Juan Domingo Hernández fue enviado este miércoles a la Penitenciaria Provincial imputado provisoriamente por el delito de homicidio en ocasión de robo en perjuicio de Hugo Orozco. El juez de Garantía N° 3 de la ciudad de San Luis, Marcos Flores Leyes, hizo lugar a lo solicitado por la Fiscalía de Instrucción N° 1 y le impuso al hombre investigado 120 días de prisión preventiva.

La decisión se tomó durante la reanudación de la audiencia que había comenzado días atrás y que tuvo una prórroga de detención solicitada por la Defensora en lo Penal N° 2, Nadia Agúndez. En esta nueva jornada, las partes expusieron sus argumentos y el magistrado finalmente dispuso que Hernández sea privado de su libertad en el Servicio Penitenciario mientras continúa la investigación.

Durante la audiencia, Agúndez no cuestionó la formulación de cargos realizada por el fiscal Francisco Assat, pero sí puso en duda la calificación del hecho, la solidez de algunas evidencias y, especialmente, la existencia de los riesgos procesales que justificarían mantener detenido a su defendido. Uno de los principales planteos de la defensora estuvo relacionado con el testimonio de Feliciana Hernández, que habría presenciado el hecho. Según explicó, la testigo dio distintas versiones durante la investigación. “Esta señora dio tres versiones diferentes: una a la Policía, una en la Fiscalía y una a nosotros”, sostuvo Agúndez. Y agregó que esas declaraciones “se contraponen”, por lo que, desde su perspectiva, se trata de “un testimonio muy débil” para justificar una prisión preventiva. La mujer era pareja de Orozco y hermana del imputado.

Agúndez, acompañada en la audiencia por el defensor adjunto Diego Zunino, señaló que la víctima falleció más de un mes después de haber sido internada y que la autopsia indica una muerte por “isquemia cardíaca”, lo que, a su entender, podría implicar “una ruptura del nexo causal” con el hecho originario.

Explicó además que la propia Fiscalía impugnó esa pericia y solicitó, como prueba pendiente, una nueva junta médica. Para Agúndez, esta situación demuestra que todavía existen interrogantes importantes sobre la causa de la muerte. “Estamos hablando de que lo que menos hay es solidez real sobre la causa de muerte”, afirmó durante la audiencia.

Otro de los puntos discutidos fue el supuesto riesgo de entorpecimiento de la investigación: la defensa sostuvo que las medidas de prueba que todavía quedan pendientes —entre ellas una pericia telefónica, otra sobre información almacenada en la nube y una nueva evaluación médica— no podrían ser afectadas por Hernández si permaneciera en libertad.

“Es imposible el entorpecimiento de forma material por parte de Hernández”, planteó Agúndez, al considerar que el imputado no tendría posibilidades de manipular esas evidencias. También rechazó que haya existido un intento concreto de fuga. “El señor en dos meses ni siquiera pudo salir de la provincia por su extrema pobreza”, dijo la funcionaria y destacó que Hernández se presentó ante las autoridades.

Luego de escuchar los alegatos de las partes, el juez Flores Leyes consideró que “si bien los argumentos esbozados por la defensa resultan atendibles, entiendo que al menos a esta instancia no están dados las evidencias suficientes a fin de descartar dicho nexo causal”.

Respecto del riesgo de fuga, el magistrado tuvo en cuenta las circunstancias de la investigación y las medidas que debieron adoptarse para localizar al imputado. Por ese motivo, consideró que el riesgo de fuga debía ser neutralizado mediante la medida más gravosa solicitada por la Fiscalía, que es la prisión preventiva.

Flores Leyes también consideró relevante la existencia de la testigo que, según se planteó durante la audiencia, habría presenciado los hechos y brindado distintas versiones. En ese contexto, entendió que la libertad del imputado podría afectar la utilidad de esa declaración para el avance de la investigación.

La teoría del caso fiscal
Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, la noche del 7 de junio de 2026, en el domicilio de Hugo Orozco, ubicado sobre calle Intendente Celi 2170, se encontraban la víctima junto a su pareja, Feliciana Hernández y el propio Juan Domingo Hernández. En un primer momento, los tres compartían bebidas y mantenían una conversación en un contexto que, de acuerdo con la acusación, era pacífico.

“De forma repentina el imputado Hernández comenzó a golpear a Orozco con golpes de puño y con botellas de vino que se encontraban en la mesa”, narró Assat. La víctima perdió el conocimiento y, aun cuando se encontraba tendida en el piso y ensangrentada, el imputado habría continuado agrediéndola con patadas en la cabeza.

“Una vez ya incapacitado de forma total la víctima por estas heridas sufridas, Hernández le sustrae a Orozco un celular Motorola G23 y un parlante portátil para darse inmediatamente la fuga con dichos elementos y dejando a la víctima tendida en el piso, ensangrentada y gravemente herida”, agregó el fiscal.

Orozco fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde los médicos constataron múltiples lesiones, entre ellas heridas cortantes, hematomas, edema y deformación de la región nasal. La tomografía reveló además una hemorragia subaracnoidea y una fractura de los huesos propios de la nariz. Debido a la gravedad de su estado, debió ser intubado. Sin embargo, su evolución fue desfavorable y finalmente falleció el 3 de julio, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio derivado de las complicaciones de las lesiones sufridas.

La investigación también permitió reconstruir el destino de los elementos sustraídos. Según expuso Assat, después del robo Hernández habría entregado el celular y el parlante al otro imputado, Benjamín Robledo. El parlante posteriormente fue secuestrado cuando intentaba venderlo. Respecto del teléfono, una pericia sobre su trazabilidad permitió establecer que había sido entregado a su hijastro y que posteriormente se colocó un chip en el aparato. El celular, hasta el momento, no fue recuperado.

La querella adhirió a la Fiscalía
El abogado de la querella, Lucas López, señaló que los familiares directos de la víctima se constituyeron como querellantes particulares y pidieron participar activamente en la investigación. Además, solicitó que no solo se investigue cómo ocurrió el homicidio, sino también sus circunstancias, el móvil y la finalidad de la muerte. En ese sentido, pidió que se produzcan y preserven todas las evidencias necesarias para determinar qué ocurrió, si existió algún delito previo o relacionado y cuál pudo haber sido el propósito del autor.

Fuente: Prensa Poder Judicial

El Colegio de Jueces de la Segunda Circunscripción Judicial rechazó los planteos de las defensas de Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel y confirmó que los tres continuarán alojados en el Servicio Penitenciario Provincial, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el Complejo Molino Fénix.

Las defensas habían solicitado revisar la medida de coerción y propusieron alternativas menos gravosas, pero el tribunal entendió que todavía subsisten riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación. La prisión preventiva había sido dispuesta originalmente el 24 de agosto y ratificada el 16 de septiembre por el Juzgado de Garantía Nº4.

En el caso de Anabela Lucero, exdiputada provincial, la Fiscalía le atribuye junto a Joaquín Beltrán un rol de organización dentro de la estructura investigada. El Colegio de Jueces señaló que esa hipótesis se apoya, entre otros elementos, en testimonios de empleados sobre su presencia permanente en el complejo, órdenes impartidas, comunicaciones con Beltrán y la utilización del espacio con fines de campaña política.

Según la resolución, esa posición y su vínculo con trabajadores y contratistas del Molino Fénix mantienen vigente el riesgo de influencia sobre testigos y sobre prueba documental y testimonial que todavía no fue incorporada a la causa.

Respecto de Enzo Lucero, el tribunal remarcó su condición de firmante autorizado de una cuenta del ente, su vinculación con sociedades investigadas y la existencia de una pericia pendiente sobre su dispositivo. Para los jueces, su rol lo conecta especialmente con evidencia financiera y digital y con personas vinculadas a estructuras societarias bajo investigación.

En cuanto a Exequiel Scarel, la situación se concentra particularmente en la evidencia informática. Se le atribuye la administración de credenciales, modificaciones de contraseñas, desactivación de cuentas institucionales e intervención sobre información digital. El tribunal consideró que su capacidad técnica y la posibilidad de acceso remoto mantienen vigente el riesgo de entorpecimiento.

Dos meses y una advertencia a la Fiscalía
El Colegio de Jueces confirmó también el plazo de la prisión preventiva. La Fiscalía había solicitado originalmente cuatro meses, pero el juez de Garantías la fijó en 60 días, vinculándola con medidas todavía pendientes, entre ellas pericias informáticas y contables, entrevistas a posibles receptores de cheques y el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil.

El tribunal consideró correcta esa relación entre la duración de la medida y la prueba que falta producir, pero dejó una advertencia para eventuales prórrogas: “Si al vencimiento del plazo esa prueba no se produjo, la demora deberá ser justificada por el Ministerio Público Fiscal”.

La resolución dispuso además que el Servicio Penitenciario garantice la atención médica de Anabela Lucero e informe sobre su estado de salud y tratamiento. En el caso de Scarel, ordenó instrumentar un régimen de contacto adaptado a las necesidades de su hijo menor, con posibilidad de videollamadas o visitas en condiciones especiales.

Una causa que se amplió y ya tiene seis imputados
La investigación comenzó en 2024 por hechos inicialmente encuadrados como peculado, relacionados con la presunta utilización de bienes y recursos del Complejo Molino Fénix en beneficio propio o de terceros. Con el avance de la causa, la hipótesis fiscal se amplió hacia delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y destrucción u ocultamiento de pruebas.

Actualmente hay seis imputados. Además de Lucero, Enzo Lucero y Scarel, también están involucrados Joaquín Beltrán, Diego Torres y Cristian Hedel Becher Domingo.

En el caso de Beltrán, la Fiscalía lo señala como uno de los organizadores de la estructura y pidió a la Cámara de Diputados el allanamiento de sus fueros para poder avanzar eventualmente con medidas de coerción más gravosas. El planteo llegó al recinto la semana pasada, pero el oficialismo no consiguió reunir los 29 votos necesarios, equivalentes a los dos tercios de la totalidad de la Cámara, por lo que el diputado mantiene por ahora su inmunidad de arresto.

La situación de Beltrán había sido uno de los puntos centrales de la causa en las últimas semanas. El fiscal José Olguín sostiene que existen riesgos de entorpecimiento y de afectación de prueba digital, además de atribuirle un rol central en la operatoria investigada.

Por su parte, Diego Torres tiene formulados cargos por fraude en perjuicio de la Administración Pública, asociación ilícita y destrucción u ocultamiento de elementos de prueba, mientras que Cristian Hedel Becher Domingo recibió dos meses de prisión preventiva tras la ratificación de cargos por asociación ilícita y administración fraudulenta como partícipe necesario.

Con la decisión conocida ahora, Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel seguirán detenidos mientras continúa la producción de prueba que la Fiscalía considera necesaria para avanzar en la causa.