Efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico anularon un centro de venta y distribución de drogas en la ciudad de San Luis, en el marco de un procedimiento realizado este domingo dentro de la denominada “Misión Sarmiento”.

El operativo se llevó adelante tras una investigación policial por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes y fue ordenado por el Juzgado Federal de San Luis. El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en la manzana 3 del barrio José Hernández.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 219 envoltorios de nylon con cocaína, cantidad suficiente para la elaboración de 172 dosis. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, esas dosis tendrían un valor aproximado de $1.032.000 en el mercado ilegal.

Además de la droga, la Policía incautó dos teléfonos celulares, varios recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes y $2.500 en efectivo.

Como resultado del operativo, el magistrado interviniente dispuso la detención e incomunicación de un hombre de 42 años de edad por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Este sábado por la noche, un adolescente de 15 años resultó gravemente herido tras la explosión de una garrafa en una casa del barrio 500 Viviendas Sur, en la ciudad de San Luis.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la manzana 103 del mencionado barrio. Según manifestó la madre del chico (una mujer de 53 años), el joven se encontraba manipulando una garrafa de gas cuando la misma explotó, provocándole quemaduras en el rostro y en los brazos.

El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Central Dr. Ramón Carrill”, donde permanece internado en la sala de terapia intensiva.
En el lugar intervino personal policial de la Comisaría Seccional 41°, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

Fuente: Prensa Ministerio de Seguridad

El próximo lunes 9 de marzo comenzará el ciclo lectivo 2026 en el Instituto de Seguridad Pública Juan Pascual Pringles, que contará con el ingreso de 155 aspirantes para las carreras de agente de Policía y subayudante penitenciario. Además, el mismo día se concretará el egreso de la promoción 25/26, integrada por 86 agentes que se incorporarán a las fuerzas de seguridad desde el martes.

El rector del instituto, el comisario general (RV) y profesor Gerardo Velázquez, detalló que el nuevo ciclo lectivo tendrá “un total de 155 jóvenes, tanto personal masculino como femenino”. En cuanto a los egresados, precisó que son 86 en total, de los cuales 70 se incorporarán a la Policía y 16 al Servicio Penitenciario.

Según explicó, quienes finalizan la formación ya cuentan con su contrato y equipamiento asignado. “Ya tienen su respectivo contrato en la mano, tienen su armamento y chalecos en condiciones para el día martes, cuando tanto la Policía como la Penitenciaría podrán contar con el servicio respectivo de cada uno de ellos”, señaló.

Por su parte, la vicerrectora del instituto, la magíster Paula Delgado, indicó que el ciclo lectivo comenzará con una cursada intensiva que se desarrollará de lunes a viernes durante toda la jornada.

“Los aspirantes estarán en el instituto desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde. Durante el turno mañana se dictará el área académica con las asignaturas correspondientes a los planes de estudio, mientras que por la tarde se desarrollarán las prácticas profesionalizantes y las actividades de orden cerrado, acompañadas por el cuerpo de instructores”, explicó.

Delgado también confirmó que los egresados comenzarán a prestar servicio de inmediato. “El lunes finaliza su paso por el instituto en calidad de egreso y el martes ya son puestos en funciones, puesto que el decreto correspondiente ya está elaborado y el armamento designado”, sostuvo.

En relación con la permanencia de los estudiantes durante la formación, la vicerrectora señaló que el nivel de deserción es bajo. “Salvo motivos personales que lleven a solicitar la baja voluntaria, el desgranamiento es mínimo. El período de adaptación permite que los aspirantes conozcan la dinámica del instituto y, en general, el saldo de egresados siempre es positivo”, afirmó.

Sobre la composición del nuevo ingreso, Delgado detalló que habrá 49 varones y 106 mujeres que comenzarán la cursada en calidad de aspirantes. La formación tiene una duración de un año y finaliza con prácticas profesionalizantes que incluyen la participación en operativos de seguridad y eventos masivos.

Por último, Velázquez destacó que la apertura de esta cohorte responde al compromiso asumido por el Gobierno provincial para incorporar a aspirantes que habían quedado pendientes desde 2023. Además, adelantó que se prevén obras de infraestructura en el instituto con el objetivo de ampliar la capacidad de formación en los próximos años y permitir un mayor número de convocados a partir de 2027.

Las medidas gremiales que llevan adelante trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) provocarán demoras este viernes en el vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas que opera en el aeropuerto de la ciudad de San Luis. La situación forma parte de un plan de lucha nacional impulsado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que durante esta semana incluyó asambleas en distintos aeropuertos del país.

“El vuelo de Aerolíneas Argentinas de hoy se va ver afectado por medidas gremiales de los trabajadores de ANAC del aeropuerto San Luis como parte de un plan de lucha nacional que se ha desarrollado esta semana en distintos aeropuertos del país, donde se han producido demoras por asambleas en vuelos comerciales”, informó el secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica.

El dirigente sindical agregó que la medida impactará en la salida del servicio programado para esta jornada. “Va tener demora al despegue el vuelo comercial”, señaló.

De acuerdo con la comunicación formal enviada por ATE al administrador nacional de la ANAC, Oscar Villanova, este viernes 6 de marzo los trabajadores del organismo realizaron asambleas con afectación de tareas entre las 15 y las 17 horas, lo que repercutió en la operatoria del aeropuerto.

Según precisaron desde el gremio, las medidas forman parte del plan de lucha nacional de ATE ANAC, que durante esta semana incluyó asambleas en distintos aeropuertos del país y generó demoras en vuelos comerciales.

En un comunicado difundido el 2 de marzo, el sindicato informó que se declaró en estado de alerta y movilización y advirtió que las asambleas podrían provocar demoras en los servicios. Además, anticipó la posibilidad de un paro general de actividades el martes 10 de marzo si no hay avances en las negociaciones con el Gobierno nacional.

Desde ATE ANAC señalaron que participaron de distintas instancias de diálogo, pero sostuvieron que hasta el momento no recibieron una propuesta que consideren acorde a las demandas del sector. En ese contexto, calificaron como “insuficiente” la oferta presentada y aseguraron que continuarán con el plan de lucha.

El gremio también cuestionó que, según indicaron, el Gobierno pretende modificar un monto salarial que había sido previamente acordado, situación que —según señalaron— profundizó el conflicto con los trabajadores del organismo.

El Tribunal de Impugnaciones de la Primera Circunscripción Judicial confirmó la prisión preventiva por 120 días para un agente del Servicio Penitenciario imputado por los delitos de corrupción de menores agravada por el vínculo, abuso simple agravado por la convivencia y producción de representaciones de menores con fines sexuales. De esta manera, el tribunal rechazó el planteo presentado por la defensa del acusado.

La decisión fue adoptada por unanimidad por el tribunal integrado por la jueza Laura Molino, como presidenta, y los jueces Jorge Sabaini Zapata y Yanina Del Viso, como vocales. El cuerpo analizó el recurso de revisión presentado por el abogado defensor Héctor Zabala Agüero contra la resolución del juez de garantía Nº 3, Marcos Flores Leyes, quien había ordenado la medida de coerción.

En la audiencia intervinieron la Fiscalía de Instrucción Penal con competencia en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores Nº 2, representada por la fiscal Antonella Córdoba y la defensora adjunta Mercedes García; la Defensoría de Niñez y Adolescencia Nº 3, a cargo de Silvina García y la defensora adjunta Belén Suárez; además de la defensa técnica del imputado.

Durante la audiencia, el abogado defensor solicitó que se revise la prisión preventiva al considerar que el plazo de 120 días es excesivo y que no existen riesgos procesales que justifiquen la restricción de la libertad. También sostuvo que gran parte de las medidas de prueba ya fueron realizadas y que los dispositivos electrónicos vinculados a la investigación se encuentran secuestrados y bajo resguardo judicial, por lo que —según planteó— no habría posibilidad de interferir en la evidencia.

Asimismo, cuestionó que se haya invocado un eventual riesgo para las víctimas sin una explicación concreta y señaló que, a su entender, la cámara Gesell realizada en la causa no reflejaría indicadores de abuso respecto de una de las niñas mencionadas. Como alternativa, propuso que el imputado cumpla prisión domiciliaria en un domicilio distinto al lugar donde se habrían producido los hechos investigados.

Al responder al planteo, la fiscal Antonella Córdoba explicó que la investigación comenzó el 22 de octubre de 2025 y que tres días después se formularon cargos por los delitos mencionados.

Indicó además que durante la investigación se realizaron allanamientos en el domicilio del imputado y se secuestraron distintos dispositivos de almacenamiento digital que actualmente continúan siendo analizados por el área de delitos complejos. Según detalló, la causa involucra una gran cantidad de material audiovisual y fotográfico que debe ser examinado de manera individual por especialistas y parte de ese material habría sido registrado en el domicilio allanado.

La fiscal también señaló que aún resta peritar uno de los dispositivos secuestrados, particularmente un teléfono celular. Explicó que, por las características de la evidencia digital y los sistemas de almacenamiento remoto, existe la posibilidad de que el contenido pueda ser modificado o eliminado a distancia mediante el acceso a cuentas o servicios asociados al dispositivo. En ese sentido, advirtió que una eventual libertad del imputado —o incluso el cumplimiento de una prisión domiciliaria— podría generar un riesgo concreto de alteración o pérdida de información relevante para la investigación.

Por su parte, la defensora adjunta Mercedes García indicó que gran parte del material hallado corresponde a registros de carácter casero y que, además de una presunta víctima identificada, podrían existir otros niños o niñas que aún no han sido individualizados, por lo que se están realizando diligencias para determinar su identidad.

También señaló que el avance de la investigación se ha visto dificultado por la escasa colaboración del entorno familiar, lo que complejiza la identificación de posibles víctimas y la reconstrucción de los hechos.

En la audiencia, la Defensoría de Niñez y Adolescencia Nº 3 adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que su intervención se justifica por la posible afectación de derechos de niños, niñas y adolescentes que podrían haber sido víctimas en el marco de la causa, incluso cuando algunos de ellos todavía no hayan sido plenamente identificados.

Desde ese organismo señalaron que la existencia de víctimas indeterminadas no implica que no existan, sino que la investigación aún no logró establecer con precisión su identidad. También advirtieron sobre el riesgo de entorpecimiento de la investigación, especialmente por la posibilidad de alteración remota de evidencia digital que todavía resta analizar y por la eventual influencia sobre testigos del entorno familiar.

Además, se opusieron a la alternativa de prisión domiciliaria al señalar que no existen informes socioambientales que permitan determinar quiénes viven en el domicilio ofrecido ni si allí residen niños, niñas o adolescentes, lo que impediría evaluar si esa medida podría neutralizar los riesgos procesales.

La decisión del tribunal

Al fundamentar la resolución, los jueces consideraron acreditado un riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación, especialmente por el carácter intrafamiliar de los hechos investigados y por las medidas de prueba que aún restan producir.

También valoraron la solidez de la imputación, la gravedad de la calificación legal atribuida a los hechos y la expectativa de pena prevista para este tipo de delitos.

En relación con la propuesta de prisión domiciliaria, el tribunal concluyó que no existen elementos suficientes para considerar que esa medida pueda neutralizar los riesgos procesales.

Por último, los jueces solicitaron a los medios de comunicación extremar los recaudos al informar sobre la causa para evitar cualquier situación que pueda permitir la identificación de niños, niñas o adolescentes involucrados.

Cabe recordar que en el proceso penal rige el principio constitucional de presunción de inocencia, por el cual toda persona investigada debe ser considerada inocente hasta que una sentencia firme determine su responsabilidad. Asimismo, por tratarse de un caso que involucra a personas menores de edad, sus identidades se mantienen reservadas conforme a la normativa vigente.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Este jueves 5 de marzo por la noche, efectivos de la Sección Movilidad del Comando Radioeléctrico llevaron adelante un procedimiento en la ciudad de San Luis, donde demoraron a una mujer de 35 años de edad.

Los uniformados recibieron una alerta del Centro de Operaciones Policiales, ya que un llamado al 911 daba cuenta de un incidente en una vivienda de la manzana 31 del barrio Amppya.

Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con un hombre de 41 años de edad, quien les comentó que su expareja (la mujer de 35 años) se había hecho presente en su domicilio, incumpliendo una medida de restricción de acercamiento, y había causado daños en distintos elementos del interior de la casa.

Tras tomar conocimiento de los hechos, los efectivos constataron la vigencia de la orden judicial y, en ese marco, demoraron a la mujer de 35 años de edad, quien posteriormente fue trasladada a la Comisaría Seccional 2°.

El sistema público de salud realizó el trasplante de riñón número 33 en el hospital Dr. Ramón Carrillo. Se trató además del sexto procedimiento con donante vivo. El receptor fue Nancy Edith Gerry, de 62 años, quien recibió un riñón donado por su hijo, Juan Carlos Demaría, de 27. Ambos son oriundos de la ciudad de San Luis.

El caso presenta una particularidad destacada: la paciente no llegó a requerir diálisis. El procedimiento se realizó de manera preventiva, luego de un seguimiento sostenido del equipo del consultorio de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (CERCA) del hospital y del cumplimiento de los controles médicos indicados. Este tipo de abordaje permite evitar el ingreso a diálisis cuando la enfermedad renal alcanza su etapa crítica.

Tras la intervención, Nancy Gerry permanece internada en la Unidad de Trasplante y presenta una evolución favorable durante las primeras 24 horas posteriores a la cirugía. Juan Carlos Demaría, quien fue el donante, también atravesó el posquirúrgico inmediato de manera satisfactoria y evoluciona de forma estable.

Con este procedimiento, el Hospital Central suma 33 trasplantes renales realizados. A ese número se agregan 12 trasplantes de córneas concretados recientemente, lo que eleva a 45 el total de intervenciones de este tipo efectuadas en la institución.

Equipo médico interviniente
En el área de cirugía participaron Pablo Farinelli, jefe del servicio; Luis Mercado, subjefe; Emanuel Repetto y Julio Bittar, jefe de la Unidad de Trasplante.

Por el servicio de Nefrología intervinieron Marcela Valdeón, jefa del área, y Matías Suárez, subjefe. También participaron Paula Arenas, subjefa de la Unidad de Trasplante, y Malena Aguirre, del servicio de Infectología.

Además, colaboraron equipos de enfermería, personal administrativo y servicios de apoyo como laboratorio, diagnóstico por imágenes, hemoderivados y farmacia.

Desde el equipo médico destacaron la importancia de la donación de órganos y señalaron que no todos los pacientes tienen la posibilidad de acceder a un trasplante con donante vivo, por lo que remarcaron la relevancia de este tipo de actos solidarios.

El intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, reveló que hay personas que le han manifestado que hay grupos de vecinos que esperan que pase el camión recolector de residuos para sacar la basura. También mencionó que se ha erradicado un basural varias veces, pero que los vecinos vuelven a tirar basura.

El jefe comunal manifestó este jueves en su visita a la plaza Halcones del Cielo que “el municipio está invirtiendo muchos recursos de los vecinos en la limpieza y el orden de la ciudad”, sin embargo, “la realidad es que hay un grupo minúsculo también de vecinos que no respeta la normativa vigente”. Hissa mencionó que uno de los reclamos que le han hecho es sobre el microbasural en la zona de la plaza Halcones del Cielo. “Lo hemos erradicado en reiteradas oportunidades, pero que continúa”, señaló en declaraciones a los medios.

En en ése contexto, se le preguntó al intendente si no le resulta llamativo que la Municipalidad retira los residuos y al poco tiempo hay basura nuevamente. “Es muy llamativo, y me he enterado también por vecinos, esto no es una información, pero sí se comenta a veces que hay algunos grupos minúsculos de vecinos que se comunican esto de que esperan que pase el camión para salir a tirar la basura como intencionalmente. Eso es lo que se dice”, respondió.

Hay que mencionar que en su discurso de este lunes de apertura de sesiones del Concejo, Hissa anunció un plan de monitoreo mediante cámaras para detectar infactores que ensucien el espacio público.