviste ser profesional de la salud en la actualidad, recibí una propuesta laboral más que interesante, en una provincia que no conocía más allá de sus atractivos turísticos. La propuesta consistía en ser parte del staff permanente del servicio de Cirugía General del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” y, a su vez, cumplir el rol de coordinación de dicha residencia.

“Debo admitir que la decisión no fue sencilla, dejar los cuatro trabajos que tenía en ese momento, que tanto me había costado conseguir y mantener en una provincia con una competencia laboral feroz. Sumado a esto, dejar a mi familia, mi cotidianidad, rutina y amigos a 250 kilómetros de distancia. Todo cobró sentido al conocer la institución, ver la tecnología con la que contaba, escuchar múltiples experiencias de amigos, conocidos. Esa sensación de poder trabajar “tranquilo”, con horarios más amigables, con el respaldo de un servicio de calidad, pudiendo llevar a cabo tareas en equipo y contando con la mayoría de los procedimientos diagnósticos o terapéuticos necesarios para brindar calidad de atención.

“Claro está que para cualquiera que se ha desempeñado laboralmente tanto en ambiente público como privado, sonaba al menos utópico: Salud Pública de calidad, sin límites diagnósticos o terapéuticos, proyectando a futuro, con intenciones de crecimiento y completa especialización del nosocomio. Decidí arriesgar los proyectos de los que formaba parte en mi Mendoza natal para embarcarme en este, que sonaba muy superior a cualquiera, en pos del crecimiento profesional, de lograr la excelencia asistencial y la estabilidad laboral y económica que cada vez suena más imposible para los profesionales de nuestro país.

“Comencé a prestar servicios en dicha institución el 1° de mayo de 2023; considero un paralelismo interesante el de iniciar actividades en esta institución el mismo día en el que velamos por los derechos laborales hace ya más de un siglo. Pronto iba a entender que las promesas de pase a planta estaban lejos de ser reales, que mi relación contractual iba a reducirse a firmar un contrato de trabajo temporal trimestral de manera indefinida, en el cual no contaba con obra social, aguinaldo, licencias o representación sindical. Sin embargo, se sentía una falsa sensación de estabilidad, debido a que siempre se nos trató con respeto, se escucharon nuestras sugerencias y se habitaba un ambiente laboral amigable.

“Quienes me conocen saben que jamás vi mi especialidad como solo un trabajo, una prestación de servicios a cambio de una remuneración, siempre entregué toda mi energía a ser mejor profesional, a estar pendiente de mis pacientes, a perfeccionar mi técnica quirúrgica y a continuar actualizándome, y en esta nueva etapa se sumó la posibilidad de colaborar en la formación de futuros cirujanos.

“Rotundo fue el cambio a partir de la asignación de nuevas autoridades para asumir la dirección del hospital. Confieso que me encuentro completamente al margen de la política de la provincia de San Luis, por lo que no comprendí la profunda preocupación que sentían mis compañeros al enterarse de que otro bando político marcaría ahora el rumbo de nuestras prestaciones. Al ver innumerables publicaciones en diversos medios, que nos tildaron de “profesionales golondrinas” o “personas que venían a robar el dinero y las prestaciones de los profesionales de la provincia para luego no retribuir nada a la sociedad”, comencé a comprender que el trabajo en el que me había aventurado meses antes no era solo una actividad asistencial, sino que estaba manchado de un tinte político, en que gente que no conocíamos estaba, sin saber bien por qué, en contra nuestro.

“Desde el momento en el que asumió la nueva dirección, las desprolijidades estuvieron a la orden del día: múltiples despidos, sin razón ni aviso previo, comentarios desafortunados, haciendo alusión a que se nos echaría a todos, queriendo imponer miedo, decisiones que quedaban sin efecto en plazos de días a semanas, sin hablar de la multiplicación de trabajo para quienes seguíamos trabajando, comenzar el camino de recibir los pacientes de nuestros compañeros que fueron despedidos, pacientes que, con justa razón, venían a las consultas enojados porque ¿Quién iba a operarlos? Ya no pertenecía a la institución. A esto se sumó la constante falta de insumos quirúrgicos básicos y la lucha mensual por percibir nuestros salarios, que en todas las oportunidades llegaron luego del día 10 de cada mes, lo que nos llevó a la nueva rutina de pagar servicios y alquileres vencidos, y, por supuesto, con creces. Estas últimas situaciones, honestamente, no había tenido que experimentarlas previamente en el nosocomio.

“Así fue como, tal como una crónica de una muerte anunciada, el pasado 25 de abril de 2024, al ir sin haber sido citada a hablar con el actual director médico del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, para tratar acerca de mi contrato, ya que el mismo vencía pronto y no había sido notificada de su renovación ni baja, se me informó verbalmente, en la incomodidad de un pasillo, que no se renovará mi contrato de prestación, con el motivo, para él suficiente, de reducción de personal y costos. Esto implica que, a partir del 1° de mayo de 2024, es decir, exactamente un año posterior a mi contratación, me encuentro desempleada, en una provincia donde prestaba servicios de manera exclusiva en esta institución. De esto deriva que en la actualidad la única residencia de Cirugía General de la provincia no cuente con jefe ni coordinador de residentes hasta septiembre, mes en el que se cierra el concurso para dicho cargo.

“Me dirijo a usted, señor Gobernador, con todo el respeto que merece, respeto que en ningún momento se me tuvo a mí por parte de la dirección, que su mismo equipo designó como idóneos para cubrir el rol. Comprenderá que más allá del extenso daño económico y psicológico que genera a un trabajador quedarse de un día para otro sin su única fuente de ingresos, es además una sensación de desagrado, al ser fuertemente violentada por el sistema, haciéndome sentir descartable y ni siquiera merecedora de un preaviso por escrito 15 días previos a la finalización de mi situación contractual según rige la Ley de Trabajo N° 20.744, artículos 231-250.

“Si con estas palabras logré al menos despertar curiosidad de su parte por lo que está sucediendo puertas adentro de uno de los establecimientos más grandes de la provincia, o incluso rever las políticas que se están tomando en materia de Salud Pública, mi objetivo aquí está más que cumplido.

“Y si la actual carta es leída por usted, ciudadano, estimado lector, le sugiero recuerde el poder colectivo y la obligación cívica que tiene de defender la Salud Pública de calidad. Yo disiento con los directivos de la institución a quienes tantas veces he escuchado decir que este hospital es “demasiado” para una provincia como San Luis. Estoy convencida de que si la sociedad despierta y exige a quienes deberían estar a su servicio, no tendrán la necesidad de continuar viajando 300 o 400 kilómetros a provincias aledañas para obtener su diagnóstico o tratamiento.

“Lo saludo respetuosamente, señor Gobernador, lo remarco, respetuosamente, porque considero que quien no respeta a un colega, a un ciudadano, a un paciente, a un profesional lejos está de hacerse llamar líder.

“Y saludo atentamente al pueblo de San Luis, y a mis queridos pacientes y compañeros que supieron darme acogida durante el último año de mi vida.

“MARIA FLORENCIA BARBERA. M.P-11840”

“El Caburé”, una extensión de tierra de 1.997 hectáreas fue recuperado el 26 de abril por el Gobierno provincial porque el comprador no había cumplido con lo pactado y la gestión anterior no había hecho nada para sacarlo. Ahora le habían cambiado el candado de la tranquera de entrada, pero con la ayuda de la Policía se logró restablecer el orden.

El panorama al llegar a El Caburé no era muy distinto al que los funcionarios habían encontrado el 26 de abril pasado, cuando recuperaron para la Provincia esa enorme extensión de 1.997 hectáreas. Es cierto que al cartel que informaba la restitución del campo a todos los sanluiseños le habían arrancado la inscripción, sólo quedaba el fondo de chapa. Y además había un detalle aún más importante, que no saltaba a la vista: el candado no era el mismo que había dejado la delegación oficial, alguien lo había cambiado sin decir nada, en un claro intento de usurpación que no se pudo concretar gracias a la rápida reacción de la gestión actual.

Este martes, el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla, repitió la historia de 18 días atrás, con varios de los mismos acompañantes, incluidos periodista y fotógrafo de la Agencia de Noticias. Recorrió la ruta 27 rumbo al sur de San Luis, pidió la asistencia de la Policía, rompió el candado e ingresó al campo que había recuperado por falta de pago de quien se lo había comprado a la Provincia con promesas de inversiones que sólo cumplió a medias y hace ya mucho tiempo, para luego aprovecharse de la inacción de la gestión anterior.

La gran diferencia respecto de la primera intervención fue que esta vez no había nadie en el casco, ni tampoco quedaban muebles y artefactos. El abandono era total al llegar la comitiva, algo que era previsible ya que el dueño incumplidor, Daniel Lucero, había pactado dejar el predio, por lo que su encargado, la única persona visible en aquella visita, ya no estaba allí para cuidar los caballos que pastaban por la inmensidad cargada de arena y pasto seco, con algunos lotes sembrados de un maíz que languidece sin remedio.

De la tropilla queda cerca de la mitad, unos 110 caballos, el resto ya partió rumbo a otro campo en la provincia de Buenos Aires. En El Caburé funcionaba un centro de transferencia de embriones equinos, pero eso fue hasta 2019, hoy sólo queda la construcción de chapa, con techos y vidrios rotos y basura esparcida. En las tres viviendas, quedó dicho, solo huellas de que alguna vez alguien vivió, y pocas cosas más: un sillón desvencijado, una estufa, una cocina mugrienta y una heladera desenchufada y abierta, en la que se estaba pudriendo un plato con comida.

“Nos enteramos ayer (por el lunes) que habían cambiado el candado, nos avisó la persona que está encargada del cuidado del campo, que no pudo ingresar. Inmediatamente el doctor Darío Oviedo radicó la denuncia policial y volvimos para evitar la usurpación de esta propiedad del Gobierno que ha sido objeto de una conducta violenta que naturalmente vamos a desterrar. Esas son las instrucciones del gobernador Claudio Poggi. Por eso nos vinimos al sur de la provincia para realmente tomar posesión, como ya la teníamos, pero que fue perturbada por personas que desconocemos. Naturalmente a partir de ahora se inicia una investigación policial y judicial”, explicó Bazla.

Oviedo, por su parte, que es director de Ética y Legalidad y conoce a fondo todo lo que pasa en el sur de San Luis ya que también es uno de los interventores que designó el Gobierno en el Pueblo Ranquel, anticipó cómo seguirán las acciones judiciales. “Ya radicada la denuncia en la comisaría de Buena Esperanza, vamos a instar en sede penal, en la unidad de abordaje fiscal, para que el fiscal de turno tome las medidas pertinentes y que investigue la Justicia quien, si existe alguna prueba, intentó tomar posesión del inmueble, que ya tenía la Provincia según consta en un acta notarial”.

En el caso está actuando la Unidad Regional N° 4 y la decisión que tomó la Secretaría es la de dejar una persona encargada, que vive en la comunidad ranquel, la misma que tenía llave y dio aviso de que se había violentado el candado y el acceso al establecimiento rural. “Va a seguir él como persona a cargo, más una consigna policial que vamos a dejar en el campo”, cerró Oviedo.

Fuente: ANSL

Este martes por la mañana, policías provinciales decomisaron 8.168 dosis de cocaína, valuadas en $28.588.000 en un portaequipaje de un colectivo que paró en la Estación Interconexión Regional de Ómnibus (Ediro). El vehículo venía en viaje desde Córdoba y que tenía como destino San Rafael, Mendoza.

El operativo lo hicieron policías de la División Lucha Contra el Narcotráfico en conjunto a efectivos del Departamento Canes Detectores de Estupefacientes y de la Subcomisaría 1° en la Ediro.

La Policía de San Luis tomó conocimiento de que la Policía de Córdoba había detenido en Sampacho a una pareja por transportar aparentemente sustancias estupefacientes en un colectivo de larga distancia, el cual se dirigía desde Córdoba hacia San Rafael, provincia de Mendoza.

Se hizo un monitoreo del ómnibus (además de mantener comunicación con los choferes), y al llegar a la terminal de San Luis, se llevó a cabo el procedimiento mediante el cual personal de Lucha Contra el Narcotráfico incautó cuatro envoltorios que en su interior contenían cocaína. Los mismos estaban en el portaequipaje ubicado en el primer piso del colectivo.

Como resultado del procedimiento, el Juzgado Federal San Luis ordenó que se continúen con las tareas investigativas por Infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

A comienzos de este año, el Gobierno Provincial puso en marcha el Programa de Fortalecimiento Institucional, orientado al desarrollo y consolidación del tercer sector en toda la provincia. Una de las etapas del programa es el reempadronamiento de las ONG, un paso que es obligatorio, al igual que las capacitaciones para agrupaciones, asociaciones, clubes y centros que aspiran a obtener apoyo para concretar sus proyectos. A la fecha, 1.300 ONG de la provincia se reempadronaron, informó la directora de Personas Jurídicas, María Lorena Domínguez.

La funcionaria recordó que el plazo para reempadronarse finaliza el lunes 20 de mayo a las 23.59.

“Queremos invitar a todas aquellas entidades que todavía no han efectuado el reempadronamiento a que lo hagan, estén o no en estado de regularidad. Les pedimos que se acerquen para que, desde el Gobierno, podamos saber que existen y funcionan”, refirió Domínguez.

Para concretar este trámite, las entidades tienen que entrar a la página oficial del Gobierno de la Provincia, www.sanluis.gov.ar. “Deben ingresar y encontrarán el link del Programa de Fortalecimiento Institucional. Allí tienen una ventana especial para reempadronar a las entidades a través de un formulario web. A partir de allí empieza el procedimiento de reempadronamiento, que lleva algunos pasos hasta que podamos corroborar la existencia de la entidad”, resumió.

La finalidad del reempadronamiento es tener una base de datos certera de la ONG que existen en la provincia y estadísticas respecto a ellas, además de iniciar los procesos de regularización en los casos que sea necesario. La idea es que que todas las organizaciones accedan a capacitaciones, por ejemplo, sobre gestión y creación de proyectos.

La directora explicó en la rueda de prensa porqué es importante reempadronarse: “Primero porque es obligatorio. Las entidades que no lo hagan van a ingresar en un proceso de revisión, después de suspensión de su personería jurídica y, en caso que corresponda, de retiro de la personería”, dijo.

Fuente: ANSL

El gobernador Claudio Poggi le tomará juramento a Gustavo Bertolini, quien asumirá como ministro de Desarrollo Humano del Gobierno de la provincia de San Luis este martes a las 17 horas.

El nuevo titular de la cartera es Licenciado en Cooperativismo y Mutualismo, es docente universitario y desde el pasado 10 de diciembre hasta hoy, estuvo a cargo la dirección de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Desarrollo Humano.

A lo largo de más de 30 años se desempeñó en tareas relacionadas con el cooperativismo y asociativismo, desarrollando su labor profesional, en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y en el Consejo Federal de Inversiones, entre múltiples tareas profesionales.

Además, Bertolini fue jefe de Gabinete de la Municipalidad de La Punta en la última gestión de Martín Olivero.

El acto de asunción del nuevo ministro se desarrollará en la Sala de Situación, ubicada en Torre 2, Piso 6 de Terrazas del Portezuelo.

Bertolini asume en reemplazo de Mónica Becerra, cuya renuncia se conoció ayer.

El gobernador Claudio Poggi se reunió con los titulares de Educación, Salud y Deportes y con directivos de la Sociedad de Cardiología de San Luis para avanzar en la coordinación de los estudios que deberán realizarse los deportistas que formarán parte de la instancia competitiva del evento, que son los mayores de 13 años. Los chequeos serán gratuitos y obligatorios.

Los Juegos Intercolegiales despiertan gran expectativa en toda la comunidad educativa de la provincia. La nueva edición se llevará a cabo bajo dos grandes modalidades: los Intercolegiales Culturales y los Juegos Deportivos Intercolegiales. Las inscripciones recién finalizarán este miércoles 15, pero en la modalidad deportiva ya son aproximadamente 6.500 los chicos y chicas inscriptos. La instancia competitiva requiere obviamente que quienes participen estén en buenas condiciones de salud, por eso el Gobierno se diagrama un gran operativo para llegar a todos los rincones de la provincia.

El gobernador Claudio Poggi presidió este lunes una reunión en Terrazas del Portezuelo de la que participaron el ministro de Educación, Guillermo Araujo, la de Salud, Claudia Spagnuolo, el secretario de Deportes, Gabriel Rivero, y el presidente de la Sociedad de Cardiología de San Luis, Francisco Canllo. El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la logística para llegar con los chequeos a las diferentes escuelas.

“Estos chequeos que se realizarán previo al inicio de los Juegos nos permitirán identificar cuáles son los chicos que están aptos o no para desarrollar actividades, pero lo más importante para nosotros desde el punto de vista del ministerio de Educación es conocer el estado de salud de nuestra comunidad escolar y poder detectar patologías con anticipación. Además, es una tranquilidad para aquellos chicos que vayan a desarrollar actividades deportivas”, indicó el ministro Araujo finalizado el encuentro.

El examen será obligatorio para los alumnos a partir de los 13 años y no tendrá costo. “Vamos hacerlo en los establecimientos educativos en coordinación con los directores. A los padres les queremos llevar la tranquilidad de que los resultados se manejarán con absoluta reserva y se les transmitirá la información para realizar el seguimiento del estado de los chicos”, finalizó Araujo.

Se espera que el total de inscriptos llegue a 10.000 y el objetivo es que todos se realicen el estudio previo al inicio de los Juegos, que será en junio. “Este miércoles terminan las inscripciones, nos vamos a tomar una semana para computar los datos y después se lo vamos a trasladar a la Sociedad de Cardiología, que será quien realice los chequeos para terminar de armar todo lo que es la logística”, agregó Rivero.

El estudio será simple pero necesario y para muchos será además el primero que se realicen en su vida. “Para la evaluación cardiológica los alumnos deberán asistir con su libreta sanitaria que es la que tienen desde niños con la vacunación y consistirá en un interrogatorio en donde se les preguntará acerca de antecedentes, si han tenido o no un soplo, por ejemplo, y luego se les hará un examen físico en el cual se los auscultará (para detectar algún tipo de ruido cardíaco que no sea habitual o normal) y un electrocardiograma. Esta evaluación quedará en una ficha que llegará hasta los ministerios de Educación y de Salud”, explicó Canllo.

Fuente: ANSL

El Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial investiga un hecho ocurrido el pasado 12 de mayo en la localidad de Justo Daract, que tiene como imputada a una mujer.

La fiscal Daniela Torres relató que ese día, a las 5.30 hs aproximadamente, la imputada se encontraba con su pareja en el domicilio en el que convivían hace dos años ingiriendo bebidas alcohólicas. En un momento, se inició una discusión entre ambos y es allí cuando la mujer tomó un cuchillo y le propinó una puñalada a su pareja en la zona axilar izquierda produciéndole una herida de 5 centímetros de longitud que llegó al pulmón. Como consecuencia de esto, el hombre tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Asimismo, Cecilia Framini, fiscal adjunta, mencionó que el damnificado luego del hecho se trasladó caminando hacia el hospital de la localidad y de allí fue trasladado a Villa Mercedes para la intervención quirúrgica. También informó la evidencia con la que se cuenta hasta el momento, como actas de allanamientos en la vivienda, secuestro de 2 cuchillos, de una campera, informe médico y declaraciones, entre otras.

Por ello, la fiscal formuló cargos por el delito de homicidio agravado por ser pareja en grado de tentativa.

La defensa, por su parte, coincidió parcialmente con la plataforma fáctica y atento a la complejidad de la situación solicitó la prórroga de detención por ocho días. Asimismo, hizo reserva de realizar oportunamente un debate en relación a la imputación de cargos del Ministerio Público Fiscal.

Luego de la exposición de las partes, la jueza Mirta Ucelay consideró que se reúnen los indicios para tener formulados los cargos en forma provisoria como homicidio agravado en grado de tentativa y concedió la prórroga de detención por ocho días. La próxima audiencia se desarrollará el 21 de mayo.