El conflicto que desde septiembre enfrentaba a dos docentes del área de Biología Molecular de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia terminó de escalar esta semana, cuando la situación se volvió pública tras una publicación de El Destape y finalmente obligó al decano Sebastián Andujar a emitir una resolución formal. En esa decisión, firmada este jueves, el Consejo Directivo dejó asentado que el profesor responsable de la materia no tiene la atribución de eliminar contenidos del programa ni de los trabajos prácticos, y dispuso elevar el caso a la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Superior.
El episodio comenzó cuando Leonardo Seguín, jefe de trabajos prácticos de Biología Molecular e Ingeniería Genética, denunció ante las autoridades que el profesor responsable del curso, Darío Ramírez, había eliminado sin aviso el material que él había subido al classroom para la clase del 5 de septiembre. Ese contenido incluía una explicación del funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y del índice de abuelidad, utilizado para establecer la filiación biológica entre nietos y abuelos, y formaba parte de un trabajo práctico orientado a introducir a los estudiantes en el manejo de papers científicos y en los estudios genéticos de filiación.
En su nota de octubre al decano, Seguín detalló que Ramírez bajó el archivo apenas un día después de la clase, con el argumento de que se trataba de un documento de “adoctrinamiento”.
También expuso que ambos mantuvieron una reunión el 9 de septiembre, en la que acordaron que el material sería repuesto y que Ramírez expresaría allí su disenso. Ese compromiso, según el JTP, nunca se cumplió, y cuando volvió a subir el archivo, Ramírez lo eliminó por segunda vez.
En esa misma presentación, Seguín planteó que las decisiones del profesor responsable afectaban su libertad de cátedra y que la temática del BNDG estaba amparada tanto por los contenidos mínimos que él consideraba insoslayables como por la normativa que establece la curricularización de los derechos humanos en las universidades nacionales
Ramírez respondió el 24 de octubre con un descargo de cinco páginas. Allí se definió como “un guardián de saberes” y sostuvo que la presentación de Seguín tenía “un marcado componente de adoctrinamiento ideológico de izquierda”.
También afirmó que el tema del índice de abuelidad no está contemplado en los contenidos mínimos del plan de estudios y que, a su entender, dividiría ideológicamente al curso. A eso sumó críticas al área y a otros docentes, a quienes acusó de conformar un “grupo hegemónico de izquierda”, y pidió que la facultad tomara medidas para evitar que “desvirtúen” el funcionamiento del AIC de Biología Molecular
El expediente pasó luego por el Consejo Directivo y fue analizado por Asesoría Jurídica de la UNSL. En su dictamen, el asesor legal sostuvo que el profesor responsable tiene un rol clave en la planificación y dirección pedagógica, pero no puede modificar ni dar de baja contenidos predeterminados en los planes aprobados por las autoridades de la universidad.
Con ese dictamen como base, Andujar firmó hoy la resolución RCD02-275/2025. Allí se comunica al área que el docente responsable no está habilitado para eliminar contenidos mínimos, que la modificación o baja de esos contenidos está restringida por los planes de estudio, y que el caso será elevado al Consejo Superior y a su Comisión de Derechos Humanos, Género y Discriminación.
La decisión del decano se conoció horas después de que el caso trascendiera públicamente y generara repercusión, tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria, por el alcance político-académico del episodio y por el fuerte contenido ideológico del descargo presentado por Ramírez.


Este jueves, a lo largo de una sesión de 4 horas, el oficialismo municipal logró la aprobación por mayoría de la tarifaria y del presupuesto municipal 2026 de la gestión de Gastón Hissa.
Personal de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios de San Luis trabajan en este momento en tres focos de incendio registrados en una recicladora ubicada en el Parque Industrial Sur de la ciudad capital.
La Fiscalía de Instrucción Penal Nº 1 de la Primera Circunscripción formuló cargos este jueves contra Vanesa Valenzuela por los delitos de portación de arma de fuego de uso civil y abuso de armas, en concurso real. El hecho investigado ocurrió el 13 de noviembre, por la tarde, en la intersección de Caseros y Falucho, en la ciudad de San Luis.
La Municipalidad de San Luis inició esta semana la ejecución de un plan integral de ordenamiento comercial que busca devolver el espacio público al peatón, reorganizar la venta ambulante y responder a un reclamo histórico del comercio formal del microcentro. La medida incluye un censo de manteros, la relocalización en dos predios municipales acondicionados para tal fin y un acompañamiento para que los vendedores puedan migrar hacia la formalidad.
Este miércoles como resultado de diversas tareas investigativas policiales por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico realizaron un allanamiento en la ciudad de Villa Mercedes, donde anularon un centro de venta y distribución de drogas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) informó que este lunes dictó el Acuerdo Nº 172-STJSL-SC-2025, mediante el cual se dispuso un aporte mensual, general y transitorio destinado a incentivar la capacitación de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial. Los montos van desde $200.000 a $600.000.
En un acto acompañado por funcionarios municipales, representantes de distintos gremios, integrantes de la Agrupación de Veteranos Puntanos de la Guerra de Malvinas y vecinos del sector, el intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, inauguró la renovada Plaza Aeronáutica Argentina en el barrio Jubilados, una obra concretada en el marco del programa municipal Volvé a tu Plaza.
En una conferencia de prensa realizada este miércoles, la conducción de APTS volvió a exponer una problemática que el sindicato viene denunciando desde 2022: los profesionales y técnicos de la salud pública provincial están siendo jubilados como empleados administrativos en tareas comunes, sin reconocimiento de su formación, su carrera sanitaria ni sus funciones específicas.