Homicidio de Maximiliano Chávez: condenaron a prisión perpetua a Brisa Brizuela

El tribunal de juicio declaró penalmente responsable a Brisa Brizuela por el homicidio calificado por el vínculo de Maximiliano Chávez y la condenó a la pena de prisión perpetua. El veredicto fue dado a conocer este martes por la tarde, tras los alegatos de clausura desarrollados durante la mañana.

El hecho ocurrió el 21 de diciembre en una vivienda del barrio La Ribera, donde la imputada y la víctima convivían.

El tribunal estuvo integrado por las juezas Virna Eguinoa (presidente) y Daniela Estrada, y el juez Mauro D’Agata Henríquez, con la secretaría de José Domínguez Molto. Además de la condena, los magistrados ordenaron la compulsa de actuaciones para investigar la posible intervención de la madre de la acusada en relación con los hechos.

Alegatos del Ministerio Público Fiscal

El Ministerio Público Fiscal solicitó que Brizuela fuera declarada penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo y condenada a prisión perpetua.

El fiscal de juicio N° 2, Ernesto Lutens, junto al fiscal de Instrucción, Leandro Estrada, y la fiscal adjunta, Mariana Olguín, sostuvieron que existió dolo y que no se acreditó la legítima defensa invocada por la Defensa.

Durante su exposición, Leandro Estrada analizó la causa en tres momentos: el accionar previo al hecho, la ejecución de la acción y la conducta posterior vinculada a la supresión o alteración de elementos probatorios. Mencionó mensajes que la acusada habría intercambiado con una prima, en los que manifestaba su intención de matar a la víctima, y señaló contradicciones en su relato.

También hizo referencia a la mecánica del hecho a partir de fotografías y reconstrucciones, y solicitó que se investigue la posible participación de la madre de la acusada, al considerar que habría intentado descartar el arma utilizada.

Por su parte, Ernesto Lutens sostuvo que no se verificaron los requisitos para configurar una legítima defensa y afirmó que no estuvo en peligro la vida de la imputada. Indicó además que, aun en caso de haber existido situaciones de violencia de género, había otras vías posibles de resolución del conflicto.

Como atenuante mencionó la falta de antecedentes penales y como agravantes, los propios del tipo penal atribuido.

Posición de la querella

El abogado querellante, Javier Darnay, en representación de la familia de la víctima, adhirió al pedido de calificación legal y pena formulado por el Ministerio Público Fiscal.

Durante su alegato, sostuvo que la dinámica del hecho no coincidía con la teoría del caso planteada por la Defensa y señaló que, tras lo ocurrido, se habrían desplegado acciones tendientes a alterar o suprimir pruebas. Además, afirmó que no existía justificación para la agresión que derivó en la muerte de Chávez.

Planteo de la defensa

Los defensores de la imputada, Gustavo Reviglio y Marcela Antequeda, solicitaron la absolución al sostener que el hecho se produjo en el marco de una legítima defensa.

Argumentaron que existió una agresión ilegítima por parte de la víctima y que la acusada actuó en un contexto de violencia de género. Señalaron que las manchas hemáticas y las lesiones constatadas serían compatibles con una situación de lucha.

La Defensa pidió la aplicación del artículo 34 inciso 6 del Código Penal y sostuvo que se configuraron los requisitos de la legítima defensa. Como atenuantes, mencionó la ausencia de antecedentes, la edad de la acusada y la existencia de situaciones previas de violencia intrafamiliar.

Durante la última palabra, Brizuela pidió disculpas a los padres de la víctima, a su familia y a su hijo, y expresó que no quiso que los hechos ocurrieran de esa manera.

Con el veredicto, el tribunal resolvió condenarla a prisión perpetua como autora del delito de homicidio calificado por el vínculo.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, San Luis lidera el ranking nacional de juicios laborales

Los últimos datos oficiales de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) muestran que San Luis lidera el ranking nacional de litigiosidad laboral, con 300,2 demandas cada 10.000 trabajadores asegurados, una cifra que no solo la ubica en el primer lugar del país, sino que además profundiza una tendencia sostenida en los últimos años.

El indicador contrasta con el promedio nacional, de 132,8 casos, que se mantiene muy por debajo de esos valores, y marca una brecha cada vez más amplia entre San Luis y el resto de las jurisdicciones. En términos comparativos, la provincia casi triplica los niveles de judicialización laboral de distritos de similar estructura productiva y demográfica, lo que evidencia una anomalía estadística que no se explica únicamente por la cantidad de trabajadores formales ni por el volumen de actividad económica.

Uno de los datos más relevantes es el desacople entre siniestralidad laboral y cantidad de juicios. Mientras los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no muestran un crecimiento proporcional, las demandas judiciales continúan en alza. Esto refuerza la hipótesis de que el fenómeno no responde a un aumento real del riesgo laboral, sino a factores estructurales del sistema: funcionamiento de comisiones médicas, criterios periciales, falta de cuerpos médicos forenses especializados y judicialización como vía principal de resolución de conflictos.

El crecimiento interanual de las causas también confirma una tendencia de largo plazo. Año tras año, San Luis incrementa su volumen de litigios laborales, consolidándose como la jurisdicción con mayor judicialización del país, sin que existan reformas estructurales que modifiquen esa dinámica. En términos estadísticos, la provincia se mantiene como un outlier dentro del sistema nacional de riesgos del trabajo.

Este escenario adquiere mayor relevancia en el contexto del debate por la modernización del régimen laboral en la Argentina, donde uno de los ejes centrales es justamente la reducción de la litigiosidad y la previsibilidad del sistema. Los datos de San Luis funcionan, en ese marco, como un caso testigo que expone las distorsiones del modelo actual que tanto señalan desde La Libertad Avanza y las dificultades para articular prevención, control médico y resolución administrativa de conflictos sin derivar automáticamente en el plano judicial.

Abdala será por tercer año presidente provisional del Senado de la Nación y segundo en la línea sucesoria de Milei

En el marco de la sesión preparatoria del Senado de la Nación, el senador puntano Bartolomé Abdala fue reelecto como presidente provisional de la Cámara alta, consolidándose nuevamente en el segundo lugar de la línea sucesoria del presidente Javier Milei. El cargo lo posiciona como una de las principales figuras institucionales del Congreso y, durante 2025, lo llevó incluso a estar transitoriamente a cargo del Ejecutivo Nacional.

La designación se dio en el marco de una jornada en la que el Senado eligió autoridades y definió su esquema de funcionamiento para el nuevo período legislativo. En primer lugar, Abdala resaltó el “compromiso de seguir trabajando firme” y confirmó que ya se están definiendo los detalles para la visita de Javier Milei al Congreso, en el marco de la Asamblea Legislativa 2026, donde el Presidente brindará su mensaje institucional.

En ese contexto, el senador puntano planteó una agenda legislativa enfocada en reformas estructurales del Estado. “Intentaremos plantear muchos proyectos de ley, de reforma, de reestructuración de un Estado argentino que hace mucho que tiene leyes que nosotros consideramos vetustas y que indudablemente merecen reformularlas y readecuarlas para el mundo actual”, sostuvo. En la misma línea, remarcó la necesidad de construir consensos políticos amplios en el recinto. “Anhelo y deseo que todo lo que se haga en este Senado sea con el acuerdo y que se logre de mayor cantidad de votos posible”, dijo Abdala.

La sesión preparatoria también incluyó la definición de cargos clave dentro de la estructura institucional del Senado y la conformación de la Auditoría General de la Nación, tras más de un año de vacancia. Sobre ese punto, Abdala destacó el acuerdo alcanzado entre los bloques. “Se respetó lo que dice la Constitución como corresponde, cada bloque mayoritario tiene derecho a nombrar un miembro, se expusieron en la reunión de labor y se votaron de manera, digamos, en una sola votación y hoy juraron nuevamente”, expresó, y añadió que esto “da la tranquilidad desde el espíritu democrático que se está cumpliendo nombrando a un cuerpo del Estado que realmente es muy importante como la Auditoría General de la Nación”.

La jornada legislativa también estuvo atravesada por tensiones políticas en la designación de autoridades, particularmente en la vicepresidencia del Senado, que no quedó en manos del bloque Justicialista, primera minoría, sino que fue otorgada a Carolina Moisés, de Convicción Federal, tras un acuerdo entre bloques. En ese marco, se ratificó la reelección de Abdala como presidente provisional, junto con la designación de las restantes autoridades de la Cámara alta. Recordemos que en caso de que el presidente Javier Milei no pudiera por alguna razón continuar en su cargo, quien debería asumir el Sillón de Rivadavia sería la vicepresidenta Victoria Villarruel. Si ella no pudiera o se negara, la responsabilidad recaería sobre el presidente provisional del Senado, o sea, Abdala.

De este modo, la continuidad de Bartolomé Abdala en la presidencia provisional del Senado refuerza el peso institucional de San Luis en la estructura del poder nacional y consolida su rol en la línea sucesoria presidencial, en un escenario político donde el oficialismo busca sostener su esquema de conducción parlamentaria y avanzar con una agenda de reformas de alcance estructural.

Elevan a juicio y piden 25 años de prisión para un hombre acusado de abuso sexual agravado

La fiscal de instrucción con intervención en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Delia Bringas, solicitó la elevación a juicio de una causa en la que un hombre está acusado de haber abusado sexualmente del sobrino de su pareja, quien tenía nueve años al momento de los hechos.

La acusación comprende los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia y la guarda temporal”; “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda” ; y “corrupción de menores doblemente agravada por la edad de la víctima y por la guarda”, todo ello en concurso real. En función de la calificación legal atribuida, la Fiscalía solicitó una pena de 25 años de prisión.

La audiencia se realizó este martes en el Juzgado de Garantía Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de Agustina Dopazo Samper.

Según la acusación fiscal, los hechos se habrían extendido durante aproximadamente dos años, hasta que el niño logró relatar lo ocurrido a su madre. La Fiscalía sostuvo que el imputado -como sucede en este tipo de delitos- se aprovechó de la vulnerabilidad propia de la edad y del vínculo de confianza que mantenía con la familia para concretar los abusos.

Entre las pruebas reunidas en la investigación, la fiscal mencionó el testimonio del niño brindado en Cámara Gesell, cuyo análisis realizado por la psicóloga forense interviniente, arrojó indicadores compatibles con situaciones de abuso sexual.

El imputado estuvo asistido por la defensora oficial en lo Penal Nº 2, Nadia Agúndez.

Finalmente, la jueza de garantía tuvo por formulada la acusación, admitió las pruebas ofrecidas por las partes y dispuso la elevación de la causa a juicio. Ahora, el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial deberá fijar la fecha del debate oral y determinar qué Tribunal estará a cargo del proceso.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Buenos Aires, CABA y Santa Fe concentran el 73% de los juicios laborales por riesgos del trabajo

El ingreso de 134.141 nuevos juicios  laborales por riesgos del trabajo en 2025 (que equivale a 132,8 juicios por cada 10.000  trabajadores cubiertos) sigue agravando la situación del sistema y lo empuja hacia un  escenario de extrema tensión institucional y financiera.

El 73% de los juicios del país se acumula en tres jurisdicciones: Buenos Aires, CABA y  Santa Fe, distritos que reúnen el 61% de los trabajadores. Esta concentración territorial  revela que el problema responde a distorsiones estructurales del proceso judicial en  determinadas jurisdicciones.

Por otro lado, la litigiosidad a nivel nacional se incrementó en un 6,4% en 2025,  superando el crecimiento de la producción industrial (1,6% según el INDEC). El nivel de  judicialidad actual es elevado e injustificado a la luz de los datos objetivos, alimentando  así dos grandes paradojas:

1) La paradoja interna: menos accidentes, menos fallecimientos pero  más juicios. Desde el inicio del sistema de riesgos del trabajo en Argentina:

  • Los siniestros laborales se redujeron un 55%.
  • Los fallecimientos laborales bajaron un 80%. Lo que equivale a haber salvado más de 19.000 vidas.
  • La cobertura se amplió sustantivamente a lo largo de los años.

El sistema funciona en términos preventivos y de protección pero los juicios crecen de  manera desproporcionada.

2) La paradoja internacional: en un sistema alineado con estándares  globales la litigiosidad está fuera de escala. Argentina cuenta con un sistema  alineado con estándares internacionales en materia de prevención y con una cobertura  integral más protectora que la de los países más avanzados. Sin embargo, enfrenta un  nivel de litigiosidad completamente desproporcionado.

  • Chile tiene 5,8 juicios cada 10.000 trabajadores
  • España 8,5 cada 10.000 trabajadores
  • Argentina tiene 132,8 juicios cada 10.000 trabajadores. Es decir, la litigiosidad en Argentina 2025 fue 2200% mayor a la litigiosidad de Chile y 1500% mayor a la de España.

Si se comparan los índices provinciales 2025 (juicios cada 10.000 trabajadores  cubiertos) con indicadores internacionales, la desproporción es aún más evidente.  Considerando las 5 provincias más litigiosas, lidera de manera destacada Santa Fe con  296 juicios cada 10.000 trabajadores, le siguen Mendoza con 208, PBA con 159,  Córdoba con 127 y CABA con 113 juicios cada 10.000 trabajadores

Crecimientos destacados

  • Santa Fe: Con 19.787 juicios en 2025, esta provincia muestra el panorama más crítico, con un índice de judicialidad de 296 por cada 10.000 trabajadores, superando en un 123% la media nacional. Además, registró uno de los mayores  incrementos anuales de casos del país: +20,3% en juicios ingresados.
  • CABA: Registró 25.325 juicios, con un aumento del 10,2% respecto de 2024 y un incremento en su índice de judicialidad del 11,9%, por encima del crecimiento promedio nacional.
  • Buenos Aires: Lidera el ranking por volumen con 52.314 juicios, concentrando el 39% del total nacional, mientras que su fuerza laboral equivale al 32% del total país.

Estas tres jurisdicciones explican casi tres de cada cuatro juicios laborales por  riesgos del trabajo de nuestro país.

Ampliando a las cinco provincias top en casos (sumando Mendoza y Córdoba), la  concentración alcanza el 86%. El resto del país explica el 14% de los casos.

La raíz del problema: el desorden pericial

La litigiosidad espuria encuentra su núcleo en el sistema de pericias médicas judiciales.

La Ley 27.348 estableció un mecanismo para ordenar y profesionalizar este proceso.  Sin embargo, a casi nueve años de su sanción, la norma sigue incumplida en la mayoría  de las jurisdicciones.

No obstante este panorama, merece destacarse que:

  • Santa Fe inició en 2025 el concurso para conformar su Cuerpo Médico Forense y la Corte Suprema de la Provincia se encuentra próxima a designar tres peritos oficiales, dando un primer paso hacia la aplicación efectiva de la ley. En el marco  de esta noticia, es necesario mencionar que Santa Fe es una de las 2  provincias (la otra es Jujuy, cuya litigiosidad es 36 veces la de Salta) que por  ley provincial fija un plazo de caducidad (plazo para iniciar la acción judicial  post paso por la Comisión Médica administrativa) de 2 años, que requiere ser  corregido. Esto por cuanto la acción judicial posterior no inicia el reclamo desde  cero, sino que revisa una decisión administrativa ya formada, lo que justifica un  plazo breve para preservar la celeridad, la seguridad jurídica y la vinculación  temporal entre la contingencia y la reparación. El plazo de 2 años de la Ley de adhesión es un despropósito en este sentido.
  • Mendoza implementó hace dos años un sistema de auditoría de peritos judiciales. Aunque alcanza solo al 2% de los casos, el 90% de los dictámenes auditados fue corregido a la baja, constituyendo así otro indicador que ratifica  que el viejo sistema de listado de peritos judiciales que a su vez cobran en proporción al valor del juicio (es decir, del valor por ellos mismos peritados) no  funciona.

La solución es clara y está escrita en la ley: ordenar las pericias judiciales y  cumplir plenamente con la Ley 27.348 mediante la conformación de los Cuerpos  Médicos Forenses que profesionalicen la labor pericial con honorarios fijos y no a  comisión del resultado del juicio. La próxima sanción de un nuevo régimen laboral podría  ser el marco para que las justicias provinciales apliquen las normativas que frenen el  avance de las demandas sin control.

Inició un juicio laboral contra la banda Los Playeros en 2009 y 17 años después aún no hay fallo

Nelson Blanco inició en 2009 un juicio laboral contra la popular banda Los Playeros por su despido, tras haber trabajado casi veinte años con el grupo en tareas vinculadas a iluminación, compra y mantenimiento de equipos. Diecisiete años después, la causa todavía no tiene resolución en la justicia puntana, en un expediente que se ha extendido a lo largo de distintos juzgados y cámaras sin sentencia firme.

Nelson trabajó desde fines de los años ochenta hasta 2008 con el grupo musical. “Yo trabajé desde el año 88 hasta el 2008, que me despiden, con la banda de Los Playeros. Yo era el encargado general de la parte de iluminación, de compra y mantenimiento del equipo”, relató. Durante casi toda esa etapa, su vínculo laboral no tuvo registración formal. “Casi los dieciocho años, en negro. El último año, me hicieron un recibito de sueldo como para que ellos justificaran en AFIP que tenían gente en blanco, que no era el valor que yo ganaba, digamos. Fue el último año”, explicó.

El despido, según su testimonio, se produjo sin causa y con un telegrama que no coincidía con su realidad laboral. “Y ellos me despiden sin causa, y me despidieron con un telegrama diciendo que yo había faltado cuatro días. Y las fechas que ellos habían puesto en el despido no coincidían con los días laborales, que eran los fines de semana”, dijo.

La causa judicial comenzó en 2009 y, desde entonces, se transformó en un proceso extenso y sin resolución. Nelson explicó que su abogado mantiene la causa activa, pero apuntó directamente a las estrategias dilatorias de la contraparte. “Mi abogado está haciendo el trabajo perfectamente, lleva todo al día. Y, bueno, de la parte del abogado de Los Playeros, hace presentaciones nulas, va chicaneando el caso y, bueno, y se va estirando, se va estirando”, sostuvo. En ese marco, expresó su sorpresa por la duración del expediente: “A mí me llamó mucho la atención que un juicio laboral lleve ya ahora diecisiete años. Y toda la gente que trabaja con los Playeros está en negro, siempre estuvieron en negro, mis compañeros, mis excompañeros, siempre en negro”.

A lo largo del tiempo, la causa pasó por distintos magistrados y tribunales. “Pasó por un montón de jueces, que a veces tenían que llegar a un desempate, porque uno votaba a favor, el otro en contra, y pasaba de la cámara baja a la cámara alta, de la cámara no sé dónde, allá. Bueno, ¿viste? Eso te va agotando un poco”, relató. Y agregó: “Es muy extraño, es muy raro que lleve tantos años un juicio laboral de esta magnitud”.

Frente a la falta de definiciones judiciales, Nelson decidió hacer pública su situación y recurrir a los medios. “Que se conozca el caso, y si tengo que llegar a los medios nacionales, lo voy a hacer, porque esto no puede ser, tanto a mí como a otra gente, porque no soy el único que tiene juicios laborales”, afirmó. También sostuvo que nunca existió un intento de acuerdo: “Y nunca me llamaron para un arreglo, nunca nada, nunca tuvimos una charla de la parte de ellos”.

Realizaron dos trasplantes de córnea en el Hospital Carrillo

El sistema público de salud de San Luis, a través del Hospital Central ‘Dr. Ramón Carrillo’, realizó dos nuevos trasplantes de córnea. Con estos procedimientos, la institución llega a 12 trasplantes de córnea desde su habilitación para este tipo de intervenciones en septiembre del año pasado, elevando a 43 el total realizados desde diciembre de 2024 si se incluyen las 31 cirugías de riñón.

En esta ocasión, una de las intervenciones fue sobre un paciente de 75 años de San Luis con antecedentes de trasplante realizados en otra provincia. Presentaba una úlcera corneal que requirió un nuevo procedimiento con fines tectónicos, es decir para preservar la integridad estructural del ojo, y no visuales.

El segundo caso involucró a un paciente de 28 años de la provincia diagnosticado con queratocono, con buena evolución post-intervención. Este procedimiento representa una oportunidad de recuperación visual significativa para el paciente.

Ambas cirugías fueron realizadas por el personal de la Unidad de Pacientes Ambulatorios (UPA) y se desarrollaron sin complicaciones, cumpliendo rigurosamente con todos los protocolos de seguridad establecidos. Las intervenciones estuvieron a cargo de Elena Varas, con un equipo altamente capacitado liderado por la jefa de la Unidad de Trasplante de Córneas, Ana Costas, y el jefe del Servicio de Oftalmología, Iván Garay.

Cada cirugía es el resultado de horas de preparación, coordinación precisa y un compromiso inquebrantable con la salud visual de los pacientes. Destaca fundamentalmente la labor del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI) San Luis y de todos los que participaron en el operativo, garantizando la coordinación perfecta entre la ablación y el implante, minimizando tiempos y maximizando las posibilidades de éxito.

Detrás de cada trasplante de córnea hay un acto de generosidad que merece el más profundo reconocimiento. Las autoridades del Hospital Carrillo expresaron su gratitud hacia los familiares de los donantes, quienes en momentos de dolor tomaron la decisión de convertir su pérdida en esperanza para otra persona.

Con los 43 trasplantes realizados desde diciembre de 2024, la salud pública de San Luis se posiciona a la altura de los mejores centros del país. Cada procedimiento representa una vida transformada, una familia que recupera la esperanza y un paciente que vuelve a soñar con un futuro pleno.

Fuente: ANSL

“Tiene que haber más detenidos”: el reclamo por el asesinato de Javier Moyano

Con carteles, consignas y un fuerte reclamo de Justicia, familiares y allegados de Javier Moyano se manifestaron este martes frente al Poder Judicial de San Luis, donde realizaron un corte de calle para visibilizar el pedido de avances en la causa. La protesta se dio en el marco de una nueva audiencia judicial y estuvo atravesada por el reclamo de celeridad en la investigación y la exigencia de que haya más personas detenidas por el crimen.

Durante la manifestación, Brisia, nuera de la víctima, expresó el impacto familiar que dejó el asesinato. “Fue una caída enorme porque mi hijo hoy se quedó sin su abuelo. Mi hijo hoy empezó a la escuela sin que sacarse una foto con su abuelo como lo hacía todos los años. Así que lo único que pedimos es justicia”, dijo Brisia ante la prensa. Sobre lo que esperan de la audiencia, agregó: “Y que la formulación de cargo sea la que nosotros esperamos. Que no se cambie porque se tiene que hacer justicia y él tiene que pagar por todo lo que hizo. Porque él dejó una familia destrozada, nietos, hermanos, hijos. Muy mucha gente que lo quería, amigos, que hoy todos preguntan por qué. ¿Por qué si Javier no le hacía mal a nadie?”, dijo Brisia, nuera de Moyano.

La mujer también cuestionó la situación de seguridad en el barrio 1º de Mayo tras el hecho. “Y lamentablemente, le digo, mi punto de vista, tiene que pasar algo para que la policía esté. Porque lo que fue esta semana, la policía va y vuelve. Una semana anterior no se veía nadie en el barrio. Era tierra de nadie, no pasaba nadie. Pasaba un móvil dos veces por día, capaz. Y hoy se ve movilización, pero no tiene por qué ser así. Esperar que pase esto para que la policía se mueva”, dijo Brisia, nuera de Moyano.

Sobre el crimen, fue contundente: “A él lo mataron siendo una persona inocente. Porque él no le hacía daño a nadie, a nadie. Es lo único que puedo decir”, dijo Brisia. Consultada por los responsables, afirmó: “Y bueno, los conocidos Travolta. No sé si tengo el permiso de decir a las demás personas, pero son conocidos del barrio”, dijo. Respecto a la situación judicial actual, confirmó: “Sí, hay una sola persona detenida”, y ante la repregunta sostuvo: “Tiene que haber más”, dijo Brisia, nuera de Moyano.

Según la información judicial, el domingo 15 de febrero el juez de Garantía Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial, Marcos Flores Leyes, concedió los ocho días de prórroga solicitados por la defensa de Carlos Fausto Barroso, acusado de homicidio doblemente agravado por el concurso de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en perjuicio de Carlos Javier Moyano.

En la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal de Instrucción Penal Nº 3, Esteban Roche, relató que el 13 de febrero de 2026, entre las 19:50 y las 20:00 horas, cuando Moyano circulaba en su moto por el carril derecho de la avenida Quinto Centenario, en el barrio 1º de Mayo, en sentido oeste a este, fue atacado desde un vehículo de color gris oscuro en el que se trasladaban Carlos Barroso junto a otras personas, desde donde se efectuaron varios disparos de arma de fuego que impactaron en el cuerpo de la víctima.

Tras el ataque, los ocupantes del vehículo se dieron a la fuga y Moyano cayó al suelo, falleciendo minutos después como consecuencia de un shock hipovolémico, provocado por perforación en ambos pulmones por arma de fuego. La defensa, representada por Guillermo Levinsgton, solicitó la prórroga de ocho días amparada en el artículo 40 de la Constitución de la Provincia de San Luis, medida que fue finalmente concedida por el juez de Garantía.

Cuatro personas resultaron heridas en un accidente sobre la ruta provincial 1

Cuatro personas resultaron lesionadas este lunes por la tarde tras un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 46,5 de la ruta provincial 1, a la altura del paraje Palo Verde, entre las localidades de Papagayos y Villa del Carmen.

De acuerdo a lo informado por el Destacamento 35° de la UROP N° 6, el hecho se produjo alrededor de las 19:00. Según las averiguaciones policiales, un hombre de 40 años conducía de sur a norte un automóvil Ford Fiesta, acompañado por dos jóvenes de 18 años y una mujer de 39, todos con domicilio en la localidad de San Pablo.

En un sector de bajada, y conforme a lo manifestado por uno de los ocupantes, el conductor habría apagado el motor del vehículo y el volante se trabó, situación que derivó en la pérdida de control del rodado. El automóvil despistó hacia una alcantarilla ubicada al costado de la carpeta asfáltica.

Tras el siniestro, los cuatro ocupantes fueron asistidos por personal médico que arribó al lugar en ambulancias del Sempro y de las localidades de Villa del Carmen y Papagayos. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital Madre Catalina Rodríguez, en Villa de Merlo, para recibir atención de mayor complejidad.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Papagayos, Villa Larca y Villa del Carmen, quienes colaboraron con las tareas de primeros auxilios. También intervinieron efectivos de Policía Científica y de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, a través del Cuerpo Vial, para realizar las pericias correspondientes, mientras que personal policial efectuó tareas de prevención y ordenamiento del tránsito en la zona.

La Municipalidad suma un camión exclusivo para residuos verdes y voluminosos en el centro

La Municipalidad de San Luis desplegará esta semana una nueva agenda de acciones territoriales con eje en el programa Muni Más Cerca, obras viales en el microcentro y la incorporación de un camión exclusivo para la recolección de residuos verdes y voluminosos en la zona céntrica, según lo informado por la secretaria de Servicios Públicos, Yanina Miranda, durante la conferencia de prensa de este lunes.

Uno de los principales ejes será una nueva edición de Muni Más Cerca, que se realizará el jueves en la zona sur de la ciudad, específicamente en el barrio El Lince. El operativo tendrá lugar en la plaza ubicada en Mercedes Aguilera y Domingo Lucero, entre las 8:30 y las 12:30, con la presencia de distintas áreas municipales. Miranda explicó que “nos acercamos con las diferentes stands de la municipalidad para que puedan hacer las diferentes consultas” y destacó que en los últimos abordajes hubo una fuerte demanda vinculada a Transpuntano, boletos estudiantiles y controles de salud. Además, remarcó que “lo más importante es que siempre va el intendente Gastón Hissa a escuchar a los vecinos, a conocer cuáles son las realidades, las necesidades que tienen los vecinos”.

En materia de obras, este miércoles se realizará una presentación en Plaza Baigorria, en el marco del programa Mejorando Tu Cuadra, para dejar inauguradas distintas intervenciones ejecutadas en el área céntrica. Miranda detalló trabajos de repavimentación con asfalto en San Martín, entre Ayacucho y Pringles, tareas de bacheo y obras estructurales en cruces estratégicos como Bolívar y Mitre, 9 de Julio e Ituzaingo y Tomás Jofré y Chacabuco, donde se realizó el recambio de paños de hormigón. Sobre este tipo de obras, explicó que “las esquinas son las calles que tienen mayor desgaste” y señaló que el hormigón permite una mayor durabilidad, aunque requiere más tiempo de fraguado: “Entendemos que el hormigón tiene el beneficio de que asegura que la calidad de la obra sea mejor y más duradera, pero necesita más tiempo para habilitarse, a diferencia del asfalto, pero es necesario esperar y respetar ese tiempo de fraguado para que la obra realmente sea provechosa”.

Respecto al cruce de Tomás Jofré y Chacabuco, uno de los puntos con mayor impacto en el tránsito, la funcionaria indicó que se trata de la última intervención pendiente y que “a mitad de media semana ya debería estar habilitado”.

Otra de las novedades anunciadas es la incorporación de un camión de carga ligera destinado exclusivamente a la limpieza de residuos verdes y voluminosos en el microcentro. La presentación del vehículo también se realizará el miércoles en Plaza Baigorria. Miranda explicó que estará abocado a la recolección de restos de poda, escombros y otros residuos voluminosos que suelen depositarse junto a los contenedores domiciliarios: “Este camioncito se va a estar dedicando a circular por la zona céntrica y a hacer la limpieza de estos residuos”. Además, confirmó que el servicio será permanente y exclusivo del área central: “Va a estar toda la semana, una ruta, pero lo más importante es que va a ser exclusivo para la zona céntrica”.