Esta mañana, Eugenia Catalfamo y Marcelo Amitrano, rectora y vicerrector de la Universidad de La Punta previo a la intervención del Gobierno provincial, dieron una conferencia en la que condenaron la medida tomada por Claudio Poggi en su primer día de gestión y advirtieron que iniciarán acciones legales.
La conferencia de prensa fue dada en el salón del bloque de Senadores del PJ, en la Legislatura provincial, ya que consideran que, con esta medida, se está vulnerando el acuerdo que prestó el Senado para la designación de Catalfamo. Desafortunadamente, la conferencia contó con la presencia de legisladores como Mariana Cruz y Hugo Olguín, que para lo único que han levantado la mano en las últimas sesiones es para nombrar a parientes y amigos en cargos con sueldos millonarios.
“Hemos elegido venir al Senado de la provincia porque este Senado fue el que me dio acuerdo particularmente para ser rectora de la Universidad de La Punta bajo la ley del año 2004 que tuvo diferentes modificatorias y tiene un texto ordenado cuya última ley es del año 2008. Esa ley en su artículo cuarto mencionaba que el rector de la Universidad de La Punta, debe ser a propuesta del Ejecutivo Provincial con acuerdo del Senado de la Provincia y bajo el término de cuatro años. Hoy ese derecho se me ve completamente avasallado”, dijo Catalfamo.
Como bien ya explicó este medio, el Gobierno se apoya en un estatuto aprobado por decreto en 2004, luego de la creación de la ULP. Este estatuto está encuadrado en la Ley Federal de Educación, la cual, a su vez, establece que el “ingreso a la carrera académica universitaria se hará mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición”. El mismo también establece que rector durará como mínimo 3 años y que para acceder a él “se requerirá ser o haber sido profesor por concurso de una universidad nacional”.
La postura del ex oficialismo, como expresó Catalfamo, es que ese estatuto ya no estaba vigente cuando se designó a la exsenadora. “El estatuto fue creado con la ley del 2004, no cuando tenía las modificatorias hasta el 2008. Pero solamente ese estatuto se utilizaba para encuadrar actos legales; no se utilizaba para nada que tenga que ver con decisiones que hagan referencia a una ley superior. En este caso, la ley del 2008 es superior a un decreto y por ende rige más la ley del 2008 que un decreto que normativamente tiene un valor menor”, argumentó. “Se ha tratado de invocar leyes que entendemos no procedentes, leyes nacionales que no competen a la Universidad de La Punta. Y si fueran tan válidas, lo primero que deberían entender, porque esa legislación lo regula, es la prohibición del ingreso de fuerzas armadas a las universidades. Entonces, si la ley vale, esperemos que valga para lo más sagrado que tiene la universidad, que es la prohibición del ingreso por la fuerza de efectivos policiales”, aportó Amitrano.
En cuanto a la situación que se está viviendo, Catalfamo y Amitrano hicieron múltiples referencias a episodios como la Noche de los Bastones Largos. “Primero les podría decir que es una situación de desolación terrible para una universidad, para una institución educativa. Creo que, desde hace 57 años, después del golpe del 66, con la intromisión de Onganía y las fuerzas militares a distintas universidades nacionales, no se veía una situación en la que un grupo de comando de alto riesgo como es el COAR, con tres unidades y efectivos policiales armados, ingresaran a una universidad. Los móviles estaban dentro de la universidad, en el rectorado, solicitando documentación a cada una de las personas que quisiera pasar el portón de la universidad. Y solamente podían entrar, luego nos enteramos, otras personas que fueron a tomar la universidad, a establecer una intervención, de la cual nosotros no fuimos notificados, como corresponde y a tomar el poder de una casa de estudios”, dijo Catalfamo.
“Ayer vivimos esta situación, que es de público conocimiento y para los que tenemos alguna memoria, ver uniformados armados dentro de una institución educativa no ha sido bueno nunca y no se empieza por ahí. Si se quiere empezar por ahí es con la intencionalidad de mandar un mensaje. El mensaje es apretar, amedrentar y tratar de marcar una posición por la fuerza”, agregó Amitrano.
La ex senadora también manifestó que hay mucha preocupación por parte de los empleados de la Institución. “Hoy no se están resguardando sus derechos laborales, como tampoco su integridad física, ni la de los bienes que están dentro de la universidad. No solamente trabajan personas en la Universidad de La Punta, sino que además residen refugiados, familias de refugiados”, dijo Catalfamo. “Están poniendo en riesgo el trabajo de las personas, están poniendo en riesgo la salud de las personas que trabajan en la universidad. Tienen miedo, están asustados, lograron generar un caos institucional verdaderamente nunca antes visto”, añadió, minutos después.
En la mañana de hoy se vivieron largas colas de autos en el ingreso a la universidad, ya que los efectivos policiales controlaban el DNI de todos los que querían entrar al predio. A funcionarios de la gestión de Catalfamo se les prohibió, pero si han podido ingresar aquellos que provenían de la gestión anterior de Alicia Bañuelos.
En cuanto a acciones legales, ayer presentaron una denuncia ante el fiscal Ricardo Barbeito, en contra de la nueva ministra de Seguridad, Nancy Sosa, y el Gobernador por abuso de autoridad. Además, se va a presentar un recurso de amparo ante la justicia.
“Más allá de todo, también tenemos cuestiones personales dentro de las oficinas de la universidad. De hecho donde fue tomada la foto con la Secretaria General y el Secretario Legal y Técnico, que es la oficina de la Rectora, tengo cuestiones personales mías ahí y nadie me pidió permiso ni me llamó ni me mandó un mensaje para decirme que esto estaba sucediendo. Creo que vivimos ante un hecho institucional gravísimo, completamente antidemocrático”, continuó Catalfamo.
“Esto es perseguir a un rector por lo que piensa, no por lo que gestiona, no por lo que hace, no por su desempeño al frente de lo que educativa, sino por lo que piensa, por el espacio político en que milita, y eso es grave”, añadió Amitrano.
La exsenadora también habló del impacto que la intervención ha tenido a nivel nacional. “Los medios nacionales están haciendo eco de esta situación, referentes nacionales de la educación pública se están haciendo eco de esta situación, Abogados prestigiosos a nivel nacional están tomando una decisión respecto de cómo van a intervenir. Las universidades provinciales del resto de las provincias saben sobre este tema y están sumamente preocupados porque puede suceder en cualquier casa de estudio, sentando este precedente que se sienta en San Luis. Los senadores en su función de legisladores, y no quiero hablar por ellos, pero en su función de legisladores ven avasallados sus derechos como legisladores. La constitución provincial no permite que el poder ejecutivo salte por encima a los senadores. No pueden decir que porque el Senado está en receso no pueden tomar una medida como corresponde porque tranquilamente el gobernador Claudio Poggi puede llamar a sesiones extraordinarias”, señaló Catalfamo.
En otro momento de la conferencia, Amitrano y Catalfamo aseguraron que están “abiertos al diálogo”. “Queremos pedirle al gobernador de la provincia que saque el COAR de la universidad, no es necesario, no vamos a ir a tomar. Que saque los efectivos, que saque las armas de adentro de la universidad. Tiene el teléfono, tiene el diálogo, no es la forma”, recalcó Amitrano. “Cuando hay un decreto de intervención, nosotros vamos a cumplir. No somos unas personas desacatadas, ni que vamos a generar un desorden que no corresponde. Porque jamás se nos ocurriría poner a la comunidad educativa, lo dijimos desde el día uno, no se nos ocurriría poner a la comunidad educativa de la universidad en este bardo”, aportó Catalfamo.
Por su parte, Amitrano atribuyó la medida de Poggi “a una demostración de poder autoritaria” y argumentó que este tema “debe ser revisado o revocado a partir de una decisión del Ejecutivo, pero en el ámbito del Senado”. “Voy a hablar a título personal, para no involucrar a nadie. Yo escuché dos cosas de Claudio Poggi. Que me iba a echar a patadas. Y después escuché que iba a mandar una ley. No optó por ninguna porque mandó al COAR. Hubiera venido él a echarme a patadas”, continuó el exministro.
Catalfamo además apuntó contra quien fue designado como su reemplazo, el matemático Luis Quintas, que es concuñado del Gobernador. Apuntando que el decreto señalaba que ella no tenía dedicación exclusiva por haber sido senadora cuando asumió, Catalfamo dijo que sí la tenía, ya que había pedido licencia sin goce de haberes; mientras que sobre Quintas aseguró que el “problema personal” por el cual él no pudo estar ayer presente es porque “está cumpliendo funciones y no ha solicitado renuncia en el CONICET. Entonces, ¿dónde está la dedicación exclusiva para algunos y para otros?”. “Hay cuestiones que me parece que se miden como con doble vara y en nosotros, puntualmente en mí, está el desprecio por mi mirada política”, dijo la exlegisladora.
Luego de participar del acto de asunción del segundo mandato del intendente de Merlo, Juan Álvarez Pinto, el gobernador de San Luis anunció la conformación de la Unidad Regional N° 6 en la Villa de Merlo, lo que permitirá optimizar las respuestas directas contra la inseguridad en una región que vio crecer de manera exponencial su población.
En una visita a la ex Colonia Hogar, Mónica Becerra constató que no había ningún registro de los elementos que dejó su predecesor, ni una comunicación formal de las asignaciones del personal. Tampoco un inventario de máquinas y materiales acopiados. Un claro ejemplo de los problemas que acarrea la falta de una transición ordenada.
La ministra de Salud, Claudia Spagnuolo, desarrolló en su primer día en el cargo una intensa agenda de trabajo, que incluyó la puesta en funciones del nuevo presidente del hospital Ramón Carrillo, el doctor Adolfo Sánchez de León. Junto a Sánchez de León también fueron designados:
El vicegobernador Ricardo Endeiza, en el marco de las políticas de austeridad que emprende la provincia, dejó sin efecto el nombramiento de 18 funcionarios de la Cámara de Senadores que se encontraban, sin necesidad ni operatividad funcional, enmarcados en la normativa que creaba 53 cargos de “directores de comisión” en la Legislatura.
“Lo primero que hizo el gobernador apenas asumió como gobernador fue cometer un acto ilegal”, fueron las primeras palabras del diputado opositor Federico Berardo sobre el discurso de Claudio Poggi este pasado domingo. Las palabras de Berardo hacen referencia al uso de los atributos del Gobernador, 
En una entrevista exclusiva, Ricardo Bazla, recién nombrado Secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión en la provincia de San Luis, compartió detalles sobre las funciones y objetivos de esta nueva secretaría. “Es la primera vez que existe en la provincia de San Luis una Secretaría de Ética Pública y de Control de Gestión”, dijo Bazla, quien remarcó que esta iniciativa demuestra un “compromiso claro con la transparencia y la ética en la gestión gubernamental”. El flamante funcionario también aclaró que “esta Secretaría ejerce su competencia respecto de la totalidad de los ministerios y de la totalidad de los entes descentralizados y de las sociedades del Estado”.
