Poggi: “El desmantelamiento de las fuerzas de seguridad parecía algo planificado”

El gobernador Claudio Poggi visitó el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), donde se firmó el decreto de adjudicación para la puesta en valor de la cuadra femenina. Allí cuestionó el estado en que encontró la institución al asumir y destacó el proceso de recuperación edilicia, tecnológica y formativa que lleva adelante la Provincia.

El Gobernador señaló que “vamos a terminar nuestra gestión el año que viene con el Instituto Superior de Seguridad Pública a nuevo”, y recordó que la visita realizada este martes fue la número 11 desde el inicio de su mandato.

El mandatario destacó el rol del Instituto como espacio de formación de nuevos agentes policiales y penitenciarios, además de ámbito de capacitación permanente para quienes ya se encuentran en actividad. En ese sentido, remarcó la importancia de contar con instalaciones adecuadas tanto para docentes como para aspirantes.

“¿Cómo no lo vamos a tener en óptimas condiciones?”, planteó. Y agregó: “El estado del ámbito físico y las instalaciones y el equipamiento en que se encuentra una escuela impacta en el rol del docente y el rol del alumno. Acá también”.

Al recordar el estado del ISSP al comienzo de la gestión, Poggi fue particularmente crítico: “Cuando yo vine por primera vez, junto con la ministra, y nos recibió el rector, en febrero de 2024, la verdad que no podía creer en el estado en que se encontraba nuestra universidad policial”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó el abandono que, según describió, alcanzaba tanto a la formación policial como a las propias fuerzas de seguridad. “Estábamos al frente de una gran desidia, de un abandono. ¿Por qué no se le daba bolilla a la Policía? ¿Por qué no se le daba bolilla a la formación policial?”, expresó.

Y fue más allá: “Yo no lo puedo entender todavía, para que los otros que están del otro lado trabajaran más fácil, más libre, me refiero al delito, y nosotros estuviéramos desmantelados y librados al azar, a la suerte de Dios, a las fuerzas de seguridad”.

“El desmantelamiento de las fuerzas de seguridad parecía algo planificado porque tan ineficientes no podían ser, como si fuera un plan para destruir la institución policial, para destruir la institución del Servicio Penitenciario, destruir la escuela de Policía. Un plan. Parecía un plan”, manifestó. Y agregó: “O eran una manga de inútiles quienes estaban a cargo. O uno u otro, o una combinación de ambos. Bueno, eso cambió”.

Poggi vinculó la recuperación del ISSP con otras inversiones destinadas a fortalecer la seguridad provincial. En particular, destacó la modernización del sistema de comunicaciones de la Policía y recordó que hasta hace pocos años la fuerza utilizaba “un sistema analógico” que permitía que terceros conocieran las comunicaciones operativas. En contraste, destacó que el nuevo sistema es moderno, está encriptado y permite mejorar tanto la coordinación policial como la seguridad de los agentes.

Según indicó, la ampliación permitirá alcanzar entre el 80% y el 90% de cobertura de la población provincial, mientras que durante el próximo año se prevé completar la cobertura del territorio. “Un buen sistema de comunicación encriptado, que no se puede interferir, cuida al agente y permite cuidar mejor al ciudadano”, sostuvo.

Finalmente, Poggi remarcó que el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad también tiene un impacto económico porque “nadie invierte una provincia que no sea segura. Y si nadie invierte, no hay trabajo”, explicó.

En ese sentido, vinculó la formación y capacitación policial con la generación de empleo: “La institución que forma policías, la institución policial, la capacitación, la tecnología, móviles más modernos, el equipamiento, el respeto y respaldo a la institución policial, todo tiene que ver con la posibilidad de que en San Luis haya más trabajo”.

Fuente: ANSL

Incorporan tres antenas para ampliar la cobertura del sistema de comunicación digital de la Policía

El gobernador Claudio Poggi firmó este martes el decreto de adjudicación para adquirir tres nuevas antenas para el sistema de comunicación policial ‘Misión Crítica’, que ingresa en su segunda etapa para ampliar la cobertura en ocho localidades.

A fines de octubre pasado, el Ejecutivo puso en marcha la implementación del sistema, que implica la digitalización de las comunicaciones de la Policía en toda la provincia. “Esto permite cuidar la tarea de cada uno de ustedes. Cuidarlos a ustedes y poder cuidar mejor a los ciudadanos”, sostuvo el mandatario provincial.

En 2025, el Gobierno comenzó a migrar de un anticuado sistema de comunicaciones analógico a uno digital, con una tecnología de radiocomunicación troncalizada y encriptada. Ello implica la transmisión de voz y datos exclusivamente entre las Fuerzas de Seguridad atenuando las posibilidades de interferencias y escuchas de terceros; también poder responder a emergencias de forma segura y eficiente.

En la primera etapa, que tuvo su puntapié inicial el 31 de octubre, se adquirieron tres antenas repetidoras, 500 radios portátiles para efectivos y 230 radios móviles para patrulleros con una inversión de $1.400 millones. Desde su implementación, la cobertura abarca a San Luis, La Punta, Juana Koslay, Balde, San Gerónimo, Villa Mercedes, Juan Jorba, Villa Reynols, Las Isletas, Lavaisse, Merlo, Santa Rosa, Los Molles y Carpintería.

La segunda etapa demandará una inversión de $830 millones y ampliará la cobertura de la red a El Trapiche, El Volcán, Estancia Grande, Saladillo, La Cumbre, Fraga, Granville y Liborio Luna. Estiman que estará operativa en cuatro meses.

“La Policía de San Luis mantenía un sistema comunicación análogo, vulnerable, lleno de dudas y críticas por la misma institución, dado que éramos escuchados, éramos totalmente frágiles al momento de nuestro trabajo, nos escuchaba permanentemente gente indebida, como así también ingresaban a nuestras frecuencias y modulaban sin ningún tipo de pudor. Hoy gracias a Dios y a esta gestión de gobierno se ha adquirido un sistema de misión crítica, un sistema digital, troncalizado, que nos pone a la altura de cualquier policía del país”, graficó José Rojas, jefe de la División Comunicaciones de la Policía.

La ministro de Seguridad, Nancy Sosa, dijo que “quizás ustedes hoy usan y ven una radio, pero detrás hubo tiempo, dedicación, aspectos legales y aspectos contables, porque la decisión política ya estaba. Este sistema es de vanguardia, muy pocas policías lo tienen, esta debe ser una de las únicas policías en el país que tiene este número de habitantes y este número de efectivos, que cuenta con este sistema. Además de las prestaciones y características que mencionaba, lo que nos permiten desde el despacho policial es saber dónde está cada patrullero, poder medir la respuesta de cada patrullero, poder enviar el patrullero que esta más cerca del incidente o el efectivo policial, porque estos HT tienen posicionamiento y nosotros sabemos cuando lo tiene cada efectivo, cada motorista, dónde está parado”, y saber si llegan a tener alguna emergencia.

Tras rubricar el documento, y posteriormente a haber entonado las estrofas del Himno Nacional, interpretado por la Banda de la Policía, Poggi remarcó que “todo esto tiene que ver con mi política de respaldo a la institución policial. Todo conduce ahí. Siempre digo que estoy del lado de las Fuerza de Seguridad, con la ley y la Constitución en la mano, y estoy en contra del delito. Lo digo claro siempre como para que no queden dudas. Todas estas acciones, como la de hoy, que es ampliar un sistema de comunicación de misión crítica, permite cuidarlos a ustedes y también poder cuidar mejor a los ciudadanos”.

El Gobernador llamó a la reflexión: “Piensen ustedes en el sistema de comunicación que teníamos hace tres años. Llegaba antes alguna radio, un taxi o el delincuente al lugar donde pedíamos auxilio, después nosotros. Pero el problema era la debilidad de nuestro sistema de comunicación, analógico, muy vulnerable. Muy permeable. Se enteraba todo el mundo lo que ustedes le contaban al operador o a un colega. Esto cambió totalmente”.

Las interferencias desde que se puso en marcha cayeron a cero por ciento. Entonces es un antes y un después en el sistema de comunicación. Optimizamos el sistema de comunicación policial contribuyendo a la seguridad ciudadana y a la seguridad de cada uno de ustedes, su integridad”, concluyó.

Fuente: ANSL

Destinan 700 policías al operativo por el partido entre Racing y Belgrano

Este miércoles 19 de agosto, a partir de las 19:15, Racing Club de Avellaneda y Belgrano de Córdoba se enfrentarán en el Estadio Único del Parque La Pedrera por los octavos de final de la Copa Argentina.

La Policía de la provincia informó que 700 efectivos serán parte del operativo de seguridad, quienes realizarán distintas tareas en puestos limítrofes y rutas de la provincia. Su actuación se verá en los acompañamientos de los colectivos con hinchas de ambos equipos y en el acompañamiento de los traslados de ambos planteles, como así también en el estadio y en sus inmediaciones antes, durante y después del encuentro futbolístico.

Desde las primeras horas del día miércoles, se intensificarán los controles en los puestos limítrofes y rutas de San Luis, como parte del operativo de seguridad que se realiza para eventos de esta envergadura.

Luego de ingresar a la provincia, los colectivos que transporten a la hinchada de Racing serán recibidos en el Club Pringles de Justo Daract, mientras que los de los hinchas de Belgrano ocuparán el sector de Los Espejos de Agua, en la ciudad de Villa Mercedes. Ambas parcialidades serán trasladadas desde esos sitios hacia La Pedrera cerca del horario de apertura de las puertas del estadio.

Los organizadores informaron que las puertas de acceso al predio abrirán a las 16:30. Cabe señalar que se llevarán a cabo las correspondientes requisas antes de ingresar al lugar.

La parcialidad de Racing ocupará la Popular Norte y la Platea Oeste, por lo que deberán hacer su ingreso al estadio por el sector del hospital de La Pedrera y la Avenida Santana Alcaraz. Por su parte, la parcialidad de Belgrano de Córdoba ocupará la Popular Sur y la Platea Este, por lo que su ingreso será por el sector de la ruta Costanera Sur y la avenida Santana Alcaraz.

Es importante destacar que no se permitirá el ingreso de palos de banderas, cinturones, desodorantes, botellas, encendedores, termos, equipo de mates y elementos contundentes y punzocortantes que pudieran provocar alguna lesión.

Fuente: ANSL

Desarticularon una organización que vendía drogas, incautaron sustancias valuadas en más de $20 millones y detuvieron a 11 personas


En el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes y como parte de las acciones de la Misión Sarmiento, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8) de la Policía de la Provincia llevaron adelante un importante operativo que permitió desarticular una organización que se dedicaba a la venta de drogas en Villa de Merlo y en distintas localidades de la Costa de los Comechingones y el Valle del Conlara.

En primera instancia, en la madrugada del domingo 16 de agosto, los policías interceptaron un automóvil Ford Ka en la ruta provincial 1, entre las localidades de Cortaderas y Los Molles. En dicho vehículo circulaban cinco personas mayores de edad (con domicilios en Villa de Merlo y Río Cuarto, provincia de Córdoba) que provenían de la ciudad de Río Cuarto, luego de haberse abastecido de sustancia estupefaciente destinada para la comercialización y distribución en Villa Merlo y localidades aledañas de la Costa de los Comechingones y del Valle del Conlara.

En base a dicho procedimiento, el Juzgado Federal de Villa Mercedes ordenó diversos allanamientos, los cuales se concretaron durante este domingo 16 de agosto en 10 sitios que operaban como centros de acopio, aprovisionamiento y venta de drogas.

En ese sentido, fueron allanados dos domicilios en la provincia de Córdoba (una verdulería y una vivienda en la ciudad de Río Cuarto) y ocho en la provincia de San Luis (dos viviendas y un taller mecánico en Villa de Merlo, cuatro viviendas en Carpintería y una vivienda en Los Molles).

Como resultado de los distintos operativos, la Policía incautó un envoltorio de nylon que en su interior contenía trozos de cocaína solidificada (825 gramos), suficiente para elaborar 3.300 dosis, valuadas en aproximadamente $19.800.000; florescencias de de marihuana, cantidad suficiente para la elaboración de 282 dosis, valuadas en $1.410.000 aproximadamente; cuatro balanzas de precisión; dinero en efectivo (pesos argentinos y dólares estadounidenses); teléfonos celulares; documentación de interés para la causa; un automóvil Ford Ka; un automóvil Peugeot 206; una motocicleta Motomel S2 y una motocicleta Zanella RX.

Tras el procedimiento policial, el Juzgado Federal Villa Mercedes ordenó la detención de 11 personas mayores de edad (tres mujeres y ocho hombres) que formaban parte de una organización dedicada a la comercialización de drogas, por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Los diversos operativos contaron con la colaboración del Grupo COAR y de la Subcomisaría 19° de Carpintería.

“Improvisada y apresurada”: el PJ confirmó que no acompañará el proyecto de necesidad de reforma de la Constitución

El Partido Justicialista de San Luis confirmó su rechazo al proyecto que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial y reclamó que la iniciativa sea archivada o devuelta a comisión. La posición fue difundida este lunes mediante un extenso documento de nueve páginas, en el que el peronismo cuestiona tanto el contenido de los cambios propuestos como el procedimiento utilizado por el oficialismo para avanzar con la reforma. El proyecto de necesidad de reforma se tratará este martes en el Senado provincial y el poggismo cuenta con los dos tercios necesarios para su aprobación.

El PJ aclaró que su oposición no implica rechazar cualquier modificación de la Constitución, ya que sostuvo que una reforma puede avanzar cuando existen “razones institucionales profundas”, una demanda social comprobable y “amplios consensos políticos y ciudadanos”. Sin embargo, consideró que la reforma propuesta es “improvisada, apresurada, inconsulta, desmesuradamente amplia, contradictoria y subordinada a las necesidades electorales del gobierno de turno”.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la falta de participación ciudadana previa. Según el documento, antes de declarar la necesidad de una reforma de esta magnitud debería existir un diagnóstico sobre los problemas constitucionales que se buscan resolver, estudios sobre sus impactos y un proceso de consultas públicas. El PJ sostiene que “en ningún momento se propuso la realización de un sistema provincial de audiencias públicas, consultas departamentales o mesas sectoriales abiertas a toda la sociedad” y reclama que cualquier proceso futuro incluya a municipios, universidades, sindicatos, organizaciones sociales, sectores productivos y profesionales, entre otros.

Otro eje de la crítica es la amplitud del proyecto. El documento señala que, pese a ser presentada como una reforma “parcial”, la iniciativa habilita modificaciones sobre el Poder Ejecutivo, el sistema electoral, los mandatos legislativos y municipales, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los organismos de control, el régimen del agua, la educación, el balotaje y cuestiones vinculadas con inteligencia artificial, identidad digital y datos personales. Para el PJ, se trata de una reforma con “efectos cuasi integrales sobre la organización del Estado”.

En ese punto, el peronismo también cuestionó el plazo previsto para la Convención Constituyente. El proyecto establece 60 días de trabajo, con una posible prórroga de 30 días, mientras que la Constitución vigente permite fijar un período de hasta un año. “No se puede discutir seriamente la estructura completa del Estado, sus poderes, sus organismos de control, su sistema electoral y nuevos derechos digitales en apenas dos o tres meses”, sostiene el documento, que interpreta que la reducción de los tiempos podría “evitar el debate”.

Pero uno de los puntos que concentra las mayores críticas es la extensión de los mandatos de los legisladores y concejales elegidos en 2025. El proyecto establece que esos cargos, que originalmente finalizan en 2029, se extiendan hasta 2031 para hacer coincidir las renovaciones legislativas con la elección del gobernador y eliminar las elecciones de medio término. El PJ considera que esto implica una “alteración de la voluntad popular”, porque los ciudadanos eligieron a sus representantes por un período determinado. “Los mandatos populares no se prorrogan entre dirigentes sino que se renuevan en las urnas”, afirma.

El documento también cuestiona las reglas previstas para la reelección del gobernador. El PJ destaca que el proyecto no solo establece un límite de dos mandatos consecutivos, sino que “propone una prohibición absoluta de volver a ser gobernador después de haber
ejercido dos períodos”, pero dispone que el período 2023-2027 de Claudio Poggi sea computado como su primer mandato. Para el partido, esa disposición introduce una cláusula “personalizada”, ya que identifica expresamente la situación del actual gobernador. “No se redacta una Constitución con nombre y apellido”, afirma el comunicado.

A partir de estos cuestionamientos, el justicialismo advierte que algunos aspectos del proyecto podrían ser objeto de impugnaciones judiciales. Entre ellos menciona la extensión de mandatos sin una nueva elección, la alteración de las condiciones bajo las cuales votaron los ciudadanos en 2025, las cláusulas referidas específicamente al gobernador en ejercicio, la restricción para volver a ser candidato después de dos mandatos y la amplitud de la reforma frente al plazo otorgado a la Convención. “Lo que no corresponde es insertar en la Constitución una prohibición vitalicia y personalizada que restringe simultáneamente el derecho de una persona a ser candidata y el derecho de la ciudadanía a elegirla”, señalaron.

Otro argumento planteado por el PJ es que varias de las cuestiones presentadas como parte de la “modernización” institucional podrían resolverse mediante leyes ordinarias y políticas públicas, sin necesidad de modificar la Constitución. En ese grupo menciona el acceso a la información, el gobierno abierto, la protección de datos, la inteligencia artificial, la conectividad y aspectos vinculados con la educación y la administración pública. El partido sostiene que “no existe urgencia constitucional” y contrapone esa discusión con problemas como la pobreza, el empleo, los salarios y la situación de los municipios.

El costo de la Convención Constituyente también aparece entre los cuestionamientos. El proyecto prevé una Convención integrada por 52 convencionales y establece que el Poder Ejecutivo deberá disponer las partidas presupuestarias necesarias para su funcionamiento, aunque, según el PJ, no fija un presupuesto máximo ni incorpora una estimación del gasto o un informe de impacto fiscal. El documento sostiene que la reforma implicará recursos para personal, asesores, comisiones, logística y funcionamiento, y cuestiona que se considere una inversión prioritaria frente a otras necesidades provinciales.

En su conclusión política, el Partido Justicialista vincula las distintas disposiciones del proyecto con el calendario electoral. Señala que la iniciativa computa el mandato 2023-2027 de Poggi, extiende hasta 2031 los mandatos elegidos en 2025, elimina las elecciones legislativas intermedias, concentra las renovaciones con la elección del gobernador y reorganiza organismos judiciales y de control. Por eso, sostiene que “el resultado es una reforma que concentra las elecciones, disminuye las instancias de rendición de cuentas, amplía mandatos sin voto popular y reorganiza poderes e instituciones conforme al calendario político de la actual administración”.

Finalmente, el PJ formalizó su rechazo al Despacho N.º 27-HCS-2026 y pidió que el proyecto sea archivado o devuelto a comisión. También reclamó audiencias públicas en los nueve departamentos, estudios técnicos independientes, un presupuesto detallado y un temario “claro, limitado, coherente y negociado mediante un acuerdo institucional plural”. El documento completo, que reúne nueve páginas de argumentos y propuestas, puede consultarse aquí para quienes quieran acceder a la posición íntegra del partido.

Documento PJ – No a la Reforma Política de la Constitución Provincial

Insólito: 3 años de prisión para un delincuente que cometió 7 robos

El juez de Garantía Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial, Marcos Flores Leyes, homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a Nelson Nicolás Aguilar por siete delitos cometidos entre mayo de 2024 y junio de 2026 en distintos puntos de la ciudad de San Luis y, según la acusación, incluyen robos y tentativas de robo en viviendas, vehículos y otros inmuebles.

La propuesta de la salida alternativa fue presentada este jueves por el fiscal de Instrucción N° 2, Ricardo Barbeito, con acuerdo de la defensora oficial en lo Penal, Nadia Agúndez. Aguilar, por su parte, admitió su participación en los hechos y aceptó las distintas calificaciones legales y la pena de tres años de prisión efectiva impuesta por la Fiscalía.

Los hechos
La Fiscalía expuso los hechos de manera cronológica y detalló la evidencia reunida en cada uno de los expedientes. El primero ocurrió el 11 de mayo de 2023, alrededor de las 19:15, cuando Aguilar y Benjamín Nicolás Aguilar habrían ingresado a una vivienda de calle Domingo Puntano al 1100, tras escalar el cerramiento perimetral. Una vez en el patio, dañaron una tela mosquitera y la puerta de acceso para intentar ingresar al inmueble.

Un vecino advirtió la situación y alertó a la Policía. Al llegar los efectivos, ambos hombres intentaron escapar por las medianeras y luego saltaron hacia la calle. Tras una breve persecución fueron interceptados y detenidos.

El segundo hecho ocurrió el 16 de septiembre de 2023. Según la acusación, Aguilar ingresó a un predio utilizado como lavadero y estacionamiento, ubicado en calle Caseros, luego de escalar un cierre de chapas de más de dos metros de altura. Del lugar habría sustraído una caja con repuestos para un automóvil Fiat y otros elementos.

La presencia de un hombre en los techos fue advertida por vecinos y también registrada por cámaras de seguridad. Finalmente, Aguilar fue interceptado por personal policial y detenido. Los elementos sustraídos fueron recuperados y reconocidos por su propietario.

El tercer episodio se registró el 5 de marzo de 2024, cuando Aguilar y otro hombre habrían ingresado a una vivienda ubicada en calle Irigoyen. Para acceder al inmueble escalaron desde una propiedad vecina y descendieron al patio trasero.

De acuerdo con la acusación, rompieron una reja e ingresaron al quincho, de donde sustrajeron carne, vino, cuchillos de colección, reflectores, zapatillas, prendas de vestir y otros objetos. Luego ingresaron a la vivienda y tomaron varias gorras. El ruido provocado por la caída de un espejo alertó a los integrantes de la familia, por lo que los sospechosos huyeron hacia los techos. Parte de la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad.

El cuarto hecho ocurrió el 14 de enero de 2025. Una mujer llegó a su domicilio de calle Tilsarao a bordo de una motocicleta Honda Wave 110S y dejó el rodado en la vereda con las llaves colocadas. Según la Fiscalía, Aguilar aprovechó la situación, tomó la moto y escapó.

Posteriormente, habría retirado parte de la chapa del vehículo y comenzó a ofrecerlo en grupos de compraventa de WhatsApp por $100.000. La Policía tomó conocimiento de la publicación y, con información aportada por vecinos, localizó la motocicleta en el barrio José Hernández. Al advertir la presencia policial, Aguilar intentó escapar e ingresó a una vivienda, donde finalmente fue reducido tras resistirse a la detención. La moto fue recuperada.

El quinto episodio se produjo el 12 de abril de 2025, alrededor de las 20 horas, cuando Aguilar y otro hombre habrían abierto la puerta de un automóvil Ford Ka estacionado en avenida Italia. Aprovechando un desperfecto en la cerradura, ingresaron al vehículo y sustrajeron herramientas y un gato hidráulico.

La maniobra fue advertida por efectivos de la División Motorizada que circulaban por el sector. Los sospechosos huyeron a pie y arrojaron los elementos sustraídos sobre el techo de una vivienda. Aguilar fue interceptado poco después y los objetos fueron recuperados.

El sexto hecho tuvo como víctima a una mujer que dejó estacionado su automóvil frente a su domicilio en el barrio José Hernández durante la madrugada del 25 de agosto de 2025. Horas después constató que le habían sustraído el parabrisas.

La mujer publicó en Facebook que buscaba comprar uno nuevo y recibió un mensaje de un perfil que le ofrecía un parabrisas por $70.000. Durante la conversación por WhatsApp recibió una fotografía y reconoció el suyo por una calcomanía que había quedado asociada al vidrio.

La víctima pactó un encuentro con el vendedor y previamente informó la situación a la Policía. En el lugar acordado, efectivos vestidos de civil participaron del procedimiento. Aguilar se presentó con el parabrisas y fue detenido cuando se disponía a entregarlo. El elemento fue secuestrado y recuperado.

El séptimo hecho ocurrió el 20 de junio de 2026, alrededor de la 1 de la madrugada, en un complejo de departamentos. Según la acusación, Aguilar y otro hombre habrían ingresado al predio tras escalar una pared de aproximadamente dos metros y sustrajeron una bicicleta rodado 26.

Una vecina escuchó ruidos y observó a los sospechosos con la bicicleta sobre la medianera. Al advertir que habían sido descubiertos, abandonaron el rodado y huyeron hacia un descampado.

El propietario inició una persecución y logró alcanzar a Aguilar en inmediaciones de Esteban Adaro al 1100. Se produjo un forcejeo hasta que el damnificado consiguió reducirlo y mantenerlo inmovilizado hasta la llegada de los efectivos de la División Motorizada, quienes concretaron su aprehensión.

El juicio abreviado es un procedimiento especial previsto en el Código Procesal Penal que permite concluir una causa sin la realización de un juicio oral, cuando la Fiscalía, la defensa y el imputado acuerdan los hechos, la prueba, la calificación legal y la pena. Para su homologación, el juez debe verificar que el imputado comprenda el alcance del acuerdo y que su aceptación haya sido libre, voluntaria e informada.

Madre e hijo quedaron detenidos por tentativa de homicidio y hechos de violencia de género ocurridos en la clínica CERHU

El Juzgado de Garantía Nº 4, a cargo de la jueza Luciana Banó, dispuso 120 días de prisión preventiva para Abel Alberto Torres y su madre, Gladys Edith Galván Medero, imputados en una causa que concentra una serie de hechos ocurridos en un contexto de violencia de género y que tiene como episodio de mayor gravedad un ataque con arma blanca ocurrido el domingo pasado en la clínica CERHU de la ciudad de San Luis. Allí, Torres habría apuñalado a un hombre que debió ser internado en grave estado.

Durante la audiencia, la representante de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 4, fiscal adjunta Antonella Romagnoli —con la colaboración de la agente judicial Verónica Gómez— reconstruyó diversos hechos investigados en distintos expedientes que fueron acumulados en una causa principal. La imputación comprende cinco episodios ocurridos entre octubre de 2025 y agosto de 2026 e incluye incumplimientos de órdenes judiciales, amenazas, daños y agresiones.

El último de esos hechos ocurrió en la clínica ubicada sobre calle Maipú. Según relató la fiscal, Torres y Galván Medero ingresaron al establecimiento y se dirigieron hasta una habitación donde se encontraba internado el hijo de Torres junto a su madre.

Una vez allí, Torres habría amenazado a un hombre que acompañaba a la mujer y lo habría obligado a retirarse de la habitación. Luego, habría agredido a su expareja mientras el niño se encontraba en el lugar. La Fiscalía también le atribuyó haber intentado apoderarse del teléfono celular de la mujer y esconderlo con la colaboración de Galván Medero, para posteriormente arrojarlo al suelo y dañarlo.

La secuencia continuó en otro sector de la clínica. De acuerdo con la acusación, Torres intentó golpear al hombre que previamente había obligado a retirarse de la habitación y, cuando este quedó acorralado contra una pared, extrajo un elemento cortopunzante y lo atacó en la zona subcostal izquierda.

Tras la agresión, Torres y Galván Medero se retiraron del establecimiento. El hombre herido fue asistido inicialmente en la clínica y luego trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo. Al momento de la audiencia, según informó la Fiscalía, permanecía internado en estado crítico, con asistencia respiratoria y varios órganos comprometidos.

Por este episodio, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Torres como autor de amenazas y homicidio en grado de tentativa en perjuicio del hombre atacado. Además, le atribuyó, en perjuicio de su expareja, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, hurto simple en grado de tentativa, amenazas y daños. A Galván Medero, en tanto, le formuló cargos como coautora de hurto simple en grado de tentativa y amenazas.

Una investigación que reúne cinco episodios
La imputación no se limita a lo ocurrido en la clínica. La Fiscalía incorporó otros cuatro hechos que, según sostuvo, permiten reconstruir un contexto previo de violencia y reiterados incumplimientos de medidas judiciales.

Uno de ellos ocurrió el 6 de octubre de 2025. De acuerdo con la investigación, Torres y Galván Medero se presentaron en la vivienda de la expareja del primero pese a encontrarse notificados de una orden de restricción. La Fiscalía afirmó que ingresaron por la fuerza y ocasionaron daños. Antes de retirarse, Torres habría dejado cuatro municiones calibre .38 y proferido una amenaza de muerte.

Una semana después, el 13 de octubre, Torres habría regresado al domicilio e incumplido nuevamente la restricción. Allí habría amenazado a su expareja y se habría llevado al hijo de ambos sin autorización. La Policía logró localizarlo aproximadamente media hora después. Tras la restitución del niño, un examen médico constató lesiones en uno de sus brazos, antebrazo y región dorsal. Por este episodio, la Fiscalía le atribuyó a Torres, entre otros delitos, lesiones leves agravadas por el vínculo en perjuicio de su hijo.

La Fiscalía también incorporó un episodio ocurrido el 8 de noviembre de 2025, cuando Torres habría vuelto a presentarse en inmediaciones de la vivienda pese a la prohibición vigente. Tras la intervención policial, fue localizado en el mismo barrio y detenido luego de no acatar inicialmente la voz de alto.

Otro de los hechos investigados ocurrió el 23 de junio de este año. Según la acusación, la mujer fue hasta el domicilio de Torres para retirar al hijo de ambos, conforme al régimen de comunicación establecido. Una vez dentro de la vivienda, Torres la habría tomado del cuello, golpeado en el rostro y atacado con la cadena de una motocicleta.

En ese episodio, la Fiscalía atribuyó a Galván Medero haber cerrado las puertas de la vivienda mientras se producía la agresión. La víctima logró comunicarse con el 911 y salir del inmueble. Posteriormente, se constataron hematomas y otras lesiones en distintas partes de su cuerpo.

Los cargos contra Torres y Galván Medero
Por el conjunto de los hechos, la Fiscalía formuló cargos contra Abel Alberto Torres por incumplimiento de una orden judicial, daños, amenazas, lesiones leves agravadas por el vínculo en perjuicio de su hijo, resistencia a la autoridad, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de su expareja, homicidio en grado de tentativa y hurto simple en grado de tentativa.

A Gladys Edith Galván Medero le formuló cargos por incumplimiento de una orden judicial, daños, amenazas, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y hurto simple en grado de tentativa.

La jueza Luciana Banó tuvo por formulados los cargos contra ambos imputados con la calificación legal provisoria expuesta durante la audiencia.

120 días de prisión preventiva
Además de formular los cargos, la fiscal adjunta Antonella Romagnoli solicitó 120 días de prisión preventiva para ambos. Fundamentó el pedido en la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación y planteó especialmente la necesidad de resguardar a las personas involucradas en la causa.

La Fiscalía señaló que todavía restan numerosas medidas de investigación, entre ellas entrevistas, informes periciales y médicos y análisis de registros de cámaras de seguridad. También sostuvo que las medidas menos gravosas no resultaban suficientes frente a los antecedentes de incumplimiento de restricciones judiciales.

El defensor de Niñez Nº 1, Sebastián Privitera, adhirió al planteo de la Fiscalía respecto de la necesidad de resguardar al niño involucrado en la causa.

El abogado Juan Manuel Mercau, defensor de ambos imputados, planteó situaciones diferentes para cada uno. En el caso de Torres, pidió que la prisión preventiva se cumpliera bajo modalidad domiciliaria debido a una lesión en su rodilla izquierda y al tratamiento médico que requiere. Para Galván Medero solicitó medidas menos gravosas, al sostener que cuenta con arraigo, trabajo y carece de antecedentes.

La Fiscalía se opuso a ambos pedidos. Respecto de Torres, sostuvo que el tratamiento y las curaciones podían garantizarse dentro del Servicio Penitenciario Provincial. En cuanto a Galván Medero, insistió en que las medidas menos gravosas resultaban insuficientes frente a las características de los hechos atribuidos y los anteriores incumplimientos de restricciones.

Finalmente, la jueza Banó hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dictó 120 días de prisión preventiva para ambos imputados.

Torres deberá cumplir la medida en el Servicio Penitenciario Provincial. La magistrada dispuso que se comunique su situación médica a la División Sanidad para garantizar las curaciones y los traslados que sean necesarios para continuar con su tratamiento.

Galván Medero también fue enviada al Servicio Penitenciario por 120 días. Para resolver, la jueza valoró, entre otras circunstancias, los anteriores incumplimientos de órdenes de restricción, las características de los hechos atribuidos y la necesidad de resguardar la investigación y a las personas que deberán intervenir en el proceso.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Poggi recorrió industrias y emprendimientos de Villa Mercedes y Justo Daract, destacando inversiones, empleo y nuevos proyectos

El gobernador Claudio Poggi realizó este viernes una recorrida por distintas industrias y emprendimientos de Villa Mercedes y Justo Daract, donde visitó empresas con inversiones en marcha, proyectos de ampliación y nuevos puestos de trabajo. El itinerario incluyó a Tubos Argentinos y Hileret, en Justo Daract, y a varios emprendimientos radicados en la incubadora de empresas de Villa Mercedes.

En Justo Daract, el Gobernador visitó primero Tubos Argentinos, empresa radicada en San Luis desde 1988 y dedicada actualmente a la fabricación de perfiles para el sistema constructivo Steel Frame. La planta produce unas 1.200 toneladas mensuales y cuenta con 29 trabajadores. Desde 2022, la firma destinó alrededor de US$3 millones a la construcción de una nueva nave, vestuarios, comedor, oficinas, ampliación de la potencia instalada y otras obras de infraestructura. Además, incorporó una línea de productos destinada a estructuras para paneles solares.

La recorrida continuó en la planta de Hileret, que cuenta con dos establecimientos productivos en Justo Daract y emplea a 107 personas. La empresa, perteneciente a La Cumbre SA, produce endulzantes líquidos, en polvo y con azúcar y actualmente concentra alrededor del 56% del mercado nacional. En los últimos meses realizó inversiones vinculadas con la modernización edilicia y el equipamiento necesario para cumplir con nuevas exigencias de calidad, mientras que recientemente obtuvo la certificación internacional FSCC de inocuidad alimentaria.

Tras las visitas, Poggi destacó el perfil industrial de ambas empresas y planteó la necesidad de fortalecer el vínculo entre el Estado y el sector privado. “San Luis es una provincia industrial, agroindustrial. Estamos cerca de la industria y la industria tiene que ser más competitiva. Y la provincia también tiene que ser más competitiva. Por eso tenemos que articular sector público y sector privado para seguir creciendo”, sostuvo. Sobre Hileret, remarcó que la planta de Justo Daract tiene más de 100 trabajadores y abastece a más de la mitad del mercado argentino de edulcorantes.

En Villa Mercedes, el recorrido se concentró en la incubadora de empresas que funciona en el predio de la ex Lanín. Allí, Poggi acompañó la inauguración de Syme_VM SAS, dedicada al procesamiento y conversión de papel tisú para fabricar papel higiénico y rollos de cocina. La empresa realizó una inversión inicial de US$200.000, actualmente emplea a 12 personas y proyecta incorporar una nueva máquina para avanzar hacia la fabricación y conversión completa del papel. La meta es alcanzar entre 20 y 25 trabajadores hacia fin de año y llegar a unos 40 durante 2027.

También visitó Revestimientos Saldías, un emprendimiento que fabrica placas de yeso antihumedad, cielorrasos, bachas de concreto y losetas térmicas para piscinas. Desde su incorporación a la incubadora, en marzo de 2025, duplicó su personal y amplió su producción. La recorrida incluyó además la nueva sede de Herrería David Balbo, un proyecto que comenzó hace 14 años en el patio de la casa de su fundador y que actualmente fabrica portones, rejas, techos y muebles industriales, además de realizar trabajos de automatización. El emprendimiento cuenta con tres trabajadores.

El último punto de la recorrida fue Lucas House, la empresa de los hermanos Ignacio y Marcelo Torres dedicada al diseño y fabricación de módulos habitacionales transportables. Desde su llegada a la incubadora, en abril de 2024, el emprendimiento duplicó sus ventas: pasó de cuatro operaciones durante su primer año a ocho en lo que va de 2026, con otras cuatro próximas a concretarse. Actualmente cuenta con 17 personas vinculadas al proyecto entre trabajadores, vendedores, ingenieros y arquitectos, y tiene nueve modelos estándar además de desarrollos personalizados.

La jornada dejó como eje común el crecimiento de empresas de distintos rubros, desde la industria metalúrgica y alimenticia hasta la fabricación de viviendas, materiales para la construcción y productos de consumo masivo. En varios de los casos, las firmas tienen nuevas inversiones y ampliaciones proyectadas, mientras que otras ya avanzaron en la incorporación de trabajadores y en el aumento de su capacidad productiva.

El Gobierno destinó más de $1.300 millones para el primer pago de la Beca Universal Superior a 2.900 estudiantes

La Provincia realizó durante la semana del 20 de julio el primer pago de la Beca Universal Superior (BUS) a 2.926 estudiantes, con un desembolso calculado en más de $1.300 millones. El decreto que formaliza el aporte para afrontar esta primera cuota fue publicado este viernes en el Boletín Oficial.

El Decreto N° 8306-ME-2026, firmado el 20 de julio, autorizó un aporte no reintegrable a favor de la Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis para hacer efectivo el primer pago de la beca. El monto solicitado originalmente fue de $1.312.311.000, aunque se contempló un margen de hasta el 2% por eventuales variaciones en la cotización del dólar oficial, por lo que el aporte podía alcanzar los $1.338.557.220.

La primera cuota fue de USD 300 por estudiante, de acuerdo con la nómina de 2.926 beneficiarios incorporada al decreto. La normativa facultó a la Caja Social y Financiera a efectuar los pagos y a la Dirección de Beneficios Estudiantiles a ajustar el monto en función de la cotización del dólar oficial del Banco de la Nación Argentina, con un margen de hasta el 2% en más o en menos.

Una beca de USD 600

La Beca Universal Superior consiste en un aporte económico total de USD 600 durante el primer año de la carrera, que se abona en dos cuotas de USD 300.

El primer pago correspondió a la inscripción realizada en mayo y se concretó durante la semana del 20 de julio. El segundo está previsto para diciembre, para lo cual los beneficiarios deberán realizar una nueva inscripción en octubre que permita acreditar la continuidad de sus estudios.

La convocatoria había cerrado el 31 de mayo con más de 2.900 estudiantes inscriptos de toda la provincia. Posteriormente se realizó la validación de la documentación junto con las instituciones de educación superior que integran la Comisión Provincial de Articulación con el Nivel Superior (CoProANS).

La beca fue creada mediante el Decreto N° 1335-ME-2025 y posteriormente se incorporó como beneficiarios a los estudiantes egresados del ciclo lectivo 2025 que iniciaran sus estudios superiores durante 2026.

El programa busca brindar un incentivo económico a los jóvenes que terminan la escuela secundaria para que continúen sus estudios en alguna de las universidades o instituciones de educación superior que integran la CoProANS.

Los empleados públicos cobrarán el 28 de agosto con el segundo tramo del aumento

La Tesorería General de la Provincia informó que los agentes de la administración pública provincial cobrarán sus salarios el viernes 28 de agosto, con un incremento del 5%, correspondiente al segundo tramo del aumento salarial del 20%, distribuido en los meses de julio, agosto, octubre y noviembre, según lo anunciado por el gobernador Claudio Poggi.

Con este nuevo incremento, y a partir de los distintos tramos de actualización salarial implementados durante 2026, el aumento acumulado en el año alcanzará el 30%, al que se suma el pago extraordinario de $300.000 otorgado en mayo.

Como parte del cronograma, la Tesorería informó además que el mismo 28 de agosto se acreditarán los fondos destinados a las escuelas privadas, autogestionadas y generativas.

Por su parte, los beneficiarios del Plan de Inclusión Social percibirán el pago correspondiente al mes de agosto el martes 1° de septiembre, también con el incremento previsto. El beneficio, que ascendió a $525.000 en julio, aumentará sucesivamente a $550.000 en agosto, $575.000 en octubre y $600.000 en noviembre.

El financiamiento de los incrementos salariales proviene del Fondo de Reserva Salarial y Social, creado por la Ley de Emergencia Económica N°V-1164-2025. Este instrumento constituye un respaldo financiero intangible equivalente a dos meses de masa salarial y tiene como objetivo garantizar el pago de salarios y beneficios ante eventuales caídas en la recaudación.

Finalmente, la Tesorería informó que el viernes 4 de septiembre se abonarán los programas Jóvenes en Formación, Beca al Mérito, Construyendo Sueños y las becas deportivas.

Fuente: ANSL