El pasado jueves se trató, muy rápidamente, la homologación de los contratos de prestación de servicios de los llamados empleados políticos y asesores del Concejo Deliberante. El listado completo, al que pudo acceder este medio, muestra que la cantidad de contratos llegó a la friolera de 100, una cifra verdaderamente enorme que además representa un crecimiento de la planta de asesores en un 20,5% con respecto a 2025. El año pasado, la cifra de empleados políticos llegó a 83 personas, lo cual ya era de por sí un número muy abultado, especialmente teniendo en cuenta la escasa producción legislativa del Concejo.
De estos 100 contratados, 60 serían directamente asesores de los concejales, ya que se acordó, luego de algunas polémicas años atrás, que cada uno de ellos puede tener 4. Entre estos 60, hay múltiples familiares de ediles del oficialismo y de la oposición. Los otros 40 serían contratados por la actual presidente del Concejo, Laura Sánchez, para distintas funciones.
¿Qué implica ser asesor en una Legislatura?
Como siempre ha explicado La Gaceta Digital, ser “asesor” en una legislatura puede significar cualquier cosa. Desde ser quien redacta los proyectos y le da letra a los legisladores para los debates, a ser el que le alcanza el café, reparte choris en campaña o directamente puede ser un ñoqui que jamás pise la Legislatura o Concejo Deliberante. Es, básicamente, un “trabajo” sin ningún tipo de exigencia. Hay asesores que trabajan, y mucho, y asesores que no. En el peor de los casos, el legislador negocia con la persona en cuestión para que esta le pase un parte de su salario, a cambio de cobrar la otra sin tener que ir a trabajar.
Sea cual fuere su función, del listado de personas surge que muchos ediles, ya sean del oficialismo o de la oposición, han contratado a sus parientes, motivo por el cual el tratamiento de este tema siempre es exprés y sin ningún tipo de discusión. Esto no es ilegal, pero muchos cuestionan la moralidad de dichas acciones.
Por ejemplo, surge a simple vista y además la periodista Verónica Miranda de radio Universidad pudo constatar, que dentro del oficialismo Lisbeth Huatay Otiniano nombró a su padre y hermano, Jesús Alberto y Jhonny José, respectivamente; mientras que Diego Videla contrató a sus hermanos, Luciano y Paula Videla. A su vez, María del Carmen Mercado nombró a sus hijos como asesores: Francisco y Lorena Retta.
En el listado de contratos también figuran dos personas de apellido Sánchez, Cecilia y Jimena, pero no hemos podido constatar que se trate, o no, de familiares de la presidenta del Concejo, Laura Sánchez.
En cuanto a la oposición, surge que Gastón Témoli logró los contratos de su hermana María Natalia, además de su esposa, Romina Zoppi Dip. Previamente, su hermana Bárbara fue asesora y ahora es planta permanente del Concejo. Por su parte, la concejala Agustina Gatto, que siempre ha trabajado políticas relacionadas a las juventudes, tiene como asesores a sus hijos. Otro contrato que llamó la atención es el de María Florencia Divizia, hermana del concejal Juan Martín Divizia y, por ende, también sobrina de Alberto y Adolfo Rodríguez Saá.
También se sumó como asesor Alejandro Cordido, el verborrágico exconcejal del PJ, que hasta el año pasado exasperó al oficialismo con sus eternas, pero también muy bien fundamentadas, argumentaciones.
Además del gasto de fondos públicos en puestos que, como ya dijimos, no tienen ningún tipo de exigencias, el problema con este tipo de plantas de contratados es que muchos logran, después de varios años, pasar a planta permanente del Concejo Deliberante, engrosando las filas de trabajadores estatales para siempre.
Esto es un mal que, por ejemplo, logró erradicar la Legislatura provincial con la eliminación de este tipo de contratos, a cambio de duplicar la dieta de los diputados y senadores. Si bien esto de que se duplicaran el sueldo inicialmente fue muy polémico, el tiempo le dio la razón a quienes impulsaron este cambio, ya que San Luis tiene el segundo costo por legislador más bajo del país.
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