La Cámara de Diputados aprobó y logró la media sanción de las cuentas de inversión 2022 del Ejecutivo gracias al voto mayoritario del oficialismo. Al igual que sucedió el año pasado, el bloque albertista argumentó que las cuentas de inversión tuvieron un superávit, de $4.459 millones en 2022. El poggismo alegó que hubo un déficit $7.172 millones y que se financió con la venta de títulos.

La oficialista Anabela Lucero fue la miembro informante de las cuentas de inversión alegando que dieron un superávit superior a los $4.459 millones. En su presentación detalló que la ejecución del presupuesto del año 2022 de la provincia presenta una recaudación total de $224.136.264.034. Los gastos fueron de $200.677.165.035. De los cuales fueron gastos corrientes del 60,47%. Administración central el 17,66%, seguridad el 9,91%, servicios sociales compuesto por salud, educación, deporte y trabajo del 59,95%; desarrollo de la economía compuesto por energía, comunicación y transporte del 12,43% y servicio de la deuda del 0,04%. Además, los gastos de capital fueron del 74 por ciento y aplicaciones financieras del 0,79%.

“La cuenta de inversión muestra que la provincia tuvo un superávit financiero de $4.459.098.999 y en cuanto a resultados financieros a los ingresos ascendieron a $231.723.336.643 teniendo egresos de $200.994.963.957. A ello se le suma la diferencia de los títulos públicos que son las operaciones de compra venta realizada y la diferencia de fondos de terceros dando un superávit financiero de $56.353.243.604. Este resultado financiero positivo del ejercicio 2022 está explicado por el superávit presupuestario, las tenencias en divisas internacionales”, detalló Lucero.

Además reveló que se vendieron “títulos originales y se han adquirido otros con mayor liquidez y rentabilidad buscando una gestión más eficiente de los activos financieros de la provincia”. Mencionó que los títulos comprados se incluyeron dentro del cálculo de los recursos.

Gastón Hissa, presidente del bloque Unidos por San Luis, aseguró que las cuentas de inversión 2022 también tienen déficit como sostuvo la oposición el año pasado y que se cubre el déficit con la venta de los títulos. “La realidad objetiva es que nosotros venimos con un déficit crónico desde el año 2019, en donde la cuenta de inversión arrojó un déficit de $5.401 millones en 2019, en el 2020 de $4.173 millones, en el 2021 que tenía $9.117 millones de déficit y este 2022 arroja un déficit de $7.172 millones. Por supuesto que nosotros siempre tenemos en cuenta la variable de la venta de los bonos”, argumentó en la sesión.

Claudia Pinelli, diputada oficialista e integrante de la Comisión de Finanzas, alegó que la venta de títulos es un recurso corriente desde el punto de vista contable para concluir que las cuentas de inversión tienen superávit. Para fundamentar su visión citó un manual de contabilidad nacional gubernamental. “En una parte que habla de las normas generales aplicables a recursos y gastos, nos está diciendo que los bonos, los títulos son recursos corrientes. Puede ser que hayan ingresado en forma extraordinaria (los bonos) pero se toman como recursos corrientes”, dijo la legisladora.

Por su parte, la presidenta del bloque oficialista, Gloria Petrino, defendió la venta de los títulos públicos para financiar al Gobierno nacional: “Estos títulos son fondos, son recursos del pueblo de San Luis. Está perfecto que vuelvan al pueblo de San Luis. ¿A qué se pretende? ¿Tenerlos guardados porque la tasa de interés conviene? ¿Tenerlos guardados porque especulemos con la crisis nacional para que en unos años o en un tiempito tengamos más? ¿Más para quién? ¿Más para qué? ¿Más para qué si no es para la obra pública, si no es para los servicios del pueblo, si no es para educación, si no es para salud, si no es por un Ramón Carrillo? ¿Más para qué? Esto es el Estado, es mirar a la gente”.

Mónica Becerra del bloque Unidos por San Luis también criticó las cuentas de inversión mencionando partidas que se ejecutaron y otras que consideró como excesivas como los gastos reservados y La Pedrera de un millón de pesos diarios en cada uno y pauta publicitaria por un total de $1.700 millones.

“Al analizar esta cuenta de inversión en cuatro años, hemos visto que se ha gastado más de lo que se recauda. Entonces el modelo exitoso que fue San Luis ya no existe, una provincia donde los índices estaban por debajo de la media nacional, por ejemplo, el de desocupación y el de pobreza en claro descenso. Hoy estamos totalmente en lo contrario. Se pone en jaque la independencia económica, la soberanía en las decisiones, porque ya estamos hablando de que tenemos déficit, no tenemos superávit”, consideró Becerra.

El titular del bloque radical, Luis Lucero Guillet, consideró que las cuentas de inversión 2022 “esconden promesas incumplidas, reasignaciones de partidas y discriminación a los municipios que no son del color político de quien gobierna”. También hizo referencia a la ley de estructura funcional de Diputados y Senadores que se sancionó hoy alegando que su tratamiento tiene vicio de nulidad porque supuestamente tuvo incumplimientos del Reglamento Interno.

En el transcurso de la sesión más diputados tomaron la palabra sobre el tema. Recién pasadas las 14.30 horas se procedió a la votación. Las cuentas de inversión 2022 fueron aprobadas por 23 votos positivos contra 17 negativos y pasa al Senado para su sanción definitiva.

Tan solo dos días después de presentada la nota solicitándola, el presidente del Senado, Eduardo Mones Ruiz, convocó a asamblea legislativa para el próximo martes 1ro de agosto, a las 15 horas, con el propósito de nombrar a un nuevo defensor del pueblo, cargo que lleva 19 años vacío y que ahora el oficialismo está desesperado por llenar.

Cabe recordar que el oficialismo ha propuesto a Enrique Ponce para ocupar el puesto de defensor del pueblo. Por el lado de la oposición todavía no se ha informado si se va a postular a alguien para este cargo. De igual manera, cabe recordar que en la Asamblea Legislativa, que es conformada por la Cámara de Diputados y la de Senadores, el oficialismo tiene amplia mayoría, por lo que fácilmente podrá imponer al ex intendente como como defensor del pueblo.

Durante esta asamblea también se realizará la elección de los miembros del Tribunal de Cuentas, según informaron desde el Senado.

Pasada las 11.30 de este miércoles, la Cámara de Diputados sancionó la ley de estructura del Poder Legislativo que crea 53 cargos. La sanción de la ley se logró debido al voto de los legisladores del oficialismo. Es importante recordar que el proyecto sancionado ingresó a la Legislatura el lunes y el Senado lo aprobó ayer.

Teniendo en cuenta que se esperaba una maratónica jornada legislativa en Diputados, la sesión estaba por iniciar antes de las 11 horas. La oposición intentó que no se alcanzara al quórum, ya que no estuvieron en el recinto al inicio. Pero con 23 diputados se alcanzó el quórum, la oposición ingresó al recinto minutos después.

Sin embargo, se volvieron a retirar cuando el secretario Legislativo leía que se iban a tratar las cuentas de inversión. “Es una falta de respeto. Tengo 26 registrados, voy a seguir con la sesión. Pueden cerrar la puerta, que no ingrese ningún diputado, estamos en sesión.”, dijo la Cámara de Diputados, Silvia Sosa Araujo. Anunció un cuarto intermedio de 15 minutos, pero terminó siendo de 5. La sesión se reanudó a las 11.15.

Para sorpresa de muchos, Teresa Páez pidió el tratamiento sobre tablas del proyecto con media sanción de la nueva estructura del Poder Legislativo que crea 53 cargos. La oficialista Gloria Petrino argumentó el tratamiento sobre tablas alegando que “ante la actividad en la Cámara, la demanda de proyectos y la necesidad de actualizar una ley de 2012, se van acumulando en las comisiones de trabajo es necesario y y urgente el tratamiento”.

La moción se votó y se aprobó por la totalidad de votos oficialistas. Luego Páez fue la informante del proyecto y leyó los fundamentos del mismo.

Tras la lectura, y cuando se estaba por votar, la oposición volvió a entrar al recinto. El proyecto de estructura funcional de la Cámara de Senadores y Diputados fue sancionado por los 23 votos de los diputados oficialistas 11 en contra de la oposición. La votación se hizo a mano alzada, motivo por el cual hay discrepancia de un voto respecto al sistema de la imagen al final de la nota. Hay una persona que estaba logueda en el sistema, pero no estaba en la sesión,

Tras la sanción, el presidente del bloque poggista, Gastón Hissa, se quejó de la manera en que se trató la ley sancionada y criticó el proyecto. “Es una falta de respeto total y cada uno de los colegas diputados que están acá tendría que darle vergüenza y no respetar lo que ha elegido el 11 de junio el electorado de San Luis. Las elecciones las perdieron. Entonces no pueden estar haciendo un gobierno paralelo, superestructura, se creen vivos por eso, cuando saben que en diciembre nada de esto se va a materializar”, expresó Hissa.

Sosa Araujo le recordó que el tratamiento sobre tablas se votó en su ausencia. Hissa retrucó que la diputada no permitió el ingreso al recinto.

Hay que mencionar que el gobernador electo Claudio Poggi adelantó ayer que vetará esta ley .porque considera que sirve para el “aguantadero de funcionarios”. En caso que se concrete lo mencionado, el veto deberá ratificado por la Legislatura, pero Poggi tendrá minoría en ambas Cámaras.

A horas de la media sanción la ley que crea 53 cargos en el Poder Legislativo, el gobernador electo Claudio Poggi emitió un crítico comunicado en el que anunció que anulará las leyes que “sirvan de aguantadero de funcionarios”.

“En las últimas horas, el Gobernador saliente presentó en la legislatura provincial varios proyectos de ley que tienen como único objetivo, la creación de un gobierno paralelo, que sirva de aguantadero de los actuales funcionarios, más allá del 10 de diciembre”, dijo el diputado nacional.

El proyecto de los cargos en el Legislativo se aprobó este lunes en el Senado y el oficialismo tiene los votos para que la Cámara de Diputados la convierta en ley. Para Poggi, esta iniciativa “cuatriplica la planta de funcionarios políticos de la legislatura provincial. Tiene como único objetivo, crear 53 nuevos cargos de $800.000 de sueldo cada uno, es decir, 53 nuevos ñoquis, que no son otra cosa que actuales funcionarios que pretenden cobrar sin trabajar, despilfarrando el dinero los sanluiseños. Si el Gobernador saliente quiere incendiar la provincia, los sanluiseños no se los vamos a permitir, y yo estaré a la cabeza”.

Para el Gobernador electo, la actual gestión provincial no admite la derrota y repitió que se quiere instalar un gobierno paralelo y “dejar guaridas de funcionarios con sueldos millonarios”.

“Quiero darles la tranquilidad que cuando asuma la gobernación, el próximo 10 diciembre, voy a anular todas las acciones que atenten contra el plato de comida que hoy falta en la mesa del 63% de los chicos que están sumidos en la pobreza. Ninguno de estos funcionarios va a quedar en estas estructuras inventadas del Estado y todos los que participen de estas maniobras espurias, lo van a tener que explicar en la justicia”, prometió Poggi.

Tras casi 20 años sin defensor del pueblo, este lunes ingresó al Senado una nota firmada por distintos diputados y senadores del oficialismo, en la que piden al presidente de la Cámara Alta, el vicegobernador Eduardo Mones Ruiz, que convoque a asamblea legislativa a efectos de finalmente cubrir este cargo, proponiendo para el mismo al ex intendente Enrique Ponce.

El cargo de defensor del pueblo está vacante desde el sábado 8 de noviembre de 2004. A lo largo de los años, La Gaceta Digital publicó distintos artículos del docente Luis “Tochi” Moreno, quien por años exigió que se cumpla con la Constitución y se nombre a esta figura. Haciendo click aquí podés leer la nota de Moreno que publicamos cuando se cumplieron 10 años sin defensor del pueblo.

La sorpresiva nota presentada en el Senado confirma además que Enrique Ponce continuará integrando las filas del oficialismo provincial, luego de haber sido nombrado asesor del Gobierno provincial (con un sueldo de casi $800.000) y competido como candidato a intendente dentro del lema oficialista.

Por el momento se desconoce la versión oficial sobre esta repentina decisión del oficialismo de finalmente convocar a Asamblea Legislativa para la designación del defensor del pueblo, pero esta nota ingresó al Senado junto al polémico proyecto para la creación de más puestos en la Legislatura y uno para dotar de mayor presupuesto a la UPrO sobre la que próximamente daremos más detalles.

Con los salarios de julio, el Gobierno provincial terminará de pagar el aumento de sueldo que ha otorgado para este 2023, el cual totaliza un 45%. Ante este panorama, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó notas tanto al Gobierno provincial como a la Municipalidad de San Luis solicitando un nuevo aumento que sea, como mínimo del 50%.

“Asimismo, se consideró que prevea el mismo aumento de base para los Municipios de nuestra provincia, teniendo en cuenta que con los haberes del mes de julio se paga la última cuota del aumento que se acordara en el mes de marzo 2023”, informó ATE, el cual además solicitó que se “continúe con las recategorizaciones del personal de escalafón general, el pase a planta permanente y se siga avanzando con las contrataciones de las y los compañeros que cumplen funciones en diferentes ministerios y pertenecen a planes sociales o becas”. Por el lado del Ministerio de Salud, se pide que se continúe con el pase a convenio colectivo y recategorizaciones.

Además, el sindicato mantuvo, el pasado 20 de julio, una reunión con el Poder Ejecutivo de la ciudad de San Luis, donde se presentó formalmente el pedido de aumento salarial para lo que resta del año. “Teniendo en cuenta que la última cuota de aumento pactado se paga con los haberes del mes de julio, consideramos importante acordar en las próximas semanas un incremento salarial hasta fin de año. Nuestro pedido es de base o piso un 50%, pero creemos oportuno que este monto se revise permanentemente de acuerdo a la inflación”, señalaron desde ATE.

“Hemos solicitado también que se continúe el pase a planta permanente conforme lo establece el Estatuto Municipal y con las recategorizaciones. Además, marcamos la importancia de realizar modificaciones del estatuto para aumentar el ítem de presentismo, y otros puntos más que consideramos importantes que estén en la agenda de los próximos meses”, continúa el comunicado de ATE.

“Fue una muy buena reunión y tendremos definiciones en la primera quincena de agosto”, comunicado el secretario general de ATE, Fernando Gatica, a La Gaceta.

Esta mañana, el Senado le dio media sanción a un proyecto que ingresó este mismo lunes y que modifica las estructuras funcionales de las Cámaras de Senadores y Diputados, creando más de 50 nuevos cargos entre ambas. Cabe recordar que, después del 10 de diciembre, el oficialismo tendrá mayoría y controlará ambas cámaras, por lo que podrá designar a quienes ocupen todos estos nuevos cargos.

El tratamiento de este vergonzoso proyecto comenzó con la oficialista Diamela Freixes refiriéndose a la estructura actual de la Legislatura, que fue creada cuando los legisladores eliminaron la designación de empleados políticos a cambio de duplicarse sus salarios, con la creación del módulo extra. En aquella la ocasión, la excusa era que una gran cantidad de empleados políticos no cumplían sus funciones y que muchos de ellos terminaban siendo sumados a la planta permanente de la Legislatura.

Esta vez, la excusa es el “fortalecimiento del trabajo legislativo”, especialmente el trabajo de las comisiones. “Con la vigencia de la ley, al no poder designar personal, cosa que se ha cumplido a rajatabla, los legisladores deben cumplir la tarea de analizar y estudiar las leyes, pero también ser secretario de acta, tomar asistencia, recordarles a los legisladores la agenda de tema, redactar los despachos, establecer los lugares de reuniones, etc. Por eso consideramos necesario crear un cuerpo especial de directores de comisión destinado a solucionar todos los temas que han ido surgiendo a lo largo de estos años de vigencia de la ley antes mencionada”, dijo Freixes, en uno de los momentos más vergonzosos de la sesión, enumerando estas tareas como si fueran una gran labor, lo cual es una verdadera ridiculez, más aún teniendo en cuenta que nuestros legisladores cobran más de un millón de pesos por mes y tienen 4 meses de vacaciones.

En total, el proyecto establece que este cuerpo de directores de comisiones tendrá 50 integrantes, a razón de 22 por Senadores y 28 por Diputados. Además, se crea el cargo de un director operativo contable por cada Cámara. “Todos los Directores serán designados por cada Cámara, por mayoría simple, y tendrán una retribución equivalente a la de los Prosecretarios de Cámara”, establece el proyecto, lo que se traduciría en un salario de $700.000 aproximadamente. Y 4 meses de vacaciones.

Esta figura del director de comisión es algo que existe en otras legislaturas del país. Lo que no existe en esas legislaturas es el módulo extra que los diputados cobran a cambio de la no designación de empleados transitorios. En el caso de San Luis, si se aprueba este proyecto y se crean todos estos nuevos cargos, nuestros legisladores van a seguir cobrando el módulo extra y tener aún menos tareas que realizar.

Por otro lado, la senadora mencionó el artículo 8, que establece una serie de beneficios para el personal actual de la Legislatura, como el pase a categoría de quienes tienen más de 5 años de antigüedad y el pase a planta permanente “de todo el personal legislativo que cuente con más de TRES (3) meses de antigüedad”. “Es una actualización necesaria que va a permitir un mejor trabajo legislativo y soluciona temas que los trabajadores venían solicitando y genera certeza en cuanto a la estabilidad de los trabajadores”, dijo Freixes, ya cerrando su alocución.

Por el lado de la oposición, el primero en tomar la palabra fue Adolfo Castro Luna, calificando como “confusos” los argumentos del oficialismo. “Una cosa son las condiciones en las que están los trabajadores que están en la Legislatura, y nada tiene que ver ampliar la cantidad de puestos políticos ni de ninguna índole. Las comisiones han funcionado perfectamente cuando ha habido voluntad de hacerlo”, dijo el opositor, señalando que la sociedad le está pidiendo “mayor austeridad” a la clase política.

Luego de Castro Luna, el otro opositor del Senado, Sergio Guardia, tomó la palabra y lo primero que comentó es que tuvieron acceso al proyecto tan solo una hora antes de tratarlo. Al igual que su compañero, Guardia señaló la trampa del oficialismo de mezclar la creación de nuevos cargos con las mejoras para la planta actual de trabajadores, y así presionar a quienes se opongan al proyecto. Asimismo, sostuvo que no hacen falta nuevos empleados en la Legislatura. “El rumor en los pasillos es que hay de 60 a 70 empleados en el palacio legislativo y que vienen 15 o 20 a trabajar. Será nuestro trabajo investigar quiénes no vienen a trabajar para darle a conocer al pueblo quienes son los que se merecen la continuidad laboral, la estabilidad, mejorar las condiciones y quienes aquellos que no deben venir a trabajar”, dijo Guardia.

El senador opositor además aseguró que quienes ocupen estos nuevos cargos van a “cobrar cerca de 800 o 900 mil pesos, que seguro que no es el salario que van a cobrar los empleados que están aquí y que vienen todos los días a trabajar”. Esto se traduce a unos 500 millones de pesos por año, con los que se podrían hacer un barrio de 35 casas.

“¿Quiénes son los que van a ocupar esos cargos? Sabemos que estos puestos son a dedo. Vamos a esconder a parientes, amigos, hermanos, padres”, disparó Guardia, en uno de los momentos más picantes de la sesión.

Acto seguido, en algo no muy habitual, el presidente del Senado, el vicegobernador Eduardo Mones Ruiz, tomó la palabra para asegurar que no hay nadie que cobre sin ir a trabajar en la Cámara de Senadores y también para chicanear a Guardia con el hecho de que alguna vez fue candidato a vicegobernador del kirchnerismo y otros cambios de bando. El senador opositor, lejos de esquivarle a las críticas, le recordó que además compitió contra Claudio Poggi, mientras el oficialismo provincial tildaba a Cristina Fernández de Kirchner como “tilinga y hoy están juntos”.

La sesión continuó con una demagógica intervención de la ex intendente ilegal María Angélica Torrontegui, asegurándole a los empleados de la Legislatura que no los están usando para la creación de nuevos cargos.

Tras estas palabras, el proyecto se sometió a votación y fue aprobado con 6 votos del oficialismo contra 2 de la oposición.

Durante la madrugada de este martes en la ciudad de Villa Mercedes se realizó el primer operativo de ablación en el Hospital Verónica Bailone. Gracias a la donación de los órganos, cinco personas de distintos puntos del país podrán tener una mejor calidad de vida.

“Es el primer operativo que se produce en el Hospital ‘Verónica Bailone’ de Villa Mercedes, intervino todo el personal de la Terapia Intensiva, tanto médicos como enfermeros, también estuvo personal de Quirófano”, explicó la directora del CUCAI San Luis, doctora Eugenia García.

García agregó además que llegó un avión de Rosario por la ablación del hígado, las córneas y riñones los ablaciona el equipo del CUCAI San Luis junto a los cirujanos, “además de esto brindó apoyo el Hospital Regional ‘Juan Domingo Perón’ con estudios complementarios y el servicio de traslado, también personal del Aeropuerto de Villa Reynolds desde que se generó la apertura en horas de la madrugada”.

Por último, la profesional destacó que la familia con el mayor de los respetos acompañó todo el operativo de donación.

El martes 1° de agosto en el Salón de la Puntanidad, en Terrazas del Portezuelo, se podrá tramitar la Pensión no Contributiva (PNC) para personas con discapacidad, de 9 a 17 horas, por orden de llegada. El trámite es gratuito y el operativo se realiza en conjunto con personal identificado de la Agencia Nacional de Discapacidad, el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de la Ciudad de San Luis.

“El llamado es una convocatoria abierta para aquellas personas que iniciaron el trámite y aún tienen que finalizarlo. Se realizará un mega operativo para terminar estas pensiones que se encuentran en el patrón que mandó Nación”, dijo Nieves Salama, jefa del Subprograma Protección y Promoción a las Personas con Discapacidad. A su vez, Luciana Miserendino, jefa del Programa Discapacidades, agregó que la jornada también incluye a quienes quieran iniciar el trámite por primera vez.

Miserendino, aclaró que este trámite es independiente al Certificado Único de Discapacidad (CUD) y que el hecho de poseer este último, no quiere decir que se excluya a la persona de obtener también el PNC. “El tema de la discapacidad es complejo en todos los ámbitos y la idea es hacerlo visible y respetar los derechos de cada persona. Lo de la Pensión no Contributiva, es un derecho más y la Agencia Nacional de Discapacidad está trabajando junto a todas las provincias, para mejorar la calidad de vida”, concluyó.

El trámite de la pensión no contributiva es gratuito. No hacen falta gestores y está dirigido a las personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Para solicitarla a través de la página de ANSES u obtener más información, ingresar a la web.

La defensa oficial de Carlos Lopéz y Luis Arce, dos de los cuatro partícipes el robo a un local de hamburguesas del Shopping San Luis en febrero de 2019, solicitó la suspensión de juicio a prueba. Conocida también como “probation”, la figura consiste, básicamente, en suspender la tramitación del juicio penal, por el tiempo que el juez disponga a condición de que el acusado, (en este caso acusados) cumpla ciertas reglas de conducta y ofrezca una reparación razonable del daño ocasionado.

Arce y López, representados por la Defensoría de Juicio N° 1, ofrecieron a través del defensor oficial Esteban Sala, una suma de dinero a abonarse en 12 pagos y tareas comunitarias en dos iglesias de la ciudad capital. La reparación económica ofrecida está relacionada a las posibilidades económicas de los imputados, en los términos del Art. 76 Inciso 1 del Código Penal Argentino.

“Ninguno de los dos tiene antecedentes y el delito es robo con arma cuya aptitud para el disparo no fue probada, por ende, la escala penal daría para pedirlo”, dijo Sala y la explicación tiene que ver con que la suspensión a juicio a prueba sólo procede para delitos leves, cuya pena no supere los tres años de prisión.

Alejandro Sosa es el tercer acusado en la causa. El imputado de 26 años enfrenta, además, dos acusaciones por abuso y tenencia de armas. Su abogado, Héctor Zabala Agüero, solicitó en una de esas dos causas la aplicación de la suspensión de juicio a prueba.

“Mi representado tiene tres causas que fueron unificadas. En la que pido la probation es la de la tenencia de armas. En la causa del Shopping decido ir a juicio porque mi representado no tiene nada que ver, ni hay pruebas que lo incriminen y voy a pedir la absolución. Sin embargo, como están las tres causas en una, es que suspenden la audiencia de hoy y se le corre vista al Fiscal”, dijo Agüero.

La “probation” es una alternativa judicial donde el “sospechado” debe cumplir tareas comunitarias por un determinado tiempo y a su vez ofrecer un resarcimiento económico a la parte damnificada.

Se contempla en el Artículo 76 bis del Código Penal el cual estipula que puede ser requerido por el imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda los tres años.

Es decir, no se puede conceder para todos los delitos, ni tampoco a todas las personas sospechadas de cometerlos y, además, se tienen que dar varios requisitos legalmente establecidos. Delitos contra la administración pública”, o “contra la integridad sexual” o los relacionados con la violencia de género, no están contenidos dentro de este beneficio, por ejemplo.

El hecho ocurrió el 3 de febrero de 2019 a las 2.30 de la madrugada en el local de comidas Burguer King del Shopping. De acuerdo a la denuncia, cuatro personas armadas reducen a los empleados del local, a cara cubierta y se llevan $9.000 y elementos personales de los empleados que se encontraban en ese momento.

Por esta causa, el 25 de julio de 2022, Javier Gómez fue condenado, mediante juicio abreviado, a cuatro años y seis meses de prisión por los delitos de robo calificado por ser en poblado y en banda, en grado de tentativa, en perjuicio de Tomás Peralta, en concurso real con el delito de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y por ser en poblado y en banda, en perjuicio de la empresa Burguer King.