Día del Trabajador: cronograma de servicios para el feriado del 1° de mayo

La Municipalidad informó cómo será la prestación de servicios el viernes 1 de mayo, Día del Trabajador.

La recolección de residuos funcionará con normalidad, tanto el servicio domiciliario como las zonas que cuentan con contenedores.

Los cementerios San José y Del Rosario permanecerán cerrados, al igual que los Centros de Atención al Vecino (CAV) y el Mercado Municipal del barrio Eva Perón. El sistema de Estacionamiento Medido (SEM) no estará operativo.

En cuanto a SerBa, las cuadrillas de agua trabajarán con guardias de 7 a 20 horas, y las de redes de cloacas, de 7 a 01 horas.

“Estamos invirtiendo $3.350 millones en obras viales para la provincia de San Luis”

El gobernador Claudio Poggi firmó este miércoles por la mañana cuatro decretos para llevar adelante obras viales que generan puestos de trabajo y oportunidades en las ciudades y pueblos del interior de San Luis, ya que los pliegos dicen claramente que las empresas ganadoras de las licitaciones deben contratar mano de obra local.

El Mandatario describió que van a reparar “el tramo de la ruta provincial 2, desde La Toma hacia el departamento de San Martín, hasta el empalme con la ruta nacional 20. También el tramo de la ruta provincial 15, desde San Gerónimo hasta Los Manantiales, incluido también el acceso a Los Manantiales por la ruta 45”.

Agregó el llamado a licitación para adjudicar la demarcación horizontal de la ruta provincial 20, “una obra muy importante para la seguridad vial, que va desde El Volcán, pasando por La Toma, hasta la intersección con la autopista 55; y el llamado a licitación para la puesta en valor de 1.426 kilómetros de caminos provinciales no pavimentados que abarcan siete circuitos. Es una inversión de $1.348 millones”.

Poggi resumió que “la inversión total de estos cuatro decretos asciende a $3.350 millones en obras viales para la provincia de San Luis”.

Fuente: ANSL

Allanaron la penitenciaría provincial: secuestraron documentación y apartaron a dos agentes

Foto gentileza: El Diario de la República

Un amplio operativo se desplegó este miércoles en el Complejo Penitenciario N° 1 de la ciudad de San Luis, donde personal de Gendarmería Nacional llevó adelante allanamientos y requisas en el marco de una investigación judicial que se desarrolla desde 2025.

Según informó el Ministerio de Seguridad, los procedimientos finalizaron pasadas las 22 horas y fueron ordenados por la Unidad Fiscal de Investigación y Litigio de Casos Complejos, a cargo de Cristian Rachid. Como resultado, se secuestró documentación y diversos elementos requeridos por la Justicia.

En paralelo, dos integrantes del Servicio Penitenciario provincial fueron pasados a disponibilidad en el contexto de la investigación en curso, medida que apunta a facilitar el avance de las actuaciones y determinar eventuales responsabilidades.

De acuerdo a lo consignado por el medio El Chorrillero, el operativo se realizó en el marco de una causa federal por narcotráfico cuyo eje principal se encuentra fuera de la provincia. Los procedimientos se extendieron a distintos sectores del establecimiento, tanto en unidades masculinas como femeninas.

Durante los allanamientos no se hallaron estupefacientes, aunque sí se avanzó en la recolección de material considerado relevante para la causa, que continúa en etapa investigativa.

El despliegue fue realizado por Gendarmería Nacional bajo un esquema de trabajo conjunto entre Nación y Provincia, en el marco del Comando Unificado. La pesquisa busca establecer posibles vínculos entre internos detenidos por delitos federales y redes externas, y no se descartan nuevas medidas a partir del análisis de los elementos secuestrados.

Diputados aprobó cambios en la Ley de Amparo y la oposición se retiró durante el tratamiento del Día del Maestro Rural

La Cámara de Diputados de San Luis tuvo este miércoles una sesión con dos tema principales: por un lado, dio media sanción a la modificación de la Ley de Amparo y, por otro, aprobó el proyecto para instituir el Día del Maestro Rural Sanluiseño. En este último punto, el bloque opositor se retiró del recinto en medio del debate y luego explicó los motivos de la medida.

En primer término, el cuerpo aprobó por mayoría el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que introduce cambios en la Ley de Amparo (Ley N° IV-0090-2004). La iniciativa obtuvo 27 votos afirmativos y 14 negativos, y ahora deberá ser tratada en el Senado.

Desde el oficialismo, la diputada Luciana Perano sostuvo que la norma vigente “garantiza los derechos de los ciudadanos y ha funcionado bien”, pero planteó la necesidad de actualizarla. Entre los principales cambios, se redefine la competencia judicial: el juez interviniente será el de primera instancia del lugar donde el acto tenga efecto, asignado por turno o sorteo, con el objetivo de evitar la elección del magistrado y reforzar la transparencia.

También se amplía de tres a cinco días hábiles el plazo para que la parte demandada presente su informe, en busca de mejorar el derecho de defensa sin afectar la rapidez del proceso.

Desde la oposición, el presidente del bloque del Frente Justicialista, Lucas Caymes, cuestionó la iniciativa al considerar que no es “superadora” y advirtió que no se consultó a los colegios profesionales. Además, planteó la necesidad de incorporar y reglamentar figuras como el amparo colectivo, el ambiental y el habeas data, junto con la revisión de distintos plazos procesales.

Más tarde, la Cámara dio media sanción por unanimidad al proyecto que instituye el 4 de noviembre como el Día del Maestro Rural Sanluiseño, una iniciativa también impulsada por el Ejecutivo provincial.

El proyecto reconoce la labor de los docentes rurales y toma como base una fecha que ya era celebrada por el sector. Durante el debate, desde el oficialismo destacaron la importancia de visibilizar el rol de quienes sostienen la educación en contextos alejados y remarcaron el impacto de distintas políticas educativas en la ruralidad.

Sin embargo, cuando estaba por comenzar el tratamiento de la iniciativa, los legisladores del Frente Justicialista se levantaron de sus bancas y abandonaron el recinto. A través de un comunicado, el bloque luego explicó que la decisión fue una señal de protesta y de acompañamiento al reclamo docente. “Un homenaje no paga el alquiler ni la canasta básica. El docente puntano hoy está bajo la línea de la pobreza mientras el gobierno pretende que celebremos con formalismos”, señalaron.

En la misma línea, cuestionaron que el oficialismo impulse “leyes de contenido meramente simbólico” en lugar de avanzar en medidas salariales y paritarias. “Los docentes necesitan leyes de fondo, no leyes de calendario”, afirmaron, y reclamaron la apertura urgente de una discusión que garantice salarios por encima de la línea de pobreza y mejores condiciones laborales.

En declaraciones a La Gaceta Digital, el propio Caymes reforzó esa postura: “Nos retiramos del recinto porque acompañamos el reclamo docente. Nos parece una falta de respeto que la única política del gobierno hacia el docente es instituir su día el 4 de noviembre. No nos quejamos de la fecha pero los docentes necesitan un proyecto de ley que los contenga”, dijo el legislador.

Le otorgaron la prisión domiciliaria al policía imputado por la golpiza a Brian Arévalo

Captura video de Megacable

Este miércoles 29 de abril, la Justicia dispuso la prisión domiciliaria para Matías Escudero, el efectivo policial imputado por la golpiza a Brian Arévalo, en el marco de una audiencia multipropósito que se extendió por casi tres horas, debido a que el juez Marcos Flores Leyes tuvo que atender una situación que lo requería en la penitenciaría, por lo que hubo que realizar un cuarto intermedio.

Según informó a este medio el abogado Nedo Gómez, representante de la querella, durante la audiencia “todos los planteos de la defensa (de Escudero) fueron rechazados”, en referencia a la excepción de tipicidad, la nulidad del proceso y el intento de incorporar evidencia en esa instancia, mediante una proyección de imágenes y videos.

En cuanto a la medida, explicó que “la prisión preventiva se modificó a domiciliaria, pero esto no significa que se hayan bajado los días”, y precisó que el imputado “tiene que cumplir con la totalidad de los noventa días, con la diferencia que no va a estar alojado en el servicio penitenciario, sino que lo va a hacer en la casa”.

Además, el juez dispuso restricciones específicas. “Se dispuso la restricción para con el damnificado, para con la víctima, y así también el impedimento de contacto con sus compañeros de la policía”, señaló Gómez.

Durante la audiencia también declaró Escudero “y reconoció el hecho”, afirmó el abogado.

El caso se remonta al 9 de abril, cuando Brian Arévalo fue interceptado por efectivos policiales en la peatonal Mendoza del barrio 292. Según la acusación, el procedimiento derivó en una agresión física que le provocó lesiones graves, entre ellas fracturas en el rostro.

Por estos hechos, Escudero fue imputado por lesiones graves agravadas por su condición de funcionario público, abuso de autoridad y apremios ilegales, y en un primer momento se le dictó una prisión preventiva de 90 días en el Servicio Penitenciario. Esto fue calificado como un “exceso” por la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, y el gobernador Claudio Poggi.

En el marco de la investigación, la fiscalía sostuvo que el efectivo no habría actuado solo y no descartó nuevas imputaciones, mientras que también se analizan posibles irregularidades en el accionar policial posterior al hecho.

Caso Magalí Morales: el Tribunal confirmó las imputaciones y agravó la calificación para dos acusadas


El Tribunal de Impugnaciones en lo Penal de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial confirmó la formulación de cargos en la causa por la muerte de Magalí Morales y, a pedido de la querella, agravó la imputación para dos de las acusadas, a quienes ahora se les atribuye el delito de torturas seguidas de muerte en calidad de coautoras.

La resolución, adoptada por mayoría, rechazó los recursos de apelación y revisión presentados por las defensas y confirmó parcialmente lo dispuesto en la audiencia de formulación de cargos del pasado 16 de marzo, manteniendo la causa en etapa de investigación penal preparatoria.

Además, se ratificó la prisión preventiva para los imputados Heraldo Reynaldo Clavero y Marcos Dionisio Ontiveros, y se dispuso la misma medida —por un plazo de 90 días— para María Eugenia Argüello y Victoria Johana Paola Torres, en función de los riesgos procesales evaluados.

El Tribunal también señaló que en la causa coexisten dos hipótesis: la sostenida por la Fiscalía y la impulsada por la querella particular. Ambas líneas podrán desarrollarse durante los 120 días previstos para la investigación, plazo en el que el Ministerio Público Fiscal deberá avanzar hacia una eventual audiencia de control de acusación.

La causa se originó a partir de los hechos ocurridos en abril de 2020 en una dependencia policial de Santa Rosa del Conlara, en el contexto de las restricciones sanitarias vigentes.

En la audiencia de formulación de cargos realizada el 16 de marzo, los cuatro imputados habían sido acusados por distintos delitos vinculados a la detención y muerte de Morales. En ese momento, el juez Nicolás Coppola había dispuesto la prisión preventiva para Clavero y Ontiveros, mientras que para las dos mujeres se habían dictado medidas menos gravosas.

Con esta nueva resolución del Tribunal de Impugnaciones, la situación procesal de Argüello y Torres se agravó tanto en la calificación legal como en las medidas de coerción, al quedar también bajo prisión preventiva.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Imputaron a un hombre por abuso sexual agravado cinco años y medio después de realizada la denuncia

Después de más de cinco años y medio desde que se radicó la denuncia, este miércoles por la mañana se concretó finalmente la audiencia de formulación de cargos contra un hombre acusado de abuso sexual agravado en perjuicio de una menor. La causa avanzó a la etapa de investigación penal preparatoria, aunque el imputado continuará en libertad.

La audiencia se realizó en la Primera Circunscripción Judicial y fue encabezada por la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, con intervención de la Fiscalía de Género N° 2, a cargo de Delia Bringas, junto a la fiscal adjunta Marisol Boschi. También participaron las abogadas querellantes Fernanda Pereyra Jameson y Estrella Marín, además de los defensores del imputado, Federico Farías, Victoria Robledo y Ana María López.

Según la acusación fiscal, el hombre mantenía un vínculo de confianza con la familia de la víctima —era padrino de una de sus hijas y era conocido como “tío”— y, en ese contexto, habría cometido el hecho cuando la niña, que en ese momento tenía 11 años, se encontraba bajo su cuidado. La calificación legal provisoria es la de abuso sexual agravado por su condición de guardador y por el grave daño en la salud mental de la víctima.

De acuerdo a lo expuesto durante la audiencia, la joven —hoy mayor de edad— presenta un cuadro que incluyó trastornos alimentarios severos, internaciones y al menos un intento de suicidio, lo que fue considerado como parte del daño acreditado en esta instancia.

“Por fin, después de cinco años y medio, sucedió la formulación de cargo”, dijo Pereyra Jameson tras la audiencia, y agregó que “hoy tuvimos la posibilidad de que se le dijera de qué cargos se lo acusa”.

En la misma línea, remarcó la existencia de elementos de prueba incorporados a la causa, lo que hace aún más insólitas las demoras. “Tenemos una cámara Gesell contundente, donde habla del abuso sexual de esta persona”, afirmó, y sumó que también hay “pericia psicológica de oficio” y distintos testimonios. “Estamos hablando de pruebas del propio Poder Judicial”, enfatizó.

Por su parte, Marín aclaró que, si bien la imputación corresponde a un único hecho, ellas además representan a tres hermanas que también han denunciado a esta misma persona por abuso, aunque la causa ya ha prescripto.

Uno de los puntos más cuestionados por la querella fue la extensión del proceso hasta llegar a esta instancia. “Cinco años y medio de recursos, de trabas que ha hecho la defensa, ya es irrisorio”, sostuvo Marín, y advirtió: “Ya no se trata de un debido proceso, porque nos olvidamos de la víctima”.

En ese sentido, Pereyra Jameson también apuntó a las dilaciones. “Es muy difícil recolectar pruebas en estos casos, y acá las hay. Estuvimos cinco años y medio para un proceso que debería haber arrancado a los meses de haber hecho la denuncia”, señaló la abogada, quien consideró que la defensa realizó “un montón de cosas que son paupérrimas”. A modo de ejemplo, contó que luego de que el fiscal Francisco Assat “pudo contestar una vista que no le favorecía al imputado”, la defensa lo recusó y contrató como abogado al padre del fiscal.

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó medidas cautelares como la prohibición de salida de la provincia, la obligación de presentarse periódicamente ante la Fiscalía y una restricción de acercamiento respecto de la víctima, las cuales fueron concedidas por la jueza. Sin embargo, se rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por las querellantes, al considerar que no hay riesgo procesal para la causa.

“Nosotros la pedimos”, indicó Pereyra Jameson, quien cuestionó la decisión al sostener que el imputado “anda por las calles de San Luis sin problema” y que “va al barrio República a visitar a niños”.

Marín confirmó que el acusado “llegó en libertad y se fue en libertad” y detalló que deberá firmar mensualmente durante 120 días, no podrá salir de la provincia sin autorización, salvo por cuestiones de trabajo o de salud, y que tendrá una restricción de acercamiento de 300 metros con respecto a la denunciante.

Desde la defensa, en tanto, se rechazó la acusación y se cuestionaron los elementos probatorios, en particular el informe de Cámara Gesell, al sostener que no contiene “indicadores de abuso”. También se planteó que no está acreditado el vínculo entre el hecho denunciado y el estado de salud actual de la joven.

Otro de los planteos que se discutieron durante la audiencia fue el intento de la defensa de apartar a los padres de la denunciante como querellantes en la causa. Sostuvieron que, al ser la joven actualmente mayor de edad, no estaban formalmente habilitados para intervenir. Sin embargo, la jueza Banó rechazó ese pedido al considerar que, en función de la normativa vigente y la situación de vulnerabilidad acreditada, los familiares cercanos pueden participar del proceso cuando existe una afectación que limita el ejercicio pleno de derechos.

Al momento de resolver, la jueza Banó formalizó la investigación y consideró que la prisión preventiva es una medida excepcional, que no correspondía en esta instancia, teniendo en cuenta que el imputado se mantuvo a derecho durante el proceso.

Otro aspecto que fue destacado por la querella es que la causa estuvo cerca de prescribir. “Estamos festejando, porque la realidad es que habían pedido la prescripción”, dijo Pereyra Jameson, y agregó: “Cinco años y medio después, al fin podemos decir que arrancamos”.

Por su parte, Marín explicó que el proceso recién inicia su etapa central. “Estamos lejos del juicio, sí, pero hoy, por primera vez, después de cinco años y medio, le formularon cargos”, señaló.

La investigación tendrá ahora un plazo de cuatro meses para la recolección de pruebas, tras lo cual se realizará la audiencia de control de acusación y, eventualmente, la elevación a juicio.

 

Convocan a una olla popular por el Día del Trabajador y advierten por el aumento del hambre y la pérdida del poder adquisitivo

Sindicatos, organizaciones sociales y partidos opositores convocaron a una olla popular para este viernes 1° de mayo, en el marco del Día del Trabajador. La actividad se realizará desde las 9 de la mañana en la intersección de avenida España y Lafinur, en el inicio del espacio conocido como el Trueque.

En ese sentido, Diego Costa, secretario Gremial de la CTA, describió un escenario crítico a nivel nacional y aseguró que hay “más de trescientos mil despidos desde que asumió el gobierno de Javier Milei” y “treinta empresas que cierran por día”. También remarcó “un promedio del 50% de caída del poder adquisitivo en los distintos sectores” y “una situación de endeudamiento de las familias populares”.

Además, cuestionó el rumbo del país al señalar que existe “una situación de sometimiento nacional extremo” y que la Argentina “marcha a ser colonia con este presidente que parece un virrey de las potencias internacionales”, dijo Costa.

“Lo que crece es el hambre, pero también crece la lucha de los distintos sectores populares que nos organizamos”, agregó el dirigente.

Por su parte, Mariela Cros, dirigente del Movimiento Evita, puso el foco en la situación económica de los trabajadores. “¿Y a quién le podemos decir feliz día al trabajador? Si los que tenemos la suerte de tener salario estamos en una situación muy crítica”, dijo la dirigente, quien además se refirió a la “cantidad de desempleo” que hay y a situaciones como el “pluriempleo”. “Tenemos todos más de una actividad para poder sobrevivir, ni siquiera ni hablemos de llegar a fin de mes”, sostuvo.

La referente social también alertó sobre el crecimiento de la demanda alimentaria. “Lamentablemente, sí, ha crecido la cantidad de gente que necesita, y también sabemos que con solucionarle un almuerzo no alcanza. Hay hambre todos los días en San Luis”, dijo Cros, quien adelantó que se repartirán alrededor de 800 porciones en esta olla popular.

Finalmente, vinculó la situación provincial con el contexto nacional. “San Luis no es otro país. San Luis está dentro de la Argentina, y nuestro gobernador replica las políticas de ajuste de Milei”, sostuvo.

Tenemos Futuro: Poggi visitó los futuros hogares que se construyen en ciudad de San Luis

Este miércoles, el gobernador Claudio Poggi recorrió las viviendas que se construyen en la capital dentro del plan ‘Tenemos Futuro’. Se trata de dos módulos habitacionales que, anunció, van a entregarse antes de la Navidad de este año.

Los 314 futuros hogares se erigen al este de la avenida Lafinur extremo sur, junto a los barrios que Poggi entregó en diciembre pasado. Están distribuidas en cinco módulos distintos, adjudicados a cuatro empresas constructoras.

La primera parada de Poggi fue en las manzanas que están a cargo de la empresa Flama S.A., que edifica un total de 57 hogares. Luego, el primer mandatario se trasladó apenas cinco cuadras hasta el obrador de la empresa Jorma S. A., al frente de la construcción de 44 casas.

Junto al secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres, a la directora de Obras de Arquitectura y Viviendas, Marina Ortiz, y un amplio grupo de inspectores, el Gobernador se fue interiorizando sobre los avances de cada unidad y de algunos cambios introducidos en el modelo conforme a experiencias anteriores.

“En las 44 viviendas en las que estamos ahora se están haciendo trabajos de revoque exterior, pintura con revestimiento plástico, ajustes y fundamentalmente, tanto en este grupo como en el grupo anterior, la conexión es a las redes. Como ustedes verán ya tenemos instalada y conectada la red eléctrica. Ya está toda la iluminación prendida y estamos con el tema de instalaciones de cloacas y de agua”, dijo Ortiz.

Agregó que “el prototipo de vivienda tiene 57 metros cuadrados cubiertos, siempre con la posibilidad de expansión de acuerdo al núcleo familiar, ya sea con un dormitorio más o ampliando la zona de estar o también una cochera, que es fundamental acá en San Luis”.
También comento que “se hacen modificaciones porque siempre se va aprendiendo, todos los días aprendemos cosas, entonces se va mejorando y, en función de eso, hemos hecho modificaciones en la instalación sanitaria de la cocina, la disposición de los artefactos. También está previsto, por ejemplo, colocar el placar de las habitaciones en otro lugar para darle mayor flexibilidad y también que sea más funcional”.

El Gobernador hizo preguntas de cada detalle y, fiel a su estilo, conversó con los obreros, que hicieron una breve pausa en su ajetreada jornada para deslizar la posibilidad de que el Primer Mandatario los acompañe en un asado. Y por supuesto, no faltaron las bromas futboleras.

En total, el proyecto les da trabajo, solo en la capital, a 1.256 personas.

Fuente: ANSL

Poggi firmó el decreto para sumar una hora de clase en escuelas de nivel primario

Este miércoles, el gobernador Claudio Poggi, acompañado por el ministro de Educación, Guillermo Araujo, y la secretaria Legal y Técnica, Natalia Carranza, firmó el decreto que homologa el convenio para la ampliación de las horas de clase, correspondiente al programa Hacia la Universalización de la Jornada Completa o Extendida, suscripto entre la secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación y el Ministerio de Educación de la San Luis. Esto implica que comenzará a implementarse una hora más de clase en escuelas de la provincia.

Los docentes de primaria percibirán un extra por la hora adicional. Además, junto a los docentes de educación inicial, cobrarán el ítem enseñanza en el aula por un monto bruto de $125.000.

De este modo, la jornada se extiende de cuatro a cinco horas diarias, para garantizar 25 horas cátedra semanales.

“El programa Hora+ busca fortalecer el tiempo de estudio, específicamente agregando una hora más de clase, que generalmente es en el Primario. Se dedica exclusivamente a Lengua y Matemática. Con este convenio, hemos empezado una prueba piloto en 16 escuelas de distintas localidades“, puntualizó el ministro Araujo.

Vale recordar que en la Provincia están en marcha dos iniciativas, Queremos Aprender y Queremos Resolver, que están en sintonía con esta medida y que apuntan a consolidar los conocimientos y habilidades de los estudiantes tanto en materia de lectura, alfabetización y comprensión lectora y en el aprendizaje de la lógica matemática ya la resolución de problemas, respectivamente.

Con Hora+, las autoridades de Educación buscan asegurar el logro de los objetivos previstos para dicho nivel y garantizar oportunidades equitativas para el aprendizaje de conocimientos significativos en ambas áreas.

El Ministro aclaró que el acuerdo con Nación comprende exclusivamente a las escuelas estatales. “Nos parece fundamental para reforzar los conocimientos, se suma a todo el trabajo que realizamos en alfabetización y en matemática, y la idea es continuar incorporando escuelas en la medida, por supuesto, que se pueda ir coordinando con Nación”, dijo Araujo.

Además, el jefe de la cartera educativa refirió que “en estas 16 escuelas se paga una adicional a 130 docentes y directivos, que se van a ver beneficiados con el extra por este tiempo que se suma y lo van a haber reflejado en el recibo de sueldo de este mes”.

“También se empieza a implementar un ítem para todos los docentes de nivel Inicial y Primario que están frente a aula, que es el ítem Enseñanza en aula, que implica un adicional bruto de $125.000. También se va a empezar a abonar a partir de este mes, lo cual también es una buena noticia”, informó el ministro.

Fuente: ANSL