Ante una pregunta de este medio, el diputado Carlos Pereira, integrante del Jurado de Enjuiciamiento, destacó que este cuerpo se encuentra de lleno trabajando en los casos de los fiscales Daniela Torres (de la segunda circunscripción judicial) y Andrés Salas (de la primera), cuyas causas fueron elevadas al jury la semana pasada. Cabe recordar que ambos fueron suspendidos de sus funciones mientras dure el proceso, con derecho a percibir el 50% de sus sueldos.

“Es un proceso de elevación a juicio oral, que lo prevé la ley de jurado de enjuiciamiento. Y en ese marco previo hay una serie de actos procesales preparatorios del juicio oral que tienen que ver con la prueba, y luego finalmente el presidente del tribunal fija fecha. Lo que hoy hay es una realidad de que, a instancia de una investigación sumaria, preliminar, hay elementos que han motivado que el jurado disponga la suspensión de los funcionarios judiciales, y la deducción del 50% de sus sueldos. Esto no es una condena anticipada, nosotros juzgamos el desempeño de los magistrados, y que los mismos se ajusten a las normas tanto procesales como de ética en el ejercicio de la magistratura y la función pública. No juzgamos la comisión de un delito. El juicio lo que puede determinar es una remoción con inhabilidad para ejercicio de cargo público o, eventualmente, si se acredita la inocencia de los cargos imputados, la absolución”, explicó Pereira, quien aclaró que no puede expresar su opinión sobre ambos casos ya que podría constituir un causal de remoción.

Pereira pidió destacar además “la labor que está haciendo el jurado, integrado por diputados, abogados de la matrícula y magistrados”, señalando además que las denuncias en contra de estos fiscales fueron radicadas por “un justiciable” (en el caso de Salas) y por un funcionario del Poder Judicial en el de Torres. En este sentido, destacó el “este rol de algunos funcionarios judiciales de velar por el cumplimiento de la ley en el desempeño de los cargos públicos”.

La admisión del jury contra el fiscal adjunto Andrés Salas —resuelta el 15 de mayo y publicada oficialmente el 21— tiene como contexto una denuncia por violencia de género presentada por su expareja en 2023. Salas fue imputado por cinco hechos de amenazas y cinco de desobediencia, todos enmarcados en una supuesta situación de violencia sistemática que también afectó a las hijas de la denunciante. A pesar de ello, el fiscal continuó ejerciendo funciones durante la feria judicial de enero de este año con una tobillera electrónica, en una decisión que generó gran controversia en el ámbito judicial.

En un momento desde que se conoció el caso, la querella y fiscalía habían llegado a un acuerdo de probation, que es la suspensión del juicio a prueba a cambio de que el imputado cumpla determinadas reglas de conductas durante un período de prueba fijado por la Justicia. En este caso, se trataba de la internación de Salas en una clínica psiquiátrica privada, en otra provincia, para realizar un tratamiento acorde. Sin embargo, a último momento, la titular de la Defensoría de Niñez Adolescencia e Incapaces Nº 2, Marcela Torres Cappiello, se opuso a la probation, remarcando que esta figura no es habitual en casos de violencia de género y sentó su jurisprudencia. Y a pesar de que la denunciante había prestado acuerdo a la probation, la jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo, decidió no validarlo y elevó la causa a juicio.

En cuanto a Torres, la fiscal fue denunciada por el juez de Garantías N° 2 de la segunda circunscripción judicial, Matías Farinazzo Tempestini. La causa gira en torno a la desaparición de casi $500.000 que fueron secuestrados durante un allanamiento, realizado en un domicilio donde viven dos hermanos. Sin embargo, la madre de estos hombres acreditó que el dinero le pertenecía a ella y pidió su devolución.

Durante una audiencia por este caso, el juez Farinazzo Tempestini ordenó la restitución de ese dinero, a lo que Torres respondió que se encontraba depositado en una cuenta judicial de procuración. El juez volvió a ordenar la restitución inmediata, pero Torres interpuso un recurso de apelación con efecto suspensivo. Farinazzo concedió la apelación, pero sin el carácter suspensivo. Mientras el juez daba a conocer su resolución, la fiscal se retiró de la audiencia de manera intempestiva.

Lo siguiente que se conoce sobre la causa es que la mujer en cuyo domicilio se realizó el allanamiento recuperó el dinero, aunque el monto fue ligeramente menor al denunciado. Asimismo, se habría constatado que el dinero nunca estuvo en una cuenta judicial, menos aún de procuración.

Por ello, Torres ha sido denunciada por incumplimiento al artículo que trata sobre bienes secuestrados; incumplimiento de órdenes judiciales, faltar a la verdad en audiencia ante el juez de Garantías y falta de decoro en el cumplimiento de sus funciones.

Este mediodía, funcionarias designadas en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Primera y Tercera Circunscripción Judicial prestaron juramento ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Con la asunción de las funcionarias se pone en funcionamiento las fiscalías de instrucción penal 5 y 6

El acto protocolar se llevó a cabo en la Sala de Acuerdos del Palacio de Justicia, donde la Ministra del Alto Cuerpo Judicial -referente del Fuero Penal-, Carolina Monte Riso, tomó juramento de Ley a:

• Débora Antonella Roy Gitto en el cargo de fiscal de instrucción penal N° 5 de la Primera Circunscripción Judicial (con asiento en la ciudad de San Luis).
• Linda Yanina Maluf Martínez en el cargo de fiscal de instrucción penal N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial (con asiento en la ciudad de San Luis), con carácter provisorio.
• Adriana Elizabeth Cangelosi en el cargo de Fiscal de Instrucción Penal con intervención en contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores de la Tercera Circunscripción Judicial (con asiento en el edificio “Dr. Tomás Jofré”), con carácter provisorio.
• María José Guiñazú en el cargo de fiscal adjunta de la Primera Circunscripción Judicial (con asiento en la ciudad de San Luis).

Participaron de la ceremonia, el presidente del Superior Tribunal, Jorge Levingston; los ministros, Eduardo Allende y José Guillermo L’Huillier, y la secretaria administrativa del STJ, Ivanna Vanessa Albarado Magallanes.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Un Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, integrado por Hugo Saá Petrino (presidente), Ariel Parrillis y Fernando De Viana (vocales), celebró este martes una audiencia en la que se presentó una propuesta de juicio abreviado para Juan José Murúa, imputado por el delito de homicidio simple del preso Jonathan Aguirre.

La víctima falleció tras ser atacada con un arma blanca de fabricación casera en el Complejo Penitenciario Pampa de las Salinas, donde ambos cumplían condenas.

Durante la audiencia, la Fiscal de Juicio N° 1, Virginia Palacios, presentó el acuerdo celebrado entre las partes. El imputado, asistido por el Defensor de Juicio Nº 1, Esteban Sala, reconoció su responsabilidad en los hechos, aceptó la calificación legal y consintió la pena solicitada de 10 años de prisión. Según indicó la Fiscal, la familia de la víctima, representada por la querella, prestó conformidad con la modalidad abreviada del proceso.

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 27 de noviembre de 2023 a las 21:30 horas, cuando los internos regresaban a sus celdas. En ese momento, Murúa atacó a Aguirre con un arma blanca de fabricación casera, provocándole al menos cuatro heridas en el torso y abdomen. Personal penitenciario intervino de inmediato y trasladó a la víctima al área de sanidad, donde recibió atención médica de urgencia. Sin embargo, falleció minutos después a causa de la gravedad de las lesiones.

La Fiscal sostuvo que el hecho se encuentra acreditado mediante registros fílmicos, pericias, entrevistas testimoniales y la confesión del propio acusado.

Murúa reclamó por sus condiciones de detención

Durante la audiencia, el imputado manifestó que permanece hace un año y siete meses en régimen de aislamiento en el Complejo Penitenciario Pampa de las Salinas, sin posibilidad de participar en actividades educativas, recreativas o deportivas. Solicitó al Tribunal que intercediera ante las autoridades penitenciarias o, en su defecto, que se evaluara su traslado a una unidad carcelaria de la provincia de Córdoba, de donde es oriundo.

Tanto la defensa como la Fiscalía coincidieron en que el Servicio Penitenciario debe informar con urgencia sobre las condiciones actuales de detención del imputado, en resguardo de su dignidad como persona privada de libertad. Por este motivo, el Tribunal ordenó librar un oficio con habilitación de día y hora al organismo penitenciario, medida que permite que el pedido se tramite de manera urgente fuera del horario judicial habitual.

La resolución definitiva será emitida por el Tribunal en un plazo de diez días hábiles.

Antecedentes del imputado

Juan José Murúa, de 39 años, cumple una condena de prisión perpetua por tres femicidios. En 2018 fue declarado culpable por el homicidio de Brenda Arias. En abril de 2023, un tribunal de Villa Dolores lo condenó por el asesinato de Marisol Reartes y su hija de 2 años. La unificación de penas implica que deberá cumplir al menos 50 años de prisión.

Sobre el juicio abreviado

El juicio abreviado es un procedimiento contemplado en el Código Procesal Penal que permite acortar la etapa de debate oral, ya que el imputado admite su culpabilidad y acuerda una pena con el Ministerio Público Fiscal. Este mecanismo omite la producción de prueba (como declaraciones de testigos y peritos), pero concluye con una sentencia condenatoria de cumplimiento efectivo.

Fuente: Prensa Poder Judicial