Este miércoles, se desarrolló una audiencia en el marco de la causa donde se formularon cargos a Alejandro René Viano y a Alejandro Marcelo Ingaramo como autores del delito de usurpación. Según lo relatado por Fiscalía en esa oportunidad, ambos se habrían constituido en un campo y permanecieron en el lugar sin poseer un título que acreditara esa acción, todo en marco de una constatación ordenada en otro proceso judicial. Como medida de coerción se ordenó la restitución del inmueble.

En la audiencia de hoy, Viano solicitó (atento a la resolución del Juzgado Civil Nº 5 de la Primera Circunscripción Judicial que resolvió hacer lugar a la acción posesoria de recuperar la posesión) el sobreseimiento por el delito de usurpación para ambos y el cese de la medida de restitución.

El abogado, expresó que no subsisten elementos para continuar con la medida de coerción y solicitó que se reintegre la posesión.

La Fiscalía, manifestó que la comisión del delito se realizó en el marco de una medida ordenada por el Juzgado Civil. En esa circunstancia, utilizaron acciones de fuerza, violencia y abuso de confianza para tomar la posesión.

Expresó que en esta causa se está investigando la comisión de un delito que es independiente y distinta a la naturaleza del fuero civil y que el efecto de restitución no modifica la ocurrencia de la usurpación, tramitada en el fuero penal. Solicitó que se rechace lo solicitado.

La querella (Fiscalía de Estado) adhirió a lo manifestado por el Ministerio Público Fiscal y se opuso al pedido de sobreseimiento y a la restitución del inmueble.

El representante de la querella, consideró que es inadmisible por varias cuestiones, entre ellas que la resolución del fuero civil no está firme, que son plataformas fácticas diferentes, que no hay efectos de la resolución civil con la medida de coerción y que la sentencia invocada carece de actitud jurídica para fundar el pedido de sobreseimiento. Agregó que las acciones civiles y penales son independientes.

Luego de la exposición de las partes y de un cuarto intermedio, el juez resolvió rechazar el planteo de cese de la medida cautelar de restitución provisoria impuesta por Viamo e Ingaramo y dispuso que continúe plenamente vigente la restitución provisoria del inmueble rural ubicado en ruta provincial Nº 27 Km 144 a favor del denunciante (Gobierno de la provincia de San Luis).

Entre otras cuestiones, el juez consideró que: la causa se encuentra en etapa de investigación penal preparatoria en la cual el Ministerio Público Fiscal busca colectar elementos de convicción para determinar la posible existencia del delito de usurpación en donde se halla vigente una medida de restitución provisoria del inmueble; que la defensa peticionó el inmediato cese de dicha medida invocando la sentencia del fuero civil; que dicha sentencia no se encuentra firme ni ejecutoriada al haber sido recurrida por la contraparte (según lo expresado en la audiencia).

“Ante la falta de firmeza del fallo civil y el riesgo procesal que reviste la alteración del statu quo habitacional, corresponde rechazar el pedido defensivo y ratificar la vigencia cautelar decretada en esta sede de garantías”, expresa la resolución.

Por otra parte, rechazó el pedido de sobreseimiento formulado por los imputados, conforme lo normado por el artículo 163 del Código Procesal Penal y ordenó que las partes soliciten la fijación de la audiencia que da inicio a la etapa intermedia.

En relación a esto, consideró que el Código Procesal Penal establece reglas sobre cómo concluye una investigación penal preparatoria y determina los actos conclusivos de esta etapa y que si la Fiscalía no ha formalizado la acusación ni el imputado ha solicitado alguna salida alternativa, la investigación debe continuar. Agregó que el sobreseimiento en este estado frustraría el esclarecimiento del hecho.

La defensa, interpuso un recurso de apelación.

La audiencia se celebró en el Juzgado de Garantía Nº 4, a cargo de Santiago Ortiz. Intervino como secretaria, Daniela López Martín; en representación del Ministerio Público Fiscal estuvo presente José Olguín, fiscal de Instrucción Nº 3 y Flavio Ávila, por la Querella. Alejandro René Viano, imputado y por la defensa.

Fuente: Prensa Poder Judicial

La jueza de Ejecución del Tribunal Oral Federal de San Luis, María Paula Marisi, rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por el exministro de la Legalidad de Alberto Rodríguez Saá, Sergio Freixes, quien cumple una condena de seis años de prisión por la causa conocida como la “renuncia anticipada de jueces”. La magistrada concluyó que no se acreditaron las circunstancias excepcionales previstas por la ley para sustituir el cumplimiento de la pena en un establecimiento penitenciario.

En el mes de marzo, Freixes había solicitado cumplir la condena en su domicilio por “razones humanitarias”, argumentando principalmente que es el cuidador de su esposa, Viviana Beatriz Moreyra, quien padece diversos problemas de salud. Su defensa sostuvo además que habían transcurrido más de veinte años desde los hechos por los que fue condenado y que la ejecución de la pena en una cárcel común resultaba desproporcionada.

Los informes médicos
Para resolver el planteo, la jueza analizó las pericias realizadas tanto por el Cuerpo Médico Forense de la provincia como por el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los estudios confirmaron que Moreyra padece “artritis reumatoidea, limitaciones funcionales y una situación de malestar emocional asociada a su situación física y a la privación de libertad de su cónyuge”. Sin embargo, los peritos señalaron que al momento de los exámenes se encontraba “hemodinámicamente compensada y con sus facultades mentales conservadas”. También indicaron que otras patologías mencionadas por la defensa no pudieron corroborarse por falta de estudios o indicaciones médicas.

El rol de los hijos
Otro de los elementos valorados por el tribunal fue el informe socioambiental, que concluyó que actualmente la hija del matrimonio, e intendenta de Nueva Galia, Diamela Freixes, es “quien asume de manera predominante las tareas de asistencia, con la colaboración ocasional de su hermano, Francis Freixes”, quien también reside en la misma localidad. El informe también indicó que la familia cuenta con una red de apoyo y que las condiciones habitacionales son adecuadas.

La jueza entendió que no quedó demostrado que Sergio Freixes “sea la única persona capaz de dispensar la asistencia familiar que requiere” su esposa.

La magistrada también rechazó los argumentos de la defensa según los cuales el hijo no podría asumir ese rol porque cumple una condena con una “inhabilitación especial para conducir vehículos”, al señalar que esa restricción no le impide brindar cuidados personales a su madre. Cabe recordar que el hijo del exministro fue condenado a la pena de dos años medio de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el homicidio culposo de Domingo Hugo Barroso.

Del mismo modo, consideró que el hecho de que Diamela Freixes ejerza el cargo de intendenta de Nueva Galia no constituye una imposibilidad para asistir a su madre.

No se acreditaron circunstancias excepcionales
En la resolución se remarca que la prisión domiciliaria es un instituto de carácter excepcional y que solo procede cuando se verifican los supuestos previstos por la legislación.

En ese sentido, Marisi concluyó que Moreyra posee cobertura médica, ingresos propios y una red de apoyo familiar, por lo que no existe una situación de vulnerabilidad o abandono que justifique la concesión del beneficio.

Asimismo, sostuvo que “no se acredita que el Sr. Sergio Gustavo Freixes constituya la única persona capaz de brindar asistencia a la Sra. Moreyra ni que la negativa a conceder la modalidad domiciliaria implique una afectación desproporcionada de los derechos fundamentales de ésta”.

Con esos fundamentos, la jueza resolvió rechazar el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del exministro.

El Juzgado de Garantía Nº 3 dispuso la elevación a juicio de una causa seguida contra los médicos Carlos Alberto Merelli, Roberto Antonio Carió y Marcelo Fabián Velázquez, acusados por el delito de homicidio culposo por la muerte de Yulie Viviana Huamán Rivera, ocurrida en noviembre de 2014. La Fiscalía solicitó para cada uno una pena de dos años de prisión e inhabilitación especial por seis años para ejercer la medicina.

La audiencia fue presidida por el Juez de Garantía Nº 3, Marcos Flores Leyes. Participaron la Fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 5, Débora Roy Gitto; el abogado querellante Ramón Chávez; Ramón Estrada, defensor de Carlos Alberto Merelli y Roberto Antonio Carpio; José Samper, defensor de Marcelo Fabián Velázquez; y Sebastián Aravena, defensor de Sergio Ferreyra.

Antes de iniciar el control de acusación, el juez declaró extinguida la acción penal respecto de Sergio Ferreyra, luego de que las partes informaran el cumplimiento del acuerdo de reparación integral celebrado con la querella. En consecuencia, se dictó su sobreseimiento definitivo.

Al comenzar su exposición, Roy Gitto precisó que la causa fue investigada bajo el anterior sistema procesal penal de San Luis, por lo que la acusación responde al procedimiento que regía entonces. Explicó que la Fiscalía a su cargo revisó esa acusación y efectuó el ofrecimiento de prueba antes de solicitar la elevación a juicio.

Según la acusación, Huamán Rivera ingresó el 30 de octubre de 2014 a la Clínica Italia para ser intervenida quirúrgicamente tras ser diagnosticada con una colecistitis aguda y litiasis vesicular. Luego de la operación recibió el alta médica, pero pocos días después debió ser nuevamente internada debido al agravamiento de su estado de salud.

La investigación sostiene que, durante la segunda internación, la paciente permaneció varios días bajo atención médica sin que se lograra establecer un diagnóstico certero sobre la causa de su cuadro clínico. Ante la falta de evolución favorable y el agravamiento de su estado, fue trasladada el 13 de noviembre de 2014 al Sanatorio Franchín, en la Ciudad de Buenos Aires, donde falleció al día siguiente, minutos después de arribar a la clínica. Una junta médica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó que la causa probable de muerte fue una tuberculosis diseminada con neumopatía bilateral.

La Fiscalía atribuyó a Carlos Alberto Merelli, Roberto Antonio Carpio y Marcelo Fabián Velázquez responsabilidad penal por el delito de homicidio culposo y solicitó que, al momento de dictarse sentencia, cada uno sea condenado a dos años de prisión e inhabilitación especial por seis años para ejercer la medicina.

Durante la audiencia, la querella adhirió íntegramente a la acusación fiscal y a la prueba ofrecida. Por su parte, las defensas cuestionaron distintos aspectos de la imputación. Ramón Estrada sostuvo que la responsabilidad no podía centrarse exclusivamente en tres profesionales cuando, según la historia clínica, intervinieron otros médicos durante la internación. A su vez, José Samper afirmó que Marcelo Velázquez solo asistió a la paciente durante algunas guardias y que no tuvo intervención decisiva en las decisiones médicas adoptadas.

Tras escuchar a las partes, el juez consideró que la acusación reunía los requisitos legales y que los planteos formulados por las defensas debían ser debatidos durante el juicio oral, por lo que admitió la acusación, las pruebas ofrecidas y dispuso la elevación de la causa a juicio.

Ahora, el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial deberá fijar la fecha del debate oral y determinar el tribunal que intervendrá en el juzgamiento.

Fuente: Prensa Poder Judicial