El Caburé: el Gobierno reconoció que la cosecha está desaparecida y apuntó contra un funcionario al que ya le pidieron la renuncia y denunciaron

Rafael Berruezo. Insert: Darío Oviedo

Casi dos semanas después de que El Diario de la República diera a conocer una grave denuncia en contra de funcionarios del Gobierno por la desaparición de la cosecha de maíz de un campo expropiado por el Estado, el Gobierno finalmente rompió su ensordecedor silencio y apuntó contra Darío Oviedo, director de Ética y Legalidad de la Secretaría de Estado de Ética Pública, a quien ya se le pidió la renuncia.

La cosecha desaparecida
El caso gira en torno al campo El Caburé, un predio de unas 2.000 hectáreas ubicado en el departamento Pedernera que fue “expropiado” por el gobierno de San Luis en abril del año pasado. Desde entonces, los productores desplazados denunciaron irregularidades en la administración de la tierra y la desaparición de una cosecha de maíz supuestamente valuada en más de 2 millones de dólares, cuya producción y venta nunca fueron registradas oficialmente.

La expropiación fue encabezada por el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, quien argumentó que el antiguo propietario había incumplido las normas del plan Pioneros Siglo XXI. Sin embargo, los productores que trabajaban el campo, Alejandro Ingaramo y Enrique Baira, sostienen que la documentación estaba en regla y calificaron la medida como un desalojo ilegal. Según las denuncias, el maíz fue retirado del lugar sin cartas de porte ni respaldo contable que acreditara su ingreso a las arcas provinciales.

El Diario de la República difundió un audio en el que un supuesto asesor, vinculado a funcionarios provinciales, sugiere formas de vender el cereal sin dejar registros oficiales, lo que reforzó las sospechas sobre maniobras irregulares. Uno de los abogados de los productores, Alejandro René Viano, calificó el hecho como un robo y aseguró que presentó pruebas ante la Justicia, incluyendo la denuncia por la desaparición de la cosecha y la posible participación de terceros en su comercialización.

Bazla y Oviedo tomando posesión del campo en 2024.

Mientras tanto, el Gobierno provincial se mantuvo en silencio. Ningún funcionario de la Secretaría de Ética Pública ni la Agencia de Noticias de San Luis respondió a los cuestionamientos. Según el relato oficial publicado por ANSL en 2024, la cosecha habría sido almacenada en silo-bolsas como medida para “proteger los recursos” y preparar un nuevo proyecto productivo en el predio, aunque hasta ahora no se presentaron documentos que confirmen el destino del maíz ni los fondos obtenidos por su venta.

La respuesta del Gobierno
Este miércoles por la mañana, el fiscal adjutor del Gobierno provincial, Rafael Berruezo, dio una conferencia de prensa en la que habló sobre la denuncia y apuntó contra Darío Oviedo, el funcionario que era administrador del campo y a quien ya se le pidió la renuncia. Además, dio a conocer que el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, ha denunciado penalmente a Oviedo.

Berruezo comenzó su explicación del caso con un repaso de la historia de ese campo, al cual el Gobierno provincial, allá por el año 2009, le entregó su posesión con el fin de criar caballos de polo, pero este fin “no se cumplió. Además, se había acordado el pago de esta cesión en 48 cuotas, pero “solo se pagaron 5 cuotas”.

“A raíz de esto, en 2017 se rescindió el contrato por parte del Gobierno” y “recién en 2022 salió una resolución ordenando al Caburé que devolviera el campo por incumplimiento”, continuó el fiscal adjutor. “Desde esa fecha hasta abril de 2024, el gobierno anterior nunca cumplió con esta medida y nunca pidió la devolución del campo”, sostuvo. Berruezo destacó que fue la actual gestión la que, en abril de 2024, “ejecutó el tema de la devolución y tomó posesión del mismo”.

“Es decir que El Caburé llevaba quince años explotando irregularmente y hasta ilícitamente el predio”, manifestó Berruezo, quien añadió que tras la toma de posesión “hubo una serie de acciones judiciales y denuncias de usurpación” por parte de esta firma, las cuales tramitan en la Justicia local. Una vez que el Gobierno tomó posesión, Bazla designó a Oviedo como administrador del campo.

“Este funcionario empezó a realizar administración, podríamos decir, fuera de lo que era su mandato, fuera de lo que estaba convenido. Esto significó que el doctor Bazla y el gobernador le pidieran la renuncia y se lo apartó. A raíz de estas irregularidades administrativas fue que el doctor Bazla realizó denuncias en la justicia, en Villa Mercedes, en contra de Oviedo, para que se analice si estas irregularidades administrativas constituyen o no delitos. Después sabemos que ellos (por El Caburé) han denunciado por su lado la gente que irregularmente estuvo explotando el campo”, manifestó el fiscal adjutor.

Darío Oviedo, ex director de Ética y Legalidad.

Consultado por este medio por la fecha en la que Bazla hizo su denuncia, para conocer si fue antes o después de que el hecho saliera a la luz, Berruezo respondió que no tenía el dato a mano, pero que entiende que “que fue antes de las denuncias hechas por el doctor (Pascual) Celdrán”, abogado de Enrique Baira, uno de los dueños de El Caburé.

En cuanto a las “irregularidades administrativas” que habría cometido Oviedo, Berruezo mencionó cuestiones como “no haber pasado en tiempo y forma el informe, no haber dicho exactamente, por ejemplo, el tema de la famosa cosecha, y haber realizado administración sin ningún tipo de mandato”.

El fiscal adjutor reconoció que el Gobierno estaba al tanto de la existencia de esta cosecha. “Había conocimiento, por eso, el tema era administrar y, si vas a cosechar, tenés que hacer todos los recaudos, como dejar constancia de la situación, que Oviedo no lo hizo; decir cuánto se cosechó, o con autorización, que no hay, de quién iba a realizar la cosecha. Él contrató a alguien, supuestamente, pero no sabemos a quién ni cómo ni cuándo”, dijo el funcionario, señalando que el propósito de la denuncia es “aclarar y dejar en claro, primero, si hay un delito y avanzar”.

“Lo que creo que lo que hay que rescatar o poner de resalto, mejor dicho, es que, en primer lugar, el gobierno anterior, no sabemos por qué, durante más de un año dejó que se siguiera explotando ese campo irregularmente. Obviamente, el Caburé SA difícilmente puede venir a pretender recuperar algo, porque si cosecha en un lugar que está ocupado irregularmente, vos no podés disfrutar de los frutos de ese ilícito. Y lo más importante es que este gobierno, esta gestión no es igual que el resto. El gobernador, a partir de la irregularidad detectada, sacó al funcionario que estaba implicado y se lo denunció en la justicia como correspondía. Ahora nosotros, como fiscalía de estado, vamos a tomar intervención en ambas denuncias, tanto en la que ha hecho el doctor Bazla como la que han hecho, que está en los medios, del doctor Celdrán, y vamos a ver qué pruebas hay, qué se ha incorporado y en qué vamos a colaborar nosotros”, continuó Berruezo.

Este medio consultó al fiscal adjutor por el rol de Diego Amondarain (hermano del ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain), quien también ha sido denunciado. Según El Diario de la República, hay un audio “donde habla una persona que podría ser Diego Amondaraín, donde planean cómo vender el maíz” de la cosecha, por fuera de los canales oficiales. “Ese audio no tiene nada que ver con la situación del Caburé SA. Eso ya está acreditado y se está analizando por parte de los denunciados falsamente, sobre todo el doctor Bazla, (para ver) si va a denunciar la incorporación de una prueba falsa. Eso está en el Código Penal, en el artículo 255. Incorporar una prueba falsa es delito, entonces, el doctor Bazla está analizando en su defensa si va a también denunciar eso”, respondió Berruezo.

La Gaceta Digital también consultó si, por parte del Gobierno, se está investigando a alguien más, como por ejemplo la persona contratada por Oviedo para manejar la cosecha, pero la respuesta es que “por ahora” solo se investiga al ex funcionario. “Hay dos denuncias, una que ha hecho Bazla contra Oviedo, y la otra que ha hecho el doctor Celdrán, en donde involucra a Oviedo y a Bazla. Entonces, nosotros vamos a tener las dos. Entendemos con toda la documentación, por eso nos hemos tomado todo este tiempo para analizarla, entendemos que la responsabilidad, en principio, restaría recayendo sobre Oviedo, pero, bueno, nos vamos a meter en la causa y ahí veremos si hay más denuncias, y qué pasa, porque esto recién empieza”, sostuvo.

LGD también consultó qué se sabe del destino de la cosecha. “Supuestamente, ha dicho Oviedo, que el costo de la cosecha se terminó entregando a quien la cosechó porque, digamos, no dejó ganancias. Dicho verbalmente por él, o sea, lo que costó cosechar fue el valor de la cosecha, o sea, que se tuvo que entregar todo a quien cosechó, pero eso es palabra de él”, fue la respuesta del fiscal adjutor. Esta persona, que Oviedo “contrató irregularmente”, es el productor rural Francisco Anselmi, quien también ha sido denunciado por Celdrán.

Berruezo cerró la conferencia con un tono netamente político, realmente difícil de contextualizar, salvo por el hecho de que el medio que dio a conocer el hecho pertenece a Alberto Rodríguez Saá. “Nosotros, ante irregularidades y posibles delitos, denunciamos a los funcionarios, somos distintos, no somos igual que los anteriores”, concluyó.

El Sijupu rechazó la reducción de la feria judicial y advirtió que agravará la mora del sistema

El Sindicato de Judiciales Puntanos (Sijupu) expresó su rechazo a las reformas judiciales impulsadas por el Poder Ejecutivo provincial y tratadas en la Legislatura, en particular al proyecto que modifica el artículo 19 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia para reducir la feria judicial desde 2027.

A través de un comunicado titulado “No hay reforma judicial posible sin inversión y salarios dignos”, el gremio sostuvo que las iniciativas oficiales “no resuelven el problema estructural del Poder Judicial, sino que lo agravan”, afectando tanto a los trabajadores judiciales como a los profesionales del derecho y a los justiciables.

Desde el sindicato señalaron que el recorte presupuestario previsto para 2026, junto con la prórroga de la Ley de Emergencia que congela las vacantes, deja al Poder Judicial “con la dotación más baja de los últimos 18 años”, en un contexto de mayor población y de creciente litigiosidad. “Menos personal, menos recursos y más causas: una combinación que torna inviable cualquier intento de celeridad real”, advirtieron.

El Sijupu consideró que la reducción de la feria judicial “no aportará soluciones” y, por el contrario, profundizará la mora judicial. Argumentaron que, con escaso personal, los juzgados deberán cubrir guardias mínimas durante la feria y luego compensar licencias durante el resto del año, lo que generará “una rotación permanente de personal, sin juzgados completos en ningún momento”.

El gremio también alertó sobre el impacto de la medida en abogados y justiciables, ya que los primeros “perderán el único período del año en que los plazos procesales se suspenden y pueden ejercer su derecho al descanso”, lo que —según el sindicato— afectará la calidad de la defensa técnica y el funcionamiento general del sistema judicial.

Otro de los puntos cuestionados por el Sijupu fue la falta de consulta al Superior Tribunal de Justicia en el proceso de elaboración de la reforma. “Por primera vez en la historia institucional reciente, una modificación de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia no fue impulsada ni consultada al Superior Tribunal, rompiendo una práctica de respeto y colaboración entre poderes”, señalaron.

En contraposición, el sindicato recordó que en agosto de 2024 se presentó en la Legislatura el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Autonomía del Poder Judicial de San Luis, elaborado junto con los colegios de magistrados y funcionarios, que aún no fue tratado. Según destacaron, esta iniciativa “propone consolidar la autarquía financiera y garantizar la independencia presupuestaria y funcional del Poder Judicial”, y constituye “la verdadera reforma que necesita la Justicia puntana”.

El comunicado concluye afirmando que “no hay reforma judicial posible sin inversión, sin personal y sin salarios dignos”, y que la mejora del sistema “no se logra debilitando su estructura ni recortando su autonomía, sino con recursos, planificación, diálogo y respeto institucional”.

Poggi e Hissa inauguraron obra de repavimentación y cloacas en avenida Lafinur

El gobernador Claudio Poggi y el intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, inauguraron este miércoles una obra de repavimentación y la instalación de cañerías de cloacas en dos tramos de avenida Lafinur.

Los trabajos se realizaron puntualmente entre 9 de julio y Balcarce. Durante octubre de 2024, una primera etapa de la obra cloacal consistió en instalar una nueva cañería paralela de 250 y 170 milímetros. También se sumaron cámaras de registro para aliviar el sistema existente.

La segunda fase tuvo lugar en septiembre de 2025, en el tramo comprendido entre 25 de mayo y Balcarce, donde cerraron el circuito con nuevas cañerías de 250 y 170 milímetros. Además, los trabajadores municipales construyeron tres cámaras de registro, mejorando el escurrimiento hacia el este.

“Luego, reconstruimos en hormigón las intersecciones de Lafinur con 25 de mayo y Balcarce, donde también eliminamos un badén peligroso y ejecutamos una obra hídrica moderna. Hormigonamos bocacalles en Juan Gilberto Funes, Falucho, Belgrano y Caseros, como también cambiamos paños de hormigón sobre Falucho”, informó la municipalidad. Se trata de una solución integral con un mejor sistema cloacal y pavimento duradero.

El gobernador Claudio Poggi participó del acto inaugural, que fue desarrollado en la esquina de 25 de mayo y Falucho. Tras saludar a todos los presentes, el primer mandatario atendió al testimonio de dos vecinos. En primer lugar, tomó la palabra Enrique Carlini, quien expresó gratitud por “el arreglo que han hecho con las cloacas, ya que nos habíamos acostumbrado a tener al cielo abierto las mismas. Muchas gracias, y ojalá que duren”.

Seguidamente, habló Juan Sánchez: “Comparto exactamente lo mismo. Realmente, hay una mejora al 100 por 100 de lo que eran las aguas servidas, que se exteriorizaban y era un peligro para la salud. A partir de estas mejoras se ha solucionado el problema, creemos, ya casi en forma definitiva”. Asimismo, solicitó que se ponga en valor el ingreso a la avenida Lafinur por ser una entrada principal de la Capital sanluiseña: “Considerando que la mayoría de los turistas, o gente foránea, vienen por la avenida Santa Ortiz e ingresan por avenida Lafinur, pienso que habría que hacer una puesta en valor”.

Posteriormente, el intendente Gastón Hissa se dirigió a los reunidos. “Vinimos con el equipo de servicios públicos a esta zona y notamos que había mucho vertido de efluentes cloacales. Tenemos que tener en cuenta que nuestra ciudad tiene 431 años, los caños que están debajo del asfalto tienen 80 años y son de asbesto de cemento, un material que ya está desgranado”, afirmó.

El Jefe Comunal explicó que estas labores se coordinaron con el programa ‘Mejorando tu cuadra’ y el plan de saneamiento de red cloacal. “Cuando hicimos el fresado, nos encontramos con que esta boca de registro estaba tapada con la carpeta asfáltica. Entonces, no podía hacerse un mantenimiento de la red. Esto nos está pasando en distintos puntos de la ciudad y lo estamos atacando de manera planificada”, contó.

A su vez, Hissa sostuvo que la obra cloacal beneficia a los residentes y a los vecinos de la zona oeste, ya que canaliza correctamente el vertido de la efluente. “Este tipo de obras, que muchas veces no se ven, favorecen considerablemente la calidad de vida de los vecinos porque, aunque estaban conectados a la red de cloacas, el sistema estaba colapsado. Es una inversión de $20 millones en cañería de PVC, después están las obras y el alquiler de las máquinas, todo por gestión municipal. Destaco el trabajo de servicios públicos, a quien agradezco, y a la dirección de cloacas que trabajó en esta obra. Se nos hace más fácil cuando escuchamos al trabajador o al empleado”, apreció.

Por su parte, el gobernador Poggi dijo que es la segunda vez que visita la esquina para emprender una actividad. “La otra vez pusimos en marcha la Alarma Ciudadana, y cada una involucra cuatro manzanas. Alarmas que, en cierta manera, significan que el vecino se suma a la política de seguridad con una tecnología. Está bueno, en épocas de bolsillos flacos, como tenemos todos, unir esfuerzos”, expresó.

“Por eso la importancia de que la Provincia, el Municipio, las instituciones y los vecinos trabajemos juntos. Podemos unir presupuestos, recursos humanos, recursos técnicos y mejorar la calidad de vida de los vecinos”, agregó. “Eso es algo que tenemos que cuidar en San Luis, y la otra es trabajar cerca del vecino, poder escuchar y empatizar. Nos remontamos a tres años atrás: ¿Cuántas veces estuvo Rodríguez Saá y Tamayo hablando con ustedes?, acá, en esta esquina, en cualquier lugar, todos me dijeron ‘nunca’. Yo creo que recibir la notita y escuchar la necesidad, la petición, el elogio y el deseo de fuerza, es muy importante porque se pueden solucionar más rápido los problemas. Hay cosas que se solucionan de la noche a la mañana, mientras que una infraestructura más importante demanda más tiempo, pero está dentro de la agenda. En una Argentina media convulsionada, que podamos trabajar en armonía y en coordinación en nuestra Patria chica, tiene un valor muy grande”, manifestó.

Finalmente, los vecinos congregados y los funcionarios presentes emprendieron un recorrido por la nueva obra, que permitió la generación de puestos laborales y una optimización de la red cloacal, mejorando las condiciones de vida de quienes residen en la zona.

Fuente: ANSL

Habilitaron la red de gas natural en 260 viviendas del barrio Serranías Puntanas

Este martes por la tarde se realizó la inauguración de la red de gas natural que permitirá la conexión inmediata de 260 hogares del barrio Serranías Puntanas. El acto fue encabezado por el gobernador Claudio Poggi, acompañado por el intendente Gastón Hissa y el director de Infraestructura Hídrica y Energética, Rudy Comastri. El encendido simbólico marcó el inicio de una nueva etapa para cientos de familias.

El mandatario recordó que la obra fue anunciada por la anterior gestión, pero nunca se concretó. “Cuando ingresé al Gobierno, en diciembre de 2023, yo veía carteles de obra que decían ‘enero, febrero, marzo del 2024’. Cuando vine acá, me ‘comieron’ los vecinos porque no estaba el gas. Había sido una mentira electoral. No había presupuesto, habían iniciado la obra y no había presupuesto para seguirla”, señaló.

Durante su discurso, destacó que la habilitación de la red marca un cambio concreto para el barrio. “Llegó el gas natural, de veras, no de mentira. Estamos cumpliendo la palabra empeñada que asumimos el año pasado, cuando vinimos a explicar el estado de situación”, expresó. Finalmente, adelantó que el proceso continuará hasta alcanzar la totalidad del barrio. “Antes de la Navidad, va a estar todo el barrio con el gas en la puerta”, concluyó.

El proyecto en general demandó una inversión superior a los $2.600 millones e implica la instalación de 36.375 metros de cañería de polietileno, redes de baja presión y la construcción de una planta reguladora de presión. Tras finalizar la primera etapa, avanzan en dos fases más: la segunda, que incorporó 260 viviendas, alcanzará a 950 hogares y la tercera beneficiará a otros 920. En conjunto, el proyecto permitirá llevar el servicio de gas natural a 1.870 familias.

Información sobre cómo anotarse a Chau Garrafa

Durante el acto, el director de Infraestructura Hídrica y Energética, Rudy Comastri, explicó los alcances del programa ‘Chau Garrafa’, una iniciativa que busca facilitar la conexión domiciliaria al gas natural. “Hay algunos vecinos que si bien tienen la red, por el tema del costo, no han podido conectarse. Entonces, tanto en La Punta, Juana Koslay y La Ribera de Villa Mercedes, hemos habilitado para que el vecino que no se haya podido conectar tenga la posibilidad, si así lo desea, de conectarse utilizando el beneficio”, señaló.

Comastri detalló que el programa está vigente “desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre” y que la inscripción “es de forma virtual”. Además, recordó que los vecinos deben realizar el trámite con “gasistas matriculados habilitados” para garantizar la seguridad de las instalaciones y evitar posibles estafas.

Con la habilitación de esta red, el Gobierno de San Luis reafirma su compromiso con el bienestar de las familias, acercando servicios esenciales que mejoran la vida cotidiana de los vecinos y fortalecen la igualdad de oportunidades en toda la provincia.

Fuente: ANSL

Los Molles: un hombre de 38 años murió atropellado en la ruta provincial 1

Un hombre de 38 años falleció este martes por la noche luego de ser atropellado en el kilómetro 11 de la ruta provincial 1, a la altura de Los Molles, según informaron desde la Unidad Regional de Orden Público N° 6.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00, cuando un automóvil Volkswagen Up, conducido por un hombre de 61 años, que circulaba de norte a sur, embistió al peatón que se encontraba sobre la calzada asfáltica.

De acuerdo al testimonio del conductor, el hombre apareció de manera repentina sobre la ruta y no alcanzó a frenar. Tras el impacto, el vehículo perdió el control y terminó detenido a un costado del camino.

Personal médico del Sempro acudió al lugar y constató el fallecimiento del peatón, quien tenía domicilio en Los Molles.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la necropsia correspondiente.

Licencias y juego limpio en 2025: MGA, UKGC y Curaçao explicados para jugadores

El marco regulatorio es el cinturón de seguridad del iGaming: no evita todos los riesgos, pero reduce los daños y marca límites claros para casas y usuarios. Al elegir una marca, muchos jugadores se fijan en nombres como la Autoridad de Juego de Malta (MGA), la UK Gambling Commission (UKGC) o Curaçao. Y es normal preguntarse qué diferencia real hay entre estos sellos y qué protección obtienes como usuario. Si buscas un ejemplo práctico, piensa en cómo evalúas la reputación de BetWinner: la licencia, el control del RTP, las pruebas independientes y la gestión de quejas pesan tanto como las cuotas o el catálogo de deportes.

Qué son las licencias MGA, UKGC y Curaçao en 2025

Antes de comparar, conviene situar cada organismo y su enfoque. Los tres autorizan a operar, pero no todos piden la misma profundidad de controles, ni exigen idénticas medidas sobre pagos, verificación de identidad o juego responsable. La diferencia final se nota en la calidad de auditorías, la trazabilidad del dinero y la fuerza de las sanciones cuando hay incumplimientos.

Organismo Dónde opera y foco principal Controles técnicos y RTP Juego responsable y KYC/AML Régimen sancionador y transparencia
MGA (Malta) Ecosistema internacional, mucha oferta de casino, slots y apuestas; base para marcas paneuropeas. Requiere laboratorios externos para test de RNG/RTP, cambios de juego versionados y registros técnicos. Políticas de verificación por riesgo, límites de depósito, autoexclusión y monitorización de conducta. Publica resoluciones, suspensiones y multas; exige planes de remediación y auditorías periódicas.
UKGC (Reino Unido) Mercado británico; estándares altos en publicidad, verificación temprana y pagos. Control exhaustivo del back-office, retención de registros y trazabilidad de transacciones. KYC inmediato, pruebas de asequibilidad, herramientas de tiempo de juego y protección a clientes vulnerables. Multas cuantiosas, suspensión/retiro de licencias y obligación de compensaciones; alto nivel de reportes públicos.
Curaçao Operadores con vocación internacional. En 2025 avanza hacia un esquema más centralizado y requisitos más estrictos. Mayor formalización de tests y reporting frente a años previos; transición hacia estándares comparables a la UE. Refuerza KYC/AML y políticas contra fraudes; sube el listón de procedimientos internos. Proceso de reforma para dar más visibilidad a sanciones y quejas; foco en elevar la confianza del jugador.

En pocas palabras: UKGC se percibe como el estándar más exigente para el consumidor; MGA equilibra innovación y control con un ecosistema grande y estable; Curaçao está en proceso de subir peldaños para homologarse con prácticas internacionales, lo que ya se traduce en requisitos más detallados para operadores.

Qué recibe el jugador en la práctica: garantías, límites y vías de reclamación

La letra de la licencia se transforma en protecciones concretas cuando interactúas con el casino o la casa de apuestas: depósito, verificación, retirada, control del tiempo de juego y resolución de conflictos. Estos puntos marcan la diferencia entre una buena experiencia y un quebradero de cabeza.

  • Pagos y retiros con reglas claras: plazos máximos definidos, trazabilidad del origen de fondos y verificación proporcional al riesgo.

  • Verificación (KYC) temprana y sin bloqueos injustificados: UKGC obliga a verificar antes de apostar; MGA y Curaçao piden KYC progresivo, con más pruebas si suben los límites.

  • Herramientas de juego responsable: límites de depósito/tiempo, autoexclusión, enfriamiento y avisos de sesión.

  • RTP auditado y software probado: tests de RNG y versiones firmadas de los juegos para que el porcentaje de retorno no cambie de forma opaca.

  • Fondos del jugador segregados: separación contable que reduce el riesgo si el operador tiene problemas.

  • Procedimiento de quejas escalonado: atención del operador → mediación/ADR (en UKGC, obligatorio) → regulador con reporte público de resoluciones.

  • Publicidad y bonos con condiciones transparentes: reglas de wagering y plazos visibles, sin letra pequeña que oculte restricciones.

  • Sanciones reales en caso de abuso: desde multas elevadas hasta suspensión; lo importante es que existan consecuencias y sean públicas.

El resultado para ti es más predecibilidad: sabes qué documentos pueden pedirte, cuánto tarda una retirada, cómo se calcula el RTP y a quién acudir si algo falla.

Cómo evaluar una marca paso a paso en 2025 (sin tecnicismos)

Fuera de los logotipos, tu mejor defensa es un checklist corto. La idea es verificar en minutos si la casa compite con estándares altos y si responde rápido a un problema.

  1. Licencia visible y verificable: el sello debe enlazar al registro del regulador con número de licencia y operador legal.

  2. Políticas de KYC y pagos transparentes: comprueba plazos de retirada, documentos requeridos y límites.

  3. Juegos con proveedor reconocido y laboratorios de test: busca referencias a RNG/RTP y a labs externos.

  4. Herramientas de control personal: límites, autoexclusión, historial de depósitos y resúmenes de actividad.

  5. Canales de queja y ADR independientes: si hay mediación obligatoria, mejor.

  6. Historial público de sanciones del operador: una búsqueda rápida en el sitio del regulador revela alertas o multas.

  7. Atención al cliente medible: tiempos de respuesta en chat/correo, idioma y resolución del primer contacto.

Con este recorrido de siete puntos pasas de impresiones a señales objetivas: si falla en tres o más, quizá no sea tu mejor opción.

¿MGA, UKGC o Curaçao? Decisión práctica según tu perfil y país

En 2025, el “mejor” sello depende de tu situación. Si juegas desde un país con regulación local obligatoria, debes usar marcas autorizadas allí. Si tu mercado permite operar con licencias internacionales, la elección pasa por equilibrio entre exigencia, catálogo y fricción KYC.

  • Buscas máxima protección al consumidor: UKGC destaca por verificación temprana, ADR obligatorio y sanciones ejemplares.

  • Quieres variedad sin perder control de calidad: MGA combina oferta amplia, proveedores top y auditorías constantes.

  • Valoras catálogo internacional y mejoras recientes: Curaçao ha ido reforzando KYC/AML y reporting; conviene comprobar que la marca esté bajo el nuevo esquema y no en permisos heredados.

La clave es alinear tus expectativas con el marco: si priorizas retiros rápidos y límites claros, mira UKGC/MGA; si vas a un operador de Curaçao, confirma que ya adopta las políticas de verificación y transparencia más recientes.

Señales verdes y rojas que verás en el día a día

Más allá de la teoría, hay detalles que hablan solos. Señales verdes: plazos de retiro publicados y cumplidos, explicación clara de documentos, RTP visible por juego, límites personalizables, chat que responde con expediente de tu caso. Señales rojas: bonos con restricciones ocultas, cambios de condiciones sin aviso, retrasos sistemáticos en pagos “por auditoría”, soporte que evita dar número de licencia o contactos del regulador, o juegos sin información de proveedor y versión.

Si detectas una roja, actúa: captura pantalla, cierra sesiones, contacta al soporte y solicita número de incidencia. Si no hay solución, escala la queja a mediación o al regulador con fechas y evidencias.

Consejos rápidos para jugar con cabeza en 2025

  • Define un presupuesto fijo y no lo persigas si se agota. Las herramientas de límites están para usarlas.

  • Verifica tu cuenta antes de grandes ingresos. Evita bloqueos en el primer retiro.

  • Lee el T&C del bono como si fuera un contrato. Los rollover razonables son señal de seriedad.

  • Evita operar por VPN si tu país tiene reglas específicas. Puede anular pagos y soporte.

  • Guarda un registro de depósitos y retiros. Es tu mejor defensa en disputas.

Aplicar estos básicos, junto con una licencia sólida, te da una experiencia más estable y menos fricciones.

Jugar en un entorno regulado no es una garantía de ganancias ni de ausencia total de incidentes, pero sí marca una diferencia real en cómo se gestionan los problemas. En 2025, UKGC y MGA continúan como referencias firmes por su combinación de auditoría técnica, protección a usuarios y transparencia pública. Curaçao, por su parte, avanza en su reforma para elevar el nivel, con más KYC/AML y trazabilidad. Tu mejor herramienta sigue siendo una evaluación fría: licencia verificable, políticas claras, juegos probados y vías de queja funcionales. Con ese control previo, seleccionarás casas que respeten tu tiempo, tu dinero y tu derecho a un juego limpio.

 

Opinión: “La supresión o disminución de la feria judicial no soluciona nada”

Tras el anuncio del proyecto de reducción de la feria judicial, que hoy obtuvo una media sanción exprés de parte del Senado provincial, la reconocida abogada Claudia Rocha envió un artículo de opinión sobre la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial. A continuación, reproducimos el artículo en su totalidad:

LA SUPRESION O DISMINUCION DE LA FERIA JUDICIAL NO SOLUCIONA NADA

El pasado viernes se dio a conocer una reunión entre el Poder Ejecutivo y representantes del Poder Legislativo tendientes a realizar un cambio en el proyecto de Ley de supresión de la Feria Judicial, recortando los plazos de la misma. –

Con 38 años de ejercicio profesional independiente, habiendo sido Presidente del Colegio de Abogados de San Luis y vicepresidenta de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.) creo tener la experiencia suficiente para verter una opinión constructiva de un proyecto que en nada va a mejorar el servicio de justicia de nuestra provincia y que va a perjudicar gravemente el desarrollo profesional de la abogacía provincial. –

En primer término, al ciudadano puede parecerle que la feria judicial de 15 días en Julio que hábiles son solo 10 y 30 días en enero que hábiles son solo 20, pueda ser un privilegio. Claramente, no lo es, y perjudica en forma directa a los jóvenes abogados y los estudios unipersonales que impacta directamente en la atención de los clientes y finalmente en el servicio de Justicia.

Creo en la buena fe del Sr Gobernador, pero descreo que este sea el camino para mejorar la mora judicial que lleva más de 30 años en esta Provincia. Quien empezó a ejercer la profesión con 4 Juzgados Civiles en 1988 y con un San Luis pequeño en su cantidad de habitantes, hoy 38 años después y con un crecimiento demográfico y de litigiosidad enorme solo hay 5 juzgados civiles lo que falla es la estructura del Poder Judicial que no ha acompañado en muchos aspectos ni el crecimiento poblacional ni la ampliación de información sobre derechos que ahora se ejercen ( derecho de familia, violencia etc) ni la litigiosidad ascendente que  responde a situaciones socio económicas del país y que afectan a la provincia también.-

Tanto la ley sancionada tendiente al cumplimiento de plazos que ya existían en nuestro Código Procesal como este proyecto de reducción de la Feria Judicial, no atacan el verdadero problema que es la  Ley Organica del Poder Judicial  y acuerdos del Superior Tribunal de Justicia que realizó cambios estructurales en los Juzgados QUE NO FUNCIONAN, los Jueces que son pocos en todos los Fueros, se han quedado sin Juzgados, las Secretarias Unicas por materia son un fracaso, las OGU (Oficina General Unificada) no funcionan, el Area de comunicaciones  (cedulas, oficios y mandamientos) tienen enormes atrasos. Cuando un abogado realiza una petición los Juzgados demoran en proveer las causas. La mora hoy está en la tramitación de las causas que duran un promedio mínimo de 5 a 7 años en el mejor de los casos.-

Hoy contamos con un sistema informático que, en su momento, representó una innovación tecnológica de vanguardia. Sin embargo, en la actualidad dicho sistema se encuentra obsoleto, presenta serias deficiencias operativas y constituye un obstáculo para el desarrollo ágil y eficiente de las tareas en los Juzgados, afectando también de manera significativa el ejercicio profesional de los abogados, y sobre ello nada se dice, nada se hace.

En un contexto donde la digitalización y la modernización tecnológica son fundamentales para garantizar la celeridad, transparencia y accesibilidad de los procesos judiciales, resulta evidente que nuestro sistema no responde a las exigencias actuales ni se encuentra alineado con los estándares contemporáneos de gestión digital.

Cómo se soluciona, yendo al fondo del problema que es la estructura misma del Poder Judicial, a mi criterio volviendo a Juzgados donde el Juez tenga la autoridad de aplicar su criterio, en los Juzgados Civiles se debe volver a la estructura que funcionaba mejor que la actual y se deben crear más Juzgados. No se pueden dar respuestas modernas con viejas estructuras emparchadas, queremos aplicar Inteligencia Artificial a una máquina antigua, va a colapsar como de hecho sucede.

Por un lado, el Superior Tribunal pretende aplicar un tipo de notificaciones tácitas y por otro el poder ejecutivo pretende rediseñar la feria judicial, en ambas medidas se atenta contra el ejercicio de la profesión de abogados y no se ataca el problema de la estructura judicial en donde reside la mora. Los abogados somos responsables ante nuestros clientes, de nuestra diligencia profesional depende su confianza y en como ejecutamos nuestro trabajo, pero no somos los responsables de la mora judicial, esta tiene su origen en cómo se despachan las peticiones, como se controlan las distintas formas de notificaciones y como se cumple el plazo para dictar sentencias, eso está cargo de la estructura judicial.-

Los abogados tenemos plazos perentorios o fatales, si se vencen se pierden derechos, la estructura judicial puede estar más de dos años sin dictar una sentencia, puede estar un mes controlando un mandamiento o una cédula generando la mora y sin sanciones.-

Todas las profesiones tienen derecho a un descanso, los funcionarios públicos de todos los poderes, en alguno de ellos meses sin sesionar, docentes, policías, jueces y empleados judiciales cuyas vacaciones no van a ser afectadas por la modificación de la feria judicial. –

Sr. Gobernador, Ud. tiene la oportunidad histórica de dotar al Poder judicial de San Luis de herramientas legales que terminen con la mora judicial, le aseguro que no son las que se está intentando hasta ahora, pero estoy convencida que puede escuchar a todas las partes sin prejuicios. –

Sres. Legisladores, están las estadísticas públicas de la mora en sentencia de todas las jurisdicciones, pero no hay un estudio certero sobre la mora en la tramitación de las causas, se sabe cuál es el promedio de control de cédulas, se sabe cuál es el promedio provincial de que un Juzgado despacha una petición??? Si no hay información el problema no se soluciona. –

Convoquen a la abogacía organizada, convoquen a los jueces de primera instancia que es donde todo sucede, utilicen herramientas modernas como análisis de despachos diarios por juzgados, estadística de demora de tramitación de  escritos, cedulas, oficios y mandamientos y verán donde está la mora, la falta de estructura adecuada y el incorrecto uso de las herramientas disponibles.

La cabeza del Poder judicial es el Superior Tribunal de Justica, tienen facultades de superintendencia que no se encuentran usando, el deficiente servicio de justica también está en la falta de personal, en la capacitación adecuada, en reubicaciones de personal sin cubrir esos cambios, mesas de entradas sin personal por meses y en el uso inadecuado de los recursos en general. –

La feria judicial es una suspensión de plazos y un periodo de descanso para los profesionales y las mayorías de los empleados y jueces toman sus vacaciones en esas fechas, si la suprimen o la modifican van a tomarse vacaciones de igual forma porque les corresponde por ley, tampoco va a haber quien dicte una sentencia o tramite una causa.-

No creo que se piense en concentrar el ejercicio de la abogacía solo en los estudios grandes con mas de 2 abogados y con estructura administrativas quienes serán los únicos capaces de soportar estos cambios, los abogados independientes y en especial los jóvenes no podrán sostenerse.-

Para mejorar el servicio de justicia hay muchísimo para hacer, sentimos y creo interpretar a la mayoría de mis colegas que NO somos escuchados y esto provocara seguramente una reacción de la abogacía organizada, generando un conflicto donde podemos aportar soluciones. –

El Senado dio media sanción a una serie de proyectos judiciales en una sesión breve y sin debate

En la sesión de este martes, además de la reducción de la feria judicial, el Senado provincial aprobó una serie de iniciativas vinculadas al funcionamiento del Poder Judicial y la gestión de bienes estatales. La jornada se desarrolló de manera ágil y sin debates extensos, con intervenciones únicamente de los miembros informantes del oficialismo. Todos los proyectos obtuvieron media sanción y pasaron a la Cámara de Diputados.

Uno de los proyectos destacados fue la derogación de varios artículos de la Ley N° IV-0091-2004, referidos a la comunicación entre tribunales de distintas jurisdicciones. Martín Olivero explicó que se buscaba eliminar disposiciones declaradas inconstitucionales por los tribunales provinciales, que generaban burocracia innecesaria y conflictos con la Ley Nacional N° 22.172. Según el legislador, “la vigencia de esta ley, declarada inconstitucional cada vez que se presente un oficio, solo ocasiona desgaste jurisdiccional y mayor mora en la tramitación, por lo que su derogación favorece el servicio de justicia evitando gastos y dilación innecesaria a favor de la ciudadanía”. La norma propuesta se limita a dejar sin efecto artículos que no se aplican en la práctica judicial local y se alinea con la jurisprudencia vigente.

La derogación también permitirá que los oficios emanados de jueces de otras provincias sean ejecutados sin necesidad de intervención judicial local, evitando conflictos de competencia y agilizando los procesos. Según Olivero, esta medida responde a “una solicitud del Colegio Forense de nuestra provincia” y busca adaptar la normativa provincial a las prácticas jurídicas vigentes y reducir la burocracia que genera demoras en la atención de los ciudadanos.

Otro proyecto aprobado estableció la continuidad funcional de magistrados y funcionarios designados con carácter provisorio durante los períodos 2024 y 2025. Olivero indicó que se trata de “una medida excepcional, extraordinaria y estrictamente limitada en el tiempo, motivada por la emergencia prorrogada por la ley V-1164-2025, y adoptada en resguardo del interés público y de la continuidad del servicio de justicia”. La ley establece que los funcionarios provisionales continuarán en sus cargos hasta la cobertura definitiva de las vacantes o, en su defecto, hasta cumplirse el plazo máximo de dos años.

Esta normativa busca garantizar la operatividad de los tribunales y evitar interrupciones en los procesos judiciales, especialmente en jurisdicciones donde la cobertura definitiva de cargos aún no se ha completado. Olivero señaló que se trata de “una solución transitoria que asegura la continuidad de la función jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial”, resaltando que la medida es estrictamente limitada al período necesario para cubrir vacantes.

La sesión también incluyó la aprobación del marco normativo para la disposición de vehículos abandonados, perdidos, secuestrados o decomisados. Diego García señaló que el proyecto busca “optimizar los recursos del estado provincial, favorecer el cuidado del medio ambiente y asegurar que los vehículos que fueron objeto de delito sean incorporados al uso de la fuerza de seguridad o dispuestos de manera responsable”. La normativa introduce procedimientos claros para declarar un vehículo como abandonado y establece medidas de descontaminación y reutilización, fortaleciendo la prevención del delito y promoviendo un ambiente urbano más seguro.

Además, el proyecto establece que los vehículos aptos podrán ser destinados a la fuerza de seguridad provincial, mientras que los restantes serán descontaminados y dispuestos de manera responsable o vendidos en subastas públicas. Estas medidas permiten recuperar espacios urbanos, reducir riesgos ambientales y generar beneficios económicos y operativos para la administración pública, contribuyendo también a la prevención del delito.

En cuanto a la revisión del Código Contravencional, Adolfo Castro Luna explicó que el proyecto incorpora modificaciones formales, organiza los artículos, regula nuevas contravenciones relacionadas con la seguridad digital y establece responsabilidades de padres o tutores frente a transgresiones cometidas por menores. Asimismo, se amplían sanciones para maltrato animal y se contempla la posibilidad de aplicar terapias familiares.

El legislador destacó que estas modificaciones buscan “acelerar los procesos y proporcionar herramientas legales donde no existían en el código penal”, especialmente frente a delitos vinculados a la divulgación de material sin consentimiento o la seguridad digital. La iniciativa obtuvo media sanción con el voto favorable de todos los senadores, salvo el opositor Hugo Olguín, y ahora vuelve a la Cámara de Diputados para su revisión.

Finalmente, se aprobó la Ley de Educación Ambiental de la provincia de San Luis, que quedó lista para seguir su trámite legislativo sin objeciones. Esta normativa tiene como objetivo fortalecer la educación ambiental en todos los niveles y promover prácticas sostenibles, integrando contenidos curriculares y actividades de concientización en la provincia.

La Justicia permitirá que un niño sea inscripto como hijo de dos hombres: un fallo histórico para las familias homoparentales

Héctor Acosta Pérez y su abogada, Érica Pucciarelli

La sala N° 2 de la Cámara Civil de Apelaciones de San Luis revocó la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Natalia Giunta y ordenó inscribir al hijo de Héctor Acosta Pérez y su pareja como hijo de ambos padres. La decisión, firmada por las juezas Carina Pereira y María Celeste Rodríguez, representa un fallo histórico en materia de derechos familiares, ya que reconoce por primera vez en la provincia la filiación de un niño con dos padres varones sin imponer la figura de una madre.

La abogada de la pareja, Érica Pucciarelli, celebró el fallo y destacó que “es una sentencia con un tinte muy humano, con perspectiva de género y atravesada por los derechos humanos que fueron incorporados al derecho argentino a través de los tratados internacionales”. Subrayó que esta vez, a diferencia de lo ocurrido en primera instancia, “se nota que el expediente fue íntegramente leído por las juezas, que se analizaron las pruebas testimoniales, las periciales psicológicas, las socioambientales” y que se reconoció lo que ellos vienen sosteniendo desde el principio: “En materia de subrogación de vientre hay un vacío legal y que ese vacío tiene que encontrar su solución en la justicia hasta tanto los legisladores se ocupen del tema”.

La profesional sostuvo que el fallo “sienta un precedente social de gran relevancia no sólo en la provincia sino en el país, porque se aparta de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de octubre del año pasado, pero lo hace de manera fundada, en base al derecho constitucional según el cual todo lo que no está prohibido está permitido”. Añadió que también se basa en “la normativa de derecho internacional que prioriza el interés del menor, el derecho a la identidad, el derecho a formar una familia, el principio igualdante de la ley y garantiza que a la mujer gestante no se le van a imponer injustamente los derechos y obligaciones parentales que nunca quiso tener”.

Pucciarelli expresó además: “Si nos guiábamos por la sentencia de primera instancia, sólo pueden paternar y maternar las mujeres y las parejas heterosexuales. En cambio, mediante esta sentencia se abre la posibilidad para que las parejas homoparentales o aquellos hombres incluso que deseen ser padres sin estar en pareja puedan hacerlo recurriendo a la justicia argentina”.

Recordando que el fallo de la jueza Giunta obligaba a la mujer que prestó su vientre a figurar como madre del niño, la letrada también celebró que el fallo “garantiza que a la mujer gestante no se le van a imponer injustamente los derechos y obligaciones parentales que nunca quiso tener y que en este expediente demostró y quedó totalmente acreditado que nunca quiso tener”.

Para finalizar, la abogada remarcó que el próximo paso es esperar que la sentencia quede firme, para finalmente poder inscribir al bebé en el Registro Civil. “El bebé hoy en día tiene cuatro meses y medio y está viviendo con sus papás desde que nació. Sin embargo, ha estado indocumentado justamente a causa de la sentencia de primera instancia que recurrimos”, remarcó.

“Lo más importante hoy es la alegría que tenemos”
En diálogo con La Gaceta Digital, Héctor Acosta Pérez se mostró profundamente emocionado por la resolución: “Fue llanto, fue mucha alegría. Por el bebé, porque acá lo más importante es pensar en que él tuviera su identidad y su identidad real”.

“Lo que dictaminaron las juezas de la cámara fue tan excepcional que hace oda a la justicia realmente. Son excepcionales analizando cada uno de los puntos con argumentos sólidos en la legislación, cosa que anteriormente no fue”, expresó.

El padre del niño, que sigue a la espera de la inscripción formal, agradeció “a los medios, a todos los que nos apoyaron desde su posición, y que, de una forma u otra, forman parte de esto”.

Además, destacó el acompañamiento de las organizaciones que intervinieron en el proceso: “La Fundación Mesa de la Mujer, la Niñez y Diversidad de San Luis y la Fundación LGBTI+ de Buenos Aires hicieron su aporte ambas desinteresadamente y ayudaron en la decisión final o participaron indirectamente de este proceso”.

Héctor también diferenció el trabajo realizado en esta instancia respecto de la anterior. “Se hizo un análisis minucioso de todas las pruebas y argumentos, lo cual no se hizo en la primera instancia, por lo que es innegable la falta de voluntad y de capacidad en el trabajo que desempeñan la señora Natalia Giunta y del mal llamado defensor Sebastián Privitera”, afirmó.

“Lo más importante hoy es la alegría que tenemos, porque se hizo justicia. Ojalá que la sociedad y las personas entiendan que hay familias no convencionales, que hay personas que somos diferentes, pero que amamos y queremos armar familia a nuestra forma, y que eso es posible”, concluyó Héctor

La Gaceta Digital dio a conocer este caso el 12 de agosto, luego del fallo de primera instancia de la jueza Giunta. Meses después, el 7 de octubre, informamos que la pareja esperaba la resolución de la Cámara tras el fallo adverso de primera instancia. Desde entonces, el caso tuvo una gran repercusión y se transformó en un símbolo de la lucha por la igualdad de derechos familiares en San Luis.

Cata de los mejores vinos cuyanos en el Cine Teatro

Este sábado 1º de noviembre, desde las 21 horas, el Cine Teatro San Luis se teñirá de blanco, rosado y tinto con la feria de vinos ‘Experiencia del Cuyum’, que promete deleitar al público local con productos de primer nivel de los mejores exponentes del vino cuyano. Además del evento principal, habrá un encuentro de enólogos, que compartirán sus secretos de producción.

“Estamos muy contentos de recibir esta feria, una experiencia gastronómica con vinos de todo Cuyo: San Juan, Mendoza y San Luis”, celebró Nahuel Sienra, del área de Relaciones Industriales del Arte del Gobierno de la provincia.

“Vamos a tener bodegas de Mendoza, San Juan y obviamente de San Luis. Para nosotros es muy importante promocionar y difundir nuestros vinos puntanos, que son excelentes, y hace un tiempo que estamos trabajando en esto. Este sábado queremos invitar a todo el pueblo de San Luis, porque hemos hecho trabajos importantes para que la entrada sea accesible”, agregó Eduardo Ballejos, somellier, director del evento y fundador de CEPA Puntana.

La entrada, que se puede adquirir en las boleterías del Cine Teatro de 08:00 a 20:00 o a través del portal entradalibre.com.ar, tiene un costo de $25.000. “Eso va a incluir la copa y muy buena gastronomía, bastante considerable de L’Agostina, gente Potrero. Así que estamos esperando a estos referentes de la vitivinicultura de San Juan y de Mendoza, que se van a unir esta noche con nosotros para festejar y disfrutar de este gran evento”, agregó.

Una de las figuras invitadas destacadas es Gustavo Agostini, referente del mundo vitivinícola que actualmente produce vinos para una reconocida marca francesa y, a la par, tiene su línea de vinos espumantes. “Va a ser todo un evento para San Luis contar personalmente con su presencia”.

Entre la oferta para degustar habrá vinos micro vinificados, vinos de autor y de bodegas boutique. Además, el mismo sábado, pero al mediodía, las instalaciones del teatro reunirá a los enólogos participantes en una charla para público reducido e interesado puntualmente en la producción y las técnicas de vinificación.

“Vamos a contar con Nahuel Aldaya, enólogo de ‘Indómito’, y con Magalí Álvarez, que viene por la ‘Bodega 907’ de San Juan. Va a ser una oportunidad para tener un encuentro más cercano a los hacedores y poder sacarse dudas, hacer consultas. Vamos a degustar tres etiquetas de cada uno de ellos”, cerró Irene Benegas, somellier y coordinadora del evento.

Fuente: ANSL