Esta mañana se pospuso la audiencia que se iba a realizar en los tribunales puntanos en relación al desalojo de los ambientalistas y personas que se encuentran acampando en el acueducto Vulpiani para impedir la construcción de un parque provincial. Esto permitirá que continúe el acampe que está frenando el avance de las máquinas.
“No dieron lugar a la audiencia judicial que pidió la fiscalía a favor de Sergio Ángel Finelli (representante de la empresa constructora Serving SRL). La respuesta es que no saben cómo resolverlo, entonces la van a posponer. Pero mientras tanto sigue vigente la normativa que dio el juez Flores Leyes, que justifica nuestro acampe”, comentó María José Escudero, la vocera de los ambientalistas que están en contra de esta obra. La joven agregó que “las irregularidades mismas de la denuncia” son las que llevaron a la suspensión de la audiencia.
En su fallo del pasado 6 de junio, el juez Marcos Flores Leyes argumentó que la presentación de la fiscalía “no resulta clara y no manifiesta” la fecha de inicio de los hechos y “tampoco se encuentra claramente justificado e individualizado el o los delitos que provocan la competencia de este Juzgado de Garantías”.
En este sentido, el abogado Gustavo Quiroga explicó que la suspensión de la audiencia se debe a “una cuestión técnica”. “El Tribunal de Impugnaciones está por resolver si es competente para esto, nosotros creemos que no, creemos que hay que sostener la sentencia de Flores Leyes y enviarlo a un Juzgado Civil Ambiental, que es competente para resolver. Acá lo que ha pasado es que han criminalizado una protesta, o han pretendido criminalizar a esta gente, como que son eventualmente delincuentes. Y no, desde el punto de vista del derecho ambiental ellos son defensores del medio ambiente, protegidos por un convenio internacional que se llama Escazú”, comentó Quiroga.
“A mí me parece que la fiscal se equivocó en el planteo. Entonces, ella se equivoca, pero hasta que esto se resuelva, hay un procedimiento que hacer”, continuó el abogado, quien agregó que si este planteo judicial resulta desfavorable para los ambientalistas “están los recursos de apelación al Superior Tribunal y luego a la Corte. “No es que mañana van a ir, los van a sacar a todos. Eso no pasa en San Luis y no va a pasar”, consideró Quiroga.
Por su parte, Gabriela Ochoa, integrante de la Asamblea Ciudadana en Defensa del Vulpiani, reafirmó la continuidad del acampe. “Es la única manera de detener las máquinas, hasta que tengamos algún tipo de respuesta de Obras Públicas sobre el cese de obra y darle lugar a la reserva que es lo que estamos sosteniendo. Hasta tanto eso no se dé, seguiremos en esta medida”, dijo Gabriela. “No hay ninguna razón judicial ni legislativa para que la obra esté en pausa o en cese definitivo, que es lo que estamos pidiendo. Así que vamos a continuar con el acampe, sin medida de desalojo, pero resaltando que es una medida innecesaria porque no estamos siendo escuchados hace tres meses y la obra, de no ser porque estamos acampando ahí, estaría avanzando ya”, añadió María José.
La joven destacó además el apoyo de la gente. “Desde hace tres meses cuando se anunció el inicio de la obra, nos encontramos todos los domingos en el bosque Vulpiani, habitándolo, demostrando que hay gente que lo quiere y no quiere cemento y un shopping. Está bueno decir que nuestro acampe tiene un fin educativo, totalmente educativo, que no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad del Estado. Sin embargo, nuestra presencia ahí nos hace hacer actividades, reconocimiento de plantas nativas en caminatas, música, cultura. Eso es transversal en nuestro acampe, además de nuestra lucha. Tenemos mucho apoyo de comida, de mates, de apoyo moral, aún con el frío. Así que en ese sentido yo no diría que los vecinos de Juana Koslay están a favor de la obra, porque estar ahí en el acampe te hace dar cuenta que hay mucha gente que está a favor de nosotros y nos apoya de la forma que puede, con presencia o no”, contó María José.
Ambas integrantes de la Asamblea destacaron que no han tenido respuesta alguna al proyecto que presentaron al intendente de Juana Koslay, Jorge “Toti” Videla, solicitando que en lugar del parque se constituya una reserva natural. “Ni él, ni ningún representante de ningún estado, del estado provincial ni del estado del municipio, se ha hecho presente, no estamos teniendo respuesta”, dijo Gabriela.
“Sabemos que la obra es una obra que propone Obras Públicas del Gobierno de la provincia, ese es el principal responsable de que la obra esté avanzando. Sabemos que el municipio tiene una gran responsabilidad también que es aprobar o no la Reserva Municipal, pero para eso antes necesitamos el cese definitivo de la obra, que es lo que no estamos consiguiendo, porque aún presentando un montón de medidas legislativas y administrativas, no conseguimos ninguna respuesta oficial o reunión oficial con autoridades de obras públicas”, agregó María José Escudero.
“Las observaciones las hicimos cuando hicimos el pedido de audiencia pública. Fueron 24 observaciones de distintas irregularidades que se encontraban en el estudio de impacto ambiental. Entre ellas, hay que destacar que se planteaba el desmonte con el uso de glifosato en esa zona. A esas observaciones, a 24 respondieron a 4 observaciones de manera escrita y en el mismo mail dieron por culminada la instancia de audiencia pública. El diálogo establecido se había terminado. Pero quiero que eso quede claro que la obra se inició sin legalidad”, concluyó Ochoa.
El ministro de Producción, Marcelo Amitrano, continuará en los próximos días manteniendo reuniones y encuentros con diplomáticos de países vinculados comercialmente a la provincia de San Luis.
Este lunes por la mañana se realizó, de manera virtual, la audiencia pública en la que Edesal solicitó un aumento en el valor agregado de distribución del 52,22%, que impactaría con una suba promedio del 28% en las boletas de los usuarios. Oscar Santos Delfino presidió la audiencia, con María Paula Giboín como secretaria de actas.
