Este martes, se venció la prórroga de detención para Axel Emiliano Criscito y M. D. P. imputados por el delito de doble homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía en calidad de co autores en la cual la Justicia hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó la prisión preventiva por el término de cuatro meses para ambos.

Las defensoras en lo penal no plantearon objeciones en relación a la formulación de cargos por lo que la Juez ratificó los mismos.

La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó como medida la prisión preventiva por el término de cuatro meses. En sus argumentos, mencionó las características del hecho, el pronóstico punitivo, la solidez de la calificación, el peligro de fuga, el entorpecimiento de la investigación, la influencia de testigos y la falta de arraigo de Criscito.

La querella adhirió y se refirió a el modo de cómo fueron encontradas las víctimas, la gravedad del hecho, la solidez de la imputación.

La defensa de Axel Emiliano Criscito rechazó la medida. Expresó que su defendido posee facultades insuficientes con diagnóstico de psicopatía primaria y que está atravesando una situación de salud mental, propuso medidas morigeradas.

A su vez, la defensa de M.D.P dijo que las evidencias son suficientes y que por eso no formuló objeciones a la calificación legal, sin embargo, su defendida debe someterse a un juicio justo y adecuado a las condiciones personales.

Mencionó que se está en trámite –Sentencia con pase a resolver- la restricción de capacidad, agregó que la junta médica concluyó que existe un 85% de incapacidad y con una imposibilidad de re direccionar sus actos. Explicó que durante la prórroga de detención se dispuso un acompañamiento terapéutico.

Solicitó que, si es avalada la medida, sea de prisión domiciliaria ya que el Servicio Penitenciario no cuenta con las condiciones para su alojamiento.

La defensora de Niñez y Adolescencia, explicó que el trámite de restricción de capacidad se encuentra para resolver y solicito que todas las medidas que se adopten se realicen respetando los estándares de Derechos Humanos, con perspectiva de discapacidad, respetando la igualdad y la no discriminación. Agregó que se tengan en cuenta las normas nacionales e internaciones y que se tomen las medidas y ajustes para la comprensión del proceso penal.

Con respecto a la solicitud de medidas morigeradas, la Fiscalía se opuso. Sostuvo el pedido de prisión preventiva y los riesgos procesales, manifestó que se han tomado todos los recaudos legales. La querella adhirió.

Luego de escuchar a las partes, Natalia Pereyra Cardini ordenó la prisión preventiva. Entre sus argumentos mencionó que las evidencias son suficientes para considerar que el hecho existió y que los imputados son los autores. Dijo que siempre se aseguraron las garantías constitucionales y que la comprensión del proceso estuvo asegurada.

Agregó que si bien existiría una incapacidad la misma no estaría verificada, y que no ha quedado demostrado que no hayan comprendido el acto, que hay cuestiones que hacen presumir que comprendieron el hecho, por cómo fueron encontrados los cuerpos y la huida.

Mencionó los riesgos procesales y ordenó que se adopten las medidas correspondientes para garantizar el seguimiento psicológico y psiquiátrico. Manifestó que se debe velar también por las víctimas y por la familia.

La defensa de la mujer interpuso un recurso de revisión de la medida.

El doble crimen

El 20 de diciembre fueron encontradas sin vida Vanesa Zanni yTatiana Lucero Zanni en una vivienda ubicada en Leonismo Argentino extremo Sur de Villa Mercedes. Una ciudadana –amiga de Vanesa- advirtió la situación y dio aviso a personal policial, inmediatamente tomó intervención fiscalía, personal de homicidios, policía científica y medicina forense.

En el interior de la vivienda se encontraron con las dos mujeres sin vida en un estado avanzado de putrefacción y que presentaban múltiples lesiones compatibles con apuñalamientos.

La autopsia arrojó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico y que la muerte data de 48 hs hacia atrás, es decir antes del sábado 20 de diciembre.

Según la Fiscalía el hecho se habría producido en la madrugada del 18 de diciembre, las víctimas fueron vistas por última vez a la 1.30 de la madrugada cuando regresaron junto a los imputados de cenar en la casa de una vecina.

La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Garantía N° 3 a cargo de Natalia Pereyra Cardini, como Secretario intervino Ignacio Esquerre Delaunay. Por el MPF intervino Gisela Milstein –fiscal de Instrucción Nº 5-. Por la Querella –en representación de la familia de las víctimas- intervinieron Germán Anabitarte y Gastón Massa. Por el MPD intervinieron, Ximena Bertoli y Silvia Moran –Defensoría en lo Penal N° 1, por el imputado-, Cecilia Mithiaux y Noelia Páez –Defensoría en lo Penal N° 3 por la imputada-. Yésica Agüero y Beatriz Pringles Medeot por la Defensoría de Niñez, Adolescencia e Incapaces.

Fuente: Prensa Poder Judicial

El Tribunal de Impugnaciones de la ciudad de San Luis advirtió el uso indebido de inteligencia artificial por parte de un abogado defensor que presentó jurisprudencia inexistente en un recurso de apelación y resolvió oficiar al Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis para que evalúe su eventual responsabilidad disciplinaria. La decisión fue adoptada en el marco de una causa por abuso sexual en la que el Tribunal confirmó la resolución dictada el 31 de octubre de 2025 por la jueza provisoria de Garantías Nº 3, Natalia Lazarte Otero.

El recurso había sido interpuesto por la defensa del imputado, quien planteó supuesta arbitrariedad de la resolución, aplicación incorrecta de normas procesales y afectación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Si bien el Tribunal consideró que la apelación cumplía con los requisitos formales, concluyó que ninguno de los agravios resultaba procedente.

Durante el análisis, las juezas Yanina Del Viso y Laura Molino, y el juez Jorge Sabaini Zapata advirtieron que uno de los argumentos centrales del planteo se apoyaba en una supuesta doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocida como “fallo Acosta”. Tras una búsqueda realizada incluso con intervención de la Secretaría de Jurisprudencia del máximo tribunal, se constató que la sentencia citada no existía en ninguna base oficial.

Ante esa situación, el Tribunal intimó al abogado Marcelo Estrada para que precisara la fuente de la jurisprudencia mencionada. De acuerdo a la resolución, el profesional no pudo aportar datos verificables y sólo solicitó que se desglosara la documentación presentada. Los magistrados señalaron que la inconsistencia detectada podría corresponder a una “alucinación” de un sistema de inteligencia artificial utilizado para la elaboración del escrito.

En su decisión, el Tribunal remarcó que la presentación de material jurídico generado por IA sin verificación previa compromete los deberes de probidad, lealtad y veracidad profesional. Por ese motivo, dispuso remitir copias de las actuaciones al Colegio de Abogados para que analice la eventual responsabilidad disciplinaria del letrado.

Asimismo, los magistrados encomendaron la difusión de una advertencia institucional sobre el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial en el ejercicio forense, al considerar que la omisión de contrastar jurisprudencia o doctrina presentada ante los tribunales puede afectar la seguridad jurídica y el funcionamiento del sistema judicial.

El Tribunal también resolvió rechazar el recurso de apelación y confirmar en todos sus términos la resolución de la jueza de Garantías Nº 3. La causa continuará su trámite conforme al estado procesal vigente.

Durante la audiencia, la fiscal Antonella Córdoba (Fiscalía Especializada en Género Nº 2) había solicitado el rechazo de los planteos defensivos y sostuvo que las normas procesales resultan de aplicación inmediata, que no se configuró violación al principio de legalidad ni al plazo razonable, y que parte de las demoras del expediente estuvieron vinculadas a recursos interpuestos por la propia defensa. También advirtió que la jurisprudencia citada por el abogado no pudo ser localizada en repositorios oficiales.

Fuente: Prensa Poder Judicial