“Ganamos sin Claudio Poggi”: Abdala negó un acuerdo entre Milei y el oficialismo provincial

El senador nacional Bartolomé Abdala afirmó que La Libertad Avanza no necesita un acuerdo electoral con el gobernador Claudio Poggi para competir en San Luis y sostuvo que el espacio oficialista nacional ya obtuvo triunfos electorales sin el acompañamiento del mandatario provincial.

Las declaraciones fueron realizadas durante un acto en la ciudad de La Punta, en el marco de la apertura de una nueva oficina de la Agencia Territorial de Trabajo, y posteriormente difundidas en una entrevista con Megacable.

Abdala hizo referencia a una publicación propia titulada “Despacio escuela”, en la que había negado versiones sobre un supuesto acuerdo entre el presidente Javier Milei y el Gobierno de San Luis. “Falta muchísimo, hay una maratón por delante para la candidatura. Por el momento, todo lo que se ha dicho son todas falacias, mentiras. No hay ningún acuerdo”, afirmó.

El senador sostuvo que el único objetivo electoral de La Libertad Avanza es la reelección de Milei y cuestionó cualquier versión que plantee un entendimiento con el oficialismo provincial. “La Libertad Avanza, en San Luis, ganamos sin Claudio Poggi, por lo tanto, no lo necesitamos”, expresó.

En ese sentido, remarcó que el espacio libertario obtuvo resultados electorales favorables sin la participación del gobernador. “Ganamos en el 2023, ganamos en el 2025, ambos resultados por más del 50%. Él no aporta ningún legislador nacional, ni senador ni diputado, o sea, que en principio no lo necesitaríamos para gobernar San Luis”, señaló.

Consultado sobre si continúa distanciado de Poggi, Abdala negó esa situación y sostuvo que sus declaraciones responden a una lectura política. “No estoy distanciado, estoy dando datos de la realidad”, afirmó.

Al respecto, cuestionó la falta de una mesa de diálogo con el Ejecutivo provincial y consideró que San Luis debería construirse a partir de una mayor participación de distintos sectores. “Creo que la provincia se tiene que manejar con el intelecto de todos, y no con el egoísmo de pocos”, manifestó.

Su viaje al Mundial
Durante la entrevista con Megacable, Abdala también fue consultado por las publicaciones que circularon en las últimas semanas sobre su viaje a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial y negó las versiones que cuestionaban el traslado el avión privado.

El senador explicó que su presencia en los mundiales forma parte de una tradición personal vinculada a su fanatismo por la Selección argentina. “Soy el mismo de siempre con menos tiempo. Antes viajaba a todos los mundiales, iba desde el primer partido al último”, dijo Abdala, quien indicó que en esta oportunidad solamente pudo asistir al partido final debido a sus responsabilidades legislativas. “Asistí el día jueves a la sesión, y el sábado estábamos ya en Estados Unidos”, explicó.

Además, rechazó las versiones que hablaban de un viaje privado o cuestionaban los motivos de su presencia. “Una cantidad de falacias se dijeron, como viaje privado, un montón de sonseras que dejo en quien lo dijo”, afirmó.

El senador recordó que acompaña a la Selección argentina desde hace años y mencionó su presencia en distintos mundiales, eliminatorias y partidos internacionales. “Vengo apoyando a la selección del 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Todo San Luis sabe mi pasión por el fútbol, mi cariño por la albiceleste y mi relación con la Asociación del Fútbol Argentino”, expresó.

El Senado dio media sanción al RIPEE tras un debate marcado por críticas a Rodríguez Saá y planteos de la oposición

La Cámara de Senadores de San Luis dio este martes media sanción al Régimen Integral de Promoción Estratégica de las Empresas (RIPEE), un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que busca fomentar la inversión privada y la generación de empleo mediante beneficios fiscales, subsidios, financiamiento y la utilización de inmuebles fiscales para emprendimientos productivos. La iniciativa fue aprobada con el voto del oficialismo y el rechazo de la oposición.

El miembro informante fue el senador oficialista Martín Olivero, quien dedicó buena parte de su exposición a cuestionar la gestión de Alberto Rodríguez Saá antes de ingresar en el contenido del proyecto. Según sostuvo, el crecimiento del empleo público y los planes sociales durante los últimos años del gobierno anterior generó un “déficit crónico” que terminó consumiendo los recursos provenientes del juicio ganado al Estado nacional.

Olivero afirmó que el exgobernador “estuvo 16 años gobernando” y que el deterioro de las cuentas provinciales comenzó tras la derrota electoral de las PASO de 2017, cuando, según dijo, “abrió un plan Solidaridad” e incorporó “más de 30.000 planes sociales”, haciendo que la provincia pasara “de 20.000 empleados públicos a 40.000”. “Yo no tengo duda de que esa acción fue el tiro de gracia a un modelo que había sido exitoso por muchos años en San Luis”, aseguró.

El legislador también acusó a Rodríguez Saá de haber intentado “vaciar la provincia” antes de dejar el poder. Como ejemplo mencionó que, tres días antes del cambio de gobierno, autorizó un anticipo financiero para una obra sobre la entonces ruta nacional 7 que, según afirmó, no contaba con presupuesto. “Único objetivo, vaciar la provincia, no dejar recursos, dejar una obra inconclusa que sabía que no se podía continuar”, sostuvo.

En ese contexto también apuntó contra el exmandatario, a quien calificó como un “octogenario dirigente que ahora nos dice que puede darnos lecciones de gobernar”, pese a que “no lo pudo hacer en 16 años”.

Los cuatro ejes del RIPEE
Recién después de ese tramo, Olivero desarrolló el contenido del proyecto y explicó que el régimen se apoya sobre cuatro ejes: beneficios tributarios, subsidios al empleo, utilización de inmuebles fiscales y herramientas de financiamiento.

Respecto de los incentivos fiscales, detalló que el régimen contempla un programa para grandes inversiones y otro destinado a pequeñas empresas y comercios, ambos basados en la presentación de proyectos que serán evaluados por una comisión según el monto de inversión, la generación de empleo y el impacto económico. Entre los beneficios mencionó exenciones impositivas, créditos fiscales, incentivos específicos para la actividad industrial y distintas facilidades para regularizar deudas tributarias.

En materia laboral, señaló que el Estado subsidiará durante dos años parte del salario de beneficiarios del Plan de Inclusión Social que sean incorporados al sector privado. El aporte será equivalente al monto del beneficio del plan, cubriendo el 100% durante el primer año, el 75% en el tercer semestre y el 50% en el cuarto.

El tercer eje habilita a incorporar al RIPEE inmuebles fiscales de dominio privado que se encuentren ociosos para destinarlos a proyectos productivos mediante concesiones, locaciones, comodatos, derechos reales de superficie o venta. Finalmente, explicó que el régimen incorpora distintas herramientas de financiamiento, como préstamos bonificados, subsidios de tasas de interés, fondos de garantía y líneas vinculadas al Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Para Olivero, el RIPEE constituye “una herramienta para potenciar el sector privado, atraer inversión y generar empleo”, ya que “el sector privado es quien debe generar los puestos de trabajo y es el Estado quien debe tender todas las condiciones para lograr ese objetivo”.

Las críticas de la oposición
El rechazo fue fundamentado por el senador Hugo Olguín, quien aclaró que su bloque comparte la necesidad de promover inversiones, pero cuestionó el contenido del proyecto y sostuvo que existen iniciativas alternativas presentadas por el justicialismo, como San Luis Impulsa, San Luis Emprendedor, San Luis Tech, Ecoenergía San Luis, Raíces Productivas, San Luis Auténtica y San Luis Circular, que “duermen” en la Legislatura.

Entre los principales cuestionamientos, afirmó que el RIPEE resigna recaudación “sin cuantificar su costo” en un contexto en el que la Provincia mantiene vigente la emergencia económica. También cuestionó que el régimen permita computar inversiones ya realizadas, que otorgue beneficios a contribuyentes incumplidores y que habilite reestructuraciones presupuestarias sin los controles previstos en la legislación vigente.

Uno de los aspectos sobre los que más insistió fue el referido a la venta de inmuebles provinciales. Según Olguín, el artículo 34 otorga al Poder Ejecutivo amplias facultades para disponer del patrimonio estatal mediante venta directa cuando invoque razones de interés público, sin necesidad de autorización legislativa. “Elegir el comprador sin competencia, elegir quién tasa el bien y elegir cuándo se descuenta el precio; esas tres cosas juntas no es vender, es regalar el patrimonio del Estado”, cuestionó.

También advirtió que el proyecto permite acumular beneficios provinciales con los nacionales para grandes inversiones, lo que, a su criterio, genera una competencia desigual con las pequeñas y medianas empresas locales. Además, sostuvo que las exenciones en Ingresos Brutos terminarán reduciendo la masa coparticipable que reciben los municipios.

“Nosotros no rechazamos la idea de promover inversiones y empleo; rechazamos este texto”, resumió el senador opositor, quien reclamó un régimen que incluya estudios de impacto fiscal, mayores controles legislativos, transparencia y contraprestaciones verificables en materia de inversión y generación de empleo.

Tras el debate, el proyecto obtuvo media sanción y pasó a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.

Comenzó la inscripción de la tercera edición del Plan Chau Garrafa

El Gobierno de San Luis habilitó, este martes, las inscripciones para una nueva etapa de Chau Garrafa, el programa que permite acceder a financiamiento para realizar la conexión domiciliaria a la red de gas natural. La inscripción se completa de manera virtual en el sitio web.

En esta etapa, la iniciativa está dirigida a vecinos de los barrios Mirador del Portezuelo y Serranías Puntanas, de la ciudad de San Luis; 274 Viviendas, Virgen de Fátima y Los Fresnos, de Juana Koslay; 1500 Viviendas, 650 Viviendas, 250 Viviendas y parte de La Ribera, en Villa Mercedes; y 272 Viviendas y 227 Viviendas, de Villa de Merlo.

En La Punta ya se encuentra habilitada la inscripción para los barrios abastecidos por Ecogas. En tanto, los complejos 600 Viviendas, 900 Viviendas y 74 Viviendas, que dependen de San Luis Energía, serán incorporados próximamente al programa, una vez que concluyan las obras de extensión de la red y el servicio llegue a los domicilios.

También pueden sumarse residentes de barrios que estuvieron incluidos en las anteriores ediciones del programa.

Destinatarios y plazo de inscripción

El plan ‘Chau Garrafa’ está destinado a viviendas sociales ubicadas en sectores donde la red de gas natural ya está habilitada y llega hasta el frente del domicilio. Cabe destacar que la inscripción permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre y deberá realizarla el titular de la vivienda.

En los casos en que el titular haya fallecido o no pueda realizar el trámite, el programa prevé un procedimiento para regularizar la situación y permitir la inscripción.

Luego de completar la inscripción, el beneficiario deberá validar sus datos y elegir un gasista matriculado para ejecutar la obra. El sistema es de fácil navegación e intuitivo. El proceso es mayormente digital y solo contempla dos instancias presenciales: la firma de la documentación y la certificación final de los trabajos.

El préstamo y las cuotas

Para realizar la conexión, la Provincia otorgará al beneficiario un préstamo de $600.000, a devolver en 10 cuotas fijas, sin interés, que se incorporarán a la factura del servicio. El dinero no se acreditará al vecino, sino que será depositado directamente al gasista matriculado que realizó la instalación, una vez concluida la labor y presentada la documentación correspondiente.

Para consultas o asesoramiento, los interesados pueden comunicarse al 2664-452000 (interno 3297) o por WhatsApp a los números 2665-328923, 2665-293291 y 2664-344933.

Fuente: ANSL

El Senado aprobó la Cuenta de Inversión 2025 tras un debate sobre el superávit, las reservas y la ejecución de obras

La Cámara de Senadores aprobó este martes por mayoría la Cuenta de Inversión 2025, que cerró con un superávit de $43.809,9 millones, según el informe del Tribunal de Cuentas. El proyecto fue respaldado por los cinco senadores oficialistas presentes y rechazado por los dos opositores que participaron de la sesión, en un debate donde el eje volvió a pasar por el uso de las reservas provinciales, la ejecución del presupuesto y la obra pública.

El miembro informante del oficialismo, Sergio Guardia, sostuvo que el ejercicio 2025 consolida “el saneamiento fiscal” iniciado por la actual gestión y aseguró que quedó atrás la “contabilidad ficticia del pasado”, en referencia a la práctica de contabilizar gastos corrientes como inversiones de capital para “abultar de manera artificial la inversión pública”.

En ese sentido, detalló que los gastos corrientes representaron el 83% del gasto total, equivalente a $1,589 billones, mientras que los gastos de capital y aplicaciones financieras alcanzaron el 17%, unos $322.307 millones. Explicó además que el 64% del presupuesto provincial se destina de manera prácticamente inmodificable al pago de salarios, planes de inclusión social y coparticipación a los municipios.

Guardia también destacó que durante 2025 la inversión en obra pública se triplicó respecto del año anterior y que casi el 80% de esos recursos se orientó a la construcción de viviendas. Además, remarcó que el presupuesto destinado a educación alcanzó el 33,1% de los recursos provinciales, más de diez puntos por encima del mínimo del 23% establecido por la Constitución provincial.

Otro de los puntos que resaltó fue que San Luis mantiene “deuda pública igual a cero”, al no registrar préstamos con organismos nacionales o internacionales ni emisiones de deuda del Tesoro provincial.

La oposición cuestionó el destino del superávit
La única exposición opositora estuvo a cargo del senador Hugo Olguín, quien aclaró que la oposición no cuestiona la existencia de reservas, sino la decisión política sobre su utilización.

“El senador acaba de reconocer que se cerró el año 2025 con 460.000 millones de pesos guardados”, afirmó. Luego contrastó esa situación con la realidad social al sostener que existen familias que realizan rifas para comprar prótesis, pacientes que esperan medicamentos y trabajadores estatales cuyos salarios permanecen por debajo de la línea de pobreza. “Esto no es equilibrio fiscal, es abandono de la provincia con superávit”, resumió.

El legislador también volvió sobre un planteo que la oposición ya había realizado en Diputados y habló de una “contradicción política” del oficialismo. Recordó que cuando Claudio Poggi era oposición rechazaba las cuentas de inversión de la gestión de Alberto Rodríguez Saá y cuestionaba tanto el superávit financiero como las reservas del Tesoro y uso, mientras que ahora esos mismos indicadores son presentados como un logro de gestión.

Olguín incluso sostuvo que la propia Cuenta de Inversión contiene datos que contradicen el discurso oficial. Al citar el cuadro de la página 5 del expediente, señaló que los ingresos corrientes del ejercicio fueron de $1.946.605.428.830, mientras que los egresos ascendieron a $1.948.930.207.860, lo que arrojaría un resultado negativo de $2.324.779.057. “No podemos tener una vara para cuando gobernábamos nosotros y otra para cuando gobierna el oficialismo”, expresó.

Otro de los principales cuestionamientos de la oposición apuntó a la ejecución presupuestaria de la obra pública. Según Olguín, existen 28 obras que registran un avance del 0%, pese a contar con partidas asignadas por casi $49.000 millones.

Entre ellas mencionó la repavimentación de rutas provinciales por alrededor de $12.000 millones, tareas de destronque y desmalezado de banquinas, el programa de consorcios camineros por $6.200 millones, obras en escuelas de Quines, Justo Daract, Cortaderas, Paso Grande, Fortuna, El Morro y Las Lomitas, además de proyectos vinculados a frigoríficos provinciales, el acueducto La Florida, defensas de ríos, provisión de agua, redes de gas y obras eléctricas. “¿De qué sirve tener la caja llena si no le dan solución a la gente?”, preguntó el senador.

En otra parte de su alocución, el opositor cuestionó la cantidad de políticas que se implementan a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI). “La pregunta es, ¿para qué están los ministros y los demás funcionarios? ¿Quieren hacer ajustes? Achiquen, échen a todos los ñoquis que están en los distintos ministerios y dejen que el CFI gobierne”, propuso. 

También cuestionó la política salarial al sostener que los incrementos otorgados a los trabajadores públicos fueron insuficientes frente a la inflación acumulada desde diciembre de 2023 y puso la lupa sobre ampliaciones presupuestarias en distintas áreas del Ejecutivo. Como ejemplo, señaló que Canal 13 incrementó su presupuesto de $74 millones a más de $3.600 millones; y Personería Jurídica pasó de poco más de $25 millones a ejecutar alrededor de $1.547 millones.

La respuesta del oficialismo
En el cierre del debate, Guardia rechazó las críticas sobre la falta de obra pública y sostuvo que las inversiones pueden constatarse recorriendo el interior provincial. Como ejemplo, enumeró viviendas construidas o en ejecución en localidades como Fraga, Justo Daract, El Trapiche, Villa Mercedes, Papagayos, Quines, Villa de la Quebrada, Nogolí, La Toma, Concarán, Santa Rosa del Conlara, Tilisarao, San Martín y Juana Koslay, entre otras.

También respondió a los cuestionamientos sobre infraestructura escolar y afirmó que entre 2024 y lo que va de 2026 la Provincia intervino alrededor de 300 establecimientos educativos entre refacciones, ampliaciones y obras de mantenimiento, lo que representa cerca del 70% de los edificios escolares provinciales.

Además, defendió las políticas de desarrollo productivo del CFI al señalar que durante 2025 se otorgaron préstamos a emprendedores por $22.945 millones y beneficios impositivos por $58.528 millones.

Finalmente, la Cuenta de Inversión 2025 quedó aprobada por cinco votos afirmativos contra dos negativos, con lo que el Senado otorgó la sanción definitiva al ejercicio financiero del año pasado.

Presentaron el nuevo certificado catastral

El gobernador Claudio Poggi encabezó este martes la presentación del nuevo certificado catastral digital, una herramienta desarrollada por la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales que moderniza el documento utilizado en las operaciones inmobiliarias y suma nuevas funciones para agilizar trámites, fortalecer la seguridad jurídica y mejorar el acceso a la información.

La actividad se realizó en la sala ‘Patricia Funes’ de Casa de Gobierno y contó con la participación de representantes de los colegios de Escribanos, Agrimensores y Abogados, además de funcionarios del gabinete provincial y personal de los distintos registros.

Durante el acto, Poggi felicitó al equipo de Catastro por el desarrollo del nuevo sistema y destacó que la iniciativa “es un gran avance” y forma parte de la política de simplificación administrativa que impulsa el Gobierno: “Vemos cómo se ahorran varios pasos, simplifican los trámites sin perder seguridad jurídica, al contrario, dotando de mayor seguridad jurídica y transparencia”, expresó.

El mandatario señaló que brindar mayor certeza sobre la información de los inmuebles también favorece el desarrollo económico de la provincia porque “nadie invierte en un lugar donde haya inseguridad jurídica, donde no tenga seguridad, certeza, claridad en la tramitación”, y aseguró que “esto va en línea con la política de Gobierno de dotar de mayor institucionalidad, de mayor seguridad jurídica para el ciudadano y para atraer inversores”.

Poggi también vinculó esta propuesta con el programa ‘Escriturá tu Casa’, mediante el cual el Gobierno ya entregó más de 7.300 escrituras a familias de toda la provincia. “Todos tenemos que tener claro que el objetivo es que la familia tenga seguridad jurídica con su propiedad privada. Ese es el objetivo, no al revés. No que estén de rehenes, a tiro de un decreto de desadjudicación”, manifestó.

El director provincial de Catastro y Tierras Fiscales, Darío Crivello, explicó que el nuevo certificado deja de ser “un documento estático para convertirse en una herramienta interactiva”. A través de un código QR, los usuarios podrán verificar la autenticidad y vigencia del certificado, conocer si fue utilizado en un trámite registral y acceder a información complementaria vinculada al inmueble. Además, el documento incorpora datos que antes requerían más gestiones, como el avalúo fiscal, las coordenadas georreferenciadas, la causa por la que fue emitido y las afectaciones que pudiera tener la parcela, entre ellas servidumbres.

“Es un documento muy de avanzada porque cumple varias funciones a la vez y es completamente interactivo. La primera interacción, y creo que la más importante, es que nos permite ver la validez del certificado y comprobar que no haya sido adulterado. Eso nos da seguridad jurídica“, sostuvo Crivello.
Agregó que el QR también permite descargar el plano de mensura, visualizar la parcela en el sistema catastral y acceder a Google Maps para ubicar el inmueble e incluso observar su frente mediante Street View, cuando esa función esté disponible.

Por su parte, el presidente del Colegio de Escribanos, Martín Rachid, destacó el impacto que tendrá la nueva herramienta en el trabajo de los profesionales y celebró que “este nuevo certificado trae mucha más información”. “Antes necesitábamos pedir otros certificados adicionales; ahora viene todo en el mismo documento. Es menos costo, menos trabajo y menos demora”, indicó. Asimismo, remarcó que el acceso a información georreferenciada y a los datos catastrales permitirá “bajar al mínimo la posibilidad de que haya algún error o alguna escrituración de un terreno lindero o de una casa lindera”.

Fuente: ANSL

El Gobierno entregó financiamiento a 81 ONG, regularizó instituciones y formalizó la incorporación de beneficiarios del Plan de Inclusión

El gobernador Claudio Poggi encabezó este lunes un acto de fortalecimiento institucional destinado a organizaciones no gubernamentales (ONG), durante el cual se entregaron resoluciones de regularidad institucional, decretos de financiamiento para proyectos sociales y convenios que formalizan la colaboración de beneficiarios del Plan de Inclusión en distintas entidades de la provincia.

La actividad se realizó en el Salón Malvinas Argentinas y reunió a dirigentes de más de 120 organizaciones. En una primera instancia, numerosas entidades recibieron la regularidad institucional otorgada por la Dirección de Personas Jurídicas, un paso que les permite acceder a nuevos beneficios y gestionar recursos de manera formal.

Poggi destacó que el Programa de Fortalecimiento Institucional, puesto en marcha a principios de 2024, busca acompañar a las organizaciones del tercer sector mediante el reempadronamiento, la regularización jurídica, la capacitación de dirigentes y el financiamiento de proyectos sociales.

La directora de Personas Jurídicas, Lorena Domínguez, informó que en los últimos dos años y medio fueron reempadronadas más de 2.250 entidades en la provincia, de las cuales 591 son nuevas. Además, señaló que se implementaron medidas para simplificar y agilizar los trámites de constitución y regularización.

En la segunda parte del acto, 81 organizaciones recibieron decretos de financiamiento para ejecutar proyectos sociales previamente aprobados, luego de cumplir con las etapas de regularidad institucional y capacitación. Según detalló Domínguez, ya fueron capacitados más de 7.400 dirigentes y el Gobierno financió un total de 1.433 proyectos de ONG.

Durante su discurso, Poggi valoró el trabajo de los dirigentes sociales y sostuvo que conducir una organización requiere capacidad de escucha, orden y compromiso, al tiempo que destacó el carácter voluntario de esa tarea.

Beneficiarios del Plan de Inclusión

En el mismo acto, el Gobierno también entregó decretos que homologan convenios de colaboración para formalizar las tareas de 62 beneficiarios del Plan de Inclusión que prestan servicios en seis organizaciones de la provincia.

Los beneficiarios fueron incorporados a la Escuela de Fútbol Infantil de Fraga, el Club Cultural y Deportivo Belgrano, el Club Atlético 400 Sur, el Club Atlético Fénix, la Unión Vecinal 1° de Mayo y la Fundación Construyendo Esperanza.

El director de Inclusión Social, Pablo Graña, explicó que la medida no modifica la relación de dependencia de los beneficiarios, quienes continúan bajo la órbita del Gobierno provincial, que mantiene a su cargo el pago de los aportes económicos, los seguros y la cobertura de obra social.

A cambio, las organizaciones deben contar con personería jurídica regularizada, presentar un plan de tareas, certificar la asistencia de los beneficiarios y proporcionar la indumentaria y los elementos de seguridad necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Según informó el Ejecutivo, la incorporación de estos 62 beneficiarios representa una inversión mensual de $31 millones y un desembolso anual de $372 millones. Ese monto se suma a los más de $3.000 millones anuales que el Gobierno destina para sostener a los 506 beneficiarios del Plan de Inclusión que actualmente colaboran en ONG con convenios ya regularizados.

Poggi señaló que la iniciativa forma parte del proceso de fortalecimiento y ordenamiento institucional de las organizaciones civiles, al tiempo que invitó a las entidades que aún cuentan con beneficiarios del Plan de Inclusión sin convenio formalizado a avanzar con la regularización de esa situación.

Fuente: ANSL

Inauguraron un monolito en homenaje a Cabezón y fue declarado perro comunitario de San Luis

La Municipalidad de San Luis rindió homenaje este lunes a Cabezón, el emblemático perro que durante más de una década recorrió las calles de la ciudad y se convirtió en un símbolo del cuidado comunitario hacia los animales.

En el marco del Día Internacional del Perro Callejero, se descubrió un monolito en la plaza del CAV Domeniconi (espacio donde descansan sus restos) y se lo declaró oficialmente perro comunitario de la ciudad de San Luis.

Del acto participaron el intendente Gastón Hissa, Gabriela Pedernera (quien acompañó y cuidó a Cabezón durante más de 10 años), vecinos, proteccionistas y personal municipal.

Durante la ceremonia, Pedernera recordó el recorrido de Cabezón y agradeció a toda la comunidad que lo acompañó a lo largo de su vida. “Pasó de ser un perro callejero a ser el perro de una comunidad. Durante once años fue el perro de toda la provincia”, expresó.

También destacó el compromiso de muchas personas que colaboraron con su bienestar. “Gracias a todos los que lo auxiliaron, lo ayudaron y permitieron que, en algún momento de su vida, se cruzara conmigo. Transitamos juntos once años de historia y logramos que mucha gente se involucre con los perros de la calle”, señaló.

Pedernera recordó que Cabezón trascendió las fronteras de San Luis gracias a su historia y al cariño que despertaba. “Era un perro influencer, porque su historia llegó a todo el país. Su partida fue muy dolorosa para todos, pero peleó hasta el último momento”, afirmó.

Además, contó que nunca perdió su espíritu libre y que la propia comunidad ayudaba a encontrarlo cuando aparecía en distintos puntos de la ciudad. “Siempre estaba en los eventos, en las marchas, en los actos o en los egresos. Cuando alguien lo veía, nos avisaba y salíamos a buscarlo para llevarlo a casa”, relató.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de la Municipalidad y destacó que el legado de Cabezón continúa inspirando acciones solidarias. “Gracias a él, hoy muchas personas se involucran con los perros de la calle. Tal vez no siempre puedan darles un hogar, pero sí comida, agua y cuidados. Así nacen los perros comunitarios. Gracias al intendente por permitir que descansara en uno de sus lugares más queridos”, expresó.
Por su parte, el intendente Gastón Hissa explicó que el reconocimiento surgió a partir de una iniciativa de Gabriela Pedernera para que la historia de Cabezón permaneciera viva. “Acá está enterrado Cabezón, una mascota conocida por todos los vecinos de la Ciudad de San Luis. Gabriela propuso realizar un reconocimiento para que quienes pasen por este lugar conozcan su historia y sepan que aquí descansa”, manifestó.

El jefe comunal destacó que el monolito fue construido por personal municipal como parte del acondicionamiento del espacio público y valoró el significado que tiene para la comunidad. “Lo hicimos desde la Municipalidad porque también es una forma de embellecer este sector de la ciudad y de reconocer el cariño que tantas personas le tuvieron a Cabezón”, concluyó.

Fuente: Prensa Municipalidad de San Luis

Villa de Merlo: una turista bonaerense falleció por un infarto mientras se alojaba en un hotel

Una mujer de 53 años, oriunda de la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, falleció este lunes al mediodía mientras se alojaba en un hotel de la Villa de Merlo. El médico forense determinó que la causa del deceso fue un infarto agudo de miocardio.

De acuerdo con la información brindada por el Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió alrededor de las 12:00 en un establecimiento ubicado sobre avenida del Sol al 700, entre las calles Conlara y Poeta Lugones.

Tras un llamado de alerta, efectivos de la Comisaría Seccional 42° acudieron al lugar, donde fueron recibidos por el conserje del hotel, quien informó que una huésped había sido hallada sin vida en una de las habitaciones.

Según las averiguaciones realizadas por los policías, una amiga de la mujer relató que durante la mañana la turista le había manifestado que no se sentía bien, por lo que decidió no desayunar ni participar de una excursión programada.

Al regresar de la actividad, la acompañante se dirigió a la habitación y encontró a la mujer tendida en el piso, aparentemente sin signos vitales. Personal de salud que acudió al lugar constató el fallecimiento.

Por disposición del fiscal de turno, Marcelo Saldaño, se hizo presente el médico forense, Gustavo Lafourcade, quien determinó que la mujer murió como consecuencia de un infarto agudo de miocardio.

Los empleados públicos provinciales cobrarán este viernes con el primer tramo del aumento del 5%

La Tesorería General de la provincia informó que los agentes de la administración pública provincial cobrarán sus salarios este viernes 31 de julio con un incremento del 5%, correspondiente al primer tramo del aumento salarial del 20% anunciado por el gobernador Claudio Poggi para los meses de julio, agosto, octubre y noviembre. Con esta actualización, el incremento acumulado durante 2026 alcanzará el 30%, al que se suma el pago extraordinario de $300.000 otorgado en mayo.

El organismo precisó que ese mismo día también se acreditarán los fondos destinados a las escuelas privadas, autogestionadas y generativas.

Por su parte, los beneficiarios del Plan de Inclusión percibirán el pago correspondiente al mes de julio el lunes 3 de agosto, también con el incremento previsto. El beneficio ascenderá a $525.000 en julio, $550.000 en agosto, $575.000 en octubre y alcanzará los $600.000 en noviembre.

Cabe señalar que el financiamiento de los incrementos salariales proviene del Fondo de Reserva Salarial y Social, creado por la Ley de Emergencia Económica N° V-1164-2025. Este instrumento constituye un respaldo financiero intangible equivalente a dos meses de masa salarial y tiene como objetivo garantizar el pago de sueldos y beneficios ante eventuales caídas en la recaudación.

Por último, la Tesorería informó que el miércoles 5 de agosto se abonarán los programas Jóvenes en Formación, Beca al Mérito, Construyendo Sueños y las becas deportivas.

Fuente: ANSL

Imputan al médico Lombardi por presunta mala praxis y ejercicio ilegal de la medicina

El juez de Garantía Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Juan Manuel Montiveros Chada, tuvo por formulados cargos contra el médico Sergio Raúl Lombardi por los presuntos delitos de “lesiones culposas graves por mala praxis, en concurso ideal con ejercicio ilegal de la medicina”. Además, dispuso medidas de coerción para asegurar el desarrollo de la investigación penal preparatoria.

Cabe recordar que Lombardi fue condenado en 2022 por a pagar la suma de $1.540.000 a los padres de Lucas Lucero, el joven que falleció en 2013 tras ser atropellado por el médico, quien estaba alcoholizado cuando sucedió el siniestro. Al monto mencionado se le sumaron los intereses acumulados, desde el momento del hecho, hasta el día del pago.

La audiencia se realizó con la participación del fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 3, Esteban Roche, junto a la agente administrativa Guadalupe Becerra; la denunciante, representada por los abogados querellantes Martín Loayza, Paula Zavala y Marco Puertas; y el imputado, asistido por su defensora Graciela Ponce.

Según expuso la Fiscalía, la investigación se originó a partir de la denuncia de una mujer que en 2023 acudió al consultorio de Lombardi para someterse a un procedimiento estético en la zona abdominal. El médico le habría practicado una liposucción con minilifting abdominal en un consultorio que no contaba con habilitación para realizar intervenciones quirúrgicas y sin encontrarse registrado ante el Ministerio de Salud con una especialidad que lo habilitara para ese tipo de prácticas.

La Fiscalía sostiene que, como consecuencia de esa intervención, la paciente sufrió diversas complicaciones físicas, entre ellas hematomas, pérdida de sensibilidad, rigidez abdominal, adherencias, diástasis muscular y una hernia abdominal, además de secuelas psicológicas. Ante los reclamos por el resultado de la primera cirugía, Lombardi volvió a intervenirla en 2024, aunque, según la Fiscalía, esa segunda práctica tampoco logró revertir las lesiones ocasionadas.

Como evidencias, el Ministerio Público Fiscal mencionó la denuncia de la damnificada, historias clínicas, informes del Ministerio de Salud, estudios médicos, un informe psicológico y una pericia médica que concluyó que las secuelas guardan relación con las intervenciones practicadas.

Por su parte, la querella adhirió íntegramente a la formulación de cargos realizada por la Fiscalía y acompañó el pedido de las medidas de coerción. Además, solicitó que se impusiera al imputado la prohibición de salir del país, que se le impidiera continuar realizando este tipo de prácticas médicas por considerar que existía riesgo de reiteración de la conducta investigada y requirió medidas cautelares patrimoniales, entre ellas el embargo preventivo, la inhibición general de bienes y la inmovilización de cuentas bancarias para resguardar una eventual reparación económica.

Durante la audiencia, la defensa rechazó la acusación y sostuvo que no existió mala praxis. Argumentó que las lesiones descriptas responden a condiciones preexistentes de la paciente, a su proceso de cicatrización y al incumplimiento de las indicaciones postoperatorias, especialmente el uso de la faja y la realización de los controles médicos. Asimismo, cuestionó las conclusiones de la pericia incorporada a la causa y solicitó la realización de una nueva pericia médica con especialistas.

La abogada defensora también afirmó que la damnificada y su esposo habrían concurrido en distintas oportunidades al consultorio del imputado y a su estudio jurídico, con el propósito de amedrentarlos y exigirles una suma de dinero. Sostuvo que esas conductas podrían configurar un intento de extorsión y pidió que fueran investigadas. El juez aclaró que esos hechos no formaban parte del objeto de la audiencia y señaló que, en caso de corresponder, debían ser puestos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal mediante la denuncia respectiva.

Por su parte, Lombardi declaró durante la audiencia y afirmó que los procedimientos realizados fueron prácticas ambulatorias con anestesia local. Negó haber actuado fuera de las incumbencias de su profesión y sostuvo que las complicaciones descriptas por la Fiscalía no fueron consecuencia de las intervenciones quirúrgicas que realizó.

Al resolver, el juez tuvo por formulados los cargos al considerar que la Fiscalía describió de manera clara los hechos investigados y presentó elementos suficientes para dar inicio formal a la investigación. Aclaró que esta etapa no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del imputado, sino únicamente la habilitación de la investigación para profundizar la producción de prueba.

Como medidas de coerción, Montiveros Chada ordenó que Lombardi se presente una vez por mes durante 120 días ante la Fiscalía para firmar el libro de imputados. Además, hizo lugar al pedido de prohibición de salida del país por el mismo plazo y otorgó 45 días para que ofrezca un bien en embargo como medida cautelar patrimonial. En cambio, rechazó el pedido de la querella para impedirle continuar realizando prácticas médicas y descartó, por el momento, la inhibición general de bienes y el embargo de cuentas bancarias.

Fuente: Prensa Poder Judicial