Cintia Ramírez, patrocinada por Marcos Juárez (el abogado cordobés que ha llevado adelante algunos de los casos más notorios de los últimos años de San Luis) y Ramiro Rubio, sacó un comunicado este martes, refiriéndose a las consecuencias que ha tenido la intervención de San Luis Fútbol Club, del cual era presidenta, como por ejemplo la suspensión de la afiliación de la Liga Sanluiseña por parte de la AFA. El comunicado además contiene múltiples críticas al Gobierno por el método en que esta intervención se ha llevado a cabo.

A continuación, reproducimos el comunicado en su totalidad:
Cintia Marina Ramirez, en ejercicio de la presidencia de la Asociación Civil San Luis Futbol Club, por derecho propio, y con el patrocinio letrado de mis abogados los Dres. Marcos Juárez y Ramiro J. Rubio; me dirijo a través de este primer comunicado, a la sociedad de la Pcia. de San Luis y en especial a toda la comunidad del futbol, en virtud de los graves, inusitados y lamentables acontecimientos ocurridos en las últimas horas que afectan a todo el pueblo puntano.

En primer lugar, quiero expresar mi profunda preocupación, originada a raíz de la injustificada, intromisiva y falaz intervención a la Asociación San Luis Futbol Club que presido por parte de la Dirección de Persona Jurídica, originada en virtud del cambio de Gobierno, quien de forma ilegal ha violentado a esta Institución, poniendo en serio e inminente riesgo a todo el futbol profesional de la Provincia de San Luis de quedar fuera de la AFA.

Todo ello, con únicos y exclusivos fines políticos, que persiguen solamente intentar desprestigiar la ardua, sostenida y extensa labor desplegada por esta parte en pos de incluir al fútbol de nuestra ciudadanía puntana en el ámbito nacional, lográndolo con rotundo éxito.

A esta altura de mi exposición, debo enérgicamente señalar que con motivo de esta intervención, el actual Gobierno de la Provincia, ha puesto en jaque al deporte de San Luis, siendo importante remarcar que la situación que estamos viviendo es de pura y exclusiva responsabilidad del Gobierno actual, quien al manejarse de manera incausada y avasallante, inobservando los reglamentos de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), y con total desconocimiento de todas las normas que rigen sobre la materia -CONMEBOL y FIFA-, ha provocado la suspensión de la Liga Sanluiseña.

Demás está decir, que a pesar de todo lo sucedido, y de las acusaciones infundadas hacia mi persona, me encuentro a disposición de las autoridades y/o de quien corresponda para brindar una solución urgente a las circunstancias.

Es importante recordar a la sociedad en general que, el pasado 29 de diciembre, San Luis F.C. fue intervenido sin causa real, invocando motivos falaces, alejados de la verdad, encausados principalmente en atacar a mi persona, a la función pública que desempeñé con todo respeto, instando denuncias falsas, todo ello con un claro e inequívoco objetivo político, que no es otro que el de desprestigiar a las instituciones que no tienen ese mismo fin.

Es bien sabido que esta situación, no sólo llamó la atención de la AFA, quien procedió a notificar a la Liga Sanluiseña y a la Dirección de Personas Jurídicas del gobierno de la provincia, que los motivos de intervención son ajenos al conocimiento y competencia del Consejo Federal de Fútbol, y violan los principios de independencia que garantizan todos los miembros de AFA, como así también CONMEBOL Y FIFA (Art. 13.1.i del estatuto de FIFA y Art. 17.1 del estatuto de AFA), dándoles una semana para retractarse.

No obstante ello, la intervención gubernamental continúa con la misma postura, sin dar lugar al diálogo y hoy, finalizado el plazo, el Consejo Federal de Futbol Argentino ha suspendido a la liga Sanluiseña de futbol, poniendo en peligro la participación de los clubes de la provincia en los torneos de AFA.

Por lo dicho, resulta lamentable la situación generada por esa intervención impulsada por el nuevo gobierno provincial, que desencadenó en la sanción mencionada.

Los responsables de dicha intervención que hoy perjudica a la Liga Sanluiseña nunca quisieron recibir a la institución que representaba, a pesar de los reiterados pedidos de audiencia, y hoy por hoy, todas las jugadoras de distintas categorías siguen sin saber cómo y cuándo van a poder comenzar sus pretemporadas. Simplemente procedieron llevar adelante una intervención que nada tenía que ver con el buen funcionamiento del club y que, finalmente ha perjudicado no sólo a San Luis FC, sino a los clubes que participan en torneos federales o que aspiran a llegar.

San Luis Futbol Club ha sido un proyecto exitoso, que contiene, no sólo a un equipo de primera, sino además a más de 200 chicas que forman parte de las demás categorías, y que en dos años ha conseguido los siguientes logros:

– Campeonas de la Primera C de AFA y ascenso a la Primera B
– Campeonas de la Primera B de AFA y ascenso a la Primera A
– Campeonas de la Copa Provincial Femenina de la categoría A
– Campeonas de la Copa Provincial Femenina Sub 14
– Campeonas de los Juegos Nacionales Evita Categoría con integrantes de jugadoras y cuerpo técnico de San Luis FC en Sub 14
– Tercer Puesto de los JJNN Evita categoría con integrantes y cuerpo técnico de San Luis fc en Sub 16
– Clasificación a la etapa final de la copa federal (logrando jugar la instancia final contra Boca Juniors el próximo 31 de enero)
– Campeonas del torneo Clausura de la Liga Sanluiseña de Futbol
– Subcampeonas del torneo apertura de la Liga Sanluiseña de Futbol
– Campeonas del torneo Apertura y Clausura categoría sub 15 de la LSF
– Campeonas del torneo Apertura y Clausura categoría reserva de la LSF
– Campeonas de la Súper Final de la LSF

Finalmente, quiero reiterar mi predisposición para que la situación sea regularizada a favor de los clubes de la provincia y principalmente para la Asociación San Luis Futbol Club. No puede un capricho político de querer refundar a San Luis FC dejar afuera de competencia a todos los clubes.

Asimismo, quiero aclarar que nunca fui notificada personalmente, ni ninguno de los miembros del club por dicha intervención. Tuvimos que recurrir a personería jurídica para conocer los motivos y alcances de dicha medida.

A partir de allí fui conociendo toda la persecución política hacia mi persona por los medios oficiales del gobernador Claudio Poggi, cuyas noticias curiosamente fueron publicadas antes de la presentación de denuncias infundadas en contra de mi persona, al igual que también del decreto de intervención.

Para culminar y en relación a la interposición de la denuncia penal en mi contra, cuyo único objetivo es poner en duda mi labor como Secretaria de Deportes, quiero decir que ya estamos trabajando con mis abogados para esclarecer toda difamación, vamos a encargarnos de demostrar la verdad.

Sin más, y a pesar de todo, deseo de corazón que el Gobierno actual solucione este problema que ha ocasionado a los clubes, y me pongo a disposición para que así sea.

Luego de que fuera rechazado el proyecto enviado al Concejo Deliberante para adquirir deuda, y de la catarata de críticas que generó el pago de los haberes de diciembre en dos veces, la Municipalidad de San Luis buscará un “adelanto económico” para poder pagar la totalidad de los salarios correspondientes a enero a fin de mes.

Para ello, el intendente Gastón Hissa, junto a la Secretaria de Hacienda, Infraestructura y Planeamiento, Fabiana Malamud, se reunieron con Pedro Zangrá, gerente del banco Supervielle, y Juan Martín Leguiza, jefe de operaciones comerciales. Cabe recordar que el Supervielle continúa como agente financiero de la Municipalidad, a diferencia de la provincia, que cambió al Nación.

“El motivo del encuentro fue solicitar un adelanto económico para afrontar el pago de los haberes totales del mes de enero a los empleados municipales. La situación financiera y económica que atraviesa la Municipalidad es de absoluta gravedad, debido a los desmanejos y hechos de corrupción que fueron denunciados en la justicia oportunamente”, comunicaron desde la Municipalidad.

Ayer, Enrique Ponce, defensor del Pueblo de San Luis, participó de la audiencia pública convocada por Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) para tratar los distintos aumentos que surgen a partir del DNU del presidente Javier Milei, con la liberación de tarifas y quitas de subsidios. Este martes, Ponce dialogó con La Gaceta Digital sobre la misma, detallando además el pedido de aumento que solicitó para nuestra provincia Ecogas, destacando una discrepancia significativa entre las declaraciones de la empresa a distintos medios nacionales y la presentación escrita durante la audiencia.

“En los medios nacionales y en la misma audiencia, el representante de Ecogas dijo que los aumentos deberían ser de 350 al 450% en adelante, o en ese rango, siendo que en su presentación por escrito estaba hablando de 280% para sectores de menores ingresos y 126% de aumento del total de las facturas para los sectores de mayores ingresos. Estamos hablando de porcentajes que son exorbitantes, pero encima de que son exorbitantes, hay una diferencia de 280% entre lo que se pide por escrito y lo que se dijo pocas horas después en la misma audiencia pública, solicitando un promedio del 400%”, añadió.

La discrepancia entre los porcentajes propuestos genera inquietud, especialmente al considerar la carga que recae sobre los sectores de menores ingresos. “A los sectores de mayores ingresos, 126% de aumento y a los sectores de menores ingresos, 280%. ¿Cómo es esto? ¿Por qué el aumento de las tarifas está impactando de mayor manera a los sectores de menores ingresos?”, se preguntó Ponce.

El defensor del Pueblo también abordó la propuesta de Ecogas para un ajuste mensual, basado en el índice de precios internos al por mayor. “Un trabajador formal, ¿qué aumento mensual tiene en su salario? Un trabajador informal, ¿qué aumento mensual tienen sus ingresos informales? Un jubilado o pensionado, ¿recibe aumento de acuerdo a ese índice todos los meses? ¿Y un titular de plan social o comerciante pequeño? Es tremendamente injusta la tarifa propuesta y este ajuste menusal. Y todas las prestadoras de servicios que se presentaron piden el mismo criterio. O sea, está carterizado”.

Ponce también destacó que la presentación de Ecogas no incluyó ningún plan de inversiones en la provincia. Al respecto, destacó que desde 2012, la red de gas natural ha crecido solo un 30%, llegando a 2.500 kilómetros de cañería. “Tenés 200.000 hogares y tenés menos del 50% con red de gas”, señaló Ponce, mencionando no solo loteos recientes que no cuentan con gas, sino también edificios céntricos que son exclusivamente eléctricos. El defensor pidió que no le entregue a la empresa “un cheque en blanco”.

En base a todo esto, Ponce realizó un planteo en contra de lo solicitado por Ecogas. “También pedí que cuando se haga la clasificación de los usuarios, se incluyan nuevos niveles residenciales y que se consideren consumos anuales superiores a los 3.000 metros cúbicos”, señaló.

A título personal, Ponce consideró que esta audiencia fue meramente una formalidad y que “en definitiva van a terminar accediendo a darle todo lo que piden las prestadoras de gas”. “Lo ideal sería no estar pensando en eso, pero hay que estar preparado. Hay que estar alerta y accionar. No hagamos el ajuste sobre los sectores más vulnerables, sobre la gente. Más cuando se dijo que se iba a hacer ajuste sobre el sector político, sobre la política”, concluyó Ponce, quien no descarta realizar presentaciones legales como las que hizo en relación al reajuste tarifaria de Edesal.

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Tras conocerse anoche la suspensión de la afiliación de la Liga Sanluiseña a la AFA, debido a la intervención del San Luis Fútbol Club que realizó el Gobierno provincial en base a las millonarias transferencias que la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, realizaba a la institución, de la cual también era presidenta. La AFA, a través de su Consejo Federal, advirtió que su reglamento y el de la FIFA prohíben la “interferencia por parte de terceros”, pero el Gobierno hizo caso omiso, conduciendo a la sanción que se conoció ayer.

En este marco, fue que el Gobierno, a través de su Agencia de Noticias, hoy salió a defender la intervención, asegurando que “San Luis Fútbol Club se encuentra en medio de una controversia que no debería ser tal, ya que el Gobierno provincial tiene sobrados argumentos para sostener su intervención, que de todas maneras sólo fue establecida por 90 días, hasta que se normalice la situación”.

El resto del artículo justifica la decisión en base a las irregularidades detectadas, sin ofrecer ningún tipo de justificación con respecto a la forma en qué se llevó a cabo la intervención, en directa contraposición al reglamento de la AFA y la FIFA.

A continuación, reproducimos el comunicado del Gobierno:
“Como primera medida, hay que saber que recién existe como club desde el 6 de enero del año pasado, cuando se creó mediante la Resolución N°04-DPCyFPJ-2023. Transcurrido un año desde ese momento, tiene sólo 13 socios activos con voz para elegir actividades.

“La presidente era la exsecretaria de Deportes, Cintia Ramírez, quien financió todas las actividades del club con fondos del Estado. Fue ella misma quien autorizó, aprovechando su cargo de máxima autoridad deportiva de la provincia, la transferencia de dinero al Ente de Deportes, que también era presidido por ella, y a través del Ente para terminar enviando fondos a San Luis FC, que también preside ella.

“El día 7 de diciembre de 2023, a 48 horas de dejar el poder la gestión anterior, la secretaria de Deportes se autorizó para su club una transferencia de $300 millones, que derivó en una investigación penal por malversación de fondos públicos. Ante este hecho y en resguardo del patrimonio del Estado, la nueva administración provincial pidió la intervención de Personas Jurídicas.

“Esa Dirección realizó una inspección, ordenada mediante la Resolución N°398-DPJ- 2023, en el domicilio declarado como sede social de la entidad, teniendo como resultado que allí no funciona la sede social ni ningún otro espacio ocupado por la misma. Por consiguiente, el club no existe como tal.

“Ante una situación de enorme gravedad, se dispuso la intervención de San Luis Fútbol Club, que se va a extender por 90 días, hasta que se normalice la situación”.

Si bien el periodo de sesiones extraordinario está abierto desde el pasado 20 de diciembre, recién este lunes 8 de enero el Gobierno provincial envió el proyecto para adquirir deuda a la Legislatura puntana. En el primer videoinforme de su gestión, el gobernador Claudio Poggi mencionó que iba a remitir a la Legislatura un proyecto para que se autorice al Ejecutivo a tomar deuda por $150.000 millones. Sin embargo, en el proyecto enviado no figura ningún monto específico, lo cual seguramente será un punto de discusión durante el tratamiento del proyecto.

“Cabe recordar que el primer mandatario se entrevistó la semana pasada con directivos del Banco Nación, el agente financiero de San Luis, entre ellos con el presidente de la entidad, oportunidad en la que le solicitó la posibilidad de firmar una adenda al contrato de vinculación a fin de que el banco le otorgue al Estado provincial un crédito denominado adelanto transitorio de haberes. Será un crédito a 20 días por un monto equivalente a la nómina salarial de enero, ‘lo que permitiría abonar los sueldos completos el último día hábil y evitar el desdoblamiento, explicó el Gobernador´”, manifestaron desde el Gobierno, en un comunicado de prensa.

EL PROYECTO DE LEY COMPLETO

FUNDAMENTOS

Que por convenio suscripto en fecha 2 de mayo de 2022, el Banco de la Nación Argentina pasó a revestir el carácter de Agente Financiero de la provincia, y consecuentemente, la entidad financiera en la cual los agentes estatales perciben sus remuneraciones.

En este marco, es que deviene conveniente, a fin de no dilatar el pago de los salarios correspondientes al mes de enero de 2024 y los subsiguientes de ser menester, acceder al servicio de adelantos transitorios por pago de haberes prevista por el BCRA en su Texto Ordenado “Financiamiento al Sector Público No Financiero”, numeral 3.2.5., a fin de atender el pago de la masa salarial de los empleados públicos -comprensivo de la administración central y descentralizada, entes autárquicos y demás organismos públicos cuyos empleados perciban sus remuneraciones en Banco de la Nación Argentina- cuyas cuentas de sueldos se encuentren habilitadas en dicha entidad.

Dicho adelanto transitorio mediante operatoria con el Agente Financiero de la Provincia, será de corto plazo, permitirá pagar íntegramente los salarios cuando, a la fecha del pago, la Administración no disponga de fondos suficientes para su cancelación y el monto del anticipo no podrá superar a la sumatoria de las acreditaciones mensuales que por tales conceptos se realizaren en las cuentas bancarias, estableciéndose un plazo de devolución dentro del mes calendario siguiente a aquel en que se hubiere tomado el mismo.

Por todo lo expuesto solicito a esa Honorable Cámara provea favorablemente el presente proyecto de ley.

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis, sancionan con fuerza de Ley

AUTORIZACION ANTICIPO TRANSITORIO PARA PAGO DE HABERES, CON AGENTE FINANCIERO DE LA PROVINCIA, BANCO DE LA NACION ARGENTINA.

ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo acceder a la línea crediticia de adelantos transitorios por pago de haberes del personal de la administración central y descentralizada, entes autárquicos y demás organismos públicos cuyos empleados perciban sus remuneraciones a través de cuentas sueldos abiertas en el Banco de la Nación Argentina, Agente Financiero de la provincia.

ARTÍCULO 2º.- El adelanto transitorio tendrá como destino el pago de los haberes del personal mencionado en el artículo anterior y su monto no podrá superar a la sumatoria de las acreditaciones que por tales conceptos se realizaren en el mes, en las cuentas bancarias del personal abiertas en el Banco de la Nación Argentina.

ARTÍCULO 3º.- El plazo de devolución del adelanto transitorio será por el plazo máximo que establezca el Banco Central de la República Argentina para la operatoria crediticia autorizada por la presente, debiendo en todos los casos operar dentro del mes calendario siguiente a aquel en que se hubiere tomado el mismo.

ARTÍCULO 4º.- La operatoria de adelanto transitorio devengará la tasa de interés establecida para dicha modalidad crediticia de anticipo de haberes en cuenta, en el Banco de la Nación Argentina.

ARTÍCULO 5º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a ceder en garantía y como medio de pago de las operaciones de crédito público autorizados por el Art.1º de la presente, los recursos correspondientes a la Provincia de San Luis provenientes de la Ley de Coparticipación Federal Nº 23.548.-

ARTÍCULO 6º.- Los servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a la financiación de crédito público serán afrontados con los recursos corrientes y ordinarios.-

ARTÍCULO 7º.- Interprétese a los fines del art. 91 de la Constitución Provincial que los recursos que conforman la renta provincial se ajustarán mensualmente, para su consideración y comparación en moneda homogénea y constante, con el Índice de Precios al Consumidor elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.-

ARTÍCULO 8º.- Exceptúase de la presente las disposiciones del art. 71 de la Ley Nº VIII-0256-2004 Ley de Contabilidad, Administración y Control Público de la Provincia de San Luis y toda otra norma que se oponga a la presente, sin perjuicio de que las operaciones de crédito público puedan ser destinadas al pago de proyectos de inversión o gastos de capital.-

ARTICULO 9°.- La presente Ley entrará en vigencia en la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 10°.- Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.-

Este lunes se conoció un comunicado del Consejo Federal del Fútbol de la AFA (Asociación de Fútbol Argentino) en el que se anunció la suspensión de la afiliación de la Liga Sanluiseña de Fútbol. La medida se origina en la intervención que llevó adelante el Gobierno de Claudio Poggi a San Luis Fútbol Club (SLFC), por las irregularidades denunciadas de transferencia irregular de fondos de la ex secretaria de Deportes y también presidenta de SLFC, Cintia Ramírez.

Aunque desde el Gobierno provincial aseguraron que la intervención a SLFC no afectaría la participación de la entidad en la Primera División del fútbol femenino de Argentina, la AFA, a través del Consejo Federal, decidió intimar a la Liga local el pasado 29 de diciembre a que cese la intervención, pero al cumplirse el plazo decidió suspender la afiliación de la misma y la de los clubes que participan en sus torneos.

Esta medida afecta también a los equipos sanluiseños que participan del Federal A, Juventud y Estudiantes, ya que los reglamentos de FIFA y AFA prohíben la intromisión de instituciones externas en cualquier tipo de conflicto.

En la nota dirigida al presidente de la Liga Sanluiseña de Fútbol, Daniel Miranda, se comunica que además de la medida de suspensión se abre un “procedimiento sancionatorio” que podría concluir con “la desafiliación definitiva” del ente puntano y sus equipos.

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Este lunes, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, Federico Berardo, a través de la presidenta de la Cámara, convocó a una reunión para tratar el decreto N° 150, mediante el cual el gobernador, Claudio Poggi, derogó leyes, decretó la emergencia económica, suprimió ADEAS y rescindió contratos, entre tantas otras medidas. De la reunión de comisión, que será mañana a las 14 horas, participarán también que han pedido audiencia con los legisladores de la oposición.

“Es para analizar cuál es la seguridad jurídica que tiene hoy la provincia en vista de todas las medidas que está tomando el Ejecutivo, que está apropiándose de facultades que no tiene, o que nosotros consideramos que no tiene. Así que bueno, vamos a ir analizando una por una cada una de esas decisiones que se han tomado desde el ejecutivo para, y en base a eso, ver cómo actuamos a futuro”, contó Berardo a La Gaceta Digital.

Consultado por cual es la medida que más preocupa del decreto N° 150, aparte del desdoblamiento de salarios, el legislador mencionó la “liberación para la contrataciones directas, por todo lo que implica”. “Imagínate si esto fuera al inverso, el escándalo que estaríamos escuchando por parte de ellos en esta situación”, señaló.

Por otro lado, el diputado opositor señaló como lo que pasa y hace el Gobierno provincial es luego replicado por la Municipalidad de San Luis. “La provincia desdobla, la Municipalidad desdobla. La provincia decide dar marcha atrás y paga, la Municipalidad hace exactamente lo mismo. Parece más una construcción de un relato que una realidad en sí misma, entonces también queremos analizar toda esa situación”.

“Nos preocupa que se haya volteado el pase a planta permanente de muchos empleos públicos que cumplían con los requisitos. Nos preocupa que, estando en (sesiones) extraordinarias abiertas, que no se mande la ley del Ministerio; nos preocupa que no se ponga en consideración las designaciones. Esto pasa más por el Senado, pero tiene que ver con esta violación permanente, con esto de legislar por nosotros, en cuanto a lo que tiene que ver con el fiscal de Estado”, dijo el opositor.

“Todas y cada una de las acciones que han tomado a lo largo de estos 20 días de gobierno nos generan mucha preocupación. Simultáneamente tampoco podemos visibilizar ninguna propuesta de política específica hasta ahora. A lo que se han dedicado es a una crítica sistemática, dejando de lado si tengan razón o no. Lo que no estamos pudiendo apreciar es hacia dónde va a ir el gobierno de Claudio Poggi, qué es lo que tiene pensado en el futuro. Creemos que ya es tiempo de que se pongan a gobernar”, continuó Berardo, quien aseguró que desde la comisión de Asuntos Constitucionales van a cumplir con su rol “de controlar”.

“Sería muy irresponsable esperar al 1ro de abril para empezar a reunirnos y a controlar. Por eso decidimos convocar Asuntos para mañana y convocaremos la cantidad de veces que consideremos necesario hacerlo, porque están dadas las circunstancias y la gravedad lo amerita”, dijo el legislador.

Párrafo aparte, cabe señalar que es inaudito en la historia de la Cámara de Diputados de San Luis, la única del país en la que las sesiones ordinarias comienzan el 1ro de abril en vez de en marzo, que una comisión se reúna durante el mes de enero.

Asuntos Constitucionales es una comisión de 7 miembros, pero actualmente tiene 4, ya que a 2 se les venció el mandato en diciembre, mientras que el otro era Gastón Hissa, quien asumió como intendente capitalino, cuyo reemplazo, Mauro Chiatti, no pidió o no alcanzó a ser designado como parte de esta comisión.

Berardo también se refirió a la polémica por el artículo 19 del decreto N° 150, el cual sustituye el artículo 10 de la Ley de Presupuesto 2024, que establece que el Poder Ejecutivo “no podrá aumentar el número total de cargos y horas cátedra antes establecidos”, por uno que dice que el “Poder Ejecutivo Provincial podrá aumentar el número total de cargos y horas cátedra antes establecidos”.

“Vos sabés perfectamente lo que generó cuando tratamos esa medida en la Cámara. Sus diputados votaron en contra y fue la excusa por la cual el diputado Leyes y los otros diputados se fueron del bloque. Lo agarraron como el hecho detonante, independientemente de lo que hagan inventado, fue el desencadenante de la gran crisis. Y ahora vienen y hacen exactamente lo mismo. La verdad es que está claro que lo que se está buscando es construir un relato porque cada una de las medidas que están tomando no coincide con lo que dicen”, dijo el diputado.

Volviendo al tema del pago de los salarios, Berardo disparó: “Lo que (Poggi) no quiere aceptar, y esto es una interpretación mía, es que en vista de que se envió una carta de documento, en vista de que se presentó un amparo, de repente la plata aparece, pero no porque no estaba, sino porque siempre estuvo, y lo que no quiso es tener un conflicto legal que lo pudiera perjudicar de alguna manera. Entonces, ante esa situación, blanqueó que la plata está y va a pagar los sueldos. Y la Municipalidad de San Luis, obrando casi de la mano, como si fuera una pareja, hace exactamente lo mismo, porque Hissa no dice de dónde sacó la plata él”.

Para finalizar, si bien aclaró que a la hora de votar algún despacho de comisión solo lo pueden hacer sus 4 integrantes, Berardo aseguró que cualquier legislador o ciudadano puede participar de la reunión de comisión de mañana.

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Esta mañana, un grupo de jóvenes aspirantes inscriptos para el Instituto de Seguridad Pública de San Luis se congregó frente al Ministerio de Seguridad para expresar su preocupación y buscar soluciones tras la reciente suspensión de ingresos para el año 2024. La manifestación, pacífica pero cargada de inquietud, contó con pancartas que expresaban la angustia de los aspirantes y la incertidumbre que rodea su futuro. Algunas de ellas pedían “buscar una solución juntos”.

Según informaron desde Seguridad, la jornada comenzó cuando se dirigían a una reunión de directores en la jefatura de la policía y se encontraron con 20 aspirantes y algunos padres que esperaban ser escuchados. Estos jóvenes, en su mayoría de entre 23 y 24 años y originarios de San Luis, junto con algunos de Villa Mercedes, se vieron afectados por la suspensión de los ingresos, ya que la edad límite para ingresar al Instituto es hasta los 24 años.

Una vez dentro del Ministerio, tras una espera de 40 minutos, la ministra de Seguridad, acompañada por funcionarios del área de infraestructura, se reunió con los aspirantes y también con algunos padres. La ministra compartió un informe detallado sobre la situación del Instituto, explicando las razones detrás de la decisión de suspender las clases para el primer año, siendo la principal de ellas las malas condiciones edilicias en las que se encuentra.

Durante la reunión, los aspirantes expresaron sus inquietudes, especialmente en relación con el límite de edad y los procesos de selección. A pesar de la disposición de la ministra para dialogar y explicar la situación, la decisión de suspender los ingresos se mantuvo firme. Algunos manifestantes entendieron la decisión, mientras que otros expresaron su frustración y desconcierto.

Asimismo, la ministra Nancy Sosa asumió el compromiso de que los exámenes psicológicos, físicos y médicos que todos los inscriptos ya se habían realizado y pagado de su bolsillo, serán gratuitos para quienes se habían inscripto para este 2024.

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La ministra de Salud, Claudia Spanuolo, se reunió con el equipo de Registros Médicos para comenzar a trabajar juntos y coordinar acciones que mejoren los servicios que les brindan a los pacientes en los distintos hospitales y centros de salud de la provincia.

Registros Médicos, dependiente de la Agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad San Luis, trabaja con un moderno sistema en el que se asientan de forma digital la historia clínica y los resultados de los estudios médicos, a los que pueden acceder tanto el profesional como el paciente a través de Portal Puntano. Además, permite el acceso a otros trámites como gestión de turnos, el listado de profesionales con el que se atienden y los medicamentos que se les prescriben.

La Ministra pudo ver las estadísticas en tiempo real en relación a los centros de salud y profesionales habilitados, la cantidad de historias clínicas creadas, las consultas realizadas, los turnos asignados y los distintos servicios habilitados.

El personal de Registros Médicos enfatizó la importancia del derecho a la Historia Clínica Digital, que es potestad del paciente, y la necesidad de avanzar con la integración de este sistema en el Hospital Central ‘Ramón Carrillo’, ya que en la actualidad la Agencia tiene cargadas más de 390 mil historias clínicas pertenecientes a usuarios que se atienden allí.

A pesar de que el gobernador, Claudio Poggi, anunció anoche que este miércoles iba a terminar de pagar los salarios de diciembre, el Poder Judicial de la Provincia de San Luis le ordenó al Gobierno provincial, este lunes por la mañana, que abone de “manera urgente e inmediata los haberes adeudados al personal de la administración central y órganos descentralizados, hasta completar la totalidad de la liquidación correspondiente al mes de Diciembre de 2023”. Este fallo es en base a la medida cautelar solicitada por Enrique Ponce, titular de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, y Fernando Gatica, secretario General del Consejo Directivo San Luis de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) la semana pasada.

La resolución, firmada por Daniela Benenatti, establece que el Poder Ejecutivo deberá satisfacer íntegramente el pago de los salarios adeudados hasta completar la totalidad de la liquidación correspondiente al mencionado mes. La orden, en base a la presentación de Ponce, incluye la prohibición de llevar a cabo cualquier tipo de acción que afecte u omita el pago íntegro, y en tiempo y forma, de los salarios de quienes integran la planta del personal de la administración central y órganos descentralizados.

La medida cautelar fue presentada en el marco del Artículo 43 de la Constitución Nacional y el Artículo 45 de la Constitución de la Provincia de San Luis, así como de la Ley IV-0090-2004 contra el Poder Ejecutivo Provincial. Los solicitantes, respaldados por el abogado Juan David Salvucci y la abogada Sandra Elizabeth Quevedo, argumentaron la inconstitucionalidad del Artículo 19 del decreto Nº150-SGG-2023, que permitía al Poder Ejecutivo diferir parcialmente el pago de salarios mientras se completaba la readecuación de cargos y horas cátedras.

El fallo se basa en la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, la contracautela, y la existencia de un perjuicio irreparable. Se destaca que la verosimilitud del derecho se sustenta en la evidencia de haberse dispuesto el pago en cuotas del salario de diciembre de 2023, lo cual afectaría gravemente a los trabajadores, considerados “socialmente vulnerables”.

En sus considerandos, el fallo judicial destaca que el amparo presentado por Ponce destaca la existencia de un perjuicio irreparable, fundamentado en el riesgo de sufrir perjuicios económicos inminentes, especialmente en un contexto de crisis económica nacional. Los demandantes argumentaron que la falta de pago afectaría la capacidad de los trabajadores para cubrir gastos básicos como alquileres, cuotas de vivienda y gastos de salud.

Por último, el fallo ordena notificar el fallo al Gobernador, al Ministro de Hacienda y a Fiscalía de Estado.

Ahora solo resta esperar si este fallo judicial conduce a algún cambio en los planes del Gobierno, el cual planea terminar de pagar los salarios de diciembre este próximo miércoles 10 de enero.

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