Construyendo con tu Pueblo: la Municipalidad de San Luis repavimentará 70 cuadras y ejecutará obras hidráulicas con una inversión de $4.287 millones

El Gobierno provincial y la Municipalidad de San Luis firmaron este miércoles el cuarto convenio del programa Construyendo con tu Pueblo, que contempla una inversión de $4.287 millones para nuevas obras de infraestructura. El acuerdo destinará el 80% de los fondos a repavimentación e intervenciones viales y el 20% restante a obras hidráulicas para mitigar anegamientos.

El convenio fue rubricado al mediodía en el Salón Mujeres Argentinas de la Municipalidad de San Luis por el gobernador Claudio Poggi, el intendente Gastón Hissa y el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain. El financiamiento será afrontado en partes iguales: 50% por la Provincia y 50% por el Municipio, con un aporte de alrededor de $2.100 millones de cada jurisdicción.

“El cuarto Construyendo con tu Pueblo que vamos a suscribir ahora es por el monto de $4.287 millones”, explicó Hissa durante la presentación. El intendente detalló que el 80% de los recursos se destinará a continuar con las obras de repavimentación e infraestructura vial, mientras que el resto será destinado a intervenciones hidráulicas.

En materia vial, el acuerdo permitirá repavimentar 70 cuadras. Entre las intervenciones anunciadas se encuentran la primera etapa de la avenida Lafinur, Belgrano, Chacabuco entre Lavalle y 25 de Mayo, Lavalle entre General Paz y avenida Perón, Maipú entre Juan Gilberto Funes y Belgrano, Marcelino Poblet, avenida Ejército de los Andes, avenida Cuarto Centenario y Juan Bautista Picco, entre 25 de Mayo y Viena.

“70 cuadras que van a ser repavimentadas”, remarcó Hissa, quien señaló que la definición de las obras se realizó a partir de los pedidos de los vecinos y con el objetivo de distribuir las intervenciones entre distintos sectores de la ciudad.

El convenio también contempla dos obras hidráulicas, vinculadas con Salvador Segado y la Ruta Provincial Nº 3, además del acondicionamiento de canales. El objetivo es avanzar con trabajos destinados a mitigar zonas de anegamiento ante períodos de lluvias intensas.

Qué se hizo con los tres convenios anteriores

El nuevo acuerdo es el cuarto que suscriben Provincia y Municipio dentro de Construyendo con tu Pueblo. El primero fue firmado en 2024 y otros dos durante 2025.

Según explicó Hissa, los convenios anteriores permitieron avanzar, entre otras acciones, con el programa Iluminando tu Barrio, mediante el cual se colocaron más de 8.000 luminarias LED. El intendente afirmó que esto permitió alcanzar una cobertura del 100% de luminarias LED en la ciudad, aunque el Municipio continúa trabajando sobre los denominados “puntos oscuros”.

En cuanto a la infraestructura vial, el jefe comunal señaló que hasta el momento fueron repavimentadas 300 cuadras y se realizaron más de 20.000 intervenciones viales, entre arreglos de baches, cordones, rampas de accesibilidad y veredas.

Entre las principales obras mencionadas aparecen las repavimentaciones de avenida del Fundador, Hilario Ascasubi, Héroes de Malvinas, Lafinur, Juan Gilberto Funes, Martín de Loyola, Marcelino Poblet, Dominicos Puntanos y Juan Cruz Ponce, esta última con 13 cuadras.

Durante el acto, Poggi destacó el esquema de financiamiento conjunto y afirmó: “En época de bolsillo flaco tenemos que trabajar juntos”. También sostuvo que el programa permitió pasar de intervenciones puntuales a obras de mayor escala y remarcó que las 70 cuadras que se sumarán ahora llevarán a 370 cuadras repavimentadas dentro de este esquema.

El gobernador además adelantó que el proyecto de Presupuesto Provincial 2027 contempla partidas para continuar con el programa Construyendo con tu Pueblo durante el próximo año.

Poggi adjudicó la obra para renovar por completo la Escuela ‘Industrial’ del barrio El Lince

Este martes, el gobernador Claudio Poggi arribó a la Escuela Técnica N°9 ‘Domingo Faustino Sarmiento’, un centro educativo histórico de la zona sur, para adjudicar los trabajos que contemplan el inicio de una obra muy esperada: el mantenimiento general y la refacción de cada uno de los espacios.

El Gobierno invertirá más de $1.100 millones en 6.000 metros cuadrados del edificio. Además, la intervención más importante incluirá la renovación completa de la instalación eléctrica, por ejemplo en los talleres, las mejoras en climatización, cubiertas, desagües y sistema de provisión de agua.

El director, Gabriel Tagliaferro, señaló que esta obra es una “alegría tremenda”: “Todos los que vivieron en los talleres en estos años que estuvimos en este edificio, sabían lo mal que la pasábamos en invierno y lo mal que lo pasábamos en verano”.

Uno de los cambios más importantes que tendrá la escuela, será la renovación completa de la instalación eléctrica, algo que era muy esperado por la comunidad educativa. Con respecto a esto, el directivo dijo: “Nosotros a los chicos les enseñamos cómo tienen que ser las instalaciones dentro de una industria y la escuela no cumplía con nada de lo que les enseñamos. Por eso se hará la puesta en valor de toda la instalación eléctrica del edificio completo”, destacó.

Según explicó Tagliaferro, el edificio nunca recibió una renovación de esta magnitud. “La verdad que es un orgullo, el Gobernador está apostando fuertemente por la educación técnica, es el área técnica la que está movilizando el país, es la que trae toda nuestra industria”, dijo.

La encargada de brindar los detalles técnicos fue la directora de Obras y Arquitectura de Viviendas, Marina Ortiz, quien explicó que se trata de “una importante obra que consiste en el mantenimiento general y en la refacción de todo el edificio”. Señaló que los trabajos estarán concentrados principalmente en los talleres y, particularmente, en el taller principal, que tiene una superficie de aproximada de 2.000 metros cuadrados.

“Los chicos, como ustedes saben, han padecido el calor, el frío, la condensación, se llovían a veces los techos. Bueno, todo eso se va a solucionar con esta intervención”, explicó.

Una de las principales tareas será la intervención de la cubierta de los techos mediante la colocación de poliuretano inyectado en la parte inferior de las chapas. El material permitirá mejorar las condiciones térmicas y acústicas del edificio y contribuirá a la impermeabilización.

“Este poliuretano se va a colocar en la parte inferior del techo, abajo de la chapa. Cumple principalmente una función térmica, acústica y colabora, por supuesto, a la impermeabilización”, detalló la arquitecta.

Fuente: ANSL

El Senado dio media sanción al “Plan Maestro de Energía”, un proyecto de tan solo 3 artículos


El Senado provincial dio media sanción este martes al Plan Maestro de Energía 2026-2036 para el Desarrollo Humano y Económico Sustentable de San Luis, una iniciativa del Ejecutivo que establece los lineamientos de la política energética para la próxima década. El proyecto fue aprobado por mayoría, con el voto de los 5 senadores oficialistas presentes y el rechazo del único representante de la oposición que participó de la sesión, Hugo Olguín, y ahora continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados. El texto aprobado consta de 3 artículos: aprueba el Plan como anexo de la ley, faculta al Ejecutivo a dictar las normas necesarias para implementarlo y contiene el artículo de forma.

Como miembro informante, Adolfo Castro Luna defendió la iniciativa y sostuvo que “no es catálogo de buenas intenciones”, sino una manera de “plasmar una verdadera política de Estado por parte del Gobierno provincial”. Según planteó, la planificación energética debe trascender las distintas gestiones y anticiparse al crecimiento de una demanda que, aseguró, continuará aumentando durante los próximos 10 años.

El senador oficialista destacó que el Plan fue elaborado a partir de mesas sectoriales y regionales desarrolladas entre 2024 y 2026, con participación de sectores vinculados a la industria, energías renovables, minería, agricultura, turismo y producción familiar. Además, sostuvo que la iniciativa permitirá dejar atrás una política energética reactiva para comenzar a proyectar las necesidades futuras de infraestructura.

Entre las obras contempladas, que figuran en un anexo pero no en el proyecto, Castro Luna mencionó el cierre del anillo eléctrico del Gran San Luis, destinado a mejorar el abastecimiento y evitar cuellos de botella; el cierre del sistema norte, entre Santa Rosa del Conlara y Candelaria; y la extensión del sistema sur, que permitiría incrementar considerablemente la potencia disponible en esa región. El Plan se estructura además sobre cinco ejes: eficiencia energética, infraestructura y tecnología, sostenibilidad ambiental, financiamiento y gobernanza.

Para Castro Luna, la planificación también representa una señal hacia el sector productivo. En ese sentido, sostuvo que el proyecto es “fundamental para que las empresas y los empresarios vean una seriedad en la Provincia en materia de mantener las condiciones para el crecimiento” de la producción y el comercio. También remarcó que San Luis es actualmente “la única provincia del país que no tiene Secretaría de Energía” y señaló la necesidad de avanzar hacia una conducción más unificada y especializada de la política energética.

Olguín: “Es más un proyecto de declaración que una ley”
Olguín coincidió en valorar el trabajo técnico realizado, pero cuestionó la forma jurídica elegida por el Ejecutivo. “El Plan Maestro en su parte técnica es impecable, lo aceptamos, lo valoramos, pero no de esta forma que fue presentada en la ley”, manifestó al fundamentar su voto negativo.

Su principal crítica estuvo dirigida precisamente a los 3 artículos del proyecto. Según el senador opositor, el texto “no crea derechos ni obligaciones” y se limita a aprobar un extenso anexo y otorgar al Ejecutivo facultades generales para reglamentarlo. “Esto ha sido nada más una expresión de voluntad política”, cuestionó.

Olguín señaló además que el Plan no establece metas cuantificadas de participación de energías renovables, reducción de emisiones ni plazos concretos de cumplimiento, por lo que consideró que posteriormente será difícil ejercer un control legislativo sobre su implementación. Contrastó esta situación con anteriores planes maestros aprobados por la Provincia en materia de agua y salud, que, según recordó, establecieron autoridades de aplicación, planes ejecutivos, mecanismos de monitoreo y obligaciones de informar periódicamente a la Legislatura.

También cuestionó que el bloque opositor no haya sido convocado durante el proceso participativo previo y recordó que el justicialismo había presentado en 2025 un proyecto propio sobre energía que, afirmó, no fue tratado. “Es más un proyecto de declaración que una ley”, resumió, antes de solicitar que la iniciativa regresara a comisión para incorporar “metas, autoridad de aplicación, instrumentos de financiamiento, plazos y mecanismos de rendición de cuentas ante esta Legislatura”. El planteo no prosperó y el oficialismo avanzó con la media sanción.

También es ley la regulación del ejercicio de la fonoaudiología
Por otra parte, el Senado convirtió en ley la adhesión de San Luis a la Ley Nacional N° 27.568, que establece el marco general para el ejercicio profesional de la fonoaudiología. La iniciativa ya contaba con aprobación de Diputados y fue sancionada sin modificaciones. Entre otros aspectos, establece al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación y exige la matriculación para ejercer la profesión en la provincia.

La nueva normativa también regula la intervención de los fonoaudiólogos en la selección, adaptación y calibración de audífonos y otros dispositivos de ayuda auditiva, además de establecer condiciones para los establecimientos que los comercialicen. Asimismo, contempla mecanismos de fiscalización y un régimen disciplinario para el ejercicio profesional.

Finalmente, quienes ya se encuentren legalmente matriculados conservarán su inscripción, mientras que las nuevas matriculaciones deberán adecuarse a los requisitos de la legislación nacional. El Ejecutivo tendrá un plazo de 120 días desde la publicación de la ley para reglamentarla y quedará derogada la normativa provincial que regulaba hasta ahora el ejercicio de la fonoaudiología.

Caso Molino Fénix: Cristian Becher quedó con prisión preventiva por 60 días y el 30 de septiembre definirán si cumple arresto domiciliario

El juez de Garantía Nº 4 dispuso este martes que Cristian Hedel Becher Domingo cumpla 60 días de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, en el marco del caso Molino Fénix, donde está imputado por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta como partícipe necesario, según informó Prensa del Poder Judicial de San Luis.

La resolución se conoció durante una nueva audiencia realizada luego de que venciera la prórroga de detención solicitada por la Defensa. El magistrado ratificó los cargos formulados durante la audiencia del 16 de septiembre y, posteriormente, analizó el pedido de prisión preventiva realizado por el Ministerio Público Fiscal.

La Fiscalía había solicitado que la medida se extendiera durante cuatro meses y argumentó que la gravedad de los delitos investigados y la necesidad de completar distintas diligencias justificaban la prisión preventiva para resguardar el proceso. En el mismo sentido se pronunció la Fiscalía de Estado.

La defensa, en cambio, sostuvo que la investigación se encuentra en una etapa de confrontación de evidencias y que Becher no había entorpecido el proceso. También planteó sus circunstancias laborales y familiares y mencionó la situación de salud de uno de sus hijos.

El abogado defensor propuso distintas medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas la prohibición de acercamiento a otros imputados, testigos y partes de la causa; la prohibición de salir de San Luis y del país; y la prohibición de realizar declaraciones ante medios de comunicación.

Además, solicitó que, en caso de disponerse la prisión preventiva, esta se cumpla bajo modalidad domiciliaria en la vivienda de la madre de Becher, debido a las circunstancias familiares y de salud planteadas durante la audiencia.

El propio imputado tomó la palabra y se refirió a la situación de salud de uno de sus hijos, además de explicar los cuidados y tratamientos que requiere. “Siempre estuve a disposición de la Justicia”, afirmó.

Finalmente, el juez dispuso los 60 días de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, pero postergó el tratamiento del pedido de prisión domiciliaria para una nueva audiencia que se realizará el 30 de septiembre. En esa oportunidad, la Defensa deberá presentar la documentación que respalde su solicitud.

Según informó Prensa del Poder Judicial, el magistrado fundamentó la medida en la necesidad de asegurar los fines del proceso y determinar la verdad de los hechos investigados, además de mencionar las disposiciones de los artículos 203 y 204 del Código Procesal Penal de San Luis.

También analizarán la situación de Diego Torres

Durante la misma jornada, la Fiscalía solicitó además la prisión preventiva de Diego Torres, otro de los imputados en el caso Molino Fénix, a partir de los cambios registrados en la investigación y de las nuevas evidencias incorporadas.

La Defensa pidió que esa audiencia fuera suspendida porque, según planteó, había sido notificada durante la mañana y no había contado con tiempo suficiente para preparar su respuesta al pedido fiscal.

Para garantizar el derecho de defensa, el juez fijó una nueva audiencia para el miércoles 23 de septiembre a las 9:30, en la que se analizará exclusivamente el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía contra Torres.

Juana Koslay recibirá a más de 600 motociclistas en una travesía turística de casi 300 kilómetros


Juana Koslay será sede este fin de semana de la tercera edición de Alibikers Moto Ride, un encuentro de mototurismo que reunirá a más de 600 motociclistas de distintos puntos del país y propone un recorrido de casi 300 kilómetros por algunos de los principales destinos turísticos de San Luis. El evento se desarrollará el sábado 26 y domingo 27 de septiembre, tendrá como punto de partida y llegada la rotonda de Cruz de Piedra y combinará la travesía con música en vivo, gastronomía, stands comerciales y actividades para toda la familia.

El intendente de Juana Koslay, Alejandro Tagliente, destacó que la propuesta forma parte de la apuesta del Municipio por generar movimiento turístico y económico en la ciudad. “La lógica de esto es apostar al turismo y a la gastronomía local. Es un evento familiar, no es una carrera competitiva, digamos, sino que es participativa”, explicó. En ese sentido, consideró especialmente importante la llegada de motociclistas desde distintos puntos de Argentina: “La idea es apostar a Juana Koslay en todo lo que es crecimiento económico y turístico de acá”.

Tagliente detalló además que la actividad no estará limitada a quienes participen de la travesía. El sábado “va a haber actividades para la familia”, con sorteos, bandas en vivo y food trucks, mientras que el domingo se realizará el recorrido turístico. “De mi parte, lo único que resta es invitarlos, invitar a toda la familia, a todos los koslayenses, a todos los puntanos que quieran venir. Va a estar muy, muy lindo y muy concurrido”, sostuvo.

Federico Zabala, de Alibikers, precisó que inicialmente se había establecido un cupo de 600 participantes, pero la demanda obligó a extenderlo hasta los 620 y posteriormente cerrar las inscripciones. “La convocatoria ha sido por encima de las expectativas”, aseguró. El organizador explicó que el objetivo es que los participantes “conozcan las rutas más paisajísticas de la provincia”, en un circuito que partirá desde Juana Koslay y pasará por Perilago, Potrero de los Funes, Nogolí, San Francisco del Monte de Oro y La Carolina antes de regresar al punto de largada. El recorrido será de aproximadamente 296 kilómetros, íntegramente sobre asfalto.

La actividad comenzará el sábado con la acreditación de los motociclistas y una jornada que incluirá bandas en vivo, más de 10 stands comerciales, food trucks y sorteos. Para permitir el desarrollo de las actividades, desde las 13:00 habrá un corte de tránsito en el sector de la rotonda de Cruz de Piedra.

La travesía propiamente dicha comenzará el domingo a las 8:30, por lo que el corte de tránsito se implementará desde las 7:00. Zabala hizo especial hincapié en que “no es una carrera, es un evento de mototurismo, es un paseo para que la gente conozca”, y señaló que el circuito fue diseñado para realizarse a una velocidad promedio de 50 kilómetros por hora. Los municipios atravesados por la caravana colaborarán con el ordenamiento del tránsito, mientras que en Juana Koslay se desplegará un operativo policial y de preventores.

A lo largo del trayecto habrá distintos puestos de control en los que los participantes deberán hacer sellar un pasaporte entregado por la organización. Quienes regresen con todos los checkpoints cumplidos podrán participar del sorteo de una Voge 300 Rally 0 kilómetro, aportada por el concesionario Voge Lorenzo. “Es muy importante que el ganador sí o sí tenga sellados todos los destinos que se van a recorrer para poder ganarse esta moto”, explicó Jorge Tamagnone, representante de la firma en San Luis.

La propuesta tendrá además actividades abiertas a las familias. Cristian Gridasow, de Taurus Center, adelantó que el domingo a las 11:30 brindarán una clase de entrenamiento funcional “adaptado a todas las personas”, incluidos niños, para lo cual recomendó concurrir con ropa cómoda y zapatillas.

Para Zabala, una de las claves de la convocatoria fue precisamente el formato elegido para esta edición, basado en un recorrido turístico con checkpoints y sin competencia entre los motociclistas. “Algo así en el país no se ha hecho, ¿sí? Por lo menos, no que nosotros tengamos conciencia”, afirmó.

Después de 17 años, la Justicia rechazó la expropiación impulsada por Alberto Rodríguez Saá para construir un campo de polo en Estancia Grande


Después de más de 17 años de trámite judicial, la Justicia rechazó la expropiación impulsada en 2009 por el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá sobre casi 170 hectáreas pertenecientes a Agroindustria Las Barranquitas S.A., en Estancia Grande, que iban a ser destinadas principalmente a la construcción de un campo de polo. La jueza Valeria Benavidez concluyó que la Provincia no justificó por qué necesitaba afectar la totalidad del inmueble cuando una inspección realizada durante el proceso determinó que el emprendimiento ocupaba aproximadamente 50 hectáreas. Además, impuso al Estado provincial el pago de las costas del juicio, cuyo monto todavía no puede determinarse porque los honorarios profesionales aún no fueron regulados.

La sentencia definitiva N° 243/2026 fue dictada el pasado 17 de septiembre por el Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 3. La causa había comenzado en mayo de 2009, luego de que el entonces gobernador Rodríguez Saá firmara el Decreto N° 918-MGJyC-2009, mediante el cual declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble compuesto por dos fracciones de 93 y 76 hectáreas, respectivamente. La Provincia promovió una expropiación de urgencia y solicitó la inmediata posesión de las tierras.

Para avanzar con esa posesión inmediata, el Gobierno depositó el 11 de mayo de 2009 apenas $56.226,30, monto que surgía de la valuación fiscal de las superficies afectadas más un 30%. Con el avance del expediente, la Provincia efectivamente tomó posesión de las fracciones, aunque años después la empresa denunció que las obras previstas no habían sido realizadas sobre la totalidad del inmueble.

El proyecto que dio origen a la medida contemplaba la instalación de un campo de polo con cinco canchas y sus respectivas caballerizas, además de espacios de esparcimiento, edificios destinados a servicios gastronómicos, sanitarios y juegos. Según consta en el expediente, esa era la finalidad informada por el delegado organizador del Municipio de Estancia Grande y posteriormente recogida por el decreto provincial.

La empresa cuestionó desde el comienzo la superficie expropiada
Agroindustria Las Barranquitas se opuso a la demanda y planteó, entre otras cuestiones, la inconstitucionalidad de disposiciones de la Ley General de Expropiaciones y cuestionó las facultades utilizadas por el Ejecutivo para avanzar con la medida. Pero también puso en discusión uno de los puntos que finalmente resultaría determinante para el fallo: consideró una “notoria arbitrariedad e irracionalidad” que se pretendieran expropiar prácticamente 170 hectáreas para las obras proyectadas.

La firma señaló además inconsistencias en torno al destino de los terrenos. Mientras el decreto hacía referencia al campo de polo, en documentación administrativa aparecía “la posibilidad de la construcción de un hotel”, mientras que un pedido de mensura realizado por el entonces delegado organizador de Estancia Grande señalaba como finalidad la construcción de un centro cívico.

La Provincia, por su parte, sostuvo durante el proceso que la expropiación había sido promovida en cumplimiento del decreto de 2009 y posteriormente argumentó que el inmueble sería destinado también a “planes de colonización, urbanización o promoción turística”.

El Estado tomó posesión y la empresa llegó a pedir la retrocesión
La extensa duración del expediente dio lugar a una situación particular. En 2018, Agroindustria Las Barranquitas sostuvo ante la Justicia que el Estado ya había tomado posesión de ambas fracciones, pero no había concretado en la totalidad del inmueble las obras previstas como fundamento de la expropiación.

Ante esa situación, solicitó que se intimara judicialmente a la Provincia a darle al inmueble el destino establecido y advirtió que, de no hacerlo dentro del plazo previsto legalmente, promovería una acción de retrocesión. El Gobierno se opuso al planteo argumentando, entre otras cuestiones, que la expropiación todavía no se encontraba perfeccionada, ya que no se había producido la transferencia definitiva de la propiedad mediante sentencia firme y pago de la indemnización. Finalmente, esa presentación de la empresa fue rechazada en julio de 2019.

50 hectáreas utilizadas sobre casi 170 expropiadas
Al resolver el caso, Benavidez no consideró que el Poder Ejecutivo careciera de toda facultad para individualizar inmuebles sujetos a expropiación. La magistrada explicó que la Ley N° V-0128-2004 estableció determinadas categorías de bienes y finalidades de utilidad pública y habilitó al Ejecutivo a determinar los bienes comprendidos. Sin embargo, aclaró que eso “no significa que la Administración pueda afectar, sin justificación concreta, una superficie sustancialmente superior a aquella que aparece razonablemente vinculada con la finalidad pública invocada”.

En particular, el fallo reconoció que la “promoción turística” está contemplada por la legislación como una finalidad que puede habilitar una expropiación, pero sostuvo que el Ejecutivo no puede extender esa facultad “a cualquier superficie que discrecionalmente considere conveniente”, sino solamente a los bienes que guarden una relación necesaria con la finalidad pública perseguida.

En ese análisis resultó determinante una inspección realizada el 26 de agosto de 2011, cuando se constató que aproximadamente 50 hectáreas estaban afectadas al proyecto. La jueza contrastó esa superficie con las casi 170 hectáreas incluidas en la expropiación y señaló que no existía en el expediente “un proyecto, informe técnico, plano de implantación o cualquier otro antecedente” que explicara por qué era necesario afectar la totalidad de las tierras.

“Aún admitiendo el eventual encuadre del proyecto del campo de polo” dentro de las finalidades previstas por la ley, la sentencia concluyó que “no se encuentra suficientemente acreditada la necesidad de afectar la totalidad del inmueble” de 169 hectáreas y 88 metros cuadrados.

Las imágenes satelitales tampoco mostraron avances
Otro elemento incorporado al expediente fue un informe solicitado en 2026 al Departamento de Investigación de Delitos Complejos, al que el Juzgado le requirió utilizar herramientas informáticas de geolocalización para reconstruir la evolución del terreno desde 2009 hasta la actualidad.

El resultado reforzó uno de los elementos centrales considerados por la magistrada: de acuerdo con la sentencia, las imágenes satelitales no mostraron entre 2011 y 2026 “modificaciones materiales en el predio” que permitieran identificar la ejecución del proyecto de campo de polo descripto en el decreto de 2009.

Para Benavidez, la afectación de la propiedad privada debía guardar una relación concreta con la finalidad pública que justificaba la expropiación. “La potestad expropiatoria no puede extenderse más allá de lo indispensable para cumplir la finalidad”, sostuvo la magistrada antes de concluir que correspondía rechazar la pretensión del Gobierno provincial.

De $56 mil a una discusión millonaria por el valor de las tierras
El valor de los terrenos fue otro de los puntos de conflicto durante el prolongado trámite, especialmente por la brutal inflación que el país vivió durante todo este periodo. Mientras que para obtener la posesión inmediata en 2009 la Provincia había depositado $56.226,30, siete años después el Tribunal de Tasaciones determinó una indemnización de $1.432.354,19 para una parcela de poco más de 143 hectáreas.

Esa tasación tampoco consiguió cerrar la discusión. Tanto la Provincia como Agroindustria Las Barranquitas la impugnaron y, según consta en el expediente, existió una enorme diferencia entre las valuaciones consideradas: la perito oficial estableció un valor de $200.000 por hectárea, mientras que la Dirección Provincial de Ingresos Públicos lo había fijado en $10.000.

Sin embargo, la discusión sobre cuánto debía recibir la empresa finalmente quedó desplazada por el rechazo de la propia expropiación. Al considerar que la pretensión del Gobierno no podía prosperar en los términos planteados, Benavidez determinó que no correspondía ingresar al tratamiento del valor indemnizatorio.

Una causa que atravesó 17 años y cuyo costo final todavía se desconoce
El expediente tuvo incluso un episodio llamativo durante sus últimos años. En junio de 2025, el Juzgado ordenó realizar una “exhaustiva búsqueda” de documentación correspondiente a la causa y, cuatro meses después, personal de Mesa de Entradas encontró un sobre con documentación perteneciente al expediente, que fue puesto nuevamente a disposición junto con los dos cuerpos en soporte papel.

En esas mismas actuaciones consta que, en septiembre de 2024, el Órgano de Contralor de Tasas Judiciales prestó conformidad al pago de la tasa de justicia que había sido abonada. Sin embargo, la sentencia no consigna cuál fue el monto pagado por ese concepto.

Lo que sí resolvió Benavidez fue imponer las costas del proceso al Gobierno de la Provincia, al resultar vencido después de más de 17 años de litigio. Todavía no es posible conocer cuánto terminará representando ese gasto para las arcas provinciales: la propia sentencia difirió la regulación de los honorarios profesionales hasta que exista una base firme para determinarlos y los profesionales acrediten su situación tributaria.

ATE pidió un lugar en la Comisión de Trabajo para analizar el proyecto de desendeudamiento familiar

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó este martes notas al presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Leyes, y al vicegobernador y presidente de la Cámara de Senadores, Ricardo Endeiza, para solicitar su incorporación a la Comisión de Trabajo y a las distintas instancias de debate y análisis del proyecto de Ley de Desendeudamiento de las Familias Puntanas.

El pedido fue presentado por el secretario general de ATE San Luis, Luis Fernando Gatica, quien planteó que la organización sindical pueda participar de manera activa en el tratamiento de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial.

El proyecto fue enviado por el gobernador Claudio Poggi a la Legislatura el pasado 17 de septiembre y contempla un Programa de Desendeudamiento Familiar destinado a personas con deudas en mora. La iniciativa propone que bancos, financieras, fintech y otras entidades autorizadas ofrezcan planes de refinanciación con mejores condiciones, a cambio de beneficios fiscales provinciales.

El proyecto establece que las refinanciaciones deberán contemplar un plazo de al menos 24 meses, un período de gracia mínimo de dos meses y cuotas que no podrán superar el 30% de los ingresos del grupo familiar. Además, la tasa nominal anual tendrá como límite la TAMAR más 10 puntos porcentuales, mientras que las entidades no podrán cobrar gastos administrativos, comisiones ni honorarios vinculados con la refinanciación. El programa está destinado a personas con domicilio en San Luis y deudas en mora por más de tres meses.

La iniciativa contempla además un Programa de Incentivo al Consumo Familiar, mediante el cual las entidades que adhieran al esquema de desendeudamiento podrán ofrecer descuentos, reintegros y otras promociones en comercios de San Luis. A cambio, accederán a un crédito fiscal equivalente al 25% del monto destinado a esas promociones.

En las notas dirigidas a las autoridades legislativas, Gatica sostuvo que el endeudamiento de los hogares y de las familias de los trabajadores es una problemática que ATE viene planteando desde hace tiempo.

Desde el gremio señalaron que cuentan con información de campo, relevamientos y elementos socioeconómicos que consideran que pueden aportar al debate legislativo sobre la situación de las familias puntanas.

“Consideramos imperioso que se garantice la participación de la representación sindical en las comisiones de trabajo”, plantea el escrito presentado ante ambas cámaras.

ATE también cuestionó que, durante la actual gestión del Ejecutivo provincial, sus demandas y observaciones sobre la pérdida del poder adquisitivo y el endeudamiento familiar hayan sido, según sostuvo, “sistemáticamente desoídas”.

El gremio ya había planteado públicamente su preocupación por el endeudamiento de los trabajadores estatales y, el 18 de septiembre, había reclamado que el programa alcanzara a todo el universo estatal, incluidos trabajadores del Plan de Inclusión Social y municipales.

Ahora, mediante las presentaciones realizadas este martes, ATE solicitó formalmente que sus representantes sean convocados a las comisiones y reuniones de trabajo en las que se analice el proyecto de desendeudamiento.

Incautaron droga valuada en $22 millones y detuvieron a dos hombres en el sur de la ciudad de San Luis

Dos hombres de 28 y 42 años fueron detenidos este lunes en la zona sur de la ciudad de San Luis, durante un procedimiento en el que la Policía incautó cocaína valuada en aproximadamente $22 millones, según informó el Ministerio de Seguridad de San Luis.

El operativo se realizó sobre avenida Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, ex ruta provincial 3, en el marco de las acciones de la Misión Sarmiento. Participaron efectivos de la División Lucha Contra el Narcotráfico UROP N° 1 y del Departamento Canes Detectores de Estupefacientes, dependientes de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8).

Los dos hombres, ambos oriundos de la provincia de Mendoza, circulaban a bordo de un Citroën C4 Cactus cuando fueron interceptados por los policías.

Durante el procedimiento intervino el can detector Bonny, que realizó un venteo positivo. A partir de ese resultado, la Unidad Fiscal Federal de San Luis, a través del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, ordenó la requisa de los sospechosos y del vehículo.

Los efectivos secuestraron cocaína en forma de “tizas” y un envoltorio de nylon con la misma sustancia, cantidad que, según informó el Ministerio de Seguridad, sería suficiente para elaborar unas 3.760 dosis, con un valor estimado de $22 millones.

También fueron incautados un teléfono celular, cinco cédulas de conducir, un cuaderno con anotaciones y el automóvil.

Como resultado del procedimiento, el magistrado interviniente dispuso la detención e incomunicación de los dos hombres, en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Reabrieron el museo Dora Ochoa de Masramón y la biblioteca Juan Crisóstomo Lafinur

El gobernador Claudio Poggi, acompañado por el ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, encabezó este lunes la reapertura del Museo Dora Ochoa de Masramón y de la Biblioteca Provincial Juan Crisóstomo Lafinur tras la conclusión de las obras de revalorización y refuncionalización. Las instituciones de referencia para la cultura y el patrimonio de San Luis volverán a recibir a la comunidad luego de varios años sin atención al público.

Como explicó el Ministro durante el acto, las obras habían sido originalmente adjudicadas a fines del 2021, aún bajo la administración anterior del Ejecutivo, con un proyecto integral de recuperación de los espacios. Inicialmente, el plazo estipulado para concretar las intervenciones edilicias era de diez meses, aunque en octubre se decretó una extensión hasta enero del 2024 ante el incumplimiento de los tiempos acordados.

Tras asumir en diciembre del 2023, y ante la visible falta de compromiso de las empresas a cargo de terminar el proyecto, el Gobierno decidió encarar la parte final con recursos propios de la cartera turística. “De hecho, fue el propio personal del museo y de la biblioteca quienes aportaron la mano de obra para completar lo que hacía falta”, destacó Álvarez Pinto.

Las intervenciones realizadas tuvieron como objetivo la recuperación edilicia del espacio sin modificar las características arquitectónicas históricas que forman parte de la esencia misma del museo y la biblioteca. Por ello, las obras demandaron un grado extra de cuidado en la conservación de las instalaciones. Entre las tareas que realizaron se incluye la renovación de los cielorrasos, trabajos de carpintería, la refacción de pisos y puertas y la restauración del patio interno.

Así como es impensado que una ciudad no cuente con comisarías como punto referencial de la seguridad, hospitales como bastiones de la salud o escuelas como ámbitos para la educación, también es difícil imaginar una ciudad que no contenga espacios que sirvan como resguardo de la memoria, la identidad y el patrimonio de la sociedad.

En San Luis, el Museo ‘Dora Ochoa de Masramón’ y la Biblioteca Provincial ‘Juan Crisóstomo Lafinur’ constituyen dos pilares en la comunidad que cumplen esa función de símbolos culturales, ámbitos de encuentro social y puentes para conocer, preservar y difundir la historia local. Por eso, como explicaron en la ceremonia, la reapertura de estos edificios marca el inicio de una nueva etapa que contempla actividades y propuestas abiertas a la ciudadanía.

Además, la reapertura llega con algunas novedades. En primer lugar, debido a que el museo exhibe el Estandarte de Chacabuco, un trofeo de guerra que José de San Martín entregó al pueblo puntano por su rol en la gesta libertadora, el establecimiento pasará a ser un punto de sellado del Pasaporte Sanmartiniano.

“Es una iniciativa que se originó como concurso pero quedó para todos. El pasaporte se gestiona a través de Internet y uno puede ir recorriendo los distintos sitios. En total son 83 puestos incluidos, dentro de los cuales San Luis tiene 16”, resaltó Álvarez Pinto.

El Ministro también remarcó que el personal de la biblioteca no solo recibe a quienes visitan el establecimiento físico en la capital, sino que además, a través de la Bibliomóvil, llevan las producciones al interior provincial. “Hemos visitado ya 27 pueblos y cada vez nos llaman más para estar presentes”, indicó.

“Es una alegría muy importante poder abrir nuevamente las puertas, muchos vecinos, escuelas e historiadores nos preguntaban constantemente cuándo iba a suceder y acá estamos. Es parte de la historia e identidad sanluiseña”, indicó la directora de Gestión Cultural, Yudit Aguilar. La subdirectora de Patrimonio Cultural, Alexandra Valente, agregó que la institución continuó funcionando durante el periodo de obras, con visitas a escuelas y otras actividades.

Luego, el escribano General de Gobierno, Juan José Laborda, aportó datos históricos que realzan el valor histórico y cultural del museo y de la biblioteca. Señaló que el establecimiento sirvió previamente como hogar del exgobernador Alberto Arancibia Rodríguez y que forma parte del llamado ‘Corredor de las Casas de los Gobernadores’, una zona del centro capitalino que contiene a siete hogares de exgobernadores en un radio pequeño.

Además, destacó que en lo que actualmente vuelve a funcionar como Museo ‘Dora Ochoa de Masramón’ también fue epicentro de importantes decisiones políticas, que moldearon la vida democrática de San Luis, como una reforma parcial de la Constitución.

“Por eso, cuidar estos edificios y abrirlos para la comunidad no es un mero acto de nostalgia, es hacerle justicia a nuestro pasado y actuar con inteligencia hacia el futuro. En este museo y esta biblioteca no se guardan cosas viejas, se guarda la memoria de San Luis, porque un pueblo que no cuida su patrimonio y su historia y un pueblo que olvida de donde viene, camina a ciegas hacia su futuro”, argumentó Laborda, quien cerró con una frase de la propia Dora Ochoa: “Ella decía que ‘lo que no se cuida se olvida’ y hoy San Luis eligió no olvidar”.

A modo de celebración del estreno de las obras, el Ensamble de Jazz de la Escuela de Música de la Universidad de La Punta (ULP) brindó un show artístico. Luego, el Gobernador encabezó un recorrido por las distintas salas, observando muestras, pinturas, esculturas y otras obras de arte que exhibe el espacio.

Fuente: ANSL

Juana Koslay: capacitaron a 16 inspectores municipales en el manejo de motos

Por primera vez, un cuerpo de inspectores municipales de Juana Koslay fue capacitado en el Instituto Superior de Seguridad Pública Cnel. Juan Pascual Pringles. Se trata de 16 agentes del área de Control Comunal que finalizaron el curso Operador de Moto.

El acto de finalización de la capacitación contó con la presencia del intendente Alejandro Tagliente, la ministra de Seguridad de la Provincia, Nancy Sosa, y directivos del Instituto Superior de Seguridad Pública, quienes acompañaron a los agentes en la jornada de cierre.

Según informó la Municipalidad de Juana Koslay, la formación permitió incorporar conocimientos y herramientas para que los inspectores puedan desarrollar sus tareas en el territorio de manera más segura, responsable y profesional.

Desde el Municipio destacaron que la capacitación representa un paso en el fortalecimiento del equipo de Control Comunal, cuyos integrantes realizan tareas diariamente en distintos sectores de la ciudad.

El curso fue posible a partir del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Juana Koslay, el Instituto Superior de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, en el marco de la cooperación entre las instituciones.