Este sábado, en una audiencia celebrada en el Juzgado de Garantía Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza Natalia Lazarte Otero, la Fiscalía de Instrucción Penal en Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº 2 —representada por la fiscal Antonella Córdoba y la fiscal adjunta Mercedes García— formuló cargos contra un hombre por los presuntos delitos de corrupción de menores agravada por el vínculo, abuso simple agravado por la convivencia y producción de representaciones de menores con fines sexuales. Las víctimas serían su hija y la hermana de su pareja, ambas menores de edad.

Investigación iniciada en el Servicio Penitenciario Provincial
Según expuso la Fiscalía, la investigación comenzó tras una denuncia presentada por el subdirector general del Servicio Penitenciario Provincial, Juan Carlos Serrano. El 22 de octubre, personal penitenciario halló dos pendrives en las cocheras del Complejo Penitenciario Nº 1.

Los dispositivos fueron remitidos a la Unidad de Abordaje Fiscal ante la sospecha de una posible vulneración del sistema informático del Servicio Penitenciario. Tras el análisis realizado por el Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos, se detectó que contenían material de abuso sexual infantil de producción local, grabado con una cámara oculta en una vivienda. En los registros audiovisuales se identificaron nombres y se observó a un hombre cometiendo actos de abuso sexual contra dos niñas, lo que permitió establecer su identidad y disponer su inmediata detención.

El acusado se desempeña como agente penitenciario, motivo por el cual los dispositivos fueron hallados en ese establecimiento.

Pedido de prisión preventiva
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó diversas pruebas que sustentan la imputación provisoria y destacó la gravedad y particularidad del caso, al tratarse de material de producción local y con víctimas identificadas.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal indicaron que cuentan con prueba directa de una agresión sexual. En función de ello, solicitaron la prisión preventiva del acusado por 120 días, argumentando la gravedad de los hechos, el riesgo de entorpecimiento de la investigación y el peligro concreto para las víctimas.

También advirtieron que, en caso de permanecer en libertad, el imputado podría manipular o eliminar evidencia digital de forma remota, dado que los delitos se habrían cometido mediante sistemas informáticos y entornos virtuales. Por ese motivo, consideraron ineficaces medidas menos restrictivas, como la prisión domiciliaria o el monitoreo electrónico.

Intervención de la Defensoría de Niñez
La defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces Nº 3, Silvina García, adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal y solicitó a los medios de prensa preservar la identidad tanto del acusado como de las víctimas, con el fin de resguardar la integridad de las niñas involucradas y evitar su revictimización.

Por su parte, el defensor del imputado, Héctor Zabala Agüero, manifestó que los hechos relatados por la Fiscalía serán materia de análisis a lo largo del proceso y pidió que su asistido cumpla la medida de coerción bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Sostuvo que no se encuentran acreditados riesgos procesales que justifiquen su detención en el Servicio Penitenciario.

Resolución judicial
Al resolver, la jueza Natalia Lazarte Otero tuvo por formulados los cargos en los términos solicitados por la Fiscalía, al considerar que la imputación se encuentra debidamente sustentada conforme al Código Procesal Penal.

Respecto de la medida de coerción, dispuso la prisión preventiva del acusado por 120 días, por entender que constituye la única medida eficaz para neutralizar los riesgos procesales y asegurar el avance de la investigación.

La magistrada valoró la gravedad de los hechos, la solidez de la imputación y la naturaleza digital de las pruebas, que podrían ser alteradas o difundidas desde cualquier dispositivo con acceso remoto. Además, destacó la doble situación de vulnerabilidad de las víctimas, por su edad y por el vínculo familiar con el acusado, y remarcó la necesidad de proteger su integridad y bienestar. Finalmente, ordenó que el imputado sea alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Este lunes, en una audiencia celebrada en el Juzgado de Garantía Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza Luciana Banó, la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 5 —representada por la fiscal Débora Roy Gitto— solicitó la elevación a juicio de una causa en la que está imputado el médico cirujano Samir Nofal, acusado del delito de lesiones culposas agravadas por mala praxis en perjuicio de una mujer que era su paciente.

Según detalló la fiscal, la investigación estuvo inicialmente a cargo de la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 3, que formalizó la acusación tras una denuncia presentada luego de una cirugía estética de implante mamario realizada el 1 de diciembre de 2020. Tras esa intervención, la paciente sufrió graves complicaciones de salud que, de acuerdo con la acusación, habrían sido consecuencia de una impericia profesional.

El Ministerio Público Fiscal requirió una pena de dos años de prisión y tres años de inhabilitación especial para ejercer la medicina. Si bien el imputado no registra antecedentes penales, la fiscal consideró como agravante la magnitud del daño físico y psicológico ocasionado a la víctima.

Informe pericial y pruebas
Durante su exposición, Gitto resaltó la importancia del informe elaborado por la médica forense del Poder Judicial, considerado una de las principales pruebas de la acusación. Según esa pericia, la paciente presentaba lesiones compatibles con una infección grave posterior a la cirugía, entre ellas la pérdida de la glándula mamaria derecha, del pezón y del volumen del seno afectado, además de la imposibilidad de amamantar.

El estudio forense también determinó que, como consecuencia de un proceso infeccioso vinculado al rechazo de la prótesis, se produjo necrosis del tejido, lo que derivó en la extracción del implante y en la pérdida definitiva de la glándula mamaria. Estas secuelas fueron calificadas como daños irreversibles, con consecuencias físicas y psicológicas permanentes.

La fiscal ofreció además los testimonios de las médicas que intervinieron tras la operación —una cirujana y una infectóloga—, quienes podrán aportar información sobre el estado posoperatorio, las medidas adoptadas y las prácticas que podrían haberse evitado. Entre las demás evidencias figuran comprobantes de pago, presupuestos quirúrgicos, estudios prequirúrgicos, intercambios de mensajes entre paciente y médico, certificados médicos y fotografías de las lesiones.

Postura de la defensa
El abogado defensor, Juan Manuel Mercau, solicitó el sobreseimiento de su representado al considerar que la conducta atribuida no configura un delito penal y que el conflicto debería resolverse por la vía civil. Argumentó que las complicaciones derivaron de un rechazo biológico del implante y no de una acción negligente del profesional. También sostuvo que la paciente no habría cumplido con las indicaciones médicas del posoperatorio, como mantener una alimentación adecuada y respetar el tiempo de reposo.

De manera subsidiaria, la defensa propuso alternativas de resolución del conflicto: una reparación integral mediante el pago de siete cuotas de dos millones de pesos y una suspensión de juicio a prueba que contemple la entrega de dos cuotas adicionales, un año de tareas comunitarias y un año de inhabilitación profesional. Además, solicitó la conformación de una junta médica para evaluar el caso.

Oposición de la Fiscalía y la querella
La fiscal Gitto pidió rechazar tanto el sobreseimiento como las salidas alternativas planteadas. Explicó que la víctima fue consultada y manifestó su negativa a aceptar una reparación económica por considerarla insuficiente frente al costo de las cirugías reconstructivas que debe afrontar. En cuanto a la junta médica, no se opuso a su realización, aunque señaló que el pedido resultaba extemporáneo.

Por su parte, el abogado querellante, Carlos Pereyra Malatini, también se opuso al sobreseimiento y a las salidas alternativas, al considerar que la prueba reunida es suficiente para avanzar hacia el juicio. Describió que el tratamiento posoperatorio habría sido realizado sin las condiciones adecuadas, al punto de haberse retirado el implante en un consultorio sin anestesia ni las condiciones de higiene necesarias, y remarcó que la paciente continúa en proceso de reconstrucción corporal.

Resolución judicial
Tras un cuarto intermedio, la jueza Luciana Banó resolvió que, antes de disponer la elevación a juicio o definir una posible salida alternativa, deberán incorporarse nuevas medidas de prueba. Ordenó la realización de una junta médica, una evaluación psicológica y psiquiátrica, y la solicitud de informes a la Municipalidad de San Luis y al Ministerio de Salud provincial, con el objetivo de determinar si el lugar donde se efectuó la extracción del implante contaba con las habilitaciones necesarias para ese tipo de práctica médica.

El gobernador Claudio Poggi firmó este lunes, en su despacho de Casa de Gobierno, la nota de elevación del pliego de Marcela Luján Torres Cappiello para ocupar el cargo de defensora general provincial, una de las máximas responsabilidades dentro del Poder Judicial de San Luis. La propuesta será remitida al Senado provincial, que deberá convocar a la audiencia pública correspondiente antes de otorgar el acuerdo legislativo para su designación.

El Defensor General es el encargado de garantizar el derecho a la defensa en juicio y el acceso a la justicia de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad social. Además, es responsable de dictar las instrucciones generales que orientan el accionar de todos los defensores oficiales de la provincia.

La secretaria Legal y Técnica, Natalia Carranza, explicó el procedimiento establecido por la normativa vigente. “De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 615, que regula la selección de aspirantes a jueces y funcionarios del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura elevó una terna para cubrir el cargo de defensor general. A partir de esa terna, el Gobernador decidió remitir el pliego al Senado, para que, una vez realizada la audiencia pública, se otorgue o no la conformidad correspondiente”, señaló.

Cabe señalar que Torres Cappiello fue la primera persona en ocupar este cargo que forma parte del Ministerio Público, creado con lo reforma judicial aprobada en agosto de 2021 y puesta en marcha en febrero de 2022. La abogada ocupó el cargo de manera provisoria por el término de un año. 

Carranza destacó la relevancia institucional del puesto y los fundamentos que respaldaron la decisión del mandatario. “Es uno de los cargos más importantes del Poder Judicial, y el Gobernador ha enviado el pliego de Marcela Torres Cappiello en atención a que es una profesional con vasta experiencia. Luego del análisis integral de su currículum y de la terna enviada por el Consejo de la Magistratura, se valoró especialmente su mérito y su extensa trayectoria dentro del Poder Judicial”, precisó.

Marcela Luján Torres Cappiello es abogada egresada de la Universidad de Mendoza y posee una sólida formación académica y profesional. Cuenta con un posgrado en Derecho Procesal Acusatorio Adversarial y Técnicas de Litigación Oral; un programa de posgrado en Control de Convencionalidad y Tutela de Derechos Humanos y Sistemas Internacionales de Protección; y cursó la Maestría en Magistratura, cuya tesis se encuentra en proceso de finalización.

Además, realizó un curso de especialización en Mediación Familiar, está acreditada como mediadora, es diplomada en Investigación y Resolución de Homicidios, tiene un posgrado de profundización en Derecho Penal y Procesal Penal, y es especialista en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, entre otros antecedentes académicos y laborales.