Un operativo realizado este martes en la ciudad de San Luis permitió el secuestro de cocaína suficiente para la elaboración de 284 dosis, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. La sustancia incautada tiene un valor estimado de aproximadamente $1.700.000, según informó el Ministerio de Seguridad.
El procedimiento se llevó adelante bajo la denominada “Misión Sarmiento” y fue ejecutado por efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico. El allanamiento, ordenado por el Juzgado Federal de San Luis, se concretó en una vivienda del barrio Félix Bogado, donde funcionaba un centro de venta y distribución de drogas.
Durante el operativo, además de la droga, la Policía secuestró una balanza de precisión y seis teléfonos celulares, elementos que serán incorporados a la investigación.
Como resultado del procedimiento, el magistrado interviniente dispuso la detención e incomunicación de un hombre de 32 años, acusado de infracción a la Ley 23.737.
Un grupo de familias y miembros de la Asociación de Sordos Sanluiseños protagonizó este martes por la mañana un reclamo en el Centro N° 21 Puerta de Cuyo para exigir la restitución de la doble jornada y el acompañamiento pedagógico para estudiantes con discapacidad. La manifestación fue ruidosa y, según pudo verse en distintos videos, incluyó golpes en las puertas de la institución, que permanecieron cerradas.
El pedido apunta principalmente a que el establecimiento, que funciona como centro tras la unificación de distintas instituciones, retome el esquema de doble turno y refuerce el apoyo escolar, especialmente para jóvenes que asisten a escuelas comunes por la mañana.
“Desde que se hizo centro, el directivo tomó esa resolución”, dijo Silvina Hernández, integrante de la Asociación de Sordos Sanluiseños, quien además señaló que se eliminaron espacios de acompañamiento y se ofrecieron en su lugar talleres como cocina o costura.
Según relataron las familias, ya hubo instancias de diálogo con el Ministerio de Educación, pero sin resultados. “Nos juntamos con el directivo y no quedamos en nada”, afirmó Hernández, quien insistió en el reclamo: “Estamos pidiendo que vuelva la doble jornada y por los profes”.
Otra madre también planteó la necesidad de recuperar el acompañamiento pedagógico para estudiantes que concurren a otras escuelas, al considerar que el esquema actual deja sin apoyo a quienes más lo necesitan.
De acuerdo a lo sucedido este martes, la directora de la institución no recibió el petitorio que intentaban presentar los manifestantes.
Desde el Ministerio de Educación, el subdirector de Educación Especial e Inclusión Educativa, Federico González, confirmó que el reclamo llegó a la institución, pero cuestionó la modalidad. “En este reclamo hubo un grupo de gente que golpearon las puertas de la institución. Adentro, docentes y estudiantes se asustaron mucho”, señaló, y agregó que “hay niños muy chiquitos con distintas condiciones y discapacidades”.
El funcionario indicó que, tras lo ocurrido, se comunicó con el personal del centro y ofreció recibir el petitorio en el Ministerio, aunque hasta el momento no fue presentado. Consultado sobre la negativa de la directora a recibir el documento, sostuvo que “las instituciones están siempre abiertas”, aunque planteó que el contexto pudo haber influido. “Si viene una turba de gente, por ahí es difícil, porque la institución tiene que cuidar y salvaguardar a los docentes y a los niños”, expresó.
En relación al fondo del reclamo, González evitó definiciones concretas y señaló que aún no cuentan con detalles formales. “Se me hace muy difícil poder hablarte o darte más información, al desconocer el petitorio y cuáles son las cosas que ellos le están reclamando”, dijo.
No obstante, explicó que el funcionamiento actual del centro responde a una reorganización previa. “El Centro 21 una institución donde se unificaron distintos tipos de instituciones. Esto fue una decisión política que se tomó en su momento”, indicó.
Sobre el caso puntual mencionado por las familias, señaló que se trata de un estudiante con trayectoria compartida entre dos instituciones y que los cambios se vinculan a situaciones particulares. “Se planteó la modificación ante un grupo de estudiantes que no iban a clases o que se hacía muy larga la trayectoria”, explicó.
González aseguró que el Ministerio mantiene una postura abierta al diálogo y que se convocará a nuevas reuniones. El funcionario también respondió a los cuestionamientos de las familias sobre reuniones previas sin resultados. “He tenido varias reuniones con la mamá y con el equipo directivo. Se le han ofrecido distintas propuestas y no les ha parecido lo ideal, así que seguimos buscando”, sostuvo.
Finalmente, insistió en que el reclamo no se realizó de la manera adecuada. “Creo que no es la forma de reclamo. Uno puede reclamar, tiene derecho, lo que no puede hacer es, en defensa de su derecho, pisotear los derechos del resto”, concluyó, destacando además que al Centro N° 21 asisten actualmente aproximadamente 290 estudiantes.
El Senado provincial convirtió en ley este martes el proyecto que declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia de San Luis a las festividades religiosas del Cristo de la Quebrada y del Cristo de Renca, en reconocimiento a su valor histórico, antropológico, social y espiritual.
La iniciativa había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados la semana pasada, tal como anticipó La Gaceta Digital, y completó este martes su tratamiento legislativo con la aprobación definitiva en la Cámara alta.
La norma busca preservar y promover estas manifestaciones de fe profundamente arraigadas en la identidad puntana, que cada año convocan a miles de peregrinos de distintos puntos de la provincia y del país.
La declaración como patrimonio cultural inmaterial implica el reconocimiento oficial de estas celebraciones como expresiones vivas de la cultura local, que trascienden lo religioso para convertirse en un fenómeno social y comunitario de gran relevancia.
La sanción de la ley se produce en la antesala de un nuevo fin de semana largo, durante el cual se desarrollarán las tradicionales festividades en Villa de la Quebrada y Renca, que volverán a reunir a una multitud de fieles en ambas localidades.
Este martes no se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de Nicolás Anzulovich, el exministro de Desarrollo Social de Alberto Rodríguez Saá acusado de enriquecimiento ilícito, ya que no fue notificado en su domicilio personal. La situación fue advertida por el propio abogado defensor de Anzulovich, Cristóbal Ibáñez, quien ayer presentó un escrito en el juzgado, manifestando que “no había sido notificado en el domicilio que vive actualmente”, sino en uno donde hace ya cinco años que no vive.
“Todo esto que estoy diciendo está en la causa. Entonces, ha habido un error de la fiscalía y del juez al notificar en un domicilio incorrecto. Y para que el procedimiento no se declare nulo, para que haya un debido proceso y para que se respeten las garantías constitucionales que tiene cualquier investigado por algún delito que se lo acuse, se tiene que notificar a él personalmente en su domicilio. Y es el domicilio que sale en el expediente. En el expediente no sale el domicilio donde se notificó, sino que sale el domicilio donde vive actualmente”, comentó Ibáñez, en declaraciones a La Gaceta Digital.
El abogado destacó además que ni el juez, ni el fiscal ni el particular damnificado, que sería el Estado; advirtió este error. “Al darme cuenta yo, solicité que el mismo se notifique de la forma que corresponde, que es el domicilio actual que el mismo Poder Judicial ha brindado”, destacó Ibáñez, recordando que esta no es la primera vez que esto ocurre. “Hay un informe de la Policía, el cual dice que el señor Anzulovich, en el domicilio al cual lo notificaron la vez anterior, no vive más hace más de cinco años”.
En cuanto a la acusación que impulsa la fiscalía, por enriquecimiento ilícito, Ibáñez consideró que hay que esperar a que finalmente se realice la audiencia de formulación de cargos. “Si estamos hablando de un delito de enriquecimiento ilícito, tiene causales objetivas y subjetivas muy claras, es muy preciso. Vamos a ver en qué cree él (el fiscal) que se ha cometido un enriquecimiento ilícito, tiene que dar los fundamentos, tiene que decir cuál fue el desfasaje económico que hay, si lo hay, y tiene apuntar la fecha. Es algo muy concreto y específico. Así que escucharemos al fiscal que dice en su oportunidad y luego de eso presentaremos las pruebas que hacen a nuestro derecho”, continuó el abogado defensor.
Por último, La Gaceta Digital consultó a Ibáñez cuando se podría llevar a cabo esta audiencia de formulación de cargos fallida, el abogado consideró que, “si no hay ningún tipo de animosidad de parte del Poder Judicial”, y comparando con otros casos similares; se debería realizar dentro de dos semanas.
“Si la ponen antes de esa fecha, verás que hay algún tipo de animosidad con el señor Anzulovich, porque los tiempos judiciales no son tan rápidos y esto tendría que ser para todos los ciudadanos por igual”, concluyó.
Por el lado de la Justicia, el fiscal Francisco Assat Alí confirmó que Anzulovich no fue notificado en su domicilio, pero remarcó que Ibáñez sí. “Ante esas circunstancias y evitar cualquier planteo de nulidad y que no se ha presentado el imputado por ese tecnicismo, es que el juez de Garantías seguramente va a reprogramar la audiencia y nosotros así lo vamos a solicitar en lo inmediato, que seguramente va a ser la semana que viene porque se tiene que contar con tres días hábiles previos de la notificación de la audiencia de formulación de cargos”, dijo Assat, quien consideró que era suficiente con que haya sido notificado el abogado defensor, sumado a que la realización de esta audiencia es algo que había salido en múltiples medios de comunicación.
La jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, dispuso este martes 120 días de prisión preventiva para Nicolás Sebastián Garro y Matías Alejandro Lucero, imputados por el homicidio de Gastón Alejandro Alcaraz, ocurrido el 18 de abril en el barrio Virgen de Luján.
Tras escuchar los argumentos de la defensa, Banó tuvo por formulados los cargos y dispuso la prisión preventiva de ambos imputados por el plazo de 120 días, conforme a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Tuvo en cuenta la gravedad del hecho, la pena en expectativa, el riesgo de fuga y la necesidad de resguardar la producción de prueba, por lo que entendió que la prisión preventiva resulta una medida proporcional y razonable en esta etapa inicial del proceso.
Garro fue señalado por la fiscalía como autor material del delito de homicidio simple, mientras que a Lucero se le atribuye el rol de partícipe necesario. Ambos fueron asistidos por la defensora oficial en lo Penal Nº 2, Nadia Agúndez, junto al defensor adjunto Diego González Zunino.
Durante su intervención, la defensa no formuló objeciones formales a la imputación, pero cuestionó la solidez de la acusación y la calificación legal provisoria. Sostuvo que existen dudas sobre la mecánica del hecho, la participación de los imputados y la posible intervención de otras personas. También planteó que no se configuran los riesgos procesales necesarios para justificar la prisión preventiva, como el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, y propuso medidas alternativas menos gravosas.
La investigación está a cargo de la fiscal de instrucción en lo Penal Nº 6, Linda Maluf, junto a la fiscal adjunta Roxana Alcaraz.
La causa
Según relató Maluf durante la audiencia inicial, realizada el domingo 19 de abril, el hecho ocurrió alrededor de las 2:40 de la madrugada. En ese momento, los imputados se encontraban junto a la víctima cuando se desató una discusión que derivó en una violenta agresión.
De acuerdo con la acusación, Lucero se dirigió a su vivienda, tomó un cuchillo tipo carnicero y se lo entregó a Garro, quien habría apuñalado en reiteradas oportunidades a Alcaraz, provocándole múltiples heridas. Aun cuando la víctima cayó al suelo, ambos habrían continuado golpeándolo hasta que la intervención de vecinos —que arrojaron piedras— logró interrumpir el ataque.
Posteriormente, los acusados intentaron darse a la fuga. Garro fue detenido a pocos metros del lugar con el arma en su poder, mientras que Lucero fue aprehendido más tarde por personal policial.
Alcaraz fue trasladado al Hospital Central Ramón Carrillo, donde falleció aproximadamente dos horas después. El informe preliminar de autopsia, realizado por la médica forense Marcela Gómez, determinó que la causa de muerte fue un “estallido pulmonar” provocado por heridas de arma blanca que perforaron los lóbulos superior e inferior del pulmón izquierdo.
Pensada para toda la familia, este viernes 1° de mayo se realizará en el Autódromo Provincial Rosendo Hernández, la Expo Camiones Solidaria, un evento que invita a disfrutar de la jornada con diversas actividades. La organiza la Asociación Civil Camioneros Solidarios de Larga Distancia con el apoyo del ministerio de Desarrollo Humano.
Los coordinadores informaron que la entrada es libre y gratuita pero se pedirá la donación de alimentos no perecederos destinados al comedor de la asociación o útiles escolares que luego serán entregados a escuelas rurales. Las puertas al público se abrirán a las 10:00 y la actividad se extenderá hasta las 18:00.
Habrá sorteos, música en vivo, stands de empresas de transporte, repuestos y seguros, entre otros, sector de emprendedores y gastronómico, desfile de camiones y autos clásicos, demostraciones de manejo y premiaciones.
Para los más pequeños de la familia, la propuesta incluye chocolate, peloteros, brigada de peluquerías y Pinta Caritas.
El Senado provincial prestó acuerdo este martes 28 de abril para la designación de Alberto Ferraro como miembro permanente del Tribunal de Cuentas, en una sesión secreta realizada conforme a lo establecido por la normativa vigente.
La designación responde a lo dispuesto por el artículo 242 de la Constitución provincial y fue impulsada por el Poder Ejecutivo, que fundamentó el nombramiento en la “idoneidad, formación y trayectoria” del contador, además de su “compromiso con los principios de legalidad y transparencia en la gestión pública”.
Ferraro, primo hermano del actual ministro de Hacienda, Néstor Ordóñez; es contador público nacional, egresado de la Universidad Católica de Cuyo con diploma de honor y medalla de oro al mejor promedio de toda la universidad, además de una distinción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Luis. Actualmente se desempeñaba como vocal del Tribunal de Cuentas desde mayo de 2024, puesto que es temporario y no permanente; y anteriormente presidió la constructora San Luis Sapem. También fue intendente comisionado de La Carolina durante dos períodos y ocupó cargos en los ministerios de Hacienda, Salud y Gobierno.
Tras la sesión, el senador Martín Olivero confirmó que Ferraro ocupará el cargo que quedó vacante tras la jubilación de Guillermo Catalfamo y destacó los antecedentes del designado. “Destaco su capacidad y un curriculum intachable. Ya lo habíamos designado por Asamblea Legislativa hace dos años y ahora, por la renuncia de Catalfamo, va a ocupar el lugar del mismo”, sostuvo.
Además, Olivero adelantó que el próximo jueves se realizará una Asamblea Legislativa para completar la integración del organismo. “Será el día jueves a las once de la mañana, donde se van a elegir a los dos miembros temporarios, que tienen una duración, según lo que establece la constitución, de dos años”, indicó.
Según detalló, uno de esos cargos será propuesto por el oficialismo y el otro por la oposición. “La mayoría, que somos nosotros, tenemos que nombrar uno, y la minoría que es el bloque del PJ tiene que nombrar al restante”, afirmó Olivero, haciendo hincapié en que el oficialismo va “a respetar” a la primera minoría, claramente queriendo diferenciarse de lo que hacía el albertismo, que siempre designaba a alguien propuesto por una minoría aliada.
La convocatoria a la Asamblea Legislativa se da no solo porque Ferraro pasa a ocupar el cargo permanente, sino también porque las designaciones temporarias se hacen cada 2 años y la última fue en 2024.
El Gobierno de San Luis, a través de la dirección de Vialidad Provincial, pondrá en marcha obras de conservación y mejora en tramos estratégicos de las rutas provinciales N°15 y N°45, en el departamento Juan Martín de Pueyrredón, y en la ruta provincial N°2.
En el caso de las rutas de Pueyrredón, la intervención abarcará aproximadamente 87 kilómetros, incluyendo el tramo de la ruta provincial N°15 entre San Gerónimo y Los Manantiales, y el de la ruta provincial N°45 desde Los Manantiales hasta su empalme con la ruta nacional N°146. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $81.294.666,28 y un plazo de ejecución de 90 días corridos.
Por otro lado, la intervención sobre la ruta provincial N°2 prevé una inversión de $112.932.591,07 y un plazo de ejecución de 95 días corridos, abarcando un tramo de aproximadamente 101 kilómetros entre el empalme con la ruta provincial N°20, en La Toma, y el empalme con la ruta nacional N°20. Se trata de la segunda etapa de obra sobre esta vía, luego de una primera intervención que comprendió el tramo entre Villa Mercedes y La Toma.
Las autoridades de Vialidad Provincial detallaron que el objetivo principal de las obras es optimizar las condiciones de seguridad vial y mejorar la transitabilidad en corredores que presentan un deterioro progresivo producto del paso del tiempo, el tránsito y las condiciones climáticas.
En correspondencia, se ejecutarán tareas de bacheo superficial y profundo, sellado de grietas y fisuras, como también limpieza y perfilado de banquinas a lo largo de los tramos intervenidos.
Asimismo, indicaron que la presencia de baches y deformaciones en la calzada, sumadas a problemas de escurrimiento de agua, generan situaciones de riesgo para los usuarios, por lo que las intervenciones resultan prioritarias para evitar daños mayores en la estructura vial.
Estas acciones forman parte de la política provincial de mantenimiento de la red vial, orientada a garantizar mayor seguridad y mejores condiciones de circulación para vecinos, productores y transportistas que utilizan diariamente estas rutas.
El gobernador Claudio Poggi participó este lunes de la inauguración del nuevo Centro de Tecnología Informática y Data Center de Edesal, ubicado en la emblemática central de avenida España y Lafinur. Se trata de una obra que forma parte del proceso de modernización tecnológica de la empresa, orientada a fortalecer la infraestructura digital y potenciar el servicio eléctrico en la provincia.
El Mandatario fue recibido por la integrante del directorio, Pía Rovella; el gerente general, Martín Lombardini; la gerente de Relaciones Institucionales, Mariela Quiroga Gil; y el gerente de Tecnología Informática, Cristian Ferrero, quien estuvo a cargo del recorrido por las instalaciones. También estuvo presente el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto.
Tras el descubrimiento de una placa, las autoridades realizaron una visita guiada para conocer el funcionamiento del nuevo centro de datos, considerado uno de los avances más relevantes de la compañía en materia de infraestructura y seguridad informática.
La puesta en marcha del Data Center forma parte de una estrategia de transformación digital que busca dotar a Edesal de una plataforma robusta, preparada para acompañar el crecimiento del sistema energético y responder ante eventuales contingencias. El nuevo espacio permitirá centralizar áreas clave, ya que integra en un mismo lugar los equipos de infraestructura y desarrollo, lo que mejorará la coordinación interna y optimizará la capacidad de respuesta operativa.
Durante la actividad, Ferrero valoró la presencia del Gobernador como un respaldo al proceso de modernización de la empresa: “Es muy importante la visita del Gobernador para nosotros porque ratifica que estamos en buen camino para implementar todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías”.
También explicó que el proyecto implicó una reconversión integral del histórico edificio: “La obra consiste básicamente en la puesta en valor de un edificio emblemático para Edesal, donde ya teníamos oficinas para el equipo de desarrollo, ahora hemos integrado nuevas oficinas para todo el equipo de infraestructura tecnológica”.
Uno de los puntos centrales de la inversión fue la ampliación de la capacidad tecnológica. El nuevo Data Center permitió trasladar equipamiento existente y sumar nuevas herramientas. “Ahora tenemos realmente mayor tecnología y la posibilidad de poder incorporar, al ser más grande, nuevo equipamiento para poder dar mejor servicio”, detalló Ferrero.
Además, destacó la incorporación de tecnologías avanzadas, ya que “hemos podido incorporar nuevos servidores con todo lo referido a tecnología informática y a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial”.
El Gerente aseguró que estas mejoras impactan directamente en los sistemas que utilizan los usuarios, como la oficina virtual, que cuenta con más de 170 mil usuarios registrados y unos 218 mil suministros activos. También en los procesos internos de la empresa, al ofrecer mayor respaldo ante fallas y garantizar la continuidad operativa.
El nuevo centro también refuerza los sistemas de seguridad informática y los mecanismos de respaldo, fundamentales para sostener el servicio en contextos de alta demanda o ante incidentes técnicos. “Estamos reforzando todos los procedimientos y los procesos tecnológicos que sirven de respaldo a nuestros sistemas”, indicó el gerente, y concluyó que el nuevo entorno permite “tener mejor continuidad en el servicio”.
Diego Fernando García fue imputado por un hecho ocurrido en la ciudad de La Punta, donde una adolescente de 17 años fue víctima de exhibiciones obscenas mientras caminaba con su hijo en un cochecito.
Según la reconstrucción realizada en la audiencia, la adolescente de 17 años caminaba a las 08:00 hs. por la Avenida General San Martín de la ciudad de La Punta, junto a su hijo de pocos meses de edad. En ese momento, observó un automóvil Fiat Palio blanco, con la luneta trasera rota, que circulaba lentamente detrás de ella.
El conductor descendió del vehículo para orinar en un espacio verde de la Avenida Juan Pascual Pringles a la altura del Barrio 600 Viviendas y luego regresó al auto. Cuando la joven pasó por el costado del vehículo, el imputado comenzó a hablarle de forma insistente, instándola a subir al auto. La adolescente logró observar que el sujeto dentro del auto realizaba actos de connotación sexual. Ella siguió caminando y García a bordo del rodado empezó a perseguirla a baja velocidad por varias cuadras. Al llegar a una esquina, la víctima extrajo su teléfono celular, momento en el cual el imputado se dio a la fuga.
La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo ante la titular del Juzgado de Garantía Nº 2, Agustina Dopazo Samper, con la participación de la Fiscalía de Género Nº 1, representada por la Fiscal Delia Bringas; la Defensoría de Niñez y Adolescencia Nº 1, representada por la Defensora Adjunta Belén Suárez; y la defensa del imputado, ejercida por la Defensoría Oficial en lo Penal Nº 1, con la intervención del Defensor Adjunto Diego González Zunino.
La Fiscalía le atribuyó a García el delito de “exhibiciones obscenas agravadas por tratarse de una persona menor de edad” y detalló que la imputación se sustenta en la denuncia, testimonios, registros fílmicos, actuaciones policiales e informes técnicos, entre ellos una pericia en Cámara Gesell que concluyó que el relato de la joven es coherente y compatible con una memoria episódica.
Además, la Fiscalía hizo referencia a la existencia de antecedentes con características similares, provenientes de la Fiscalía de Género, aunque en perjuicio de personas mayores de edad.
Por su parte, la Defensoría de Niñez y Adolescencia adhirió a la acusación y remarcó la situación de vulnerabilidad de la víctima, solicitando que las restricciones de contacto se extiendan también a medios digitales y redes sociales.
La defensa técnica del imputado no se opuso a la formulación de cargos ni a las medidas de coerción solicitadas, aunque consideró excesivo el plazo de cuatro meses requerido por la fiscalía para su vigencia.
Finalmente, la magistrada tuvo por formulados los cargos contra García en los términos expuestos por la Fiscalía. Al momento de resolver, valoró especialmente el relato de los hechos y señaló que la conducta atribuida incluye actos de índole sexual realizados en la vía pública mientras el imputado se dirigía a la joven.
Asimismo hizo lugar a las medidas de coerción solicitadas: la obligación de firmar mensualmente ante la fiscalía, la prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial y la restricción absoluta de acercamiento y contacto (tanto físico como virtual) respecto de la víctima y su entorno familiar en un radio de 300 metros. La Fiscalía hizo especial hincapié en esta medida al señalar que el imputado trabaja como conductor de una aplicación de transporte, actividad que lo mantiene en constante circulación por la vía pública.
Dopazo Samper advirtió al imputado que el incumplimiento de estas medidas podría derivar en una nueva causa por desobediencia judicial y en la imposición de medidas más gravosas, como la prisión preventiva.