Desde San Luis Agua informaron que se encontró una rotura en el troncal I del acueducto del Oeste “Eloy Bona”, afectando el abastecimiento por completo de todo el sistema. Las tareas de reparación comenzaron este jueves y tendrán un lapso estimado de 72 horas para la puesta a punto del servicio. Las mismas contemplan la excavación, cateo, y detección de la falla.

Una vez localizada la falla, se procederá al seccionado y reemplazo del tramo afectado y, por último, se realizan las tareas de presurización, purgado y regulación de la cañería para un óptimo funcionamiento.

San Luis Agua recomienda extremar el cuidado del recurso y tomar las medidas necesarias establecidas en el Código de Aguas de la provincia de San Luis.

Las localidades afectadas por este corte son: Fraga, Comandante Granville, Alto Pelado, Huejada, La Seña, Cazador, Zanjitas, La Costa, Beazley, Gorgonta, San Martín del Alto Negro, Nahuel Mapá, Bajada Nueva, La Maroma, Martín de Loyola, Los Overos, Colonia Calzada, Navia, Varela, Puente La Horqueta, Las Terneras, Bretaña, La Irene y La Lonja.

La directora de Personas Jurídicas, Lorena Domínguez, brindó una conferencia de prensa en la que detalló la implementación del programa de asistencia a entidades no gubernamentales. Habrá un censo a partir del 22 de enero, capacitaciones y los dirigentes podrán presentar proyectos sociales que serán financiados por la Provincia.

Lograr la regularización permanente de las ONG y brindarles herramientas para su correcto funcionamiento y crecimiento institucional son los principales objetivos de un programa de fortalecimiento institucional anunciado por el Gobierno de San Luis. La presentación oficial de la propuesta será el próximo sábado 20 de enero, a las 9:30, en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo.

El programa contempla en una primera etapa el empadronamiento de todas las ONG. Será entre el 22 de enero y el 20 de abril, y servirá para determinar la cantidad exacta de entidades activas y su situación legal y operativa. “Asumimos el 11 de diciembre y no sabemos la cantidad de entidades que funcionan en la provincia ni el estado en el que se encuentran. Este empadronamiento es necesario para saber que las instituciones existen”, explicó la directora de Personas Jurídicas, Lorena Domínguez.

En el caso de organizaciones irregulares, la funcionaria propone un sistema de regularización simplificado y menos costoso. Sobre las irregularidades más comunes se encuentran la falta de llamado a asamblea y de presentación de balances, debido a los elevados costos para su elaboración y contratación de profesionales. Sobre esto, anunció que el 20 de enero lanzarán un plan para simplificar y abaratar los costos que demanda la regularización.

Finalizada la etapa de empadronamiento y regularización, comenzarán las capacitaciones. Serán 6 encuentros obligatorios para presidentes, secretarios y tesoreros de las ONG. Dos serán presenciales y cuatro virtuales. En estos espacios se abordarán temáticas relacionadas a la estructura interna, obligaciones de los miembros, captación de recursos y elaboración de proyectos sociales. “Vamos a formar a los dirigentes para que las instituciones crezcan de manera permanente y no caigan en irregularidades”, indicó Domínguez.

Una vez concluida la formación, los dirigentes podrán presentar los proyectos sociales, que serán financiados por el Estado provincial.

A quiénes está dirigido el programa
Está destinado a dirigentes de cooperadoras escolares, asociaciones de bomberos voluntarios, bibliotecas populares, clubes sociales y deportivos, agrupaciones tradicionalistas, centros de jubilados, vecinales, centros culturales, fundaciones, etc. Podrán participar de manera libre y gratuita.

Un cambio total para Poggi
En su primera gobernación, Claudio Poggi también impulsó a las ONG de la provincia, con entregas masivas de subsidios. Sin embargo, en aquella ocasión, lo hizo sin ningún tipo de control, al punto de que múltiples ONG fueron creadas solo para cobrar estos subsidios. Por ejemplo, el departamento Ayacucho, con una población cercana a los 20.000 habitantes, tenía 40.

El gobierno de San Luis, consciente de que una buena parte de la población tiene que trasladarse muchos kilómetros para poder retirar efectivo de sus cuentas, le pidió al Banco Nación, el agente financiero de la provincia, que avance en el proyecto de instalar cajeros automáticos en más de 20 localidades del interior. Sobre eso conversaron el director de Asuntos Municipales, Gonzalo Amondarain, y el subdirector de Asistencia Jurídica, Valentín Laborda Claverie; con el responsable de la Unidad de Gestión Comercial, Víctor Leonardo Di Cosmo, y al responsable de Gestión Gobierno Provincial, Esteban Adrián Gianinni de parte de la entidad financiera.

La idea es hacer las obras necesarias y poner en funcionamiento cajeros automáticos en Renca, Las Chacras, San Pablo, Las Lagunas, Papagayos, Los Molles, La Carolina, Navia, Alto Pencoso, Zanjitas, Balde, San Jerónimo, El Morro, Los Manantiales y Alto Pelado. Allí es donde hay un mayor grado de avance.

También abordaron la logística y el plan de acción para la reposición de efectivo en aquellas localidades sin sucursales bancarias, con el fin de brindar una solución definitiva al acceso al dinero en efectivo. La Dirección de Asuntos Municipales realizará un seguimiento para agilizar los plazos de ejecución de las distintas etapas hasta la puesta en marcha de los cajeros automáticos.

Este mediodía, desde la Municipalidad de San Luis comunicaron que debido a “la intensa lluvia caída en las últimas horas se observa un incremento en el nivel de turbidez del agua cruda que abastece a las plantas potabilizadoras de la ciudad de San Luis, afectando el proceso de potabilización”.

Por este motivo, la Municipalidad de San Luis procedió a “la detención temporal de las mismas, hasta tanto estén dadas las condiciones de calidad para reanudar el proceso de potabilización”.

“Solicitamos a los vecinos de la ciudad de San Luis que hagan uso racional de su reserva, utilizando para las necesidades básicas de higiene e hidratación”, concluye el escaso comunicado de la Municipalidad de San Luis.

Este miércoles, fue publicado en el flamante Boletín Oficial digital el decreto Nº 35-MG-2024, mediante el cual mediante el cual el Gobierno provincial revoca el Tratado de La Toma Contra la Pobreza, firmado en los últimos meses de la gestión de Alberto Rodríguez Saá. A través de este convenio, el Gobierno proveía de aportes del tesoro provincial (APT) a los municipios para que pudieran pagar el piso salarial de $300.000 que se estableció en septiembre del año pasado.

Entre los fundamentos del decreto, se menciona como fin el “no agravar la situación financiera de la Provincia y que las consecuencias negativas se trasladen a las comunas que conforman la Provincia de San Luis”. La última parte de esa oración es más que curiosa, ya que, con este decreto, muchos municipios tendrán serios problemas para seguir alcanzando ese piso salarial.

Los fundamentos también señalan que, en el Tratado, los intendentes no asumieron ninguna responsabilidad u obligación, por lo que es una “atribución discrecional del Ejecutivo Provincial conceder aportes a los municipios”, al mismo tiempo que el Gobernador puede “disponer su revocación”.

Todo esto se enmarca en el polémico Decreto N° 150, cuya constitucionalidad está siendo analizada por la Legislatura y también por la Justicia, el cual declara la emergencia económica y financiera; algo que siempre se hizo por ley en nuestra provincia y no por decreto, como lo hizo Claudio Poggi.

“En este contexto encontramos los extremos requeridos por el citado art. 22 para la revocación de los actos en cuestión: la situación de extrema gravedad económica y financiera (mérito), descripta pormenorizadamente en el Decreto N° 150-SGG-2023 –al cual me remito en honor de la brevedad-, que atraviesa hoy (oportunidad) la provincia de San Luis, y la posibilidad de recuperar los fondos objeto del presente para ser destinados a afrontar la emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa, social, alimentaria, sanitaria, educativa y de seguridad”, dicen los fundamentos del nuevo decreto, remitiéndose al polémico N° 150.

Los artículos del decreto:
Art. 1º.- Encuadrar el presente caso en lo establecido por los Art. 22° in fine de la Ley N° VI-0156-2004 y Art. 1° del Decreto N° 150-SGG-2023.-

Art. 2º.- Revocar los actos denominados “CONVENIO ESPECÍFICO DEL TRATADO DE LA TOMA PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA”, cuyas copias obran adjuntas en act. PASGEN 712025/23 del presente expediente. –

Art. 3º.- Revocar el Decreto Nº 11700-MHP-2023 y dar intervención a Contaduría General de la Provincia y Dirección de Presupuesto Público a fin de desafectar las partidas presupuestarias a las cuales se imputara el presente gasto. –

Art. 4°.- Hacer saber a: Contaduría General de la Provincia, Dirección de Presupuesto Público y, por intermedio de la Dirección de Asuntos Municipales, a los municipios enunciados en el primer párrafo de los considerandos del presente. –

Art. 5°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Gobierno; y el señor Ministro Secretario de Estado de Hacienda e Infraestructura Pública. – Art. 6º.- Comunicar, publicar, dar al Registro Oficial y archivar.-

Este miércoles, el Gobierno pagó el resto de los salarios de diciembre. Sin embargo, sigue vigente el decreto mediante el cual el gobernador Claudio Poggi se autoriza a realizar el pago desdoblado de salarios. En el amparo que trató la Justicia, presentado el viernes por ATE y la Defensoría del Pueblo, se pidió a la Justicia que ordene el pago urgente del resto de los haberes de diciembre y también que se declare la inconstitucionalidad del artículo 19 del decreto N° 150 del Poder Ejecutivo. La jueza Daniela Benenatti, a través de una medida cautelar, ordenó el pago urgente, pero todavía no hay pronunciamiento con respecto a la constitucionalidad del artículo 19 del decreto N° 150.

“El Poder Ejecutivo Provincial tiene que dejar sin efecto el decreto 150-2023, por medio del cual hay una Espada de Damocles sobre la espalda de los trabajadores de la administración en todas sus modalidades, porque de manera genérica se faculta a la Administración Pública Provincial para que, inter se complete una readecuación de personal, puedan diferir parcialmente el pago de salarios. O sea, esta es la medida que está vigente hoy. Por eso, lo que se planteó en el amparo es la inconstitucionalidad de este artículo. Y para dejar sin efecto un artículo, tiene que venir el juez y decir, ‘ese artículo es inconstitucional, modifíquelo, o queda sin efecto’. O tiene que venir el propio Poder Ejecutivo Provincial y sacar otro decreto con respecto a este artículo”, expresó el defensor del Pueblo, Enrique Ponce, en declaraciones a La Gaceta Digital.

Sobre el artículo 19, Ponce señaló que, textualmente, dice: “inter se complete la readecuación, podrá diferir parcialmente el pago de los salarios, en este último caso deberá satisfacer integralmente el pago durante el mes siguiente al devengamiento”. “O sea, ¿qué se refiere? A una cantidad que tiene de cargos la provincia y las horas cátedras de los docentes y a que tienen que analizar cuántos empleados hay, cuántos docentes. Bueno, el censo se hizo y la información la tenían disponible. Además, estaban los recursos que facilitaban y contemplaban que se pudiera hacer el pago sin hacer el diferimiento. Pero este artículo sigue diciendo, por eso se pide que quede sin efecto con el recurso de amparo”, manifestó el defensor.

“Pero en definitiva lo que me preocupa es el esquema del decreto, porque es una ley por decreto. Eso no existe en nuestra constitución”, dijo Ponce, dando como ejemplo que Poggi declaró la emergencia económica por decreto, algo que siempre se hizo por ley en nuestra provincia.

“La figura del DNU tiene que estar en la Constitución Provincial como en la Constitución Nacional. El decreto de necesidad y urgencia que existe en la Constitución Nacional, faculta al Presidente para que, de manera excepcional, ante una necesidad y una urgencia que tiene que ser extremadamente fundada, pueda hacer una ley por decreto que tiene que revisar el Congreso de la Nación. Eso no existe en San Luis. No tenés Constitución Provincial que habilite que tengas un decreto de necesidad y urgencia”, continuó Ponce, detallando aún más aspectos del decreto N° 150 que considera inconstitucionales.

“Si uno quisiera que ese decreto hubiese salido de manera inmediata, se mandaba a la legislatura y tienen la obligación todos los legisladores de tratarlo de manera inmediata. Y nos hubiéramos evitado todo esto”, concluyó el funcionario.

Este miércoles, desde el Ministerio de Salud comunicaron que un adolescente de 14 años falleció este martes 9 de enero, a causa de un shock séptico que, inicialmente, se sospechó que fue dengue. El joven, sin comorbilidades y con calendario de vacunación completo para la edad, murió en el Hospital Pediátrico San Luis.

Estos son los antecedentes del caso informados por el Ministerio de Salud
– El día 06/01/24, el paciente acude a Hospital del Trapiche por presentar cuadro febril. Le recetan antitérmico y es enviado a su domicilio.

– El día 07/01/24, continúa con los mismos síntomas e inicia con vómitos. Se le realizan análisis de rutina y regresa a su domicilio.

– El día 08/01/24 consulta en el Hospital San Luis donde deciden realizar internación en pediatría por presentar signos de sepsis, iniciando el tratamiento con Ceftriaxona, y luego Vanomicina. Se decide su derivación a la UTIP (unidad de terapia intensiva pediátrica). El paciente presenta un mal estado general, con laboratorios de rutina alterados, presentando un cuadro de Shock, por lo que se decide su intubación. Se toma muestra para realizar hemocultivos (X 2) en el Servicio de Bacteriología, y análisisserológico y molecular para Dengue y Chikungunya, en el Laboratorio de Salud Pública.

– El día 09/01/24, en ambos hemocultivos se logran aislar Cocos Gram + en cadena, pendientes para de identificación. El análisis serológico y molecular para Dengue y Chikungunya resultan negativos para cada patología. El paciente fallece en la UTIP a las 20:40 hs.

– El día de la fecha (10/01/24), se obtienen los resultados de la identificación de los microorganismos aislados, obteniéndose el aislamiento de Streptococcus pyogenes en cada hemocultivo. Se da aviso al servicio de Bacteriología para realizar la derivación de la muestra al ANLIS-Malbrán para su tipificación.

Las jugadoras del San Luis Fútbol Club, se encuentran en medio de una crisis desencadenada por las supuestas irregularidades llevadas a cabo por la presidenta de la institución y exsecretaria de Deportes, Cintia Ramírez; y por la intervención del club que realizó el Gobierno provincial, lo que luego le valió una sanción de la AFA. Dayana Alaniz, capitana del equipo, compartió su angustia y preocupación durante una entrevista en el programa Modo Verano de radio UNSL.

“Estamos pasando un momento bastante feo, somos las que estamos pagando los platos rotos de los malos manejos que vienen pasando, no solo en la parte deportiva, sino por cuestiones políticas”, expresó Alaniz, refiriéndose a las tensiones políticas que han afectado al club. La capitana destacó que las jugadoras son las principales afectadas y lamentó la incertidumbre que rodea al equipo en estos momentos.

Alaniz reveló que, a pesar de que la fecha de inicio de entrenamientos ya ha pasado, el equipo se encuentra parado debido a la falta de certezas sobre el futuro. “No sabemos qué va a pasar, no tenemos un cuerpo técnico, no tenemos nada”, señaló. La situación se vuelve aún más complicada dado que el libro de pases está a punto de cerrarse, y el equipo no tiene claridad sobre su continuidad ni la posibilidad de fichar refuerzos.

En este sentido, la capitana también hizo hincapié en la situación de los refuerzos, señalando que las jugadoras que esperaban sumar al equipo no pueden llegar debido a la falta de claridad. “Todas las jugadoras ya están cerrando en otros clubes, lamentablemente al ver esta mancha que se puso, hay jugadoras que ya no tienen la confianza de venir. Por eso necesitamos ya saber qué va a suceder. Nosotros también tenemos ofertas afuera y nos estamos quedando solamente por amor, pero nosotros vivimos de eso y no podemos comer del amor”, explicó la capitana.

La capitana, originaria de San Luis, subrayó además la importancia del proyecto para la provincia y el fútbol femenino. “Haber llegado a esto era lo máximo, el sueño de nosotras, y que nos arrebaten por cuestiones políticas no tiene nombre”, expresó Alaniz, quien destacó el dolor de tener que emigrar nuevamente a otros equipos, recordando que ella misma regresó a la provincia para formar parte de este proyecto.

En cuanto a las acciones tomadas, Alaniz lamentó la falta de soluciones concretas y expresó la necesidad de que los responsables de los malos manejos se hagan cargo de la situación. “Las que estamos sufriendo somos nosotras”, afirmó, instando a los políticos a considerar el impacto real de sus decisiones en el deporte y en la vida de las jugadoras.

“Hay una buena disposición de parte de las nuevas autoridades, pero bueno, lo de la intervención pasa a ser un problema más con AFA”, dijo Alaniz, quien compartió la angustia que sienten las jugadoras al escuchar noticias día tras día sin una respuesta clara. Además, subrayó la urgencia de resolver la situación antes de que se pierda todo el proyecto que las jugadoras han construido en la cancha.

“Ya estamos cansadas de que se estén midiendo entre la nueva dirigencia, la vieja y todo y nosotros quedemos al medio. Así que espero que se den cuenta que las que pusimos el cuerpo, entrenamos con frío, calor, todos fuimos nosotras y las que logramos esto fuimos nosotras, no ninguna dirigencia política”, dijo Dayana, quien concluyó la entrevista haciendo un llamado a la empatía y comprensión de las autoridades, solicitando una pronta solución. “Ojalá que se pongan en nuestro lugar un ratito y luchemos todos juntos”, expresó Alaniz, apelando al sentido de comunidad y a la importancia histórica que tiene el proyecto para la provincia de San Luis.

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La Fiscalía de Estado, a través de su titular Víctor Endeiza, volvió a denunciar penalmente al exministro de Seguridad, Luciano Anastasi, por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de los funcionarios públicos.

Sobre el funcionario de Alberto Rodríguez Saá, que ya estaba involucrado en otros hechos de corrupción denunciados en los últimos días, pesa la sospecha, y hay fuertes indicios, de que tiene una relación familiar, que no sería compatible con el cargo que ejerció, con la empresa CAP Soluciones SAS.

La primera situación irregular es que CAP Soluciones SAS fue constituida inmediatamente después de la asunción de Anastasi como ministro de Seguridad en agosto de 2020. Además, hay un parentesco entre Carlos Alberto Puw Bianchi, socio único de la firma comercial, y el ex funcionario.

“Carlos Puw, miembro destacado de la familia Rufa–Puw, comparte lazos familiares estrechos con Anastasi, quien creció en el seno de la misma familia. Es importante señalar que Puw es sobrino de Mónica Puw, una figura significativa en la vida del ex ministro durante su crianza”, dice la denuncia, que agrega que “esta conexión familiar añade un matiz adicional a la percepción general, sugiriendo la posibilidad de un uso indebido de influencias y de favorecimiento a allegados en los procesos de contratación con el Estado”.

Para Fiscalía de Estado, “la proximidad familiar entre Anastasi y Puw plantea interrogantes sobre la imparcialidad en las decisiones y acciones relacionadas con la empresa en cuestión, generando inquietudes legítimas sobre la transparencia en dichas transacciones”.

La firma perteneciente al pariente político de Anastasi fue constituida el 16 de octubre de 2020 (dos meses después del nombramiento del funcionario de parte de Rodríguez Saá) con el propósito de llevar a cabo operaciones de compra, venta, representación, distribución, importación, exportación, comisión, consignación y cualquier modalidad de comercialización de bienes y servicios. Además, se facultó para realizar transacciones comerciales de diversa índole, incluyendo la adquisición, enajenación, exportación e importación de bienes en general.

También es poco claro el por qué para todas estas actividades apenas contaba con un capital social limitado de $37.800, de los cuales Puw únicamente suscribió el 25%, equivalente a $9.450.

Con esta limitación a cuestas, CAP Soluciones SAS participó en una licitación convocada por Anastasi para la adquisición de bicicletas destinadas a la Policía de la Provincia de San Luis, por un monto de $22.500.000, y además antes pagó por el pliego $22.500.

Comprometiendo dos terceras partes de su capital sólo en el pliego, además de asignar recursos para los seguros de caución y los gastos administrativos, Fiscalía de Estado considera “extremadamente arriesgada la apuesta para el contador (Puw), pues en caso de no obtener el contrato, podría estar enfrentando la amenaza inminente de que su empresa recién establecida se vea forzada a declararse en quiebra”.

Pero de manera sorprendente, a pesar de no contar siquiera con el capital necesario para adquirir el pliego, la empresa resultó ganadora de la licitación, superando a otros cinco oferentes. Anastasi, al momento de la adjudicación (el 21 de abril de 2021), también ignoró el hecho de que la firma omitió adjuntar su declaración jurada de ganancias. Esta omisión fue subsanada una semana después, cuando declaró no haber obtenido ingresos.

En cualquier licitación, el comprador evalúa los precios de los oferentes, el cumplimiento con las condiciones del pliego y la situación económico-financiera de las empresas participantes. En este caso, la oferta de CAP Soluciones SAS no fue la más conveniente para el Estado, ya que por ejemplo Los Nonos SRL propuso vender las bicicletas por $17.292.500, o sea $5.207.500 menos que quien resultó ganador. Los otros cuatro oferentes que también habían presentado mejores ofertas fueron eliminados con distintas excusas. Además, la firma tampoco cumplía con los otros dos requisitos.

Por eso la Comisión Evaluadora aconsejó realizar “un seguimiento estricto para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de la entrega de los bienes requeridos”. Y en esa comisión hay otro hecho irregular que sugiere un direccionamiento de la licitación: un miembro clave fue Valentina Urquiza, quien formaba parte de una fundación que constituyó Anastasi, en la función de tesorera.

“La vinculación directa de un miembro de la comisión evaluadora con la fundación liderada por el exministro introduce una dimensión adicional de conflictos de interés (…) plantea la posibilidad de una conexión íntima entre la Sra. Valentina Urquiza y el exministro de Seguridad”, expresa la denuncia.

A partir de esta operación gravosa para el Estado, la empresa dirigida por el contador Puw, con un capital de apenas $9.450 y una antigüedad inferior a seis meses, sin ningún tipo de antecedente en el mercado, inició una exitosa trayectoria en las contrataciones estatales, especialmente aquellas auspiciadas por el ministerio de Seguridad que manejaba su pariente político, Luciano Anastasi. CAP Soluciones SAS pasó a ser un proveedor constante del programa de Seguridad Vial, planteando problemas de transparencia y equidad en los procesos de licitación.

Entre otros ‘éxitos’ de la firma estuvieron la compra de alcoholímetros y boquillas por más de $29 millones, la provisión de equipamiento para motos por casi $472 mil, el suministro de conos y balizas por $175.000, la adquisición de pipetas para alcoholímetros por $1.550.000 y de handies tipo radio en dos transacciones que sumaron $154.500. Luego también calibró los alcoholímetros y cobró $953.800 y $330.000, todo en un corto período entre 2021 y 2022. En total, CAP Soluciones SAS facturó $170.746.604,28.

Por todo lo expuesto, Fiscalía de Estado tiene la convicción de que un análisis pericial revelaría que la constitución de CAP Soluciones SAS se efectuó con un solo propósito: contratar con el Estado con el único fin de canalizar de manera ilícita sus recursos.

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Luego de lograr una medida cautelar en base al amparo que presentó junto a la Defensoría del Pueblo por el desdoblamiento de salarios, ATE envió este martes notas al Gobierno provincial y a la Municipalidad de San Luis, solicitando un “urgente aumento salarial” o una “urgente convocatoria a paritarias o a una mesa salarial”.

“URGENTE AUMENTO SALARIAL para compensar la pérdida salarial que ocasionan las medidas aplicadas por el Gobierno Nacional en materia económica y monetaria que se agravaron con disparada inflacionaria más la devaluación y que están devastando los salarios de las y los trabajadores estatales. Los aumentos abusivos de precios de los alimentos, como también los incrementos en costos de salud, vivienda, educación, vestimenta, energía y combustibles que impactan sobre toda la cadena de precios; golpean más duro a quienes menores ingresos tienen”, dice uno de los posteos de ATE en sus redes sociales.

“Exigimos también se dé marcha atrás con la decisión de modificar la condición contractual del personal de planta permanente. La estabilidad laboral es un derecho alcanzado que no se debe modificar”, agrega ATE en sus comunicados.