El intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, encabezó este jueves la presentación del proyecto de Ordenanza Tarifaria 2027, que contempla una reducción de impuestos, tasas, cánones y alícuotas para vecinos y comercios. La propuesta incluye bajas de hasta 40% en el Canon Comercial, del 33% en el Derecho de Comercio y del 85% en el acarreo de motos, además de beneficios en cartelería, estadía de vehículos y servicios sanitarios.

Durante la presentación, el intendente Gastón Hissa destacó que la propuesta fue elaborada a partir de la “escucha activa” de los vecinos. “Este proyecto de tarifaria la hemos pensado y la hemos materializado en base a la escucha, a la escucha muy activa de la ciudadanía”, afirmó.

Hissa destacó que la propuesta contempla “una baja radical de impuestos, importante, que realmente lo van a sentir” y explicó que la medida busca generar un alivio para los vecinos y comerciantes.

“La tarifaria que hemos remitido al Concejo Deliberante lleva una gran cantidad de bajas de impuestos”, sostuvo, y agregó que la medida alcanza a “tasas, alícuotas, sellados y cánones comerciales”, afirmó el jefe comunal.

Entre los principales cambios, el Derecho de Comercio para monotributistas pasará de 150 a 100 Unidades Monetarias Municipales (UMM), lo que representa una reducción del 33%. De acuerdo con los valores presentados, el monto mensual bajará de $22.120,50 a $14.747 para quienes estén al día. 

Para los responsables inscriptos, el Canon Comercial tendrá una alícuota general reducida de 2,5‰ a 1,5‰, una baja del 40%. También se reducirán las alícuotas para actividades específicas: tarjetas de crédito, entidades bancarias, remates de feria, producción y comercialización de combustibles, comercialización de telefonía, cadenas de farmacias y empresas fúnebres.
Además, los mínimos generales mensuales tendrán una reducción del 25%, al pasar de 400 a 300 UMM. El proyecto también establece la eximición durante un año de los sellados vinculados con habilitaciones, renovaciones y bajas comerciales.

Beneficios para comercios

La propuesta contempla un beneficio del 50% en las boletas de cartelería para los contribuyentes que estén al día con sus obligaciones en ese rubro.

El subecretario de Hacienda, Daniel Piñeda explicó que el esquema busca modificar el sistema actual de clasificación de los contribuyentes comerciales y establecer reducciones vinculadas al cumplimiento fiscal. En ese sentido, señaló que el objetivo es generar un alivio para el sector productivo y, al mismo tiempo, incentivar el pago de las obligaciones.

Acarreo y estadía de vehículos

Otro de los cambios importantes estará en las tarifas de acarreo. Actualmente existe una tarifa única de $54.068 para motos y automóviles. La propuesta establece valores diferenciados según el tipo de vehículo.

El acarreo de motos será de $8.245,37, un 85% menos que el valor actual, mientras que para los automóviles será de $38.388,28, una reducción del 29%. También se incorporarán categorías específicas para camiones y vehículos de gran porte.

La estadía diaria también tendrá una reducción. Para las motos pasará de $5.406,80 a $1.622,04, una baja del 70%, mientras que para los autos disminuirá de $9.461,90 a $4.980,61, un 47% menos.

Además, si el vehículo es retirado dentro de las primeras 72 horas, habrá un 50% de descuento en el acarreo y exención total de la tasa de estadía. El proyecto incorpora también planes de financiación de hasta 24 cuotas, un descuento del 40% en la estadía para vehículos de más de 15 años y un tope: el costo acumulado no podrá superar el 30% del valor de mercado del vehículo.

Hissa explicó que estas modificaciones surgieron de los planteos recibidos durante la denominada “escucha activa”. “Si el vecino se la retiene, ya sea la moto o el auto, y lo va a retirar dentro de las 72 horas, la estadía es sin costo, cero”, señaló. Markdown pegado

Reducciones en la tasa de agua

La Tarifaria 2027 también contempla modificaciones en la contribución sobre los servicios sanitarios. Luego de las reducciones aplicadas en la Zona 4 (el 70% de los barrios de la ciudad), que llegaron hasta el 60%, el proyecto propone beneficios para la Zona 2.

Para las familias de la Zona 2, la tarifa plana tendrá una reducción del 11% y el consumo básico del 20%. Para los comercios, la baja será del 11% en la tarifa plana y del 14% en el consumo básico.
También se incorporarán escalas más progresivas para el consumo de agua de los comercios especiales y las industrias, con más tramos para amortiguar los saltos entre los distintos niveles de consumo.

Hissa sostuvo que el objetivo de las reducciones es que el menor peso de las tasas permita a los vecinos destinar esos recursos a otros gastos. “Ahora como va a bajar, que la puedan destinar al tema alimentario, al tema de la escuela de los chicos. Es una ayuda más, suma”, expresó.

Por otra parte, Piñeda informó que la Unidad Monetaria Municipal (UMM), que actualmente tiene un valor de $144,47, pasaría a unos $157 desde enero de 2027. Explicó que la actualización se realiza cada tres meses y que los últimos incrementos fueron de aproximadamente entre 7% y 8% por trimestre.

Consultado por La Gaceta Digital sobre el impacto que las rebajas podrían tener en la recaudación municipal, Piñeda sostuvo que el resultado dependerá del nivel de cumplimiento de los contribuyentes. “No siempre subir tasas implica mayor recaudación”, señaló, y explicó que la apuesta del Municipio es que la reducción de las tasas incentive a los contribuyentes a mantenerse al día. “Nadie tiene asegurado que una estrategia pueda funcionar”, admitió, y agregó que el resultado de la medida podrá evaluarse con mayor precisión durante el próximo año.

El proyecto será tratado ahora por el Concejo Deliberante próximamente y la nueva Ordenanza Tarifaria comenzará a regir el 1° de enero de 2027.

El gobernador Claudio Poggi encabezó este miércoles una serie de actividades vinculadas con el sector productivo, en las que firmó la reglamentación del Régimen de Consorcios Camineros y entregó 130 certificaciones a empresarios y emprendedores. Durante el encuentro también repasó diferentes programas de articulación público-privada, anticipó que en los próximos días se firmará el Régimen de Incentivo a las Inversiones Estratégicas (RIPEE) y destacó los planes de agua y energía proyectados para los próximos diez años.

Una de las principales novedades fue la firma del decreto reglamentario de la Ley de Consorcios Camineros, que permitirá avanzar con un nuevo esquema para el mantenimiento de 4.461 kilómetros de caminos no pavimentados. La red fue dividida en 17 circuitos de alrededor de 250 kilómetros cada uno, organizados según las características de las diferentes zonas de la provincia.

Los consorcios funcionarán como asociaciones sin fines de lucro y podrán estar integrados por productores, propietarios y vecinos vinculados con cada circuito. La Provincia aportará el equipamiento básico y pagará por kilómetro mantenido, mientras que el financiamiento del programa surgirá de un fondo compuesto por lo recaudado mediante el Documento Provincial (DO.PRO) y el 50% del Impuesto Inmobiliario Rural. Según aclaró el director de Vialidad Provincial, Juan José Sosa Zamarbide, el sistema no incorporará una sobretasa vial ni costos adicionales para los productores.

“Es un paso muy importante para que los caminos no pavimentados de la provincia estén transitables a lo largo de todo el año”, afirmó Poggi. Más tarde, durante el encuentro con empresarios, explicó que el objetivo es descentralizar parte del mantenimiento debido a que “a veces el Estado llega tarde con Vialidad” y señaló que el esquema fue elaborado luego de analizar experiencias implementadas en otros lugares.

Certificaciones para 130 empresarios y emprendedores
En otra de las actividades de la jornada, el Gobierno reunió a 130 empresarios y emprendedores de diferentes sectores para entregar certificaciones vinculadas con financiamiento, generación de empleo, formación profesional, producción, minería, ambiente, acceso al agua, habilitaciones sanitarias y turismo.

Entre las herramientas presentadas se encuentran las líneas crediticias del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La coordinadora de la Unidad de Enlace Provincial, María Eugenia Vergés, informó que durante la jornada cinco empresas recibieron certificados de crédito y aseguró que ya son más de 100 las firmas financiadas, por un monto superior a los $5.000 millones invertidos en la provincia.

También se expuso el funcionamiento del subsidio destinado a empresas que incorporen beneficiarios del Plan de Inclusión Social a su planta de personal. El director de Inclusión Laboral y Fomento del Empleo, Carlos Gregorio, explicó que el convenio tiene una duración de 24 meses y que actualmente la compensación económica equivale a los $575.000 que percibe cada beneficiario, monto que se actualiza si aumenta ese ingreso.

Además, nueve empresas firmaron convenios dentro del programa de Desarrollo de Proveedores, mientras que San Luis Agua otorgó resoluciones de reempadronamiento de acueductos y los ministerios de Salud y Turismo y Cultura entregaron diferentes certificados y habilitaciones relacionados con sus áreas.

“Hacérsela fácil a la actividad privada”
Durante su discurso, Poggi sostuvo que el objetivo de las diferentes áreas del Ejecutivo es facilitar los trámites y gestiones que debe realizar el sector productivo, sin eliminar los controles correspondientes. “Nos hemos alineado todos con un objetivo común que es hacérsela fácil a la actividad privada”, afirmó.

El Gobernador recordó que la Provincia conformó siete mesas sectoriales vinculadas con industria, comercio exterior, logística y energías renovables; agro y agroindustria; actividad apícola; minería; producción frutihortícola; turismo y empresas de base tecnológica. Según explicó, de esos encuentros surgieron diferentes medidas que luego fueron incorporadas a las políticas provinciales.

Poggi también vinculó el desarrollo del sector privado con la generación de puestos de trabajo. “En el San Luis de hoy uno aspira a tener un sector público tan grande como sea necesario para cumplir sus servicios básicos y un sector privado tan grande como sea posible”, manifestó.

RIPEE y los planes de agua y energía
En ese marco, el mandatario anticipó que en los próximos días el Gobierno firmará el RIPEE, régimen que contempla beneficios tributarios provinciales durante 15 años para inversiones que cumplan con los requisitos establecidos. “Es otro acompañamiento del sector público al desarrollo de las inversiones, más trabajo a través del sector privado”, señaló.

También se refirió a los planes maestros de Agua y Energía 2026-2036, elaborados junto con el CFI y actualmente en tratamiento legislativo. Según Poggi, ambos instrumentos establecen las obras y políticas previstas para la próxima década con el objetivo de que la disponibilidad de esos recursos acompañe el crecimiento de las actividades productivas y de servicios.

“Estamos pensando en el presente, pero nos estamos anticipando al futuro”, expresó el Gobernador, quien sostuvo que la planificación busca generar previsibilidad para los emprendimientos y empresas de la provincia.

Finalmente, Poggi mencionó la aprobación del Presupuesto provincial 2027 y aseguró que las cuentas públicas proyectadas se encuentran equilibradas. Según señaló, el cálculo contempla el funcionamiento del Estado y una porción destinada a infraestructura “sin necesidad ni de aumentar tributos, ni de tomar deudas que comprometan el futuro de los sanluiseños”.

El diputado nacional Máximo Kirchner fue demorado este miércoles durante cerca de dos horas en San Luis, cuando viajaba hacia San Juan a bordo de una Honda CR-V que figuraba con un pedido de secuestro vinculado a la causa Hotesur. Tras realizar las consultas correspondientes con la Justicia Federal, el legislador pudo continuar viaje en el mismo vehículo, ya que, según información publicada posteriormente, la medida judicial que había generado la alerta ya no se encontraba vigente.

El procedimiento se produjo pasadas las 14, cuando la Policía de San Luis detectó el vehículo mediante el Anillo Digital Federal. De acuerdo con el parte oficial de la fuerza, existía un pedido de secuestro emitido mediante un oficio judicial federal y la Honda CR-V figuraba a nombre de Máximo Carlos Kirchner, quien se encontraba al volante. El requerimiento estaba relacionado con el expediente caratulado “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/Info. Art. 303 del CP”.

La información policial difundida inicialmente se limitó a señalar que los efectivos realizaban las actuaciones correspondientes y aguardaban instrucciones de la Justicia para determinar los pasos a seguir. En las primeras horas circularon incluso versiones que hablaban de la detención de Kirchner y del secuestro de la camioneta, pero finalmente ninguna de esas situaciones se concretó.

Según reconstruyó Infobae, la orden que aparecía en los registros policiales correspondía a un antiguo oficio firmado por el juez federal Julián Ercolini en el expediente 11.352/2014. La disposición había incluido el secuestro de vehículos pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez y otras personas y sociedades investigadas, pero la medida sobre la Honda que conducía el diputado había quedado posteriormente sin efecto. Esa actualización no se encontraba reflejada en la información con la que actuó inicialmente la Policía de San Luis.

Por ese motivo, Kirchner permaneció demorado mientras los efectivos consultaban con la Justicia Federal si el requerimiento continuaba vigente. Una vez recibida la confirmación de que la medida ya no estaba activa, fue autorizado a seguir viaje hacia San Juan con el mismo vehículo. Durante el procedimiento también fue sometido a un control de alcoholemia, que dio resultado negativo.

La versión de Máximo Kirchner
“Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente, para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros. Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema, en la ciudad de Buenos Aires y autopistas bonaerenses. Recientemente lo hice cuando fuimos a La Rioja y a Mar del Plata. En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez Ercolini, de Comodoro Py. También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que por supuesto dio negativo”, manifestó el diputado nacional en un comunicado difundido esta tarde.

“Como siempre hice, esperé a disposición de la policía provincial y de la Justicia para que aclaren el entuerto. Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje”, continuó Kichrner.

“Mientras rematan el país, la policía, la Justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos. No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco. Mañana nos vemos en San Juan”, subrayó Máximo Kirchner, quien viajaba hacia esa provincia para mantener distintas actividades políticas, entre ellas un encuentro con el senador nacional y exgobernador Sergio Uñac y otros dirigentes del peronismo sanjuanino.

Un día antes habían secuestrado otro vehículo vinculado a la causa
El episodio ocurrió un día después de que la Policía de San Luis secuestrara una RAM 2500 que figura registralmente a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y sobre la cual también existía un requerimiento judicial relacionado con la causa Hotesur.

En ese caso, la camioneta había ingresado a la provincia el domingo y fue detectada por las lectoras de patentes del Anillo Digital Federal. Posteriormente fue interceptada mientras circulaba por la ruta provincial 1 y, tras constatarse que el pedido de secuestro se encontraba vigente desde febrero de 2019, quedó a disposición de la autoridad judicial. El vehículo era conducido por un hombre residente en San Luis que manifestó haberlo adquirido posteriormente.

La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) denunció que hay más de 100 recategorizaciones de trabajadores de la salud pendientes desde 2023 y cuestionó que distintas especialidades dejaron de percibir el adicional correspondiente. La secretaria general del gremio, Miriam Porter, sostuvo que la situación se encuentra frenada y que el sindicato abrió una instancia de negociación con el Ministerio de Salud.

Porter explicó que la última recategorización se realizó en mayo de 2023 y que desde entonces no se concretaron las correspondientes a 2024, 2025 y 2026. Según señaló, el gremio cuenta con expedientes y presentaciones de trabajadores que esperan una respuesta.

“Estamos hablando de que no se está cumpliendo la ley”, afirmó la dirigente, quien agregó que APTS realizó presentaciones individuales de sus afiliados y también acompañó reclamos colectivos de trabajadores que no forman parte del sindicato.

“Llevamos tres años de demora. Hay más de 100 recategorizaciones que tenemos con los expedientes, que tenemos con la gestión”, sostuvo Porter. Además, señaló que el gremio presentó documentación ante el Ministerio de Salud para reclamar que se regularice la situación.

Según explicó la secretaria general de APTS, el freno estaría vinculado a un decreto de necesidad y urgencia dictado al comienzo de la actual gestión provincial, que estableció restricciones para las incorporaciones de personal. “Está frenado todo lo que es recategorizaciones”, respondió Porter ante la consulta sobre si esa normativa también alcanzaba a estos trámites.

De todos modos, la dirigente informó que en los últimos días mantuvieron reuniones con el área de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y que lograron abrir una instancia de negociación. APTS espera mantener una nueva reunión la próxima semana para conocer la respuesta oficial a los reclamos por las recategorizaciones.

Reclamo por las especialidades

Además de las recategorizaciones, Porter planteó otro reclamo relacionado con el pago de especialidades a profesionales de distintas disciplinas de la salud.

“Se han dejado de pagar especialidades de las disciplinas médicas, de las distintas disciplinas”, afirmó. Según explicó, el Ministerio estaría aplicando un decreto de 2005 que, de acuerdo con la interpretación del gremio, quedó desactualizado frente a las modificaciones posteriores.

APTS presentó reclamos ante el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda para solicitar que vuelvan a incorporarse al pago aquellas especialidades que dejaron de percibirse. Porter indicó que el sindicato también remitió una carta documento y que espera obtener respuestas durante la próxima semana.

La dirigente señaló que actualmente tienen identificados alrededor de 25 especialistas afectados por esta situación, entre profesionales de microbiología, hematología, bioquímica, odontología y kinesiología, entre otras disciplinas.

Porter explicó que la normativa sobre especialidades tuvo distintas modificaciones y anexos desde 2005, mediante los cuales se incorporaron nuevas disciplinas y especialidades. Entre ellas mencionó áreas vinculadas con bioquímica, odontología, kinesiología y enfermería.

También hizo referencia a una especialidad denominada multifactorial, que, según explicó, puede ser reconocida independientemente de la carrera de grado del profesional cuando se cumplen los requisitos correspondientes. “No importa la carrera de grado que vos tengas, o sea, tu título de grado, que puede ser médico, bioquímico, enfermero”, explicó.

La secretaria general de APTS señaló que tanto el reclamo por las recategorizaciones como el correspondiente al pago de especialidades serán abordados en las reuniones que el gremio prevé mantener con funcionarios provinciales la próxima semana.

El intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, y el gobernador Claudio Poggi presentaron este miércoles al mediodía seis nuevas unidades 0 km de Transpuntano que comenzarán a prestar servicio en las líneas A, D, OK, E y F. Durante el acto, realizado en la plaza del barrio AMEP, también se presentó una barredora 0 km que será incorporada al plan de limpieza urbana.

Hissa destacó que la incorporación de las unidades forma parte de la decisión de mantener a Transpuntano como empresa municipal y fortalecer su funcionamiento bajo el criterio de “rentabilidad social”.

“Es cumplir con la palabra empeñada y es importante eso, con un hecho concreto habíamos anunciado, primero tomamos una decisión política a comienzo de la gestión de robustecer, de mantener a la empresa Transpuntano como empresa municipal con este espíritu de la rentabilidad social”, señaló.

El intendente recordó que el Municipio implementó el boleto gratuito para jubilados, que alcanza a unos 12.000 beneficiarios, mientras que junto al Gobierno provincial sostiene el boleto estudiantil gratuito, utilizado por más de 18.000 estudiantes.

“Para acompañar estas políticas públicas también hay que robustecer y hacer crecer la empresa. Es por eso que tomé la decisión de adquirir nuevas unidades”, explicó.

17 colectivos 0 km durante el año

Hissa recordó que en febrero se incorporaron cinco unidades 0 km y que posteriormente el Municipio realizó una licitación para adquirir otras 12. Las seis presentadas este miércoles son las primeras de ese segundo grupo y, según explicó, las restantes seis llegarán en los próximos días.

De esta manera, el Municipio prevé incorporar 17 unidades 0 km durante este año.

Las nuevas unidades serán destinadas a reforzar las líneas A, D, OK, E y F. En el caso de la línea D se incorporarán dos colectivos.

El intendente también señaló que Transpuntano cuenta actualmente con unos 350 trabajadores y sostuvo que la incorporación de unidades permite fortalecer las fuentes laborales vinculadas con la empresa.

Hissa mencionó además otras obras vinculadas con el transporte urbano, como la construcción de 120 refugios para colectivos y el plan Mejorando tu Cuadra, que contempla la repavimentación de calles y, según explicó, contribuye a mejorar la transitabilidad de las unidades.

Una barredora 0 km para los bulevares

Durante la misma actividad se presentó una barredora 0 km, que será incorporada al plan integral de limpieza urbana del Municipio.

Hissa explicó que se trata de un camión automatizado equipado con un sistema de discos que permitirá realizar el barrido de los bulevares de manera más eficiente.

El funcionamiento de la nueva unidad será mostrado este jueves en el boulevard del barrio Serranías Puntanas.

La incorporación se complementará con una cuadrilla de 20 trabajadores que realizará tareas manuales de limpieza en las calles internas e intersecciones de los barrios.

“Es un plan integral de barrido urbano que realmente nos habían pedido los vecinos. Esto surgió de la escucha activa porque hace muchísimos años no se veía el barrido en los barrios”, afirmó Hissa.

El intendente señaló que el objetivo es que la barredora trabaje principalmente sobre los bulevares centrales, mientras que las cuadrillas realizarán tareas de limpieza en el interior de los barrios.

La nueva maquinaria se suma a otras medidas implementadas por el Municipio dentro del plan de limpieza, entre ellas el centro de transferencia móvil, la recolección diferenciada, la instalación de nuevos contenedores en el centro y la incorporación de camiones de carga lateral para la recolección de residuos.

Hissa aseguró que dejará la gestión sin deudas

Durante sus declaraciones, el intendente también se refirió a la situación financiera vinculada con las unidades de Transpuntano incorporadas durante la gestión anterior.

Hissa sostuvo que la administración anterior había adquirido colectivos poco antes de las elecciones, abonado una cuota y dejado posteriormente la deuda pendiente. Según afirmó, en ese momento existía el riesgo de que las unidades fueran retiradas por falta de pago.

“Decidimos mantener la fuente de trabajo de los trabajadores, decidimos robustecer la empresa, hicimos un esfuerzo”, señaló.

El intendente indicó que actualmente la Municipalidad destina $750 millones a Transpuntano para contribuir al funcionamiento de la empresa y destacó que el boleto tiene un valor de $1.200, que calificó como uno de los más bajos del país.

Además, afirmó que en noviembre se saldará una deuda anterior de US$670.000 y explicó que las nuevas unidades fueron adquiridas mediante financiamiento bancario.

“Diciembre del 2027 queda saldada completamente la deuda, o sea, nosotros finalizado mi mandato dejamos todo al día, o sea, sin deudas”, aseguró Hissa.

La dirección de Catastro y Tierras Fiscales de la provincia informó la actualización y el nuevo formato del plano de mensura que se registra ante esta dependencia. El documento incorpora un código QR que, al ser escaneado, redirige al sitio web institucional para verificar su autenticidad y consultar los datos del plano.

El director de Catastro y Tierras Fiscales, Darío Crivello, explicó que, una vez dentro del sistema catastral, se puede acceder a la descarga del plano de mensura y verificar la autenticidad del documento, es decir, si el mismo no ha sido adulterado. Además, permite conocer la afectación de la parcela de origen sobre la que se realizó el plano y consultar las nuevas parcelas que pudieran haberse generado, así como todas las mensuras realizadas sobre esa misma parcela.

“Si sobre esta parcela de origen se generaron nuevas parcelas, nos permite ver cuáles son, así como también todas las mensuras que se hayan generado sobre la misma. Por ejemplo, si sobre esa parcela de origen hubiera un plano de mensura de usucapión, esto será informado o publicitado a través de la verificación con el código QR”, precisó el funcionario.

Crivello destacó que el código es interactivo en el tiempo, lo que significa que una persona puede volver a escanearlo, incluso un año después, y acceder a la información actualizada al momento de la consulta. Esto permite mantener actualizada la situación catastral de la parcela afectada por el plano, así como conocer las mensuras que pudieran existir sobre ella.

“Esta nueva herramienta que ponemos en manos de la gente permite revisar a través de este código QR el estado de una parcela de su interés, pudiendo así, por ejemplo, tomar conocimiento de posibles intentos de usucapión, que de no ser por este medio recién podrían tomar conocimiento cuando se les notifique del traslado de la demanda judicial”, agregó Crivello.

Asimismo, manifestó que esta actualización se genera en el marco de las acciones que continúa llevando adelante la Dirección de Catastro y se suma al nuevo certificado catastral, que se puso en funcionamiento en julio de este año. Este documento también es interactivo y brinda información actualizada, incorporando, en conjunto o por separado, nuevos elementos para otorgar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos.

Fuente: ANSL

La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) manifestó su preocupación por los indicadores vinculados al suicidio en San Luis y cuestionó que las políticas de prevención y concientización no tengan, según el gremio, una respuesta equivalente cuando quienes atraviesan problemas de salud mental son los propios trabajadores del sistema sanitario. “Hay un desfasaje entre lo que es la teoría y la práctica”, resumió la secretaria general, Miriam Porter.

La conferencia se realizó este miércoles, en el cierre del mes de concientización para la prevención del suicidio y a pocos días del Día Mundial de la Salud Mental. Porter sostuvo que los últimos datos conocidos justifican una discusión que vaya más allá de las campañas de sensibilización: según las cifras expuestas por APTS, San Luis pasó de una tasa de 16,3 suicidios cada 100.000 habitantes en 2023 a 17,5 en 2024 y 18,9 en 2025. Para este último año, el sindicato mencionó 96 casos, frente a 86 del período anterior.

En primer lugar, la dirigente aclaró que la Provincia cuenta con un registro que calificó como “muy puntilloso” y reconoció que posibles diferencias en la calidad de los registros entre jurisdicciones pueden incidir en las comparaciones nacionales. Sin embargo, consideró que eso no reduce la gravedad de los números locales. “Está muy bueno y apoyamos fielmente lo que es la concientización, la visibilización”, señaló, pero advirtió que “si no hay respuesta, difícilmente podamos bajar estos índices”.

Para APTS, uno de los principales problemas está en lo que sucede después de que una persona pide asistencia. Porter enumeró interrogantes sobre los tiempos de respuesta, el seguimiento, el acompañamiento y la evaluación posterior de los casos y reclamó que los protocolos puedan trasladarse efectivamente a la atención cotidiana.

“En teoría hay varios protocolos que se están limando un poco porque hay un engranaje que no termina de aceitarse”, planteó. Según la titular del sindicato, lo que falta es conseguir “la respuesta inmediata a la persona que está pidiendo ayuda”.

“Puertas para afuera se concientiza, pero puertas para adentro no sucede lo mismo”
La secretaria Gremial de APTS, Carola Piasco, concentró sus críticas en la situación de quienes trabajan dentro del sistema público de Salud. “Puertas para afuera se hace una concientización en la comunidad, pero puertas para adentro no sucede lo mismo con los trabajadores de la salud”, cuestionó.

Según explicó, el gremio recibe reclamos de trabajadores con licencias por tratamientos psicológicos o psiquiátricos que encuentran dificultades para justificar sus ausencias y deben acreditar reiteradamente sus diagnósticos. La situación se vuelve más compleja en el interior provincial: Piasco aseguró que quienes presentan una licencia psiquiátrica deben trasladarse hasta San Luis o Villa Mercedes para realizar determinados trámites.

Porter agregó que también han detectado problemas para conseguir turnos a través del sistema utilizado para presentar certificados médicos. “El portal te dice que no hay turno, ¿qué se supone que va a hacer el trabajador, encima que está mal?”, planteó. APTS llevó el reclamo a DOSEP y pidió una articulación con el Ministerio de Salud que permita facilitar la atención y la validación de certificados, incluso mediante profesionales de Psicología ante la escasez de psiquiatras.

Piasco vinculó además los padecimientos de salud mental con las condiciones económicas de los trabajadores y reclamó que la cartera sanitaria tenga una política específica para su propio personal. “El Ministerio debe responder cuál es el dispositivo con el que cuenta hoy para sus trabajadores”, sostuvo, antes de reclamar que “lo que dice puertas para afuera, lo aplique puertas para adentro”.

El sindicato también pidió incorporar una tercera instancia dentro del sistema de control de licencias que permita resolver las controversias cuando se cuestiona el diagnóstico realizado por el médico tratante del trabajador.

Para APTS, la discusión sobre salud mental requiere así dos planos simultáneos: fortalecer las respuestas disponibles para la población general y revisar qué ocurre con quienes sostienen diariamente el sistema sanitario. “¿Quiénes cuidan a los que se encargan de cuidar a la población en la provincia de San Luis?”, sintetizó Porter.