La UNSL rematará vehículos en uso y en desuso el sábado 9 de agosto

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) anunció la realización de un nuevo remate público de vehículos, que tendrá lugar el próximo sábado 9 de agosto a las 10:30 horas, en el Microcine de la institución.

Según detalló la Casa de Estudios, se subastarán ocho automotores, de los cuales seis se encuentran en uso y dos en condición de desuso. El remate será con base, a martillo corrido y al mejor postor.

Los vehículos podrán ser visitados entre el 4 y el 8 de agosto, de 11:00 a 13:00, en la playa de estacionamiento de la sede ubicada en Av. Ejército de los Andes 950.

Vehículos en uso

  • Lote 1: Iveco Turbo Daily Minibus – Año 1998 – Base: $8.000.000

  • Lote 2: Mercedes Benz Sprinter 310D – Año 1998 – Base: $7.000.000

  • Lote 3: Renault Trafic Furgón – Año 1986 – Base: $2.800.000

  • Lote 4: Renault Furgón Trafic – Año 1988 – Base: $3.500.000

  • Lote 5: Zanella Ciclomotor 50 cc Full – Año 1992 – Base: $450.000

  • Lote 7: Rastrojero Frontal F-71 – Año 1974 – Base: $1.500.000

Vehículos en desuso

  • Lote 6: Motocarga Frambetta 175 cc – Año 1975 – Base: $150.000

  • Lote 8: Renault 21 GTX – Año 1993 – Base: $1.500.000

Las condiciones de pago establecen que el comprador deberá abonar, al momento de la adjudicación, una seña del 30%, más el 1,2% de sellado provincial y un 10% en concepto de honorarios al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis (CMCPSL). El saldo restante deberá ser cancelado en un plazo de 72 horas hábiles mediante transferencia bancaria.

La carga de datos para la transferencia del bien se realizará en el lugar del remate y todos los gastos derivados, así como el acarreo y traslado del vehículo adquirido, serán a cargo del comprador.

Las martilleras designadas para la subasta son Marina Rizzotto (MP 783) y María Elena Edith Lucero (MP 658/660), ambas matriculadas en el CMCPSL.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse con el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis, ubicado en Constitución N° 608, a los teléfonos 266 4553858 / 266 5002770, o por correo electrónico a colegiodemartillerossanluis@gmail.com.

Mafia de las Escrituras: el 20/8 será la formulación de cargos contra 12 personas investigadas, incluido el abogado Juan Cruz Domínguez

El abogado Juan Cruz Domínguez, el principal denunciado. Foto gentileza de Megacable.

Este jueves, La Gaceta Digital accedió accedió a información exclusiva relativa a la citación de 12 personas a una audiencia de formulación de cargos en el marco de la causa conocida como “la Mafia de las Escrituras”, en la cual una posible asociación ilícita se habría apropiado de cientos de terrenos y propiedades en todo el territorio provincial. La audiencia tendrá lugar el miércoles 20 de agosto, a las 9 horas, en la sala de juicio oral del edificio del Poder Judicial.

Las personas que deberán comparecer ante la justicia son los abogados Juan Cruz Domínguez y Pablo Héctor Herrera; Hugo Alberto Guzmán, Juan Alberto Sosa, Alberto Javier Ochoa, José Héctor Jofré, Mario Cristian Vega, Carlos Mario Peralta, Roberto Daria Córdoba Gordillo, Héctor David Escobar, María de los Ángeles Toscano y Walter Luis Alejandro Terceros.

Los delitos por los cuales serán imputados son los siguientes: asociación ilícita, falsificación de documento público, uso de documento falso, falsedad ideológica, falsificación de sellos oficiales destinados al cobro de impuestos, estafa procesal, falso testimonio, encubrimiento, desobediencia a una orden judicial, retención indebida y puesta en circulación de bienes o activos provenientes de un ilícito penal. Para conocer en detalle cómo operaba esta posible asociación, hacé click acá.

La principal figura en esta acusación es el abogado Juan Cruz Domínguez. Este abogado es pareja de María Nazarena Chada, jueza de la Sala Civil, Comercial, Ambiental, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia de la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial. A su vez, ella es hermana de Cecilia Chada, quien renunció en mayo de este año como ministra del Superior Tribunal de Justicia. En una entrevista concedida a este medio el 28 de mayo, los abogados que dieron a conocer esta posible asociación ilícita, Maximiliano y Sebastián Pipitone, manifestaron que no tenían dudas de que la renuncia de Cecilia Chada se debía a su vínculo con Domínguez.

Este no ha sido el único revés que ha sufrido Domínguez recientemente, ya que también estuvo implicado en la causa Codapri SA – Banco Macro, que condujo a la destitución de Agustín Ruta como juez Civil. Luego de que la Corte Suprema de la Nación anulara un fallo del Superior Tribunal de Justicia con respecto a esta causa, la abogada Claudia Rocha señaló a este medio que Domínguez “está denunciado al Tribunal de Ética y también penalmente” por su rol en la misma.

Desde agosto se podrán aplicar saldos a favor a impuestos inmobiliarios y de automotores

La Dirección Provincial de Ingresos Públicos informó que los contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos podrán aplicar los saldos a favor al pago de obligaciones del Impuesto Inmobiliario y del Impuesto a los Automotores. En ambos casos el contribuyente deberá ser titular de los bienes.

Acerca de la disposición, el organismo precisó que estará vigente desde el 1° de agosto y que el saldo se podrá aplicar al pago total o parcial de obligaciones corrientes vencidas o cuyo vencimiento opere en el año en el que se solicita la compensación.

Sobre la metodología para realizar el trámite, se indicó que será 100% online a través del sitio web de Ingresos Públicos para lo que se requerirá clave fiscal para el ingreso en el sistema.

“Para acceder a la misma deben cumplirse los requisitos establecidos, siendo el monto máximo a compensar por este procedimiento $1.000.000”, apuntaron.

Fuente: ANSL

El tren del Ministerio de Capital Humano llegará a la provincia el próximo lunes

El tren del Ministerio de Capital Humano llegará a la provincia y durante un mes se brindarán servicios médicos de prevención y servicios sociales a poblaciones vulnerables. Comenzará a atender el próximo lunes 28 de julio en Villa Mercedes, luego se trasladará a Justo Daract y finalmente a Alto Pelado.

El tren del Ministerio de Capital Humano es una iniciativa de la secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y cumple una función clave en la prevención de situaciones de vulnerabilidad. Está diseñado para anticiparse a problemáticas sociales mediante la detección temprana de diversas patologías de riesgo para la salud y le permitirá al Gobierno provincial reforzar diversas acciones que ya realiza en materia social y de salud enfocadas en la población vulnerable.

Durante los primeros meses de 2025 recorrió las provincias de Santa Fe y San Juan y en los próximos días llegará a nuestra provincia producto de una articulación entre el Gobierno de San Luis y Nación.

A partir del 28 de julio y hasta el 8 de agosto estará en el predio del Museo Ferroviario de Villa Mercedes, ubicado en General Paz y Avenida Origone. De lunes a viernes de 9:00 a 16:00 profesionales y técnicos de las carteras sanitarias de San Luis y Nación brindarán atención médica. La entrega de turnos comenzará a las 8:30 y se otorgarán por orden de llegada.

Quienes se acerquen podrán acceder entre otros a atención odontológica, generalista, inmunizaciones con vacunas del calendario nacional y diagnóstico por imágenes (mamografías y radiografías). Además el programa nacional ‘Ver Para Ser Libres’ brindará controles de agudeza visual y realizará la entrega de anteojos en el acto a niños de entre 6 y 12 años, sin ningún costo para los beneficiarios. También se podrán realizar trámites y consultas referidas a ANSES y el Renaper y diferentes áreas del Gobierno provincial que se sumarán a la propuesta.

El tren cuenta con un sector cultural donde los más pequeños podrán realizar diversas actividades con material de la Biblioteca Nacional ‘Mariano Moreno’ y la Biblioteca del Congreso de la Nación.

Finalizada su estadía en Villa Mercedes, la formación se dirigirá a Justo Daract donde permanecerá desde el 11 hasta el 15 de agosto y la última parada será en Alto Pelado desde el 18 hasta el 22 de agosto.

Fuente: ANSL

La primera reforma judicial de Poggi se aprobó entre acusaciones cruzadas y un cambio de sentido en el voto del PJ

Con 24 votos afirmativos y 13 negativos, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el primer proyecto de reforma judicial enviado por el Gobierno de Claudio Poggi. Se trata de una modificación puntual al Código Procesal Civil y Comercial, orientada a fijar plazos concretos para las resoluciones judiciales y combatir la mora en el dictado de sentencias. El debate estuvo atravesado por fuertes cuestionamientos de la oposición, acusaciones cruzadas sobre el funcionamiento del Poder Judicial y la decisión final del PJ de votar en contra, luego de haber anticipado que acompañaría el proyecto.

El “puntapié inicial sensato” del oficialismo
El miembro informante del proyecto fue el diputado Cristian Gurruchaga, quien presentó la iniciativa como el inicio de una serie de reformas. “Necesitamos más reformas y modificaciones. Vamos a avanzar paso a paso porque es una gran reforma que merece ser debatida, pensada y discutirda”, indicó.

El oficialista explicó que el proyecto se apoya en dos pilares, “el paso razonable y la celeridad procesal”, y en “un derecho fundamental que busca evitar que los procesos judiciales se prolonguen indefinitdamente porque eso retarda el acceso a la Justicia de las personas”.

Entre las principales modificaciones a la ley VI-0150-2013, se establece que las providencias deberán dictarse dentro de los tres días y las sentencias definitivas, entre los 60 y 90 días desde que la causa queda en estado de resolver. Según Gurruchaga, la propuesta busca “una redacción más estricta” y “automatizar el pase para resolver”, eliminando así “la discrecionalidad”.

También se reforma el uso de las medidas para mejor proveer, una herramienta que tienen los jueces para “resetear” los tiempos procesales de una causa cuando necesitan alguna declaración o diligencia para recabar mayor información para emitir su fallo, o cuando las distintas partes no han aportado pruebas de manera correcta, por ejemplo. Sin embargo, estas medidas, señaló Gurruchaga, “han sido utilizadas con fines meramente dilatorios para ganar tiempo, dos o 3 días antes de que se venza el plazo para dictar sentencia”.

Con la modificación que hoy tuvo media sanción, se limitan a una por instancia y tendrán una duración máxima de 15 días, prorrogable por una sola vez. Además, tendrán un efecto suspensivo del plazo para dictar sentencia, en vez de volverlo a cero.

Por otro lado, se modifica el artículo 167, que regula las prórrogas que puede otorgar el Superior Tribunal, luego de que un juzgado le comunique una mora. “La prórroga antes era a discreción del Superior Tribunal y actualmente lo que se pretende es que sea de 15 días nomás la prórroga”, detalló Gurruchaga, quien definió el proyecto como un “puntapié inicial sensato”.

“Esto es un parche, es cosmética”
La primera voz opositora en la sesión fue la de Gloria Petrino, quien expresó que el proyecto “genera tensión” entre los distintos poderes del Estado. “Se necesita un proyecto que contemple la complejidad, atendiendo y entendiendo las particularidades de cada fuero, jurisdicción y circunscripción y para ello el diálogo entre los 3 poderes del Estado es básico y esencial”, pidió la opositora.

Petrino denunció la falta de participación del Poder Judicial en la discusión: “El Colegio de la Magistratura le solicitó al Ejecutivo una reunión para trabajar sobre este tema. Le envió una solicitud formal a la Dra. Zárate (secretaria Legal y Técnica) el día 9 de junio para ponerse a disposición y trabajar en conjunto para resolver el tema. Por supuesto, no se le contestó la nota, no se lo invitó ni nada”.

“Lo peor es que no solo que no se convocó al Colegio de Magistrados ni al Superior Tribunal, a pesar de nuestro pedido, sino que se invitó a dos jueces laborales y dos jueces civiles para que vengan a dar su posición personal, pero sus propuestas no fueron incorporadas en el despacho de la mayoría”, continuó Petrino, dando ejemplos de cómo no se incluyó en el tratamiento a quienes esta ley afecta.

Sobre el contenido del proyecto, lo calificó como “3 artículos que refieren a los últimos 5 minutos del proceso”. A pesar de considerarlos “buenos”, planteó que “esto es un parche, es cosmética” y anticipó: “Vamos a acompañar porque no suman ni restan”. Sin embargo, su crítica fue subiendo de tono. “Esto que está haciendo el Ejecutivo, diciendo que está preocupado por la mora judicial, es mentira, es engaño”, dijo Petrino, quien agregó: “Sacar el proyecto textual como vino del Ejecutivo es casi una tomada de pelo”.

“Con ustedes no”
Carlos “Charly” Pereira fue el oficialista encargado de responder a las críticas. En un tono confrontativo, se refirió a la implementación del sistema acusatorio y remarcó que, cuando el PJ fue oficialismo, “avalaron” el nombramiento de 30 fiscales “sin que observen el proceso de selección de magistrados”. “Coloquialmente, los designaron a dedo. Ahí había jefes de programa, ex ministros del Poder Ejecutivo. Es decir, todo el poder político a merced de la justicia de San Luis”, dijo el diputado del PRO libertario.

“No fueron capaces de mejorar ni optimizar ningún índice en la performance del Poder Judicial. Entonces, con ustedes no”, agregó, antes de cuestionar al actual titular del Colegio de Magistrados, Hugo Petrino Saá: “¿Es posible decirle a la sociedad que vamos a citar a comisión al titular del Colegio de Magistrados que está involucrado en situaciones de quebranto económico? Que recientemente ha sido embargado en su haber que percibe como magistrado”.

También criticó la trayectoria de los miembros del actual Superior Tribunal de Justicia, señalando que ningún miembro tiene “antecedentes como juristas ninguna trascendencia que revele su desempeño como abogado, asesor o consultor”. Para cerrar, defendió el alcance del proyecto: “Es un principio de ejecución, comenzamos con algo”.

“Están pisoteando al Poder Judicial”
Petrino volvió a tomar la palabra y sostuvo que “se ha politizado de una forma escandalosa una problemática y un proyecto que intentamos ajustar”. Con respecto a lo dicho por Pereira, señaló que ocurrió durante el paso del sistema inquisitivo al acusatorio, para lo cual se necesitó la rápida designación de fiscales. “Claro que puede haber habido errores en tiempos pasados, porque el que hace es muy probable que se equivoque”, dijo Petrino.

Asimismo, afirmó que el oficialismo está “pisoteando al Poder Judicial” y lo reivindicó como “un poder de la democracia y de la república”.

La escalada de acusaciones llevó al presidente del bloque del PJ, Federico Berardo, a solicitar un cuarto intermedio para reconsiderar la postura de su bloque.

“No vamos a llegar a ningún puerto con ningún tipo de reforma”
Al retomar la sesión, Berardo fue contundente: “Nos ha dejado bien en claro que no solamente este proyecto, sino todos los proyectos en los que supuestamente están trabajando desde el poder Ejecutivo no van a tener pensado en ningún momento escuchar a la Justicia”. Y advirtió: “Si esa es la forma de gobernar que tienen, no vamos a llegar a ningún puerto con ningún tipo de reforma”.

Desde el oficialismo, Eugenia Gallardo justificó el avance parcial de la iniciativa y sostuvo que una megareforma hubiese requerido un montón de tiempo. “El ciudadano nos pide dar respuestas a un problema real que lo reconocen ustedes y lo reconocemos nosotros”, dijo.

Finalmente, pese al apoyo inicial anunciado, el bloque opositor votó en contra del proyecto, que fue aprobado por mayoría y pasó al Senado para su sanción definitiva.

Condenas de 10 y 11 años para los acusados por el abuso sexual agravado de una menor de 14 años

Un tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción declaró culpables a dos hombres por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar daño en la salud mental y por haber sido cometido por dos personas” y los condenó a 10 y 11 años de prisión. La víctima tenía 14 años al momento del hecho, ocurrido el 6 de noviembre de 2022. El veredicto fue emitido este miércoles a la tarde luego de una extensa jornada que incluyó la declaración de testigos y la de los acusados; y los alegatos de clausura de las partes.

Bajo la presidencia de Adriana Lucero Alfonso y las vocalías de Hugo Guillermo Saá Petrino y Gustavo Ariel Parrillis, el tribunal juzgador computó como circunstancias atenuantes la falta de antecedentes condenatorios y como agravantes la extensión del daño causado y como uno de los acusados era policía, se agregó la condición de ser miembro de la fuerza policial. El abuso ocurrió en un motel del Barrio Jardín San Luis.

De acuerdo a la acusación fiscal, los hechos se iniciaron cuando la víctima asistió a un local bailable ubicado sobre Avenida España al 800 junto a familiares y conocidos. En el transcurso de la madrugada, al manifestar sentirse descompuesta, se le indicó que sería trasladada a su domicilio por dos personas que luego serían señaladas como imputadas.

Según la investigación, la joven salió del lugar en compañía de los acusados y se dirigieron al hotel alojamiento. Allí, la víctima denunció que ambos la abusaron y como pudo se defendió y se resguardó en el baño y luego se desmayó. Al ver que no reaccionaba, los imputados les avisaron a los tíos de la joven.

“Como pudo, cuando recobró el conocimiento, la víctima pudo decir lo que le pasó, que tenía a estas dos personas encima suyo, accediéndola. Entonces, pensaba, todos sabemos el trauma que entraña un abuso sexual en la psiquis de una persona, la rompe, la deja rota. Pero a veces lo que no pensamos es el costo de la revelación, el costo de hablar, el costo de decir esto”, dijo la fiscal de Juicio, Virginia Palacios.

Y agregó: “El costo de decir estas palabras ha sido elevadísimo, pasar frío, esperar para que la revisen los médicos, soportar que la señalen, intentos de suicidio, autolesiones, bullying. El costo fue casi o tanto como el trauma que al día de la fecha se verifique que se ha aprobado cabalmente del ultraje que sufrió en su integridad sexual. Me pregunto entonces, ¿qué sentido tiene decir una cosa por otra? Esto lo dijo porque esto es lo que sucedió. No tenía razón para mentir, no la tiene y no tiene motivo. Y eso también es lo que ha quedado demostrado”, alegó Palacios.

En su alegato de clausura, la fiscal narró que cuando los acusados vieron que la víctima se desvaneció, llamaron a los tíos y a la dueña del lugar. “No llamó a la policía ni a la ambulancia para no dejar en evidencia el hecho delictivo. Cuando se la rescató de ese lugar, salió corriendo, se tiró tierra en la boca. Es sabido que las víctimas de abusos sexuales sienten una permanente sensación de suciedad. Había sido ultrajada por estas dos personas, había sido violada por estas dos personas; de ese lugar la sacaron en andas”.

Los acusados se declararon inocentes

En la última jornada del debate, ambos acusados declararon ante el tribunal. El primero en hacer uso de la palabra fue el hombre de 28 años y quien al momento del hecho integraba la fuerza policial. Dijo que conoció esa noche a la joven, que tomaron un vino espumante y que no sabía que era menor de edad.

“Nunca le hice daño ni tuve relaciones sexuales con ella. Ella le dijo a su tío que quería ser mi novia, que le gustaba y fue ella la que me dijo que fuéramos a un telo. Como no conseguíamos taxi le pedí a mi amigo que nos llevara. Soy inocente, jamás le hice daño”, expresó.

El segundo acusado dijo que esa madrugada llevó a su amigo y a la joven al hotel pero como la adolescente había vomitado adentro del auto, les pidió entrar al lugar con ellos para limpiar el vehículo.

“No podía llegar a casa así y tener problemas con mi esposa. No hicimos nada de lo que se nos acusa, somos inocentes. Ella se quiso quedar en el hotel y como nos teníamos que ir llamamos a la dueña para avisarle. También fui a buscar a la tía para que supiera de la situación, pero jamás le hicimos daño”, dijo.

Sus defensas, representada por la abogada Fany Tortosa y el Defensor en lo Penal, José Luis Guiñazú, solicitaron la absolución. El Ministerio Público Fiscal, había solicitado penas de 15 y 16 años de prisión. El defensor de Niñez, Adolescencia e Incapaces, Sebastián Privitera, adhirió a esa petición mientras que el abogado de la querella, Héctor Zavala, pidió una condena de 20 años.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Gendarmería secuestró $52 millones que eran transportados sin aval legal

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron más de $52 millones en efectivo que eran transportados sin documentación respaldatoria en un vehículo que circulaba por la Ruta Provincial N° 1, a la altura de la localidad de La Punilla, en el sur de la provincia de San Luis.

El procedimiento se llevó a cabo este martes, cuando los uniformados inspeccionaron un automóvil que se dirigía hacia la ciudad de Villa Dolores, en la provincia de Córdoba. Durante la requisa, los gendarmes detectaron una mochila con fajos de billetes, cuyo origen no pudo ser justificado por el conductor del rodado.

Según informó Gendarmería, el conteo realizado en presencia de testigos arrojó un total de $52 millones.

Ante esta situación, tomó intervención la Fiscalía Federal de Villa Mercedes, que ordenó el secuestro del dinero y la confección de las actuaciones correspondientes. El conductor del vehículo, un ciudadano mayor de edad, quedó en libertad, supeditado a la causa judicial.

Poder Judicial: asumieron dos defensoras este miércoles

Mirtha Gabriela Moreno asumió como defensora oficial en lo Penal N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial y Lorena Noemí Luna juró como defensora adjunta de la Primera Circunscripción Judicial este miércoles al mediodía en un acto que se realizó en la Sala de Acuerdos del Palacio de Justicia.

El acto fue encabezado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Levingston, acompañado por los ministros, Carolina Monte Riso, Eduardo Allende y Guillermo L´Huillier, según comunicaron desde Prensa del Poder Judicial.

También estuvieron presentes, la secretaria administrativa del STJ, Ivanna Vanessa Albarado Magallanes.

Diputados: Jubilados autoconvocados presentaron un petitorio para exigir el boleto gratuito en toda la provincia

Foto gentileza: Prensa Cámara de Diputados

Con el respaldo de 2.600 firmas recolectadas en distintos puntos del territorio provincial, un grupo de jubilados autoconvocados presentó este miércoles un petitorio a la Cámara de Diputados para reclamar la gratuidad del transporte urbano e interurbano en San Luis. La iniciativa está basada en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que tiene rango constitucional en la Argentina.

“El petitorio lo que hace es solicitar el boleto urbano e interurbano en la provincia de San Luis, fundamentado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que está suscripto por el Estado Argentino, por lo tanto es ley en el Estado Argentino”, explicó Silvia Acosta, una de las voceras del reclamo, en diálogo con este medio.

Además del respaldo normativo, la nota presentada detalla el deterioro de las condiciones de vida de las personas mayores: la pérdida de poder adquisitivo producto de las devaluaciones, la falta de recomposición de los haberes, el aumento de los servicios, los alimentos, los alquileres y especialmente de los medicamentos, que ya representan un 60% de la canasta de este sector. “La desesperación de tener que subir a un colectivo y tener que pedirle al vecino porque se nos acabó la plata”, fue, según Acosta, el verdadero motor del reclamo.

El documento, entregado al presidente de la Cámara y a los titulares de los bloques legislativos, recuerda que la Convención Interamericana obliga a los Estados a “propiciar el acceso a tarifas preferenciales o gratuitas de los servicios de transporte público o de uso público a la persona mayor”, según el inciso f del artículo 26. También se hace hincapié en que este tratado internacional tiene plena vigencia legal en las provincias.

Desafortunadamente, los diputados que recibieron el planteo no brindaron respuestas concretas. “Nos señalaron que la provincia está por decretarse en emergencia. Les marcamos que la emergencia que vivimos los jubilados es muy grande. Si hay que decretar emergencia, el jubilado está en situación de emergencia”, relató Acosta. La vocera también cuestionó que la situación económica provincial se utilice como excusa para evitar el tratamiento del pedido: “Señalamos que la situación de la provincia tiene que ver con decisiones nacionales, y que ellos deberían juntarse con otras provincias para que la coparticipación realmente se envíe”.

Sobre el final del encuentro, y pese a los reparos expuestos por algunos legisladores, Acosta consideró que fueron tratados “amablemente, dentro de lo correcto”, aunque admitió que “algunos (fueron) más receptivos que otros”.

“Esto es nuestro primer paso”, concluyó. “Queremos que los legisladores tomen conciencia de nuestra situación y legislen en función de la situación de emergencia que estamos viviendo”.

Bertolini dio detalles del proyecto de ley que busca declarar la emergencia habitacional

El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, dio más detalles este miércoles, en conferencia de prensa, sobre el proyecto de ley que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura que busca declarar la emergencia y garantizar el acceso a soluciones habitacionales para la totalidad de los inscriptos en el plan ‘Tenemos Futuro’.

Antes de entrar en detalles, ¿sirve de algo convertir una política en ley?
No, para nada, y la historia reciente de San Luis así lo ha demostrado, con Alberto Rodríguez Saá abandonando completamente políticas de Poggi convertidas en ley y viceversa. Para más detalles, no te pierdas este artículo de 2021 con un repaso sobre este tema: Volvió el circo de convertir planes y políticas del Gobierno en ley.

Ahora sí, los detalles de este nuevo proyecto
“Es una apuesta muy fuerte. San Luis va a seguir construyendo viviendas y resolviendo este problema. El Gobernador lo dijo claramente: la construcción de viviendas vino a San Luis para quedarse, y tenemos que dar la respuesta en base a la necesidad que tiene hoy nuestra sociedad”, afirmó.

Primero, Bertolini hizo un repaso sobre el desarrollo de este plan. “Hace un año, en julio de 2024, el gobernador Claudio Poggi anunció que se abría la inscripción al plan, que se desarrolló desde el 21 de abril al 21 de julio de este año. Concluyó con la inscripción de 66.405 familias conformadas por 190.761 personas. Si lo relacionamos con la población de la provincia, según el Censo 2022, en el que eran 542.060 habitantes, hablamos de que había un 35%, un poco más de un tercio de la población de la provincia que no tiene resuelta la situación habitacional. Es un dato alarmante”, consideró.

Este cuadro, aseveró, es producto de la discontinuidad de la política habitacional en la provincia. Recordó que la última inscripción de viviendas fue en 2011, al plan Progreso y Sueños, en los que se anotaron “14.000 familias”. El funcionario aseguró que se construyeron, hasta 2015, “12.500 viviendas” y que, en este momento, se están construyendo las 1.505 viviendas restantes para cumplir con el compromiso contraído con esos ciudadanos.

Estas cifras que dio Bertolini no son del todo ciertas. En su primera gobernación, si bien esperaba entregar 10.000 viviendas, Poggi entregó 8.900 casas, sobre un total de inscriptos que, por aquel entonces, supuestamente era de 13.000 familias. A su vez, dejó 4.600 viviendas en construcción, las cuales fueron entregadas por Rodríguez Saá, pero bajo otros planes habitacionales en vez de Progreso y Sueños. Aun así, la actual gestión y todos sus funcionarios repiten constantemente que las viviendas entregadas por Poggi en su primer gobierno fueron 12 mil o 12.500.

“Más allá de que sea un gobernador u otro, estos vecinos habían confiado, habían pagado las cuotas y tenían la esperanza de tener resuelto ese problema. El compromiso asumido por el Gobierno de la Provincia es que se van a entregar las 1.505 viviendas antes de la Navidad de este año”, dijo.

El ministro expresó que, como autoridades, no pueden dejar de reconocer la situación del habitacional de los sanluiseños, que es “producto de la desidia, de no haber construido viviendas en los últimos ocho o diez años, lo que genera que la demanda se vaya incrementando”.

Esto, valga la redundancia, tampoco es cierto. Por ejemplo, entre 2019 y mayo de 2023, se entregaron 1.500 viviendas y había 2.500 en construcción. Lo que sí hay que destacar es que la mayoría de ellas se construyeron a través del programa nacional Casa Propia del expresidente Alberto Fernández, quien visitó San Luis en dos ocasiones para entregar viviendas. Para más detalles, no te pierdas este artículo.

“Esta situación nos obliga a utilizar la creatividad y la imaginación para poder dar respuesta a esta demanda en una situación económica difícil, no solo en la provincia sino en todo el país. Creo que somos la única provincia que hoy tiene tal cantidad de viviendas en construcción y que se atreve a plantear un plan habitacional serio a corto, mediano y largo plazo. Y esto no solo impacta en el desarrollo de la familia, sino que genera mano de obra”, expresó.

Sobre el proceso de inscripción, que es la primera fase de este plan, dijo que la demanda por departamento e incluso por localidad coincide con los datos poblacionales. Es decir, hay una relación directa con la población de cada lugar. “Esto nos permite deducir que la inscripción llegó hasta el último rincón de la provincia. Fue una inscripción de carácter universal. Todo el mundo se pudo inscribir. No hubo obstáculos. No hubo barreras, no hubo que hacer colas, no hubo que viajar”, refirió, y destacó que el proceso fue “absolutamente digital, a través de un formulario muy simple de completar; la intención fue que justamente se pudiera relevar cuál era la situación real y que llegue a todos los grupos familiares de la provincia que hoy no tienen resuelto este problema”.

Todos los datos expresados van a ser validados, primero, con la documentación respaldatoria y se va a seguir trabajando de manera digital, para evitar los traslados, los gastos o las trabas que genera desplazarse. En los casos que sea pertinente, van a realizar estudios socioambientales presenciales para verificar que lo declarado es real, confirmó el Ministro.

¿Qué contempla el proyecto de ley?
Este proyecto de ley de emergencia contempla algunos ejes centrales. “Por ejemplo, declarar la emergencia habitacional por el término de cinco años, prorrogable por periodos anuales por el Poder Ejecutivo. El objetivo es que esta emergencia dure hasta que el último de los inscriptos, cuyos datos hayan sido validados, tenga resuelto el problema habitacional en la provincia de San Luis”, dijo.

A raíz del trabajo y de la demanda que este tema implica, se ha considerado necesario jerarquizar la actual dirección de Viviendas, creando una secretaría de Estado de Política Habitacional. Esto, dijo Bertolini, “no implicará un gasto mayor dentro de la estructura de gobierno, sino que se van a reubicar a los distintos funcionarios que hoy están en la Dirección, para llevar a cabo todas las medidas necesarias para tener una política habitacional seria”.

Se va a realizar un censo de todas las tierras fiscales que existen en la provincia, ya sean de orden municipal, provincial o nacional. “Necesitamos saber con qué contamos a la hora de poder empezar a a proponer distintas soluciones o construcción de barrio o lotes con servicio”, fundamentó.

Por otro lado, el proyecto de ley prevé que del presupuesto anual de la provincia, de lo que se destine a obra pública mientras dure la emergencia, el 50% se va a utilizar para las soluciones habitacionales, es decir, para abordar y dar respuesta a esta necesidad.

En este sentido, señaló que se puede tratar de viviendas sociales tradicionales, lotes con servicio y “otras opciones que se pueden dar de acuerdo a la situación de cada familia”; pero no dio detalles sobre en qué podrían consistir estas opciones.

La etapa que entra en marcha ahora, que es la validación de datos declarados permitirá tener un número definido de inscriptos que cumplen con todos los requisitos. “Suponemos que esto nos puede llevar como mínimo 90 días. Una vez que se haga el primer filtro, se va a pedir la documentación respaldatoria. Y la tercera etapa será la de los informes socioambientales”, informó.