Con un presupuesto de $12.000 millones, el Gobierno finalmente arreglará 12 kilómetros de la avenida Santo Ortiz

El Gobierno provincial inició este miércoles la tan reclamada puesta en valor integral de la avenida José Santos Ortiz, uno de los principales corredores viales de la ciudad de San Luis y que en los últimos años ha sufrido un marcado deterioro. La obra contempla la intervención de los 12 kilómetros comprendidos entre la avenida Los Puquios y el autódromo Rosendo Hernández, con una inversión estimada en $12.000 millones y un plazo de ejecución de ocho meses.

El gobernador Claudio Poggi, que encabezó el acto de inicio, vinculó la obra con el traspaso de jurisdicción que la Provincia gestiona ante el Gobierno Nacional, para el cual recientemente se reunió con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Según detalló, hubo tres cuestiones vinculadas con la traza: la posibilidad de extender por 25 o 30 años la concesión del corredor entre Desaguadero y Justo Daract, el traspaso de estos 12 kilómetros a jurisdicción provincial y la autorización para que San Luis pudiera ejecutar obras mientras se completa ese proceso administrativo.

“Son tres acciones: dos están en proceso, la concesión, la prórroga de la concesión y el traspaso de la jurisdicción, y el inicio de la obra, que era lo más urgente que nosotros queríamos”, explicó Poggi, quien remarcó que la Provincia no podía intervenir formalmente sobre la avenida mientras permaneciera bajo jurisdicción nacional.

Poggi también cuestionó que una obra similar haya sido licitada y adjudicada durante la gestión anterior, el 31 de julio de 2023, pero no se ejecutó por falta de fondos. “La Provincia no podía quedarse con los brazos cruzados ante tanta inseguridad vial; tantas vidas que corren peligro por transitar la avenida Santos Ortiz”, afirmó. Sobre el proyecto actualmente en marcha, sostuvo: “Dentro de unos meses esto va a quedar como una maravillosa y jerarquizada avenida urbana”.

“Es una obra pública muy esperada y muy necesaria por el enorme tránsito que tiene. Debe ser la arteria de mayor tránsito de la provincia de San Luis y está en muy mal estado, lo cual es un caldo de cultivo muy fuerte para los accidentes viales y para la pérdida de vidas a partir de los accidentes viales”, comentó.

Los trabajos incluirán la repavimentación completa de ambas manos, bacheo profundo y superficial, fresado, sellado de fisuras, reconstrucción de banquinas, renovación de la iluminación y de la señalización horizontal y vertical. Según explicó el director de Vialidad Provincial, Juan José Sosa, el objetivo es recuperar un tramo que presenta un importante deterioro y que tiene un elevado nivel de circulación diaria.

“Es una obra que hace mucho tiempo estaba demandada, que incluye el saneamiento de las calzadas con bacheo, fresados y sellados de fisuras, para posteriormente aplicar una carpeta completamente nueva tanto en la mano sur como en la mano norte”, explicó Sosa. El funcionario destacó además que la intervención “no sólo” tendrá impacto en el tránsito de la ciudad, sino que permitirá mejorar la vinculación con los parques industriales y los sectores productivos de la provincia.

El proyecto tiene como fecha estimada de finalización el primer semestre de 2027 y la intención expresada durante el acto fue que los trabajos puedan estar terminados antes del inicio del ciclo lectivo. El ingeniero de la empresa SEMISA, Carlos Segura, señaló que la firma buscará reducir los plazos dentro de las posibilidades técnicas. “Hay una realidad técnica de ciertos plazos que hay que respetar, pero ojalá podamos achicarlo a efectos de dejar transitable la avenida antes del comienzo del ciclo lectivo”, sostuvo.

Segura detalló que las tareas comenzarán con el fresado y retiro del pavimento deteriorado, acompañado por bacheos profundos en los sectores más comprometidos. Luego se colocará una nueva base y carpeta asfáltica, para completar la intervención con la demarcación horizontal y vertical. “Queremos dejarla en óptimas condiciones, transitable para todos”, afirmó.

 

San Luis hizo historia: realizaron la primera reconstrucción femoral con un implante personalizado

Este martes 11, el sistema público de salud de San Luis llevó a cabo un hito médico y tecnológico. Por primera vez, un equipo multidisciplinario reconstruyó un defecto óseo femoral de gran magnitud a través de un implante personalizado de titanio trabecular, diseñado e impreso en 3D específicamente para la anatomía de la paciente.

La cirugía se realizó en los quirófanos de alta tecnología del hospital Juan Domingo Perón de Villa Mercedes. La paciente es una joven de 21 años que convivía desde hacía años con una severa pérdida ósea y había atravesado varios procedimientos que no lograron resolver el problema.

El defecto comprometía la estructura y la capacidad de soporte del fémur. Afectaba su movilidad y le impedía cargar peso adecuadamente sobre el miembro. Por su magnitud y localización, ninguna pieza convencional disponible en el mercado podía ofrecer la precisión y estabilidad necesarias.

El procedimiento estuvo encabezado por los doctores Juan Pablo Beltramone y Fernando Alcaraz; los instrumentadores quirúrgicos Melina Coria y Gaspar Zárate; los circulantes Bárbara Torres y Nora Ortiz e Ismael Kalil de radiología intraoperatoria. Raomed desarrolló y fabricó el implante personalizado, mientras que Biotar proveyó el injerto óseo cadavérico.

Una solución única para ella.

A partir de estudios por imágenes, se reconstruyó digitalmente el fémur y se diseñó una pieza ajustada con exactitud al defecto óseo. El implante fue fabricado mediante impresión 3D en titanio trabecular, un material cuya estructura porosa favorece la integración con el tejido óseo.

La reconstrucción se complementó con injerto óseo cadavérico, aportado por Biotar, para sumar un componente biológico al soporte mecánico del implante. El diseño y la fabricación de la pieza se realizaron en coordinación con Raomed.

Durante cuatro horas, tecnología, ingeniería y cirugía de alta complejidad confluyeron en los quirófanos del Hospital ‘Juan Domingo Perón’. La intervención se desarrolló sin complicaciones intraoperatorias y la paciente presentó una evolución favorable en el posoperatorio inicial.

Esta cirugía inédita demuestra la capacidad del sistema público de salud de San Luis para incorporar medicina personalizada y resolver procedimientos de enorme complejidad. También abre nuevas posibilidades para pacientes con pérdidas óseas severas que no encuentran respuesta en los tratamientos convencionales y que, hasta ahora, podían requerir derivaciones fuera de la provincia.

Lo que durante años no pudo resolverse encontró una nueva alternativa en San Luis: un implante único, creado para una paciente única y colocado por un equipo preparado para hacer historia.

Habrá festejos por el Día del Niño en la EDIRO y el Parque de las Naciones

Este miércoles, funcionarios de la secretaría de Transporte y del ministerio de Turismo y Cultura, brindaron detalles sobre las actividades que ambas carteras desarrollarán este fin de semana, como parte de los festejos por el Día del Niño.

Iván Gil, director de Sitios Culturales y Recreativos del ministerio de Turismo y Cultura, destacó que se trata de “una acción transversal que convoca a todos los ministerios y secretarías de Estado, también con el aporte de la Universidad Nacional de San Luis y la UPrO”. El domingo el Parque de las Naciones “se va a vestir de fiesta” y contará con dos escenarios: el central en la Plaza de Eventos y otro complementario a cargo del Ministerio de Gobierno.

La apertura oficial será a las 15.30 con la Orquesta Infanto Juvenil. Luego habrá títeres, magia, bandas de folklore y cuarteto, además de chocolate caliente servido por el Ejército Argentino y el Ministerio de Desarrollo Humano. “La idea es que las familias disfruten una jornada de recreación, con propuestas didácticas adaptadas para que los niños conozcan lo que está haciendo el gobierno diario”, explicó el funcionario.

El operativo incluye transporte gratuito para los chicos, refuerzos en las líneas A, B, G, I y E, accesos peatonales, seguridad integral con Policía y preventores, guardaparques, servicios sanitarios reforzados y ambulancias de alta complejidad. También habrá Feria de Emprendedores y stands ministeriales. “Este tipo de eventos apuntan a la reconstrucción del tejido social, la familia se encuentra en el parque y nosotros nos sentimos orgullosos de abrir sus puertas”, subrayó.

Por su parte, Guadalupe Soria, directora de Desarrollo, Vinculación y Promoción Institucional de la secretaría de Transporte, anunció que “la EDIRO también se suma a las celebraciones del Día del Niño con el primer festival del pelotero que se va a llevar a cabo este sábado 15 de agosto de 16:00 a 19:00”.

“El Gobernador nos marcó un norte muy importante, el de poder consolidar a la EDIRO como un centro de integración, un punto de conexión, un espacio donde la gente pueda disfrutar y también un espacio de oportunidades”, señaló.

El festival ofrecerá peloteros inflables, plaza blanda, glitter, talleres de pintura, sorteos y cine. “Es de entrada libre y gratuita, vamos a contar con Prevención Ciudadana, Policía y SEMPRO, y recordemos que la EDIRO es un ambiente climatizado, preparado para recibir a toda la comunidad”, agregó Soria.

El cierre será con cine para personas neurodiversas a las 15:00 y cine convencional a las 18:00. Para más información, la grilla completa estará disponible en las redes sociales oficiales (@edirosanluis).

Diputados sancionó el RIPEE: la ley con la que el Gobierno quiere incentivar inversiones y la creación de empleo

La Cámara de Diputados sancionó por mayoría la iniciativa oficialista de Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), que establece un nuevo marco de promoción de inversiones y generación de empleo en la provincia.

El proyecto define como objetivo del régimen el fomento de la inversión y la generación de empleo en San Luis mediante instrumentos de promoción económica. Su alcance incluye actividades agropecuarias, apícolas, frutihortícolas, mineras, industriales, de la construcción, energéticas, logísticas, comerciales, turísticas, culturales y tecnológicas, entre otras.

Entre los principios que establece se encuentran el desarrollo territorial sustentable, la estabilidad y previsibilidad normativa, el desarrollo del empleo, el encadenamiento productivo y el uso de la política fiscal como herramienta para promover el desarrollo económico y la generación de puestos de trabajo.

El RIPEE declara además al desarrollo económico y del empleo como política de Estado de la provincia, con el objetivo de generar condiciones de estabilidad, previsibilidad normativa y seguridad jurídica para favorecer las inversiones y las actividades económicas.

Beneficios tributarios para nuevas inversiones

Uno de los principales capítulos del proyecto establece el Programa de Fomento a las Nuevas Inversiones. Los beneficiarios que presenten proyectos de inversión podrán acceder a exenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas.

La escala prevista establece una exención del 100% durante los primeros cinco años, del 75% entre el sexto y el décimo año y del 50% entre el undécimo y el decimoquinto año.

En el caso de Ingresos Brutos, el beneficio alcanzará a los ingresos generados por la nueva inversión, mientras que para los impuestos Inmobiliario y a los Automotores se aplicará sobre los bienes directamente afectados al proyecto.

El proyecto también contempla la exención del Impuesto de Sellos y de Tasas Administrativas para los actos, contratos, instrumentos y trámites vinculados con los proyectos aprobados. Si la inversión finalmente no se pone en marcha, los tributos oportunamente eximidos deberán ser abonados con los intereses, recargos y multas correspondientes.

Otra alternativa será el Programa de Incentivos Fiscales, destinado a proyectos que contemplen una inversión mínima equivalente a dos veces los impuestos provinciales devengados durante los 12 meses anteriores a su presentación.

En este caso, los beneficiarios podrán acceder a un crédito fiscal equivalente al 50% de los impuestos provinciales devengados durante los 12 meses posteriores a la aprobación del proyecto. El crédito tendrá carácter nominativo e intransferible y podrá utilizarse para cancelar obligaciones tributarias provinciales.

También incluye a la actividad industrial

El régimen incorpora una sección específica destinada a la actividad industrial, con una exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los contribuyentes que desarrollen actividades industriales en la provincia y cumplan con los requisitos establecidos.

Para conservar el beneficio, las empresas deberán asumir compromisos anuales relacionados con el personal, la inversión, la producción y la generación de vínculos con proveedores y clientes radicados en San Luis.

El proyecto establece que el incumplimiento de esos compromisos puede provocar la pérdida de la exención y la obligación de pagar el impuesto correspondiente con sus intereses y accesorios.

A su vez, las empresas que ya sean beneficiarias de regímenes anteriores podrán mantener los beneficios bajo las condiciones previstas por el nuevo régimen.

Un subsidio para incorporar trabajadores del Régimen de Inclusión Social

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un subsidio al empleo para los empleadores que incorporen a su plantilla, bajo el régimen laboral vigente, a personas comprendidas en el Régimen de Inclusión Social.

El aporte será equivalente al monto del beneficio social que perciba cada persona al momento de su incorporación. La incorporación deberá representar un incremento neto de la planta laboral y no podrá utilizarse para reemplazar trabajadores existentes.

El subsidio tendrá carácter temporal y decreciente: durante el primer año podrá alcanzar hasta el 100% del beneficio social vigente; durante el segundo año será de hasta el 75% durante el primer semestre y del 50% durante el segundo semestre.

Una vez finalizado ese período, el empleador deberá asumir íntegramente el costo laboral del trabajador incorporado.

Inmuebles fiscales para proyectos productivos

El proyecto también incorpora herramientas para que el Estado provincial pueda destinar inmuebles fiscales a inversiones y actividades económicas.

Los bienes del dominio privado del Estado podrán otorgarse mediante concesión de uso, locación, comodato, derecho real de superficie, venta u otros instrumentos jurídicos compatibles con los objetivos del régimen. Para las concesiones de uso, locaciones y comodatos se establece un plazo de hasta 20 años.

Además, se autoriza al Poder Ejecutivo a vender inmuebles fiscales destinados al desarrollo de actividades económicas mediante licitación pública, subasta pública, iniciativa privada o concurso de proyectos. También podrá recurrirse a la venta directa en determinados casos de urgencia, circunstancias sociales o económicas o razones de interés público debidamente acreditadas.

El producido de estas operaciones deberá destinarse a infraestructura productiva y/o social, fondos de garantía y programas de financiamiento de actividades económicas privadas. El proyecto establece expresamente que esos recursos no podrán utilizarse para financiar el gasto público corriente.

Herramientas de financiamiento

El RIPEE faculta al Poder Ejecutivo a implementar instrumentos destinados a facilitar el acceso al financiamiento de los proyectos comprendidos en el régimen.

Entre las herramientas previstas aparecen líneas de crédito de fomento, mecanismos para facilitar el acceso al financiamiento, asistencia para la reconversión de empresas, subsidios para bonificar tasas de interés, períodos de gracia y subsidios destinados a programas de capacitación de personal.

También se autoriza al Ejecutivo a crear, constituir o participar en fondos de garantía, fideicomisos y fondos de respaldo crediticio, entre otros instrumentos, con el objetivo de garantizar total o parcialmente operaciones de crédito, inversiones y necesidades de financiamiento de los proyectos alcanzados por el régimen.

Participación privada y compra de producción local

Otro de los capítulos incorporados en el proyecto habilita a las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), Sociedades Anónimas Unipersonales pertenecientes al Estado y otros entes provinciales a participar en alianzas estratégicas con personas humanas o jurídicas del sector privado.

Además, se faculta al Poder Ejecutivo a disponer la transformación de determinados entes y sociedades estatales en SAPEM con el objetivo de permitir la incorporación de capital privado. El proyecto establece que deberán garantizarse la continuidad de las relaciones laborales existentes y el respeto de los convenios colectivos vigentes.

La iniciativa también autoriza al Estado provincial y a sus organismos a adquirir bienes producidos por empresas radicadas en San Luis mediante compulsa de precios o contratación directa, con el objetivo de promover el desarrollo económico y proteger el empleo local.

Mesas sectoriales

El RIPEE institucionaliza además Mesas Sectoriales como espacios de diálogo entre el Estado provincial y el sector privado.

El proyecto prevé mesas para sectores como industria, logística, comercio exterior y energías renovables; ganadería, agricultura y agroindustria; turismo, esparcimiento, industrias culturales y comercio; minería y mineroindustria; frutihorticultura y producción familiar; apicultura; e industrias de base tecnológica, industria del conocimiento e inteligencia artificial.

Estos espacios estarán integrados por representantes del sector público, privado, organizaciones no gubernamentales, entidades académicas y organismos científicos y tecnológicos vinculados con cada actividad.

Requisitos para acceder a los beneficios

El acceso a los beneficios no será automático. Las personas y empresas interesadas deberán presentar un proyecto de inversión vinculado con alguna de las actividades contempladas por el régimen.

Los proyectos deberán establecer los compromisos en materia de inversión, empleo, producción y vinculación con actores económicos provinciales. Además, serán evaluados en función del monto de la inversión, la conservación o generación de empleo y su impacto en la economía provincial.

La aprobación de los proyectos y el otorgamiento de los beneficios se formalizarán mediante Decreto del Poder Ejecutivo. Los beneficios podrán ser compatibles entre sí, aunque el Programa de Fomento a las Nuevas Inversiones y el Programa de Incentivos Fiscales serán excluyentes entre sí para un mismo sujeto y proyecto.

El proyecto también establece que los beneficios fiscales, promocionales o económicos otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley conservarán su validez hasta su extinción, de acuerdo con las condiciones bajo las cuales fueron concedidos.

Articulación con los regímenes nacionales

El texto incorpora además la adhesión de San Luis al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) previsto en la Ley Nacional 27.802, siempre que resulte compatible con el régimen provincial.

También establece que los proyectos alcanzados por el RIMI o por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) podrán solicitar su incorporación al RIPEE, aunque el acceso a los regímenes nacionales no generará automáticamente una acumulación de beneficios provinciales.

En materia laboral, el proyecto contempla que la regularización de relaciones laborales realizada en el marco del régimen nacional de promoción de inversiones podrá ser considerada como generación de nuevos puestos de trabajo, en las condiciones que determine la reglamentación.

Quién aplicará el régimen

La Autoridad de Aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo y tendrá a su cargo la implementación, administración, evaluación, seguimiento y control del RIPEE.

Entre sus facultades estarán establecer los procedimientos para la presentación y evaluación de proyectos, administrar los beneficios, requerir información, realizar controles sobre los beneficiarios, aplicar medidas ante incumplimientos y coordinar acciones con organismos públicos y privados.

El proyecto también faculta al Ejecutivo a implementar políticas de simplificación y modernización administrativa, incluyendo la posibilidad de unificar, modificar o suprimir trámites y requisitos y disponer su digitalización y automatización.

Finalmente, la iniciativa invita a los municipios de la provincia a adherir al régimen y establece que la ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y Judicial de San Luis.

Diputados sancionó el RIPEE: el apoyo del oficialismo y las críticas de la oposición peronista

La Cámara de Diputados de San Luis sancionó este miércoles por 27 votos positivos contra 11 negativos el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), en una sesión en la que varios bloques expusieron sus posiciones sobre una iniciativa que establece beneficios fiscales, herramientas de financiamiento, un subsidio al empleo y mecanismos para facilitar la utilización y disposición de inmuebles fiscales. 

Durante el debate, los legisladores que acompañaron el proyecto destacaron la necesidad de generar condiciones para atraer inversiones, promover la producción y fortalecer el empleo privado. Desde la oposición, en cambio, cuestionaron principalmente el alcance de las facultades que el régimen otorga al Poder Ejecutivo y reclamaron mayores mecanismos de control, límites y previsibilidad sobre el costo fiscal de las medidas.

Sosa Araujo calificó a la Legislatura como una “delegatura”

Una de las principales voces críticas durante el debate fue la de Silvia Sosa Araujo, del bloque Unidad Justicialista, quien sostuvo que la aprobación del RIPEE implicaría una delegación de facultades de la Legislatura hacia el Poder Ejecutivo.

“Con esta ley, esta Legislatura se convierte en una delegatura”, afirmó la diputada, quien cuestionó que el proyecto, pese a presentarse como una herramienta para fomentar la producción y el empleo, incluya disposiciones que, a su criterio, implican una amplia delegación de atribuciones.

Sosa Araujo también cuestionó las disposiciones sobre la derogación de normas y consideró que el texto no identifica con suficiente precisión cuáles son las disposiciones que quedarían sin efecto.

Además, puso el foco en la autoridad de aplicación, ya que el proyecto permite al Poder Ejecutivo determinar qué organismo u organismos tendrán a su cargo la aplicación del régimen y les otorga facultades para dictar normas complementarias, aclaratorias y operativas.

La legisladora volvió a cuestionar las facultades vinculadas con la simplificación y modernización administrativa, al considerar que permitirían modificar trámites, requisitos y tasas que, según su interpretación, son materias que corresponden a la Legislatura.

También objetó la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) establecido por la legislación nacional. Sostuvo que esa adhesión implicaría aceptar un conjunto de modificaciones tributarias y laborales de alcance nacional sin un debate específico en la Legislatura provincial.

Con estos planteos, la Cámara de Diputados avanzó finalmente con la sanción por mayoría del RIPEE, que establece un nuevo marco provincial de promoción de inversiones, actividad económica y empleo, con beneficios tributarios y herramientas de financiamiento, además de mecanismos para incorporar trabajadores, utilizar inmuebles fiscales y articular políticas de promoción con el sector privado.

Gallardo: “La inversión privada representa uno de los principales motores del desarrollo”

La presidente del bloque Ahora San Luis, Eugenia Gallardo, fue la miembro informante del proyecto y defendió la iniciativa al señalar que la inversión privada constituye uno de los principales motores del desarrollo económico.

Sostuvo que una nueva inversión no implica solamente la inyección de capital en una empresa, sino que puede activar un circuito que impulse el consumo, genere proveedores locales y, fundamentalmente, cree y sostenga puestos de trabajo.

En ese sentido, afirmó que el Estado debe implementar políticas que faciliten, atraigan y promuevan la radicación, expansión y consolidación de inversiones privadas. También vinculó el RIPEE con el artículo 82 de la Constitución provincial, que establece la responsabilidad del Estado en la promoción del bienestar de la sociedad mediante el desarrollo económico y social.

Gallardo destacó además el alcance multisectorial del régimen. Señaló que comprende actividades apícolas, frutihortícolas, mineras, industriales, de la construcción, energéticas, logísticas, comerciales, turísticas, culturales, tecnológicas y de servicios.

Remarcó como una novedad la inclusión del sector comercial, que, según señaló, no había sido contemplado de esa manera en anteriores regímenes de promoción. También destacó que podrán ser beneficiarias personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro.

La legisladora resumió el régimen en cuatro ejes principales: beneficios tributarios, subsidio al empleo, gestión y disposición de inmuebles fiscales y financiamiento de actividades económicas.

Caymes cuestionó el costo fiscal y los límites del régimen

Desde el bloque Unidad Justicialista, Lucas Caymes adelantó que la oposición no cuestionaba la necesidad de atraer inversiones privadas ni de generar empleo.

“Estamos de acuerdo y no venimos a discutir la necesidad de la inversión privada que necesita San Luis”, sostuvo, aunque inmediatamente planteó cuáles eran, a su criterio, los principales interrogantes que dejaba el proyecto.

Caymes resumió sus cuestionamientos en tres preguntas: “¿Cuánto va a costar el proyecto? ¿Quién decide y cuáles son sus límites y quién lo va a controlar?”.

El diputado señaló que el proyecto establece exenciones tributarias, créditos fiscales y mecanismos para convertir saldos a favor, pero cuestionó que no incluyera estimaciones del costo fiscal ni un informe de impacto presupuestario.

También advirtió que el régimen no establece cupos, techos ni plazos para determinados beneficios. En ese sentido, citó disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal y de la Constitución provincial vinculadas con la necesidad de contemplar el gasto tributario y las reducciones de recaudación.

Otro de los puntos cuestionados fue la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para modificar trámites, requisitos, tasas y procedimientos administrativos. Caymes consideró que esa disposición podía implicar una delegación de facultades tributarias que, según sostuvo, deberían permanecer en el ámbito legislativo.

También cuestionó las disposiciones referidas a los inmuebles del Estado y la posibilidad de transformar empresas y sociedades estatales para incorporar capital privado.

“Podemos estar de acuerdo en que hay terrenos en los cuales se puedan vender”, sostuvo, pero consideró que decisiones de ese tipo deberían ser discutidas en la Legislatura y no quedar delegadas al Poder Ejecutivo.

Garro defendió los beneficios para las inversiones

La diputada Marina Garro, del bloque San Luis Primero, adelantó su acompañamiento al proyecto y lo calificó como una de las leyes más importantes del actual período legislativo.

Sostuvo que el RIPEE permitirá establecer condiciones para generar inversión, producción y empleo genuino, y destacó especialmente su alcance territorial.

Desde su representación del departamento Chacabuco, señaló que la zona cuenta con actividades industriales, mineras, agropecuarias, agroindustriales, comerciales, de servicios y turísticas, por lo que consideró positivo que el régimen no se limite a una única actividad económica.

Garro también defendió la escala de beneficios tributarios para nuevas inversiones, que contempla exenciones de hasta el 100% durante los primeros cinco años, para luego reducirse al 75% y al 50%.

Explicó que la lógica del esquema consiste en acompañar a las empresas durante los primeros años, cuando deben afrontar la compra de equipamiento, la construcción, la incorporación de personal y la puesta en marcha de la producción.

La legisladora también hizo referencia al impacto que los beneficios sobre el Impuesto de Sellos pueden tener en los municipios, ya que se trata de un recurso coparticipable. Consideró que, en determinados casos, resignar un ingreso que se genera una sola vez podría resultar conveniente si la inversión permite generar actividad económica y empleo durante varios años.

González D’Alessandro pidió controles sobre los beneficios

Carlos González D’Alessandro, del bloque Consolidación Argentina, también adelantó su voto afirmativo, aunque planteó una serie de advertencias sobre la aplicación del régimen.

Sostuvo que San Luis necesita recuperar una agenda de producción, inversión y trabajo, y valoró los beneficios fiscales para nuevas inversiones, los incentivos a la actividad industrial, las herramientas de financiamiento y los mecanismos vinculados con la incorporación al empleo formal de personas incluidas en programas sociales.

Sin embargo, consideró necesario establecer controles sobre el otorgamiento de exenciones, créditos fiscales, subsidios, financiamiento y sobre el uso de inmuebles pertenecientes al Estado provincial.

En particular, expresó preocupación por la amplitud de las herramientas relacionadas con los inmuebles fiscales, aunque aclaró que no cuestionaba la posibilidad de utilizar tierras estatales para generar proyectos productivos.

“Si dos empresas hacen una inversión o realizan inversiones similares, generan la misma cantidad de puestos de trabajo y producen un impacto semejante en nuestra economía, deberían recibir el mismo tratamiento”, sostuvo.

González D’Alessandro también planteó la necesidad de medir los resultados del régimen y conocer cuánto deja de recaudar la Provincia por los beneficios otorgados, cuánto se invirtió efectivamente y cuántos puestos de trabajo fueron prometidos y finalmente creados.

En ese sentido, propuso avanzar hacia un registro público de beneficiarios del RIPEE y mecanismos de evaluación y publicidad de los beneficios, además de informes periódicos a la Legislatura.

González Ferro destacó el alivio fiscal

Edgardo González Ferro, del bloque Acuerdo por el Interior Sanluiseño, también anticipó su voto afirmativo y sostuvo que el proyecto constituye una respuesta frente al escenario económico que atraviesan la provincia y el país.

El legislador puso el foco en la situación de comerciantes, pequeñas y medianas empresas y del sector productivo, y destacó particularmente el capítulo de alivio fiscal.

Según planteó, la herramienta puede contribuir a evitar el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo, además de sostener la actividad económica y la base tributaria provincial.

González Ferro sostuvo que la inversión privada permite ampliar la capacidad productiva, generar empleo formal y dinamizar el consumo local. También destacó los incentivos destinados a la radicación, expansión y consolidación de proyectos productivos en distintos puntos de la provincia.

El Gobernador envió a la Legislatura el Plan Maestro de Energía para su tratamiento

Con el objetivo de “fortalecer la competitividad de San Luis y acompañar el crecimiento de la población y los sectores productivos”, el gobernador Claudio Poggi envió este martes por la tarde a la Legislatura el proyecto de Plan Maestro de Energía para su correspondiente tratamiento.

Según comunicaron desde el Gobierno, la elaboración del plan, desarrollada junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), “representa un paso estratégico para la provincia, ya que propone una planificación integral de la política energética y establece lineamientos destinados a garantizar la disponibilidad y el uso eficiente de la energía en el largo plazo”. “Elevamos el proyecto de ley para que sea debatido en la Legislatura, y procuramos que sea ley y se transforme en una política de estado. Esto va a permitir que la energía, en cantidad y en calidad, va a acompañar el crecimiento poblacional y el desarrollo económico, y, por ende, el empleo de la provincia de San Luis de los próximos años”, explicó el Gobernador.

El Mandatario comentó además que el Plan Maestro de Energía “ha sido formulado ya desde hace más de un año con la asistencia técnica de profesionales de la provincia de San Luis y con una gran participación institucional y ciudadana”. El proyecto plantea una mirada hacia los próximos 10 años y contempla acciones vinculadas con la eficiencia energética, la mejora de las condiciones edilicias, la optimización del consumo e incorporación de valor agregado a las actividades productivas.

De acuerdo a lo informado por el Gobierno, el Plan fue elaborado en dos etapas: una fase de diagnóstico integral y una fase propositiva. La instancia diagnóstica se desarrolló con una amplia participación ciudadana e institucional, involucrando a más de 250 actores del sector energético, productivo, académico y gubernamental, lo que permitió construir una base sólida, plural y representativa para la definición de lineamientos, programas y acciones estratégicas orientadas al desarrollo energético sostenible de la Provincia.

El Plan Maestro de Energía busca generar condiciones que permitan sostener la calidad de vida de los sanluiseños, favorecer el desarrollo económico y acompañar las necesidades de sectores estratégicos como el productivo, residencial y comercial. “Comprende un diagnóstico actual y un diagnóstico futuro en materia de oferta y demanda energética. La provincia de San Luis hace 10 años no generaba energía. Hoy, el 50% de lo que consume la provincia, se genera en la provincia a partir de energías limpias, del sol y del viento. Esta diversificación de la matriz energética se va a profundizar a partir de la aplicación del plan”, remarcó.

Fuente: ANSL

Las viviendas avanzan con obras en distintas etapas en Quines, Saladillo, Alto Pencoso, Balde, Villa de Merlo y Santa Rosa del Conlara

La construcción de viviendas del programa Tenemos Futuro mantiene distintos frentes de trabajo en localidades del interior de San Luis, con unidades que ya atraviesan las etapas de terminaciones y otras que avanzan hacia esa instancia. Los trabajos comprenden 54 viviendas distribuidas entre Quines, Saladillo, Alto Pencoso, Balde, Villa de Merlo y Santa Rosa del Conlara.

En Quines se construyen 20 viviendas que ya presentan una fisonomía cercana a la definitiva. Las cuadrillas trabajan en la colocación de accesorios en los baños, texturado exterior y acondicionamiento de los espacios comunes. En Saladillo, donde se levantan otras cuatro unidades, las tareas se concentran en los muretes de las mesadas, accesorios de baño, corrección de detalles y limpieza de los frentes.

En Alto Pencoso y Balde también se ejecutan 10 viviendas. Las cuatro unidades de Alto Pencoso avanzan con el revestimiento plástico exterior, mientras que en Balde, donde se construyen seis casas, ya se colocan pisos, zócalos, revestimientos en cocinas y baños, mesadas, desagües, artefactos y griferías.

Villa de Merlo también forma parte de este proceso, con viviendas que avanzan en la colocación de cubiertas, revoques e instalaciones, de acuerdo con el estado de ejecución de cada unidad. Se trata de una obra que se suma a las intervenciones habitacionales que la Provincia viene desarrollando en la localidad. En junio, el Gobierno había anunciado que las 40 viviendas en construcción en Merlo serían entregadas el 22 de diciembre.

En Santa Rosa del Conlara, en tanto, las 20 viviendas del programa Tenemos Futuro superan el 70% de avance. Allí se realizan veredas, colocación de pisos y revestimientos, impermeabilización de cubiertas, pintura interior y colocación de aberturas. El nuevo barrio se incorporará al entramado habitacional de la localidad, que el año pasado ya había sumado otras 25 viviendas adjudicadas.

De esta manera, las obras muestran distintos grados de avance según cada localidad, desde unidades que ya se encuentran en la etapa de terminaciones hasta conjuntos que continúan completando estructuras, instalaciones y revestimientos. La ejecución simultánea en distintos puntos del interior permite que el programa avance con nuevos hogares destinados a familias de Quines, Saladillo, Alto Pencoso, Balde, Merlo y Santa Rosa del Conlara.

El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de AFA suspendió por tres meses a Laura Sánchez como presidente de la Liga Sanluiseña

El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal de la AFA suspendió por tres meses a la concejal oficialista Laura Sánchez, presidenta de la Liga Sanluiseña de Fútbol, y a Martín Decena, secretario de la entidad. La medida tiene efecto inmediato y se suma a una multa de $2 millones para la Liga y a la imposibilidad de solicitar licencias deportivas para sus clubes afiliados de cara al próximo Torneo Regional Federal Amateur.

La resolución también alcanzó a las autoridades del Club Atlético Juventud Unida Universitario. El Tribunal dispuso tres meses de suspensión, con efecto inmediato, para Carlos Marín y Gonzalo Salgueiro, presidente y secretario de la institución, respectivamente.

El expediente se inició a partir de una presentación del secretario general del Consejo Federal, Javier Treuque, quien informó sobre la organización de la “Copa San Luis 2026”, además de una capacitación gratuita con certificación oficial de AFA, en actividades en las que estarían involucradas autoridades de la Liga Sanluiseña de Fútbol.

En sus descargos, Sánchez y Decena sostuvieron que la Liga no había participado en la organización del torneo, sino que había recibido una invitación de Juventud Unida Universitario. Según explicaron, la iniciativa y organización correspondieron a esa institución y la Liga no habría intervenido en la planificación ni en el desarrollo general del evento.

También señalaron que Sánchez no concurrió al evento y que tampoco lo hizo ningún integrante de la Liga que se encontrara actualmente en funciones. En ese sentido, argumentaron que la falta de comunicación formal al Consejo Federal respondió a una omisión involuntaria y no a una intención de incumplir las normas del organismo.

Sin embargo, el Tribunal consideró acreditado que tanto la Liga como Juventud Unida Universitario y sus respectivos dirigentes estuvieron involucrados en el desarrollo de la Copa San Luis 2026.

Además, sostuvo que los dirigentes del club reconocieron haber informado a la Liga sobre las actividades y el desarrollo del torneo, por lo que entendió que la entidad rectora del fútbol local tenía conocimiento de la realización del evento y debía comunicarlo al Consejo Federal. El organismo consideró que esa situación constituyó, “a priori”, una conducta reprochable y una falta grave por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento General del Consejo Federal.

La denuncia de los clubes de futsal

El expediente también incorporó una denuncia presentada por 13 clubes de futsal afiliados a la Liga Sanluiseña de Fútbol, que cuestionaron sanciones aplicadas por la mesa directiva.

Según la denuncia, la Liga había dispuesto la deducción de nueve puntos en todas las categorías, la prohibición de obtener ascensos durante dos años, la imposibilidad de participar en competencias organizadas por el Consejo Federal y una multa de $500.000 para cada institución y categoría.

Los clubes denunciantes también incorporaron una resolución de la Dirección de Personas Jurídicas de San Luis que había declarado “irregular e ineficaz a los efectos administrativos” la Resolución N.º 05-LSF-2026, mediante la cual el Consejo Directivo de la Liga había dispuesto esas sanciones.

Según la resolución del Tribunal de Disciplina, Personas Jurídicas consideró que la Liga había actuado mediante un órgano que no tenía competencia para ejercer esas potestades disciplinarias y sancionatorias, en contradicción con disposiciones del estatuto de la entidad.

El Tribunal consideró que los dirigentes de la Liga se excedieron en el ejercicio de atribuciones que el estatuto no contempla, debido a que la potestad sancionatoria correspondía a otro órgano interno de la institución.

Los argumentos de Juventud

En sus descargos, los dirigentes de Juventud Unida Universitario sostuvieron que la institución actuó de buena fe y que en ningún momento pretendió incumplir las reglamentaciones de la AFA o del Consejo Federal.

Explicaron que habían mantenido informada a la Liga sobre las actividades mediante comunicaciones institucionales y que, por inexperiencia en este tipo de eventos, entendieron que esa información resultaba suficiente para poner en conocimiento a los organismos correspondientes.

El Tribunal, sin embargo, consideró que la organización de la Copa San Luis 2026 debía haber sido comunicada formalmente al Consejo Federal y atribuyó responsabilidad tanto a la Liga como al club y sus dirigentes.

El Gobierno licitará por $1.336 millones la reconstrucción de 373 losas de la Ruta 7

El Gobierno de San Luis autorizó el llamado a licitación para la reconstrucción y rehabilitación de 373 losas de la Autopista de las Serranías Puntanas, sobre la Ruta Nacional 7, en la calzada norte, en el tramo comprendido entre Villa Mercedes y Fraga, en el departamento Pedernera.

La obra tendrá un presupuesto oficial de $1.336 millones y un plazo de ejecución de 210 días corridos. El decreto establece que el gasto será afrontado con fondos del Ente Control de Rutas.

El llamado corresponde a la Licitación Pública N.º 01-DECR-2026, autorizada mediante el Decreto N.º 9255-MHIP-2026 con fecha del 6 de agosto. La intervención abarcará el sector ubicado entre las progresivas 714 y 716 de la calzada norte de la autopista, correspondiente al tramo Villa Mercedes-Fraga.

De acuerdo con la documentación publicada en el Boletín Oficial, la contratación se realizará bajo la modalidad de ajuste alzado. El precio del pliego fue fijado en $1.336.000.

Cuándo será la apertura de ofertas

La apertura de las propuestas está prevista para el 4 de septiembre de 2026, a las 10, en la Dirección del Ente Control de Rutas.

Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta el 3 de septiembre, mientras que la presentación de las propuestas y el acta de apertura se realizarán en dependencias del Ente Control de Rutas, ubicadas en Casa de Gobierno.

El llamado surge de un decreto firmado por el gobernador Claudio Poggi, que aprobó el pliego particular de bases y condiciones y autorizó formalmente al Ente Control de Rutas a avanzar con la licitación. El expediente también contó con las intervenciones de la Contaduría General, la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública y Fiscalía de Estado.

Incautaron más de un kilo de cocaína valuada en $25 millones y detuvieron a dos personas

Efectivos de la Policía de la Provincia incautaron 1.074 gramos de cocaína, valuados en unos $25 millones, y detuvieron a dos personas durante un procedimiento realizado este martes 11 de agosto en la ciudad de San Luis, en el marco de las acciones de la denominada Misión Sarmiento.

El operativo se llevó a cabo durante dos allanamientos en viviendas del barrio Solidaridad Sur, que habían sido ordenados en el marco de una investigación por distintos hechos delictivos. Durante los procedimientos, policías del Departamento de Investigaciones San Luis, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DG-13), encontraron un paquete de forma prismática y varios envoltorios de nylon que contenían una sustancia que aparentaba ser estupefaciente.

Ante el hallazgo, los investigadores solicitaron la presencia de efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8), quienes realizaron las pruebas correspondientes y determinaron que se trataba de cocaína pulverulenta y solidificada.

Según informó el Ministerio de Seguridad, la droga secuestrada arrojó un peso total de 1.074 gramos, cantidad con la que se podrían elaborar aproximadamente 4.296 dosis. El valor estimado de la sustancia fue establecido en $25 millones.

Durante los allanamientos también fueron secuestrados teléfonos celulares, balanzas de precisión, anotaciones y $1.652.400 en efectivo.

Como resultado del procedimiento, el magistrado interviniente ordenó la detención e incomunicación de dos hombres, de 25 y 44 años, quienes quedaron vinculados a una investigación por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes.