La Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) firmaron un convenio de cooperación, que implicará la apertura de una sede de ese organismo en San Luis como punto de partida de otras articulaciones con el instituto, máxima entidad pública en la materia en nuestro país.

El convenio fue rubricado este miércoles en la oficina central del IGN, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por San Luis firmó la directora de Catastro, Érica Bonilla, y por el IGN, su presidente, Sergio Cimbaro. También participaron del encuentro la directora de Planificación, Investigación y Desarrollo del IGN, Eugenia Chiarito y el coordinador de oficinas provinciales del IGN, Marco Gargiulo.

La oficina de IGN en San Luis estará ubicada en Catastro, en el cuarto piso del Edificio Administrativo, en Ayacucho entre Rivadavia y San Martín. “Permitirá el intercambio fluido de datos, publicaciones, informes y antecedentes geográficos de todo tipo, como así también la realización de investigaciones, actividades técnicas y operativas tendientes a mejorar la información geográfica que poseen la provincia y la Nación”, resumió Bonilla.

Y agregó: “Este convenio es un aporte más a las alianzas con organismos en el marco de la creación del Observatorio Territorial Provincial. El IGN es un referente en cuanto a la producción y certificación de cartografía, por lo que sumará calidad a la información que sea publicada en este observatorio”.

Según su página web, la misión del IGN es “entender en la representación oficial del territorio nacional y en la elaboración de los marcos normativos para su realización, mediante la obtención de información geográfica precisa, oportuna y concisa, imprescindible para el desarrollo integral del país”.

Con la apertura de esta sede, San Luis se suma a la red de 18 provincias que actualmente tienen oficinas del IGN, integrándose de este modo a trabajar sobre objetivos comunes, entre ellos, la generación y la publicación, en diversos formatos, de información geográfica precisa; la representación oficial del territorio nacional y la elaboración de los marcos normativos para su realización y fiscalización; la investigación y producción colaborativa de información geoespacial y la innovación y la socialización de este conocimiento.

Este jueves por la mañana, Marina Ziliotto, la abogada y ex jueza que fue testigo en la causa por la que esta semana fueron nuevamente condenados Sergio Freixes y Mario Zavala, habló en exclusiva con La Gaceta Digital, evaluó el nuevo fallo, repasó y reflexionó sobre este larguísimo proceso de 19 años. “Ayer la Fiscalía Federal de Cámara me notificó la sentencia y con mucha alegría recibí la noticia. Es el tercer fallo en contra”, dijo Marina.

Fe de erratas: En la versión original de esta nota, se consignó que la denuncia fue realizada por Zioliotto, pero esto no fue así. Fue Gretel Diamante, por aquel entonces fiscal de la 2da Circunscripción Judicial y actual jueza del Tribunal Federal de San Luis, quien radicó la denuncia.

El primer fallo en contra fue en 2019 en el Tribunal Oral Federal de San Luis, donde Freixes y Zavala fueron condenados a cinco años de prisión y diez de inhabilitación. “La fiscalía acusaba por dos hechos independientes y el tribunal condenó por un solo hecho. Este fallo fue recurrido por la fiscalía y también por las defensas de los dos imputados. Los imputados pedían la absolución total, mientras que la fiscalía pedía que se los condenara por los dos hechos”, recordó Ziliotto.

De allí, la causa pasó a Casación Penal, que es el mayor órgano penal que tiene la justicia federal argentina antes de la Corte Suprema, donde no solo confirmaron esta sentencia, sino que la ampliaron y condenaron a un año más por el segundo hecho que había sido absuelto aquí en San Luis. Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema establece que “cuando la Cámara de Casación hace lo que se llama casación positiva, es decir, amplía la sentencia, debe ser revisada esta sentencia por una sala de igual jerarquía de la misma Corte”. “Esa sala se conformó con tres jueces distintos que revisaron la sentencia de casación y ayer la volvieron a confirmar: seis años de detención, diez años de inhabilitación y dos hechos delictivos cometidos”, explicó Ziliotto.

“Ahora, ¿qué les queda? Queda un último recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero es inédito que cambie tres sentencias condenatorias. Es un trámite lo que le queda. Lo único que pueden lograr yendo a la Corte Suprema es dilatar un poco más la sentencia definitiva”, continuó la abogada.

Al respecto, Marina también explicó que hay dos doctrinas con respecto al cumplimiento de la prisión efectiva mientras un recurso tramita ante la Corte Suprema. Por un lado, están los que dicen que se suspende el cumplimiento de la condena mientras la causa está en la Corte, y otros que no. Si Freixes decide recurrir a la Corte Suprema y se aplica esta última doctrina, el ex ministro podría ir preso la semana que viene. Caso contrario, el cumplimiento de la condena podría dilatarse inclusive un par de años más.

“Han hecho todo lo que estaba a su alcance para dilatar esta causa estos 19 años, porque en realidad la Fiscalía fue muy rápida y expeditiva en recolectar todas las pruebas rápidamente después de la denuncia. Las pruebas que sustentan esta causa se juntaron en uno o dos años, por las medidas que hizo la Fiscalía y los aportes que hice yo y los aportes que hizo la denunciante. Pero después empezaron a presentar recursos, recursos y recursos que llegaban a la corte y volvían a hacer la misma presentación. Y a todos los recursos les daban traslado, y les daban entidad y los resolvían. Es decir que les han resuelto dos o tres veces mismo y por eso porque se dilató tanto”, comentó Ziliotto.

“Las secretarias del fiscal me contaban que a esta causa la tienen como modelo en la Facultad de Derechos de Buenos Aires donde dan clase ellas; no por la cantidad de años, porque dice que está dentro de lo normal para causas de corrupción, sino por la prueba, porque es muy difícil probar una coacción agravada. Las restricciones a la libertad de la persona son muy difíciles de probar. Y esta es una de las causas que más pruebas tiene”, añadió.

“Son 19 años, un tercio de mi vida y la verdad que hay que soltar un poco las cosas, ya creo que se logró el cometido, que se hizo justicia. Tengo tres sentencias que dicen que lo que dije fue cierto, que es un delito, que son culpables, y tengo el nombre y apellido de las personas culpables. Teníamos todo en contra para probar esto, porque era en un momento político donde el gobierno tenía el 70% del apoyo popular, hubo que allanar la Casa de Gobierno para secuestrar máquinas, que después tuvo que peritar la Policía Federal de Córdoba, porque acá no había recursos. Además, la mayoría de las personas fueron muy reticentes a testimonios, inclusive los mismos del Poder Judicial. Las otras personas que estuvieron conmigo involucradas, que éramos 11, se abstuvieron de declarar. Tuvo que pasar 19 años para que una jueza, después de que se jubilara, se sintiera segura y pudiera dar una declaración en el juicio oral. Los demás se quedaron con el cargo, se callaron la boca y ahí anda la causa dando vueltas a ver si prescribe, porque separaron las causas, me dejaron a mí sola y a los otros 10 por otro lado. Y esos 10, muchos de esos están hoy en el Poder Judicial. Y esos se han jubilado en el Poder Judicial. Entonces, la única que no está hoy en el Poder Judicial soy yo. Fue muy fuerte realmente. Con esas personas yo me cruzo a diario. Y fue muy fuerte empezar a trabajar de nuevo del otro lado de la barandilla, reconstruir mi vida, criar mis niños que tenían 2 y 4 años, me tuve que pasar toda la niñez y toda la adolescencia de mis hijos explicándoles todo esto. Entonces ha sido complicado y muy difícil. Se obtuvo un resultado, pero la verdad que fue muy muy doloroso todo este paso”, concluyó Ziliotto.

Un hombre de 42 años comenzó a ser juzgado este lunes por la Cámara Penal N° 1 de la ciudad de San Luis, acusado de abuso sexual. La damnificada es hija de la ex pareja del imputado y las presuntas agresiones sexuales ocurrieron entre el 2015 y el 2017, cuando la víctima tenía entre 9 y 11 años. La Fiscalía solicitó que se le imponga una pena de 20 años de prisión.

El imputado es juzgado bajo la calificación legal de abuso sexual con acceso carnal agravado por la relación de convivencia preexistente con la víctima. Los supuestos ataques sucedieron en una vivienda de la calle Falucho, habitada por el acusado, la víctima y su mamá, y otros niños. De acuerdo a la acusación fiscal, N.R.C. aprovechaba cuando su pareja se ausentaba o dormía, y cometía los abusos “aprovechando la situación de convivencia que tenía con la menor y la inmadurez de ella”.

La víctima dijo que N.R.C. la amenazaba con matar a toda su familia si ella lo denunciaba y que los ataques contra su integridad sexual tuvieron origen cuando tenía 9 años y que continuaron hasta la noche anterior de la denuncia, realizada en agosto de 2017.

“Debe tenerse presente que es evidente que el delito en perjuicio de la menor ha sido cometido en más de una oportunidad, por lo que estima que el delito debe ser considerado como continuado”, sostuvo en su acusación la fiscal interina N° 1, Daniela Torres.

El tribunal a cargo del debate está integrado por los jueces José Luis Flores, Jorge Sabaini Zapata y Fernando De Viana; como fiscal de Juicio actúa Fernando Rodríguez mientras que el imputado es defendido por Rodolfo Mercau. La audiencia continuará este viernes a las 9 horas.

El intendente de la ciudad de San Luis, Sergio Tamayo, recorrió este jueves el avance de la obra de construcción y puesta en valor de la plaza Jardín Sucre, en el barrio del mismo nombre. Este espacio verde, ubicado en calle La Rioja, entre Maestro González y Abelardo Figueroa, se está renovando por completo.

“Está en más de un 80% el avance de obra. Actualmente se está trabajando en el replanteo, compactación y nivelación de la pista de bicicletas y quedan pendientes la delimitación de la cancha, la pintura de postes, la conexión de agua, la instalación de bebederos, cestos y bicicleteros, y las tareas vinculadas al hito religioso” dijo Lucas Ros, secretario de Infraestructura, Planeamiento y Desarrollo Urbano.

En cuanto a lo deportivo, el proyecto de la obra abarca la instalación de sectores de juegos infantiles, la puesta en valor del playón deportivo y la colocación de postes para una red de vóley. También se contempló la construcción de gradas de dos escalones.

La recreación de las familias de la zona será posible gracias a las islas de descanso, los bancos y mesas de hormigón, las veredas internas y la nueva forestación que adornará el espacio. La mejora de la infraestructura general es visible en la construcción de veredas con rampas de acceso, nuevos canteros, las instalaciones para riego, la renovación de la iluminación con tecnología LED, el hito de la virgen y el tótem de piedra que identificará a la plaza.

La Secretaría Electoral Provincial comunica que a partir del 10 de agosto, las autoridades de mesa, jefes de establecimientos y delegados sanitarios que participaron en las elecciones Provinciales del 11 de junio, ya pueden percibir sus viáticos por las oficinas del Correo Argentino, según cronograma dispuesto a tal fin.

El decreto 3.402 del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto del 28 de abril fijó los siguientes montos:
– Presidente de mesa y suplente: $15.000. Si realizan el curso de capacitación recibirán un extra de $3.000.
– Jefe de establecimiento: $18.000.
– Delegado sanitario: $18.000.

El pago se efectivizará por ventanilla, con la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Los beneficiarios podrán asistir a las oficinas del Correo Argentino en los días y horarios de atención establecidos, según la terminación numérica de su DNI, que a continuación se indica:

Los horarios de atención del Correo Argentino se detallan a continuación:
– Interior de la provincia (Arizona, Buena Esperanza, Concarán, Justo Daract, La Toma, Lujan, Villa Mercedes, Merlo, Naschel, Nueva Galia, Quines, San Francisco, San Martín, Santa Rosa, Tilisarao, Unión) de 10 a 13.horas.
– San Luis: de 9 a 15 horas

Este miércoles tomó estado legislativo en la Cámara de Diputados el “Plan de Promoción de la Alimentación y los Consumos Saludables”, una iniciativa que adhiere a la Ley Nacional de Etiquetado Frontal y además incluye medidas adicionales provinciales relacionadas con la promoción de la salud, la educación en alimentación saludable y el apoyo a la producción de alimentos sanos.

Este martes por la tarde, en Terrazas del Portezuelo, se llevó a cabo un encuentro entre la presidenta de la Cámara Baja, Silvia Sosa Araujo y las diputadas Gloria Petrino y Fernanda Spinuzza y los ministros de Salud, Cristian Niño, de Educación, Eugenia Cantaloube y de Producción, Marcelo Amitrano, para analizar los alcances del proyecto de ley. “Por un lado es la adhesión a la Ley Nacional 27.642, más conocida como ‘Etiquetado frontal’ y por otro lado también es tomando una postura provincial sobre el tema, un compromiso interinstitucional, entendiendo que el fenómeno de la buena alimentación es transversal y que no solo es una cuestión de salud, sino también una pata en la educación y otra pata en el sector productivo”.

El proyecto incluye una mirada en las buenas prácticas vinculadas a la promoción de la salud, a la prevención y a hablar de las enfermedades crónicas no transmisibles. El ministro de Salud de la Provincia destacó la importancia de trabajar en conjunto con otros actores y de promover la producción de alimentos saludables, para prevenir enfermedades y mejorar la salud de la población. “Queremos lograr una ley que sea práctica”, señaló Niño, quien resaltó que “si este proyecto es una realidad, sumamos salud”.

Educación

Actualmente, existe una normativa que prohíbe la venta en establecimientos educativos de alimentos que contengan al menos un octógono, es decir, los sellos que manifiestan el exceso de azúcares, de sodio, el exceso de grasas totales, de grasas trans y también de exceso de calorías. Esto en las escuelas, según la Ley de “Etiquetado frontal”, no se puede comercializar.

Además, en la provincia hay una norma que fomenta la alimentación saludable dentro de las escuelas (Ley de “Kioscos Saludables”). “Lo que estamos haciendo es declarar esto complementario y colaborar para que esos alimentos que se comercializan en las instituciones educativas no tengan un octógono”, manifestó Spinuzza.

Al respecto, la ministra Cantaloube manifestó: “Ya llevamos un poco más del 91% de las escuelas con alimentación saludable, que además cuenta con su personal con el carnet de manipulación de alimentos. Veo este proyecto súper positivo, porque las implicancias a largo plazo en la salud son enormes”.

Producción

El proyecto de Ley también crea un plan de promoción a la producción “entendiendo que en esta necesidad de que la población cambie sus hábitos en términos alimenticios es necesario también contar con los alimentos saludables y para eso hay que hacer una reconversión productiva con un asesoramiento y una presencia del Estado, tanto en incentivos económicos como técnicos, para que los productores puedan adecuar sus recetas, reimprimir sus packaging o cualquier cuestión que necesiten”, explicó Spinuzza.

Y añadió: “Por el otro también tiene que ver con las compras que el Estado va a empezar a hacer de acá en adelante. Vamos a puntuar favorablemente aquellos productores que comercialicen productos saludables que realmente no tengan los octógonos en sus productos, para que de esta manera empecemos a poder generar un registro de producción local saludable”.

El ministro Amitrano participó, y expresó: “Es un tema que entendemos más que importante, que la provincia viene llevando en etapas y que necesitábamos dar un paso más”. Desde el Ministerio buscarán que los productores se sumen a estos nuevos protocolos y procedimientos, como las buenas prácticas agropecuarias, que -en palabras de Amitrano- “son un sistema de certificar estas buenas prácticas de los productores y que esto les signifique incentivos y beneficios que nos permitan tener garantías o certificación de producción de ciertos alimentos”.

A través de la Circular Nº8-PGCE-2023, el Ministerio de Educación comunicó las distintas disposiciones a los establecimientos educativos donde se votará este domingo en el marco de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebrarán en todo el país.

A fines de limpiar y acondicionar todos los edificios, se determinó que en el turno mañana dicte clases virtuales. En tanto que para el turno tarde, la actividad escolar será normal.

La obra de reparaciones generales del histórico edificio del colegio Juan Esteban Pedernera, ubicado sobre avenida Mitre de la ciudad de Villa Mercedes, ha ingresado en la etapa final, que incluyen tareas de pintura y arreglos menores.

Durante el verano pasado, la casa de estudios estaba siendo intervenida en cuanto a determinadas deficiencias en muros y techos, como también en la renovación de sanitarios y recambio de cableado eléctrico y demás labores. De hecho, hasta el 26 de enero se estimaba que para marzo el lugar estaría listo para el desarrollo del ciclo lectivo 2023. Sin embargo, durante la noche de ese jueves todo cambió para Villa Mercedes, cuando uno de los temporales más violentos de que se tenga memoria asoló la ciudad con granizo en seco de gran tamaño y fuertes ráfagas. Domicilios, vehículos, edificios públicos y casi toda la urbe registró cuantiosos daños, y el “Colegio Nacional”, como aún se le llama a la institución, no quedó exenta.

Ariel Lucero, uno de los encargados de la obra, recordó que “esa tormenta cambió todos los planes, pues no solo destruyó todos los arreglos que se habían hecho hasta el momento, sino que mucho más. Con los tejados rotos, la filtración afectó a todo el edificio, desde el techo y las paredes hasta los pisos, el sistema eléctrico quedó anulado. Se tuvo que hacer todo desde el inicio, comenzar de cero”.

Por su parte, Miguel Olguín, otro de los encargados de la refacción, destacó que “el edificio quedó con mucha humedad, rajaduras en algunas paredes, revoques nuevos que cayeron y, con respecto a los techos, debimos hacerlos a todos de nuevo. Para ello ya no usamos tejas, sino chapas inyectadas con poliuretano; estos techos son más resistentes, demandan menos mantenimiento y las prestaciones térmicas son mucho mejores”.

Para ambos constructores, al igual que para el personal a su cargo, la postal con la que se encontraron el 27 de enero tan solo es un mal recuerdo. “Entramos en la última etapa, que son los detalles y pintura, trabajos que llevarán unos dos meses, tal vez menos, así que pronto el colegio podrá reabrir sus puertas”, sostuvo Lucero.

Este miércoles, Luis Ramírez fue declarado culpable como autor material del delito de “homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”. La víctima fue su pareja, Soledad Zalazar.

El hecho ocurrió el 15 de enero de este año en la localidad de Concarán cuando, tras una discusión, Ramírez atacó a la joven con un cuchillo de cocina. Luego del ataque, se entregó en la Comisaría de Concarán, confesando que había matado a su novia.

La joven fue auxiliada por personal del Hospital de Concarán y trasladada en estado crítico al Hospital Madre Catalina de la Villa de Merlo donde, pese a los esfuerzos del personal médico, no fue posible detener la hemorragia provocada por las lesiones, produciéndose su deceso.

De acuerdo al informe forense, Zalazar, de 22 años, falleció de un shock hipovolémico a causa de una hemorragia profusa aguda. Presentaba una herida contusocortante en el cuello, con afectación de vasos arteriales y venosos; y una herida profunda en la zona lumbar, que afectó gravemente su riñón derecho.

Ramírez fue detenido y posteriormente imputado, con prisión preventiva. El 5 de mayo pasado, la fiscalía requirió la elevación de la causa a juicio, solicitando que, al momento de dictar sentencia, el acusado sea condenado como autor material del delito de femicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

El debate fue presidido por Sandra Elizabeth Piguillem e integrado por los vocales María Claudia Uccello y Gustavo Daniel Sanchiño.

En representación del Ministerio Público Fiscal estuvieron presentes el Fiscal de Juicio, Mario Néstor Zudaire; la fiscal de Instrucción provisoria, Débora Antonella Roy Gitto; y la fiscal Adjunta provisoria, Lorena Ohanian. En defensa del acusado, intervino el defensor Oficial en lo Penal, José Luis Guiñazú.

Tras la declaración de 26 testigos y los alegatos de las partes, el tribunal integrado por Sandra Elizabeth Piguillem, María Claudia Uccello y Gustavo Daniel Sanchiño resolvió declarar a Luis Ramírez culpable por el delito de “homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido de un hombre hacia una mujer mediando de violencia de género (femicidio)”, condenándolo a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas procesales.