Investigan un presunto intento de sustracción de una niña en la ciudad de San Luis

Un presunto intento de sustracción de una niña de 10 años es investigado por la Policía de San Luis, tras un hecho ocurrido este sábado por la tarde en el barrio San Martín. Un hombre fue demorado para determinar si tuvo participación en el hecho.

De acuerdo a la información del Ministerio de Seguridad, el procedimiento se inició a partir de un llamado que alertó al Centro de Operaciones Policiales, que derivó a efectivos a un domicilio ubicado en calle Lavalle al 1900.

En el lugar, los policías entrevistaron a una mujer de 29 años, madre de la menor, quien manifestó que un hombre, aparentemente mayor de edad, habría intentado llevarse a su hija desde la vivienda hacia la zona de Granja La Amalia. Según las primeras averiguaciones, el sujeto habría cubierto a la niña con una colcha y, al advertir la situación, se dio a la fuga sin poder ser identificado.

Posteriormente, y tras un operativo de búsqueda, familiares lograron encontrar a la menor en un descampado de la zona. La niña indicó no recordar características precisas del individuo.

La menor fue trasladada junto a su madre al hospital para su atención médica y luego a la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), donde recibió contención psicológica. En ese sentido, desde esa dependencia policial se trabajó en el acompañamiento tanto de la niña como de su familia.

En el caso interviene personal de la Comisaría Seccional 4° junto a la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 1. En ese marco, se logró la demora de un individuo y se llevan adelante tareas investigativas para determinar si tuvo participación en el traslado de la menor hacia el descampado donde posteriormente fue encontrada.

Villa de Merlo: desbarataron dos centros de venta de droga e incautaron sustancias por más de $88 millones

La Policía de San Luis desbarató dos centros de venta y distribución de estupefacientes en Villa de Merlo, en el marco de la “Misión Sarmiento”, e incautó droga valuada en más de $88 millones. Por el hecho, un hombre de 42 años fue detenido.

El procedimiento se llevó a cabo este viernes 17 de abril, a partir de tareas investigativas por infracción a la Ley 23.737. Los allanamientos, ordenados por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, se realizaron en un domicilio de calle Juana Azurduy al 400 y en una vivienda ubicada en calle La Argentina, en el barrio El Pantanillo.

Durante los operativos, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico secuestraron florescencias de marihuana, envoltorios con cocaína, semillas y plantas de cannabis, y hongos en estado de descomposición, además de ocho balanzas digitales, teléfonos celulares, $144.100 en efectivo, dólares estadounidenses, dos armas de fuego con municiones, una motocicleta Zanella y un automóvil Renault Clío, entre otros elementos.

Según el informe policial, la cocaína incautada alcanza para la elaboración de 60 dosis, con un valor estimado de $360.000. En tanto, la marihuana secuestrada permitiría producir 21.963 dosis, valuadas en aproximadamente $87.852.000, lo que eleva el total de lo incautado a más de $88 millones.

Tras los procedimientos, el Juzgado Federal de Villa Mercedes dispuso la detención de un hombre de 42 años, señalado como responsable de los puntos de venta, por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Un hombre murió tras ser apuñalado en una riña en el barrio Virgen de Luján

Un hombre de 36 años falleció durante la madrugada de este sábado tras ser agredido con un arma blanca en el barrio Virgen de Luján. Por el hecho, la Policía demoró a dos sospechosos.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el episodio se originó a partir de un disturbio reportado en la Subcomisaría 2°. Al arribar a la calle Trabajadores Argentinos, los efectivos encontraron a la víctima tendida en la vía pública, con heridas compatibles con arma blanca.

En ese contexto, los uniformados redujeron en la zona a un hombre de 29 años que intentaba huir y que tenía en su poder un cuchillo con aparentes manchas de sangre.

El herido fue asistido por personal de salud y trasladado al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

En el marco del operativo, y a partir de datos aportados por testigos, efectivos de la Sección Movilidad del Comando Radioeléctrico demoraron a un joven de 18 años en inmediaciones de calle Chacho Peñaloza y avenida Eva Perón, quien también estaría vinculado al hecho.

Como resultado del procedimiento, se secuestró un arma blanca. Ambos demorados quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción Nº 6 de la Primera Circunscripción Judicial, que ordenó las medidas correspondientes.

ATE volvió a cuestionar la política salarial del Gobierno provincial y aseguró que “no hay crisis financiera”

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) San Luis volvió a cuestionar la política salarial del Gobierno provincial y aseguró que existen recursos suficientes para avanzar en una recomposición salarial, un reclamo que el gremio sostiene desde hace tiempo.

A través de una publicación en redes sociales, el sindicato criticó las medidas económicas de la gestión provincial y rechazó el argumento de falta de recursos. En ese sentido, citó datos del Ministerio de Economía de la Nación, según los cuales San Luis acumuló ingresos por $1,259 billones y registró un superávit financiero superior a los $100.000 millones.

Además, indicaron que la Provincia cuenta con depósitos por más de $2,29 billones en el Banco Central y otros $2,06 billones en el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO), junto con reservas en moneda extranjera por más de 32 millones de dólares.
Desde ATE señalaron que, pese a estos indicadores, los trabajadores estatales continúan con dificultades económicas. El secretario general del gremio en la provincia, Fernando Gatica, sostuvo que los salarios “se encuentran por debajo de los niveles de pobreza e indigencia” y atribuyó esta situación a las políticas implementadas desde el inicio de la actual gestión.

En esa línea, remarcaron que durante 2024 los incrementos salariales alcanzaron el 59%, mientras que la inflación fue del 117%, lo que implicó una pérdida del poder adquisitivo. También cuestionaron el pago de haberes en cuotas dispuesto al comienzo del gobierno, al considerar que generó un mayor endeudamiento en los trabajadores.

Finalmente, el gremio reiteró su pedido de recomposición salarial y la implementación de un plan de desendeudamiento, y sostuvo que los datos económicos “confirman que es posible” avanzar en ese sentido.

Prisión preventiva para un policía imputado por lesiones graves, abuso de autoridad y apremios ilegales

“Un ciudadano que caminaba con su hijo por la calle, una noche cualquiera, dialogando con su amigo, se convirtió sin razón alguna en una víctima de violencia institucional”, dijo la fiscal de Instrucción N° 5, Débora Roy Gitto, al referirse a un hecho ocurrido el 9 de abril en la peatonal Mendoza del barrio 292 de la ciudad de San Luis.

Por el caso, este viernes se le formularon cargos a Matías Escudero, un efectivo de 37 años de la sección motorizada del Comando Radioeléctrico, por su accionar “abiertamente ilegítimo y abusivo” durante un procedimiento de identificación a Brian Arévalo. Por su parte, Escudero se abstuvo de declarar y fue asistido por el abogado Alfredo García Garro.

La fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado mientras avanza la investigación, pedido al que hizo lugar el juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes. La medida fue fijada por 90 días, período durante el cual Escudero permanecerá alojado en el Servicio Penitenciario.

En cuanto a la calificación legal, fue imputado por lesiones graves agravadas por su condición de funcionario público, abuso de autoridad y apremios ilegales, en calidad de coautor. La fiscalía sostuvo que no actuó solo y no descartó nuevas imputaciones.

Según la teoría del caso, el hecho ocurrió el 9 de abril de 2026, alrededor de las 20:45, cuando Arévalo caminaba junto a su hijo de un año y medio y un amigo. En ese contexto, al advertir que varios móviles policiales circulaban a alta velocidad, les pidió que disminuyeran la marcha.

“El requerimiento fue a viva voz, pidiéndole a los efectivos que bajaran la velocidad”, explicó Roy Gitto, quien aclaró que “lejos de tratarse de una conducta agresiva”, no existía justificación para una intervención violenta.

Sin embargo, el pedido derivó en un procedimiento de identificación que, según la acusación, “derivó en una acción abiertamente ilegítima y abusiva”. En ese marco, Escudero habría agredido a Arévalo con golpes de puño.

“Sin que mediara una resistencia por parte del damnificado, el imputado procedió a agredirlo físicamente”, sostuvo la fiscal, quien agregó que los golpes fueron propinados incluso con los guantes del uniforme policial.

Testigos presenciales relataron la escena en la vía pública. “Lo levantan del suelo como un perro”, describió uno de ellos, y señalaron que la agresión continuó con golpes en el rostro y las costillas, aun cuando la víctima se encontraba reducida.

La fiscalía remarcó la situación de vulnerabilidad del damnificado. “No pudo defenderse, encontrándose en una clara inferioridad frente a la pluralidad de agentes estatales”, indicó.

Como consecuencia de la golpiza, Arévalo sufrió lesiones graves. El informe forense de la doctora Patricia Gallardo confirmó fractura de tabique nasal, fractura del piso de la órbita derecha, hematomas y múltiples escoriaciones. “El tiempo de curación es mayor a un mes, con igual período de inhabilitación laboral”, se señaló.

Además, Roy Gitto subrayó que el accionar policial “transformó un procedimiento preventivo en un acto de violencia ilegítima”, en violación de principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.

Uno de los puntos bajo investigación es el posible encubrimiento inicial del hecho. Según se expuso, en un primer momento la policía informó el caso como una “resistencia a la autoridad” y destacó que el efectivo había resultado lesionado, sin mencionar la gravedad de las heridas de Arévalo.

“A las 23 horas se me informa una resistencia a la autoridad; recién de madrugada se me pone en contexto de la situación real”, explicó la fiscal.

La causa cuenta con testimonios, informes médicos, historia clínica y actuaciones policiales. No obstante, Roy Gitto advirtió dificultades: “Se nos va a complicar porque el personal policial evidentemente cubre a sus compañeros”.

También señaló que algunos testigos manifestaron temor. “Existe una posibilidad concreta de intimidación o condicionamiento de los testimonios”, indicó.

Al fundamentar la prisión preventiva, el Ministerio Público sostuvo que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación por la condición de policía en actividad del imputado. “El imputado pertenece a la fuerza de seguridad, lo que lo coloca en una posición objetiva de poder”, sostuvo la fiscalía, que agregó: “No estamos ante un exceso menor, sino ante un claro caso de violencia institucional”.

La fiscal también hizo hincapié en el contexto en que ocurrió el hecho, ya que la víctima estaba acompañada por su hijo. “No se puede dejar de lado el riesgo para la integridad de la víctima y su familia”, afirmó.

En esa línea, remarcó que el imputado tiene “acceso a información relevante, posibilidad de coordinar versiones y capacidad de influir sobre otros agentes intervinientes”.

Asimismo, advirtió que existen al menos cinco testigos directos cuyos datos constan en el expediente y que manifestaron temor tras declarar, en un contexto de cercanía territorial con los efectivos involucrados.

El Ministerio Público descartó la aplicación de medidas alternativas como la prisión domiciliaria. “La pertenencia a la fuerza genera una asimetría de poder que puede influir en testigos”, sostuvo.

La palabra de la víctima
Brian Arévalo relató que fue reducido y esposado mientras se encontraba golpeado, sin recibir explicaciones y sin saber qué ocurría con su hijo. “Sabía que estoy esposado, todo golpeado… y mi hijo lloraba y no sabía con quién se iba a quedar”, expresó. También denunció que fue trasladado y continuaron hostigándolo sin informarle la situación del niño. “Tengo un ojo que tengo que ver en 12 días… a ver si no lo pierdo. Pierdo el trabajo”, señaló.

Los abogados querellantes, Nego Gómez y Cristóbal Ibáñez, denunciaron irregularidades en el procedimiento policial. Indicaron que la víctima fue trasladada a otro lugar antes de iniciar las actuaciones, lo que calificaron como “el primer yerro”.

También cuestionaron el trato en el Hospital del Norte, donde —según señalaron— fue mantenido arrodillado y esposado, y donde la atención médica se limitó a constatar lesiones visibles.

Además, afirmaron que en la comisaría se le negó contacto con su familia y que su estado de salud fue minimizado, pese a encontrarse en shock. Recién tras la intervención de un familiar fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo.

Los letrados sostuvieron que hubo un intento de instalar una versión falsa del hecho. “Desde el primer momento se intentó colocar a la víctima en el rol de victimario”, señalaron.

Finalmente, remarcaron la gravedad de las lesiones y advirtieron que, por su magnitud, “no pudieron haber sido causadas por una sola persona”, por lo que no descartaron nuevas imputaciones en el avance de la causa.

Fuente: Prensa Poder Judicial

El Gobierno anunció una obra de provisión de agua cruda e inauguró otras de agua potable y cloacas

Este viernes, el gobernador Claudio Poggi, durante su Gira Institucional, anunció una nueva obra para la provisión de agua cruda a la municipalidad de Concarán y firmó el decreto de llamado a licitación. Durante la jornada, el Mandatario estuvo acompañado por su comitiva y el intendente Marcelo Gil, quien celebró la puesta en marcha del nuevo proyecto.

Poggi explicó: “Lo que acabo de firmar es un llamado de licitación para una nueva perforación, que es responsabilidad de la Provincia”. Seguidamente, precisó que “En San Luis, la provisión del agua cruda para un municipio o una cooperativa y para la producción es competencia de la Provincia”. Mientras que, aclaró que la potabilización del agua cruda y su distribución es competencia de los municipios.

En este sentido, recordó que la nueva obra “había sido un planteo del Intendente hace unos meses, porque si se le rompía esa bomba o esa perforación, el pueblo se quedaba sin agua”.

La perforación se realizará en el predio de la actual planta potabilizadora en la zona de Pozo Cavado y tendrá como destinataria la localidad de Concarán y zonas de influencia. El objetivo principal es la construcción de una nueva captación de agua subterránea que permita garantizar el suministro a la comunidad, satisfaciendo sus necesidades.

El presidente de San Luis Agua, Hugo Guzmán Durán, explicó que actualmente el sistema depende de una única perforación que está operativa desde hace más de 40 años, por lo que es necesario impulsar una nueva para que funcione de respaldo. También manifestó que se alcanzará una capacidad de abastecimiento cercana a los 200 metros cúbicos por hora.

Guzmán Durán aseguró que la nueva obra está dentro del Plan Maestro de Agua, por lo que “busca que la cantidad de agua llegue a todos en forma equitativa”. En suma, esa agua extraída debe ser lo suficiente para abastecer a las comunidades y a las actividades productivas por 50 años. “Hoy, esos 200 metros cúbicos (actuales) sumados los otros 200 (nueva inversión) es una buena cantidad”.

El proyecto contempla la realización de una perforación exploratoria de aproximadamente 110 metros de profundidad, o hasta alcanzar el basamento rocoso. También, el diseño incorpora la provisión e instalación del equipamiento definitivo que incluirá el sistema de cableado, cañerías, piezómetro, que será incorporado a la cisterna existente y al tablero de comando. También se llevará a cabo la vinculación de la nueva perforación con los reservorios actuales.

“El plazo de ejecución calculamos nosotros que son tres meses. Ahora se llama a licitación, después viene la adjudicación y por último la realización de la obra, unos 90 días, por lo menos, para que podamos tener el agua”, indicó.

Respecto a la inversión, Guzmán expresó que será de aproximadamente $175 millones. “Hemos acordado que, cuando tengamos el número final de cuánto va a costar la obra, vamos a dividir los costos en dos. La mitad la va a pagar el Municipio y la otra mitad la va a costear el Estado“.

El barrio Estación ya cuenta con agua potable y cloacas
El Gobernador, junto al Jefe Comunal, Marcelo Gil, inauguraron la obra de suministro de agua potable y cloacas para el barrio Estación. El proyecto, que fue desarrollado en su totalidad por la Municipalidad, contó con una inversión de más de $80 millones y se ejecutó en 90 días.

Fuente: ANSL

San Luis: enviaron a la cárcel a una mujer que manejaba un centro de venta y distribución de drogas

Este jueves 16 de abril, desde el Juzgado Federal de San Luis se ordenó que una mujer de 32 años de edad sea trasladada al Servicio Penitenciario Provincial, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

La acusada había sido detenida el pasado lunes 13 de abril por efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, tras un allanamiento realizado en el marco de las diversas acciones de la “Misión Sarmiento” y como resultado de una investigación policial.

Dicho allanamiento fue ordenado por la Justicia Federal y se realizó en un domicilio de calle Falucho al 1100 de la ciudad de San Luis, donde la Policía anuló un centro de venta y distribución de drogas.

En esa ocasión, los efectivos de Lucha Contra el Narcotráfico incautaron y secuestraron envoltorios de nylon que contenían cocaína pulverulenta y solidificada, suficiente para la elaboración de 284 dosis, valuadas en aproximadamente $1.700.000; una balanza de precisión y varios recortes de nylon.

Tras la audiencia realizada este jueves en el Juzgado Federal de San Luis, la mujer de 32 años fue trasladada al Servicio Penitenciario Provincial, donde quedó alojada en calidad de detenida y a disposición del magistrado interviniente.

Investigan “aproximadamente 20 denuncias” sobre amenazas de hechos violentos en colegios de San Luis

La fiscal Linda Yanina Maluf Martínez

La Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial, junto a la Fiscalía de Género N° 1, informa que se encuentra investigando una serie de amenazas registradas en distintos colegios de la ciudad de San Luis.

En este marco, se está trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia de San Luis, con el objetivo de abordar estos hechos de forma integral.

Las amenazas se han manifestado principalmente a través de mensajes escritos en los baños de diversas instituciones educativas. Al momento de la elaboración de este comunicado, se han recibido aproximadamente 20 denuncias relacionadas con estos hechos.

Desde la Fiscalía interviniente se han dispuesto medidas de prevención, entre ellas la implementación de consignas policiales en aquellos establecimientos educativos donde se detectaron las amenazas. Paralelamente, se avanza en las tareas investigativas necesarias para esclarecer lo sucedido y determinar la responsabilidad de los autores.

Se destaca que no se trata de un hecho aislado, sino de una problemática que ha adquirido relevancia a nivel nacional, ya que situaciones similares se han registrado en distintas provincias del país, incluyendo la difusión de mensajes intimidatorios a través de redes sociales.

Según informaron, la situación está siendo abordada de manera articulada entre los distintos organismos intervinientes, que han establecido protocolos de actuación con el objetivo de priorizar y resguardar la integridad de toda la comunidad educativa, tanto docentes como alumnos.

“Es importante que la comunidad comprenda que toda amenaza, aun cuando sea realizada en tono de broma, constituye un delito penal previsto en nuestro ordenamiento jurídico”, destacaron desde el Poder Judicial. En consecuencia, este tipo de conductas puede derivar en sanciones concretas y graves implicancias legales para sus autores.

En este sentido, el Ministerio Público Fiscal continúa desarrollando de manera sostenida las tareas investigativas necesarias para identificar a los responsables y aplicar el rigor de la Ley.

Asimismo, se solicita la colaboración de padres, madres, tutores y de toda la comunidad educativa, a fin de que puedan dialogar con las y los estudiantes y transmitirles la gravedad de estos hechos. Resulta fundamental generar conciencia y dejar en claro que este tipo de conductas no constituyen una broma, sino que pueden tener consecuencias legales en la vida de quienes las realizan.

Estiman que el salario docente universitario perdió entre el 50% y 65% de poder adquisitivo en 27 meses de Milei

Representantes de gremios universitarios dieron a conocer que el salario de los docentes universitarios tuvo una pérdida de poder adquisitivo del 50% al 65% desde noviembre de 2023, tomando como base la inflación del Indec, o la metodología para medir la inflación que anunció la gestión de Javier Milei, pero que al final no aplicó. Afirman que se han perdido 13 salarios y medio en lo que va del mandato libertario. El salario de un docente universitario con dedicación exclusiva (40 horas semanales) está en $870.000 y debería ser superior a $1.200.000 si se aplicara la Ley de Financiamiento Universitario, según los gremialistas.

Este viernes a las 9:30 venció el plazo para que el Gobierno nacional aplique la Ley de Financiamiento Universitario ordenada por la Justicia. Sin embargo, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario en la Corte Suprema argumentando que aplicar la ley produce riesgo de déficit fiscal ante el desembolso $2,5 billones. Un dato a remarcar es que el 90% es para el pago de los salarios de los docentes y no docentes.

Diego Costa, secretario adjunto de Asociación de Docentes Universitarios San Luis (ADU), detalló que en 27 meses de la gestión de Milei, el salario docente universitario subió el 126% para la la totalidad de los cargos, mientras que la inflación en el período mencionado es del 167%. “Implica una caída del poder adquisitivo de casi el 50%. Todos los meses hemos tenido prácticamente una una actualización de salario debajo de la inflación”, sostuvo Costa.

Por otra parte, el secretario reveló que la capacidad de compra cayó en 10 salarios. “Tenemos una deuda de 10,2 salarios, es como haber trabajado casi un año gratis estos 27 meses de gestión de Milei”, señaló.

Arnoldo Pucci, secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (ADOI), afirmó que edir la inflación con una canasta más actualizada (encuesta nacional de hogar 2017 – 2018), que le da más preponderancia a los servicios y tarifas, la inflación de marzo hubiera sido del 3,65% en vez del 3,4% que publicó el Indec (hace las mediaciones en base a la encuesta nacional 2004 – 2005). Esta canasta más actualizada es la que el Gobierno nacional anunció meses atrás que iba a aplicar para medir la inflación, pero dio marcha atrás.

La inflación interanual da por encima del 37%, según el cálculo de los gremialistas y la del Indec en el 30%.

El gremialista manifestó que la pérdida del poder adquisitivo del salario universitario trepa casi al 65% midiendo la inflación acumulada como el Gobierno anunció que iba a ser y dio marcha atrás. “Hemos perdido 13 salarios y medio, en estos 27 meses, decir, hemos dejado más de un año gratis, contando la inflación como debería ser”, sentenció Pucci.

Costa señaló que para salir de la línea de pobreza, un auxiliar y un jefe de trabajos prácticos necesitan 15 años de antigüedad, un profesor asociado y un profesor adjunto 10 años.

Hacia el final de la extensa conferencia de prensa, Pucci expresó que el salario docente universitario tiene el poder adquisitivo más bajo desde 1980.

Caso Marilyn Cejas: “Esto es como una papa caliente, nadie la quiere sostener por largo tiempo”

A casi 14 años de la muerte de Marilyn Cejas, su madre, Marta Cejas, volvió a reclamar avances en la causa judicial y cuestionó la falta de definiciones. “Esto es como una papa caliente, nadie la quiere sostener por largo tiempo”, expresó en diálogo con La Gaceta Digital frente a Tribunales.

La mujer señaló que la investigación actualmente se encuentra en la Fiscalía de Género, a cargo de Antonella Córdoba, y advirtió que en los últimos años hubo más “silencio” que novedades. “Queremos dar el mensaje de que esto no se ha terminado”, afirmó.

Marilyn Cejas, de 23 años, fue hallada muerta el 12 de julio de 2012 en la vivienda de su pareja, el policía Roberto Celi. En un primer momento, la causa fue caratulada como suicidio, versión que la familia siempre rechazó. Entre los argumentos, sostienen que la joven era diestra y el disparo fue en la sien izquierda.

El expediente fue archivado en 2014 bajo la hipótesis de suicidio, pero en 2021 se reabrió y se imputó a Celi tras un cambio de carátula a homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, en mayo de 2023 el imputado fue sobreseído, decisión que luego fue revocada por el Tribunal de Impugnaciones, que dictó la falta de mérito y ordenó profundizar la investigación.

Según relató Marta Cejas, tras esa resolución el expediente volvió a pasar por distintos juzgados sin avances concretos. “Ha ido de mano en mano. Creo que ya no hay juez que no haya intervenido en la causa”, afirmó.

La madre también cuestionó que no se haya concretado una reconstrucción del hecho solicitada hace dos años. Indicó que recientemente le informaron que esa medida no se realizará porque los plazos procesales están vencidos. “Esos términos se vencieron por la inercia del expediente, no por nuestra culpa”, sostuvo.

En relación al principal involucrado, Cejas remarcó que fue imputado en su momento pero que no hubo avances posteriores. “Si es inocente, que lo demuestre. Nosotros creemos que no lo es”, expresó. Además, planteó dudas sobre su accionar como policía al dejar el arma reglamentaria en el domicilio.

Finalmente, la mujer insistió en que continuará con el reclamo y no descartó recurrir a instancias nacionales si no hay una resolución. “Estamos acá para decir que esto sigue y que vamos a seguir”, concluyó.