A pesar del mal clima, el Sindicato de Judiciales Puntanos (Sijupu) llevó adelante este viernes la primera medida de fuerza dentro del plan de lucha anunciado días atrás. La jornada incluyó un paro activo con movilizaciones en las tres circunscripciones judiciales y en el Centro de Mediación de Merlo.
“Llevamos la primera medida de fuerza dentro de nuestro plan de lucha, que consistía en un paro activo con movilizaciones en todas las circunscripciones, en las cuatro localidades, inclusive en el centro de mediación de Merlo, con un acatamiento del 80% de nuestros afiliados. 773 personas adhirieron a la medida”, informó a La Gaceta Digital el secretario general del Sijupu, Facundo Coria.
El dirigente destacó que la alta adhesión “demuestra la contundencia de nuestro reclamo y de nuestro enojo hacia las políticas o a la carencia de políticas no salariales de este gobierno provincial”, y remarcó que la protesta busca “defender la intromisión de otros poderes del Estado hacia el Poder Judicial, donde continuamente tratan de someterlo no solo económicamente, sino institucionalmente y también mediáticamente”.
Coria cuestionó el discurso oficial sobre la “puerta giratoria” y la “sensación de impunidad”, al señalar que “lejos de poder resolverse en los judiciales, se tiene que tratar en la legislatura, con una falta de coherencia total, desde donde deberían salir estas leyes. Ellos sí tienen cinco meses de vacaciones y faltan a todas las sesiones cuando están en periodos de elecciones para evitar ser criticados”.
En cuanto a la situación salarial, el titular del Sijupu afirmó que “el Poder Judicial tiene los salarios más bajos del país, donde un ingresante solo cobra $640.000, de los cuales el 38% corresponde a bonos no remunerativos”. Dijo además que una de las principales exigencias del gremio es “que se puedan blanquear progresivamente estos bonos no remunerativos que afectan a las futuras recomposiciones, a las jubilaciones y a los aportes para las obras sociales”.
Coria también denunció “la intromisión del Poder Ejecutivo”, al sostener que “ha recortado durante dos años consecutivos, 2025 y 2026, de manera inconstitucional, sin ninguna facultad para hacerlo, el presupuesto correspondiente al Poder Judicial”. En ese sentido, adelantó que “vamos a iniciar las acciones legales de declaración parcial de inconstitucionalidad hacia este avance poco prudente, que lejos de buscar una verdadera solución al Poder Judicial, lo único que hace es entrometerse y perjudicar el servicio de justicia”.
El sindicalista rechazó las medidas impulsadas por el Ejecutivo provincial, como “la modificación de 3 simples artículos del Código Civil y la suspensión o el achicamiento del receso judicial”, al señalar que “lejos estamos de resolver la problemática estructural de falta de recursos humanos, de falta de nuevos juzgados y de tener los salarios más bajos del país”.
Por último, Coria informó que “las medidas de fuerza continuarán el día lunes con estado de asamblea permanente, con trabajo bajo reglamento, solamente casos urgentes y los previstos en el artículo veinte de la Ley Orgánica de Administración de Justicia, y con paros el siguiente viernes 14 y paro los próximos dos martes (18 y 25) del mes de noviembre”.
Además, anticipó que el gremio llamará “a una asamblea extraordinaria para evaluar los objetivos y diseñar las medidas del plan de lucha del mes de diciembre”, y destacó que continuarán trabajando “con la mesa intersindical estatal”, con la intención de realizar “una gran movilización para el mes de noviembre y otra para diciembre”, en reclamo de “salarios de indigencia y de hambre” que —según señaló— afectan a judiciales, docentes, trabajadores de la salud y municipales.
La Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial imputó al jefe de la dependencia policial de Quines, Juan Carlos Moreira, por presuntas irregularidades en distintos procedimientos realizados entre 2023 y 2024. La Jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, tuvo por formulados los cargos.
El ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, presentó los lineamientos de la campaña nacional de promoción turística que la provincia desarrollará de cara a la temporada de verano. La iniciativa apunta a posicionar a San Luis como un destino con identidad, naturaleza y una oferta diversa de actividades.
El día de hoy, ATE comunicó que el intendente Gastón Hissa, a través de su abogado Cristóbal Ibáñez, pidió renovar la orden de restricción en contra de Fernando Gatica, el secretario General del gremio ATE. El pedido del abogado se fundamenta en el marco de una denuncia por daño agravadado, amenazas y resistencia a la autoridad.
El acto formó parte del programa ‘Creciendo con tu Club’, que cerró su primera etapa con números que marcan el éxito de la propuesta. El Estado aportó inversiones superiores a los $3.000 millones para fortalecer y promocionar la actividad deportiva, aportes que alcanzaron a más de 42 clubes y 8.000 niños y adolescentes de toda la provincia.
Un informe elaborado en el mes de octubre por la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) muestra que, con datos actualizados hasta junio de 2025, el salario básico de los docentes de San Luis se encuentra por debajo del promedio nacional, mientras que el salario de bolsillo supera la media del país.
A través del Servicio de Fonoaudiología, el hospital central Dr. Ramón Carrillo invita a la comunidad a participar de unas jornadas especiales de estudios para detección de patologías y control auditivo, que se llevarán a cabo del 10 al 14 de noviembre en este centro médico.
En una inusualmente cargada sesión, la Cámara de Diputados aprobó 5 proyectos de relevancia, incluyendo la creación del municipio de El Suyuque, la del Colegio de Ingenieros Civiles, la de la Red de Infarto y la del Régimen Preventivo y control de actividades con metales no ferrosos. Además, se aprobó la ley de activos digitales que tanto cuestionó la oposición