La jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, prorrogó este miércoles por otros 30 días las medidas de coerción que pesan sobre los ex ministros de Seguridad Luciano Anastasi y Claudio Latini, el ex intendente de La Toma y actual diputado nacional Ernesto Alí, y los ex intendentes Jeremías Vivas y Mario Canali, todos imputados por presuntas maniobras irregulares durante el ejercicio de la función pública.
La audiencia prevista originalmente para analizar los pedidos de sobreseimiento presentados por las defensas no pudo avanzar sobre ese punto, ya que horas antes de su realización los abogados Cristóbal Ibáñez, Alejandro Cordido, Nedo Gómez y Cecilia Cabello presentaron escritos solicitando que la magistrada se declare incompetente para continuar al frente del expediente.
Ese planteo fue formalizado durante la audiencia y Banó informó que resolverá la cuestión en un plazo de 48 horas. Recién una vez definido ese aspecto procesal se fijará una nueva audiencia para tratar los pedidos de sobreseimiento.
Las defensas sostienen que la causa debe volver al Juzgado de Garantía Nº 3, ya que originalmente estaba a cargo de ese tribunal. El expediente había pasado a manos de Banó luego de que la entonces jueza subrogante Natalia Lazarte se excusara por mantener una relación de vecindad con uno de los imputados. Esa excusación fue finalmente avalada por el Tribunal de Impugnaciones, que confirmó la intervención de Banó. Sin embargo, los abogados argumentan que, tras el regreso del juez Marcos Flores Leyes al Juzgado de Garantía Nº 3, desapareció el motivo que había originado aquel apartamiento y el expediente debe volver a su juez natural.
Mientras tanto, la jueza hizo lugar al pedido formulado por la Fiscalía de Instrucción Nº 6 y prorrogó por otros 30 días las medidas de coerción que pesan sobre los cinco imputados. Entre ellas se mantienen la obligación de firmar el libro de imputados y la inhibición general de bienes por el plazo previsto en la normativa registral.
Respecto de la prohibición de salir de la provincia, Banó recordó que la restricción continúa vigente para la mayoría de los acusados, aunque Luciano Anastasi ya había sido exceptuado anteriormente de esa medida. En el caso de Ernesto Alí, precisó que nunca se le impuso esa limitación debido a sus fueros como diputado nacional.
Asimismo, informó que ordenó librar oficio a los registros de la propiedad para dejar sin efecto la prohibición de contratar que había sido dispuesta al momento de la formulación de cargos, en septiembre de 2025, en cumplimiento de lo resuelto oportunamente por el Tribunal de Impugnaciones.
¿Por qué se los investiga?
Los cinco exfuncionarios fueron imputados en septiembre de 2025 por presuntas maniobras de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la imputación fiscal, durante la gestión de Luciano Anastasi al frente del Ministerio de Seguridad se firmaron convenios con distintos municipios para ejecutar refacciones en comisarías, cuarteles de bomberos y otras dependencias policiales. Los contratos fueron adjudicados de manera directa y contemplaban anticipos de hasta el 40% del monto de obra. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que se realizaron transferencias por montos superiores a los previstos sin que las obras comenzaran, avanzaran o fueran finalizadas.
Posteriormente, ya con Claudio Latini como ministro, esos convenios fueron rescindidos de común acuerdo invocando la inestabilidad económica y la inflación, pese a que gran parte de los fondos ya había sido transferida. De acuerdo con la acusación, inspecciones e informes técnicos realizados entre 2023 y 2024 constataron que las obras nunca se ejecutaron y que los edificios continuaban en estado de abandono.
Para la Fiscalía, los hechos responden a un mismo esquema de actuación consistente en celebrar contratos, liberar fondos públicos y posteriormente rescindir los convenios sin que existieran rendiciones suficientes ni ejecución efectiva de los trabajos comprometidos.
En ese marco, Luciano Anastasi y Claudio Latini fueron imputados por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real. Por su parte, Ernesto Alí, Jeremías Vivas y Mario Canali fueron imputados como coautores de fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.
