A las 3.30 del pasado 20 de diciembre, un incendio se desató en los galpones de la Zona Franca y no dio tiempo a nada. En cuestión de minutos, el galpón 3 del predio de la Zona Franca de Justo Daract ardió y las llamas arrasaron con toda la mercadería que habían almacenado algunas empresas, lista para importar.

El problema para el nuevo Gobierno de San Luis comenzó cuando fueron a ver en cuánto estaban aseguradas las cosas. Según informaron desde la Agencia de Noticias gubernamental, “la prima arreglada por la gestión anterior en abril de este año era ridícula”. “O sea que el dinero que despilfarraron por todos lados hasta llevar a la provincia a la quiebra no tuvo su correlato con un trámite fundamental, como es el de poner a resguardo la mercadería que empresas privadas le confiaron al Estado en la Zona Franca”, manifestaron.

“La consecuencia es desastrosa, una más: el gobierno actual deberá afrontar un gasto millonario para cubrir las pérdidas, cuando todo se podría haber solucionado contratando un seguro por un monto adecuado”, continúa el comunicado del Gobierno.

En el galpón se acopiaba equipamiento, mercadería y producción de importaciones de varias empresas. Todo esto desapareció en el incendio. “Funcionarios de San Luis Logística de la gestión anterior, como Sebastián Lavandeira y Eduardo Rivero, deberían responder por semejante desidia, al igual que el director de la Zona Franca hasta el 9 de diciembre, Mario Barrozo”, plantearon desde el Gobierno.

El secretario de Estado de San Luis Logística actual, Harold Bridger, denunció en la Unidad de Abordaje Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial de Villa Mercedes que el incendio generó una pérdida total de los almacenado y solicitó una pericia a las cámaras de seguridad, a fin de recabar información que permita avanzar en la investigación de las causas del incendio.

“El detalle grave está en el escaso monto de cobertura del seguro, que estaba vigente hasta abril de 2024, y había sido contratado por la gestión anterior en abril de 2023. Es tan exiguo el monto de cobertura que la provincia deberá eventualmente afrontar el costo del total de los daños producidos a la mercadería depositada en la zona franca para luego ser exportada. Fue destrucción total, inclusive también ardieron una camioneta de la AFIP y dos autoelevadores, que son propiedad de la provincia”, contó el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla.

“La presentación que hizo Bridger fue para determinar responsabilidades en el origen del incendio y la realización de pericias, que ya estaban en marcha este jueves al mediodía a cargo de peritos de Bomberos de la provincia. El Juzgado Federal de Villa Mercedes se declaró incompetente, entonces se encargará la Justicia ordinaria de la Segunda Circunscripción”, agregó el funcionario.

El Concejo Deliberante de San Luis aprobó este viernes en sesión extraordinaria el tercer aumento del año en la tarifa de taxi. La suba aprobada hoy es de un 100% y acumula un 238% en menos de un año. La nueva tarifa comenzaría a regir desde el 1° de enero de 2024.

El proyecto de ordenanza que remitió la gestión de Gastón Hissa aumenta la bajada de bandera de $237,50 a $475. La tarifa nocturna (22 a 6 horas) y de feriados sube de $285 a $570. La ficha diurna aprobada es de $47,50 y la nocturna de $57. Estas tarifas tendrán una vigencia de 90 días desde su entrada en vigencia.

Hay que señalar que la ficha este año se bajó la distancia de 180 metros a 130, lo que sumó un ítem de aumento.

El proyecto se aprobó por el voto unánime de los concejales presentes en la sesión, quienes fueron el bloque de los siete del nuevo oficialismo, y Laura Sánchez, quien rompió con el Justicialismo, y tiene su bloque unipersonal.

La presidenta del Concejo, Agustina Arancibia Rodríguez, manifestó que el aumento se hizo en función de los pedidos de los tres sectores que representan el servicio de taxis y que se quedó pendiente desde el mes pasado. “Nuestro intendente entendió que era un sector que no iba a aguantar hasta marzo, por la situación del país”, consideró la legisladora.
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En la sesión extraordinaria que se realizó este viernes, el Concejo Deliberante rechazó, por falta solamente de dos votos, el proyecto de ordenanza para autorizar a la Municipalidad de San Luis a tomar deuda por hasta $20.000 millones o el equivalente a 10 coparticipaciones municipales. Los ediles del bloque Justicialista de Todos no entraron a sesionar y fijaron una postura en contra del endeudamiento.

Apenas comenzó la sesión a las 14.30 se confirmaba que la autorización para el endeudamiento no iba a conseguir ser aprobado, ya que se necesitaba una mayoría especial de los dos tercios del cuerpo legislativo. El Concejo tiene 14 ediles y se necesitaban 10 votos para alcanzar la aprobación. En la sesión estuvieron presentes ocho legisladores, siete del nuevo oficialismo, y Laura Sánchez.

Por lo tanto a la hora de la votación hubo ocho votos a favor del proyecto del empréstito, pero no fueron suficientes. Al término de la sesión, La Gaceta preguntó a la presidenta del Concejo, Agustina Arancibia Rodríguez, su punto de vista sobre la ausencia de la nueva oposición. “Una vez más demuestran que no están a la altura de las circunstancias, porque si hoy el Municipio se encuentra en la situación en la que está, y está solicitando poder endeudarse y pedir préstamos, es porque son gente de su gestión quien ha dejado la Municipalidad absolutamente, como dijo el Intendente, desguazada, desmantelada, y con un déficit terrible”, respondió, quien agregó que los ediles justicialistas “ni del trabajador municipal, ni de los vecinos”.

La legisladora manifestó que habrá una reunión con el Ejecutivo municipal para encontrar una solución.

Minutos después de finalizada la sesión, los concejales de la nueva oposición hicieron público su rechazo al proyecto de endeudamiento bajo los argumentos que el empréstito no se usaría para el pago de sueldos y que Hissa no reclama al gobernador Claudio Poggi la declinación del Tratado de La Toma. Además, el bloque manifiesta que no convalidarán “una deuda municipal que de llevarse a cabo se pagará por generaciones de puntanos y puntanas”.
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Este jueves por la noche se emitió un nuevo informe del gobernador Claudio Poggi, grabado y sin preguntas de la prensa, denunciando hechos de corrupción de la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Este informe se centró en el Molino Fénix, Sol Puntano y el Centro Hípico y de Equinoterapia.

Sobre el Molino Fénix, comenzó diciendo que está “totalmente destruido, totalmente alejado de lo que hace 10 años pretendió ser como un centro recreativo, gastronómico de la cultura, de la música, de la ciudad de Villa Mercedes”. “Acabamos de detectar ya teníamos información, dos vehículos último modelo una camioneta Toyota Hilux modelo 2023 y una Berlingo modelo 2021 a nombre del complejo Molino Fénix. ¿Me quieren decir para qué necesita el Molino Fénix una Hilux y una Berlingo? Solamente para que sus funcionarios la usen y la usaron, y la usaron mucho”, dijo Poggi, quien apuntó a quien dirigía el Molino, la ex diputada Anabella Lucero.

“Pero más grave aún fueron los aportes económicos que el estado provincial le realizó al complejo Molino Fénix como ente desconcentrado y los aportes económicos, realizados desde el primero de enero del 2023 al 30 de noviembre del 2023, ascendieron a 1.061 millones de pesos. Casi 100 millones de pesos por mes aportó el gobierno de la provincia al complejo Molino Fénix para que lo administrara la ex diputada Anabella Lucero. Un desastre el complejo Molino Fénix estamos buscando las rendiciones de esos aportes porque tienen que estar rendidos y no las estamos encontrando, pero vamos a investigar cada una de las rendiciones. Mil millones de pesos de aportes en este año al complejo Molino Fénix y dos vehículos cero kilómetros que acabamos de recuperar y los vamos a afectar a la policía de la provincia para la prevención y lucha contra el delito”, continuó Poggi.

Acto seguido, el Gobernador se refirió a la situación de Sol Puntano, manifestando que se desvirtuó el rol para el cual esta SAPEM fue creada. “Pasó a ser un otro negocio más, con muy buenos trabajadores que cultivan la tierra, que siembran, que cosechan, pero con funcionarios en su momento que usufructuaron de lo que producían esos trabajadores y el sello Sol Puntano”, señaló Poggi, quien dio como ejemplo lo que pasó con 5.800 kilos de uva que se cosecharon este año.

“Sin ningún tipo de remito firmado, por orden de un tal ingeniero (Alfredo) Cartellone, (la cosecha) se envió a una bodega privada en la zona de Estancia Grande para producir, fabricar vino. No están ni las uvas, ni el vino en Sol Puntano. Se robaron 5.800 kilos de uvas producidas en Sol Puntano. También hay una situación muy particular con el negocio de la carne, de la faena en Sol Puntano que está articulado con el frigorífico de Justo Daract, que está manejado también por la gente que manejaba Sol Puntano. Hemos suspendido las actividades y en las próximas horas les voy a dar más detalles de lo que está pasando porque estamos recopilando información, pero lo más grave aún, también, es que el Tesoro Provincial, el Estado Provincial aportó a Sol Puntano durante todo el año 2023, como aporte no reintegrable, la suma de 937 millones de pesos, cuyas rendiciones aún no encontramos y que estamos buscando”, dijo Poggi, quien luego señaló que el Directorio de Sol Puntano estaba compuesto por Nazareno Perroni como presidente, Claudio Gripo como vice y Sebastián Lavandeira como director titular.

Sobre este segmento, llama la atención la expresión de Poggi sobre “un tal ingeniero Cartellone”, ya que Alfredo Cartellone fue funcionario en Sol Puntano desde 2012, durante la primera gestión del actual gobernador, como consta en la propia Agencia de Noticias gubernamental.

El tercer punto del mensaje fue el Centro de Equinoterapia, de donde aseguró que faltan 58 de los 68 caballos que deberían haber. Cada caballo tiene un valor de 10 millones de pesos. “Por supuesto siempre se les dio la alimentación a todos, el costo de la alimentación para esos 68 caballos era de 4 millones de pesos por mes; alimentación e insumos. 50 millones de pesos al año”, dijo el mandatorio, quien comentó que el director del centro era “un tal Diego Noza”. “Usaron de un centro tan noble, tan sensible para todos, sobre todo para los papás que tienen un chico, un adolescente con alguna discapacidad y que asistían para rehabilitarse, como un negocio”, dijo Poggi.

Para finalizar, se refirió al negociado que se hizo con los nodos de seguridad. Según comentó, se compraron 300, por un total de 1.200 millones de pesos. “Tal es así que de esos 300, 110 están acá en Villa Mercedes abarrotados abandonados en una fábrica abandonada. 130 de esos 300 nunca se instalaron. Se pagaron y caro porque hoy, cada uno de esos nodos cuesta algo así como 8 millones de pesos. Los 130 que se pagaron y que no se instalaron, ascienden a una suma de 1.000 millones de pesos que no respondía para nada a una política de seguridad, sino que respondía a un negocio que por supuesto estamos investigando”, dijo el Gobernador.

Para finalizar, Poggi que también se están sociedades anónimas que se conformaron a pocos días que asumió el ministro (Luciano) Anastasi en el Ministerio de Seguridad y se convirtieron en proveedores del Estado. “Ya le di instrucciones a las áreas respectivas de encontrar las rendiciones y a Fiscalía de Estado para entablar las denuncias pertinentes. Con esto quiero decirles nuevamente, queridos sanluiseños, que la plata que nos falta a la provincia se la llevó la corrupción y los aprovechados del Estado”, concluyó Poggi, quien mañana emitirá un nuevo informe.

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En la sesión extraordinaria realizada este jueves, el Senado aprobó por unanimidad, dándole la media sanción que le faltaba, la Ley Impositiva 2024 y el presupuesto de múltiples municipios de la provincia. Este proyecto ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados, pero no fue tratado por la de Senadores durante el periodo ordinario, ya que en esas últimas sesiones lo único que les importaba a nuestros legisladores era nombrar a sus parientes y amigos como directores de comisión y asegurarse ellos mismos lugares en la mesa directiva.

Lo llamativo de la sesión fue que empezó más de 4 horas, pero el proyecto se aprobó sin ningún tipo de modificación. De igual manera, cabe destacar que introducir modificaciones hubiese significado reenviar el proyecto a la Cámara de Diputados y convocar a una nueva sesión extraordinaria.

Consultado sobre si estuvo en riesgo la aprobación del proyecto durante estas 4 horas de “rosqueo”, como se dice en la jerga, el senador oficialista Martín Olivero respondió: “Bueno, hubo debate, acuerdos. Habíamos citado para las 12 y creo que entramos a las 4 de la tarde, pero se pudo lograr un acuerdo y se pudo sancionar una ley impositiva importante”.

Olivero también se refirió al porcentaje de aumento que fija el proyecto, que es del 80%, opinando que “ha quedado muy corto dado el salto inflacionario de la última semana”. “Casi el 60% llevamos de inflación en el mes de diciembre y (la Impositiva) va a ser el 80% de aumento en todo el año 2024, pero es una ley que ya tenía media sanción y los plazos se terminaban. Sino tenía que volver a la Cámara de Diputados y después nuevamente al Senado y ya estamos a una semana del nuevo año”, concluyó el senador.

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El juez de la Cámara de Apelaciones de la Tercera Circunscripción Judicial, Daniel Gustavo Sanchiño, condenó a S.F.G. a nueve años de prisión, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo, por el grave daño a la salud psíquica de la víctima y por ser cometido en contra de una persona menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente. La damnificada, cuyas iniciales son I.G., tiene 23 años en la actualidad y es hija biológica del ahora condenado.

Los hechos juzgados ocurrieron entre 2012 y 2013 en Talita, localidad del Departamento Junín ubicada a pocos kilómetros de Quines, pero fueron denunciados en enero de 2021 cuando la madre de la víctima se enteró de lo sucedido por medio de una amiga, a quien su hija le confesó los abusos sufridos.

Posteriormente, la joven ratificó la denuncia, refiriendo que los ultrajes empezaron cuando ella tenía 12 años y se reiteraron prácticamente a diario hasta los 13. Las agresiones sexuales consistieron en tocamientos y actos impúdicos e, incluso, su padre trató de accederla carnalmente en una oportunidad, cuando fueron al campo a juntar leña.

S.F.G. fue procesado con prisión preventiva en septiembre de 2021 y, este 20 de diciembre, se resolvió su situación procesal por medio de un juicio abreviado.

En el acuerdo celebrado entre el Ministerio Público Fiscal, representado por Mario Néstor Zudaire, y la defensa del imputado, ejercida por el defensor Oficial en lo Penal, José Francisco Pérez; se convino una pena de 9 años de prisión efectiva, accesorias de ley y costas del proceso, luego de que el acusado reconociera la existencia del hecho, la calificación legal y su autoría en el mismo.

Como atenuantes, consideraron la ausencia de antecedentes penales computables y, como agravantes, la naturaleza de la acción desplegada para obtener el resultado querido y la extensión del daño causado, teniendo en cuenta las consecuencias de la comisión del delito sobre la psiquis de la perjudicada.

La víctima estuvo presente en tribunales, pero decidió no ingresar a la audiencia ni efectuar manifestaciones.

Ante el juez, S.F.G. ratificó lo expuesto por las partes en el acuerdo, dijo ser el autor del delito atribuido y aceptó la imposición de la pena convenida.

En virtud de que la causa pasó a tramitar bajo el nuevo sistema penal, y que uno de los principios rectores del nuevo Código Procesal es la oralidad, el magistrado brindó los fundamentos de la sentencia de manera oral en la misma audiencia.

Previo a resolver, analizó las siguientes cuestiones: si resultaba adecuado aplicar a este caso el proceso de juicio abreviado; si se encontraban acreditados los hechos; cuál era la sanción aplicable al caso y qué pena correspondía imponer al imputado.

“En primer término, he analizado la procedencia del juicio abreviado. Entiendo que es procedente en virtud del límite temporal de la pena que dispone el Código, que es una pena inferior a 15 años, y el acuerdo sobre el que me han hecho saber prevé una pena de 9 años de prisión, por lo tanto, encuadra dentro de este proceso.

El magistrado relató que, al momento de la denuncia, la mujer informó que estaba separada del imputado, pero que continuaban viviendo en la misma casa. Que se enteró de lo ocurrido cuando se encontraba en Córdoba acompañando a una de sus hijas a un control médico.

Sus cuatro hijos varones se quedaron en la casa con su esposo y, sus otras tres hijas, quedaron al cuidado de una amiga que vivía en Quines. El 17 de enero de 2021, uno de sus hijos fue a buscar a sus hermanas para regresar a Talita. Es allí cuando su amiga la llama por teléfono y le cuenta sobre los abusos que “I” sufrió a manos de su padre.

Cuando llegó de Córdoba, habló con su hija, y ella le contó que cuando tenía 12 años su padre la tocaba en sus partes íntimas y que, una vez, cuando habían ido al campo a cortar leña, había intentado violarla.

En otra parte del relato, manifestó: “Yo en varias oportunidades veía a mi hija muy callada, sin ganas de comer, yo siempre le pregunté qué le pasaba, si necesitaba algo, y ella siempre me contestaba que “nada”, que no le pasaba nada”.

El otro testimonio que el magistrado consideró de trascendental importancia, fue el efectuado por la víctima. “Es ella quien da cuenta puntualmente de todos los abusos sufridos, y que coinciden con los hechos históricos que, en un primer momento, se me han hecho conocer en esta sala y previo a dar trámite al juicio abreviado”, señaló.

En cuanto al encuadre legal, es decir, la calificación que corresponde darle al hecho, apuntó que “no es ocioso recordar que el abuso sexual, de por sí, es una conducta impúdica realizada en contra de la voluntad de una persona. Cuando tiene determinada edad la víctima, es decir, cuando es menor de 13 años, no importa para la ley que no haya una voluntad expresa, porque se presume que es contra su voluntad. En el caso de Autos, la víctima estaba dentro de esa edad, por lo tanto, se configuraría el abuso sexual.

Respecto de ese punto, el juez analizó el informe de la pericia psicológica practicada a la joven por dos profesionales del Cuerpo Forense. “Y entiendo, a partir de algunos elementos dados en ese informe, que está configurada también esta agravante”, sostuvo Sanchiño.

En su informe, ambos profesionales manifestaron que, en algunas ocasiones, la víctima había referido una conducta autolesiva, es decir, que la propia víctima se infringía lesiones, que tiene que ver justamente con la gravedad del daño psicológico ocasionado.

En las conclusiones del informe, los profesionales indicaron: “al momento del examen no se observan indicadores psicopatológicos ni limitaciones cognitivas en relación a su edad cronológica, no evidencia indicadores de sugestionabilidad ni implantación de falsos recuerdos. El relato que refiere, específicamente en relación a la esfera sexual, no presenta variaciones y presenta indicadores compatibles de haber sido víctima de abuso sexual infantil”.

Este miércoles, el gobernador Claudio Poggi aceptó la renuncia de María Verónica Di Gennaro. En su reemplazo se designó a Omar Darío Pecorari, que hasta este momento se venía desempeñando como subcontador general.

El profesional tiene amplia experiencia en la administración pública. También actuó en el ámbito privado y hasta hace uno días era el Secretario Técnico del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la provincia de San Luis.

La designación fue realizada ad referéndum de la Honorable Cámara de Senadores atento lo dispuesto en el art. 169 de la Constitución Provincial.

La Justicia provincial hizo lugar al reclamo de un usuario y, conforme lo previsto en la Ley de Defensa del Consumidor, le impuso una multa a un banco que otorgó un crédito a un cliente pero no hizo entrega del contrato que detallara los términos del mismo. El monto de la multa es el equivalente a 80 canastas básicas totales que publica el Indec. Por lo tanto, la multa podría superior a los $27 millones, según el valor de la canasta al 15 de noviembre de 2023. Al momento de ejecutarse la sentencia, la suma seguramente será superior.

Según los datos aportados al presentar la demanda, a mediados de febrero del 2015, el hombre contrató con su banco (en forma virtual) un préstamo de dinero por un importe de $61.000. Todos los datos fueron consignados en el “Detalle de Préstamo”, otorgado por home banking de la empresa.

Cabe aclarar que desde Prensa del Poder Judicial no se reveló el nombre de la entidad bancaria.

El referido préstamo fue instrumentado por uno de los contratos – formularios de adhesión que la empresa impone al contratante para poder acceder a dicho crédito-, sin efectuarle la entrega del mismo ejemplar al cliente, relataron los abogados. Asimismo, detallaron que la empresa facilitó un desenvolvimiento del plan de pagos, pero no así el documento que contiene las cláusulas obligacionales que instrumentaron el contrato.

Al no contar el cliente con el contrato base de la relación que liga a las partes se le imposibilitó determinar la tasa de interés y también fue imposible establecer si esos intereses eran usurarios o no. Los abogados consideraron que existió una falta de información sobre los derechos que el cliente posee en la relación de consumo, siendo el deber de información reconocido no sólo en la Ley de Defensa del Consumidor sino también en el Art. 42 de la Constitución de la Nación Argentina.

En este sentido, cabe mencionar que el Art. 4 de la Ley de Defensa del Consumidor establece que el “proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización”.

A su vez, al presentar la demanda, los abogados informaron que el banco efectuó, sin justificación alguna, y ante una mora que registraba el cliente, retenciones sobre la cuenta sueldo del consumidor. Esto ocurrió entre septiembre y diciembre del 2015.

Luego de analizar las pruebas incorporadas a la causa, la Jueza consideró evidente el incumplimiento de la relación de consumo, hizo lugar a la demanda – cumplimiento de contrato – y condenó al banco a abonarle por concepto de multa a su cargo equivalente a 80 canastas básicas total para el hogar, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC). Asimismo dispuso que, para mantener incólume la condena, la multa será convertida de obligación de valor a obligación de dar suma de dinero al momento de la ejecución de la sentencia.
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