Un camión que transportaba papa volcó en la ruta nacional 188

Desde la Comisaría Distrito 21° de Unión informaron que este jueves, alrededor de las 17:00, se produjo un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 665 de la ruta nacional 188, a unos 20 kilómetros de Bajada Nueva, en el sur de la provincia de San Luis.

De acuerdo a las averiguaciones, un joven de 24 años (con domicilio en la provincia de Santa Fe) conducía de oeste a este un camión Iveco con semirremolque que transportaba papas, y por razones que se tratan de establecer perdió el control y volcó.

El conductor fue asistido en el lugar por personal médico del hospital de la localidad de Unión, quienes constataron que el joven se encontraba en buen estado de salud.

PANE: aseguran que reforzaron controles bromatológicos y que no han detectado vínculos de proveedores con funcionarios del Gobierno

La coordinadora del Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE), Eugenia Gallardo, aseguró que se han reforzado las inspecciones bromatológicas a los proveedores e hizo declaraciones sobre los presuntos vínculos de funcionarios del Gobierno provincial con las personas que proveen alimentos a los establecimientos escolares. Además, está disponible el “buzón de inquietudes”, un portal para realizar consultas sobre el PANE.

La Gaceta Digital (LGD) preguntó a la funcionaria sobre los supuestos vínculos de proveedores del PANE con funcionarios del Ejecutivo, según ha denunciado públicamente la oposición. “La lista de proveedores normalmente ha sido de personas que ya venían proveyendo en el sistema de copa de leche. Es decir, el listado original del PANE se armó a partir de los proveedores que ya venían trabajando con las cooperadoras. Lo único que cambió fue el sujeto contratante: antes eran las cooperadoras —y en algunos casos se mantiene— y ahora es la Provincia”, respondió.

LGD repreguntó si podría haber vínculos entre proveedores y funcionarios del Gobierno. “Mirá, la verdad es que no hemos detectado vínculos de proveedores con funcionarios del Gobierno, estrictamente. Si existe un vínculo, no es lo que ha sido primordial, sino que se está cumpliendo con los requisitos que establece el programa y los que establece la Provincia para ser proveedor del Estado”, sostuvo Gallardo.

Inspecciones en la cadena de frío

Otra de las preguntas de LGD fue si se han mejorado las inspecciones en la cadena de frío de los alimentos del PANE. “Desde el día 1 que empecé en la Secretaría hablé con los responsables de Bromatología de los municipios. Además, los funcionarios realizan visitas a las instituciones para observar cómo llega el alimento ya producido. Desde Bromatología de los municipios se está yendo a hacer las inspecciones con mayor frecuencia de lo habitual a los lugares donde se elaboran los alimentos. Actualmente estamos con una dieta fría, los menúes son fríos, lo que reduce el riesgo de cualquier tipo de contaminación o problema con el alimento. Estamos trabajando en un menú caliente, aunque su implementación es más difícil”, explicó la coordinadora.

Buzón de inquietudes

A través del sitio pane.sanluis.gov.ar, padres, madres, tutores, alumnos y personal escolar pueden comunicarse por escrito con la Secretaría del PANE para realizar consultas, e incluso se pueden subir fotos. Se deben brindar datos de identidad y vías de contacto, como número de teléfono y correo electrónico.

“El objetivo es lograr una comunicación dinámica y rápida con la comunidad. Abriendo este buzón de inquietudes, creo que podemos mejorar e individualizar cada una de las propuestas o inquietudes planteadas”, sintetizó Gallardo.

Baja y alta del PANE

La funcionaria reveló que está habilitada la posibilidad de que los padres que no quieran que su hijo reciba la comida del PANE puedan solicitarlo por medio del director de la escuela. Este aspecto también se trabajará a través del sitio web, donde los padres podrán acceder a una declaración jurada para manifestar su voluntad de no recibir la comida del programa. Estas declaraciones juradas tendrán una validez de seis meses, permitiendo así la posibilidad de reingresar al PANE en caso de que se desee.

 

La Mesa Intersindical pide suba del 60% del sueldo básico y exige al Gobierno conformar una mesa técnica salarial

La Mesa Intersindical (Sijupu, APTS, UTEP, SIEP, APEL y ATE) remitió una nota al gobernador Claudio Poggi y al ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, para exigir la conformación de una mesa técnica salarial y reclamar una suba salarial del 60% del salario básico. Además, los sindicalistas advirtieron que toda la administración pública entra en estado de asamblea permanente “ante la falta de avances y repuestas reales”.

La nota enviada este jueves al Poder Ejecutivo menciona que se lleva más de un año de reuniones con funcionarios diversos ministerios, “pero el tiempo pasa y la falta de compromiso del Gobierno provincial ha deteriorado gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores empujando a una crisis económica y endeudamiento que no admite más dilaciones o excusas”.

Por lo tanto, es que la Mesa Intersindical exige que se conforme una mesa técnica salarial con fecha y horario definido, y que tenga la presencia de funcionarios del Ministerio de Hacienda y Relaciones Laborales. Hay que mencionar que desde hace más de un año, los sindicatos le vienen pidiendo al Gobierno poder sentarse para negociar la recomposición salarial.

Exigimos una recomposición salarial del 60% del básico como un primer paso para avanzar a revertir la gran pérdida de poder adquisitivo. Esta medida no es un pedido desmedido, sino una necesidad urgente ante la inflación y retraso salarial”, afirmó la Mesa Intersindical en la nota.

Por otra parte, se solicita reuniones sectoriales en la que cada sindicato pueda plantear sus reclamos particulares.

APTS
– Recomposición salarial.
– Restitución de categorías.
– Recategorizaciones.
– Pago por zona interior.
– Revisión y modificiación de la Ley de Carrera Sanitaria.
– Estabilidad laboral.
– Reglamentación de la licencia psicoprofiláctica.
– Reconocimiento igualitario a todas las especialidades de la salud.
– Adicional por capacitaciones.

Sijupu
– Recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios.
– Reconocimiento y pago del 20,38%, ya reconocido administrativamente y actualmente judicializado.
– Refuerzo presupuestario a los fines del blanqueamiento de ítem no remunerativo, solicitado por el STJ, a los fines del cumplimiento de la ley de Escala Salarial del poder Judicial.
– Solucionar la deuda histórica con los y las judiciales en relación a los planes de viviendas bioclimáticas no construidas y brindar la posibilidad de acceso al crédito a los y las beneficiarias del plan lotes con servicios.
– Trabajar de manera mancomunada con la Mesa Intersindical Estatal para la mejora de prestaciones de servicio de DOSEP, ya que somos los principales aportantes.

ATE
– Aumento en base a la pérdida del año pasado y dic 2023.
– Devolución de las plantas permanentes y las categorías del personal injustamente quitadas.
– Actualización salarial de acuerdo a paritarias nacionales homologadas CCT 122/75.
– Contratación a los trabajadores del plan de inclusión que realizan tareas de planta permanente.
– Partidas presupuestarias a municipios a fin de asegurar salarios dignos a municipios de la provincia de SL.

UTEP
– Recomposición Salarial 50 %, para recuperar la pérdida del poder adquisitivo del año 2024
– Renovación de las juntas de clasificación docente.
– Que se reinviertan las cifras No Remunerativas a Remunerativas.
– Que se defina la situación laboral de los docentes que trabajan en las escuelas autogestionadas.
– Recomposición Salarial y condiciones de trabajo para los docentes de escuelas Digitales.
– Que se haga efectivo el otorgamiento del 2 cargo, como lo estipula el Estatuto Docente y artículo 23 de la constitución de la provincia.

APEL
– Recomposición Salarial acorde a los índices inflacionarios que logre recuperar la pérdida del poder adquisitivo del año 2024 y del año en curso.

SIEP
– Recomposición salarial integral y progresiva, con la incorporación al salario básico de todas las sumas no remunerativas.
– Restitución de la designación como planta permanente y de las categorías que fueron retiradas de manera arbitraria.
– Condiciones de trabajo dignas y cese inmediato de todo tipo de violencia, persecución y maltrato laboral en todas las áreas del estado provincial.
– Restablecimiento de la capacitación mediante la carrera administrativa, como vía de crecimiento y acceso a nuevas categorías.
– Asignación equitativa y sostenida de partidas presupuestarias a los municipios, a fin de garantizar condiciones laborales justas en toda la provincia.

Olores nauseabundos: el feedlot La Nelly se comprometió a remediar la totalidad del pasivo ambiental

Luego de la primera etapa de limpieza, con un desagote de más de 9.000 litros de estiércol líquido, el dueño de la firma Alma SRL, Marcelo Benedetti; el gerente administrador, Leonardo Salort; y el gerente de producción, Ramiro Gonçalvez, se reunieron con el secretario de Ambiente, Federico Cacace y el director de Gestión Ambiental, David Nicola. Aseguraron que están realizando las acciones de mitigación conforme al plazo de 15 días hábiles establecido por intimación y que el objetivo es cumplir con la totalidad de las acciones de saneamiento.

Este compromiso ambiental necesario, permitirá la limpieza de 10 hectáreas del establecimiento de Donovan que poseía una capa de 50 centímetros de estiércol sólido y semisólido, que al llover o aumentar las temperaturas, sumado al viento local trasladaba el olor nauseabundo a 9 kilómetros de distancia, a los barrios de San Luis y Juana Koslay.

“El objetivo un poco fue generar un espacio de diálogo entre las partes involucradas. Encontramos predisposición en la firma para evaluar distintas alternativas a la adecuación del proyecto a la normativa ambiental y promover un desarrollo productivo sustentable”, explicó Nicola.

“La postura es adecuar las instalaciones a las exigencias ambientales, mejorar la gestión de efluentes, la disposición de los residuos y el funcionamiento operativo del predio”, remarcó el titular de Gestión Ambiental. De esta forma, la firma presentará nuevos estudios de aire, agua y suelo para ser evaluados y trabajar para rever la situación de clausura que, desde octubre de 2024, junto al Senasa, la cartera ambiental tiene sobre el predio para el ingreso de ganado.

Fuente: ANSL

En otra caótica sesión, el oficialismo del Concejo bloqueó pedido de informes sobre Uber y Didi y proyecto de exenciones impositivas

Foto gentileza de Marina Balbo

En una nueva y caótica sesión del Concejo Deliberante, el oficialismo volvió a utilizar su mayoría para bloquear las iniciativas de la oposición sobre los temas más calientes y, como suele ser habitual, lo hizo en total silencio.

El día comenzó con el tema que este martes, como si fuera una papa caliente, desde la Municipalidad le pasaron al Concejo Deliberante. Pero la iniciativa de tratamiento provino de la oposición, con un pedido de informe que Juan Martín Divizia, presidente del bloque del PJ, pidió que se trate sobre tablas. En el mismo, se solicita que se informe, entre otras cosas, si Didi y Uber han solicitado autorización para operar en la ciudad de San Luis, y bajo que marco operativo lo están haciendo actualmente.

En su pedido, Divizia recordó que en otras ocasiones han pedido legislar sobre estos temas, pero que desde el oficialismo siempre los han bloqueado. También destacó como desde la Municipalidad le tiraron el tema al Concejo. “Se sacan el lazo y dicen que estas potestades las tiene el Concejo Deliberante”, comentó.

De igual manera, y a pesar del pedido del Ejecutivo de legislar sobre la materia, claramente el oficialismo no tiene el más mínimo interés en que el proyecto aprobado sea este de la oposición, por lo que rechazó el tratamiento sobre tablas.

El siguiente proyecto que propuso la oposición tiene que ver con la eximición de tasas que anunció el intendente Gastón Hissa este martes, cuando dio a conocer que firmó un decreto que establece la nueva habilitación para comercios e industrias gratuita y por única vez. El opositor Andrés Russo criticó la medida como “electoralista” y propuso una ordenanza para hacer extensivo este beneficio a todos los sectores de la industria y el comercio.

Russo también sostuvo que el Municipio lleva adelante estas medidas debido al brutal tarifazo que aplicó el oficialismo el año pasado, de un 370%. “Advertimos que iban a terminar en épocas electorales regalando las tasas. Aumentamos brutamente las tasas y vienen unos meses antes de las elecciones a realizar eximiciones. Fuimos los primeros en decir que era inviable”, dijo el concejal opositor.

Volviendo a su proyecto, criticó que el decreto de Hissa no está publicado, pero aseguró que confeccionó su proyecto “respaldando la decisión del intendente”, para darle más “seriedad”. “Es beneficioso sí, es una medida electoral, sí. ¿Cómo deja de ser una medida electoral? Convirtiéndolo en una ordenanza”, dijo Russo.

A esto, Alejandro Cordido, en una de sus eternas alocuciones, remarcó que al otorgar este beneficio por decreto “está usurpando funciones de este cuerpo”, ya que es el Concejo el que fija la tarifaria de cada año.

Durante las alocuciones sobre todos estos temas, desde la oposición hicieron un gran hincapié en cómo ellos están trabajando en diferentes iniciativas, contrario a lo que dice el oficialismo, que siempre los acusa de no querer hacerlo. Claramente, esas acusaciones calaron fuerte en los peronistas, que remarcaron esto en múltiples alocuciones durante la sesión. También aseguraron que hay más de 150 expedientes con iniciativas de ellos cajoneadas en las distintas comisiones.

“Si quieren laburar de verdad, trabajemos este proyecto”, continuó Russo, remarcando el paupérrimo orden del día para este jueves, el cual solo tenía 3 asuntos y ninguno de ellos con despacho de comisión para tratar en el recinto. “La falta de respeto que hay es impresionante. Dicen que trabajan, nunca trabajaron. Estamos arreglando todo lo mal que hicieron”, les contestó la presidenta Laura Sánchez, quien hizo aún más caótica la sesión de hoy, interrumpiendo en múltiples ocasiones a los opositores cuando ellos tenían el uso de la palabra.

En este contexto, obviamente, desde la oposición le recriminaron por enésima vez que ella fue electa por la lista de Sergio Tamayo y que se “transfugueó” al nuevo oficialismo municipal inmediatamente. “Gracias a dios que no pertenezco a ustedes”, les gritó Sánchez.

Eventualmente, el proyecto de Russo se sometió a votación y, obviamente, fue rechazado por el oficialismo, sin que ninguno de sus concejales dijera algo al respecto.

Las discusiones continuaron por el lado del PANE, ya que llegó al Concejo una notificación de un oficio judicial por la investigación que la Justicia, tras denuncias de padres de niños intoxicados, está realizando. Aparentemente, este oficio solicita que se notifique si hubo pedidos de informe con respecto al PANE y, alegaron los ediles peronistas, desde Presidencia no les fue comunicado.

El caos explotó durante el tratamiento de incorporación al orden del día y giro a comisión del proyecto de prohibición de los trapitos. Esta iniciativa tomó estado legislativo hoy mismo, cuando parecía que terminaba la sesión y la presidenta del bloque oficialista, Lizbeth Huatay Otiniano, pidió la incorporación de un proyecto y su giro a comisión, sin explicar de qué se trataba, lo cual fue duramente criticado por la oposición. Ante esta situación, Huatay pidió disculpas y distribuyó copias del proyecto a la presidenta del Concejo y al bloque opositor, pero jamás dijo de qué se trataba.

Tras varios minutos de confusión, la oposición logró que la secretaria Legislativa del Concejo leyera el proyecto y obviamente explotaron las críticas por parte del Partido Justicialista, cuyos concejales aseguraron que lo que se busca es “criminalizar la pobreza” y otros argumentos similares que seguramente se repetirán cuando se trate en el recinto, ya que hoy lo que se logró fue su incorporación y el giro a las comisiones de Seguridad y Legislación e Interpretación.

En medio de todo esto, la concejal peronista Julieta Ponce dijo, con el micrófono apagado, que en el oficialismo “están desesperados por esto, pero no limpian las veredas”. La que no tenía el micrófono apagado era Huatay, que viene de papelón en papelón, y dijo: “andá a limpiarlas vos, déjate de romper las…”. Al darse cuenta que el micrófono estaba abierto, se río, y reiteró su moción de que se vote el ingreso del proyecto de ordenanza al orden del día.

Extrañamente, la concejala Agustina Gatto entendió que las palabras de Huatay fueron dirigidas hacia ella y que le había dicho “chupala”. De allí en más, fueron minutos de puro caos, con la oposición pidiendo que se reproduzca ese fragmento de la transmisión de la sesión y que se sancione a Huatay. Eventualmente, la presidenta del bloque oficialista pidió disculpas por su exabrupto. “Soy un ser humano y puedo cometer errores”, dijo Huatay, quien agregó que “si ella tiene el video pido disculpas por los dichos, por la falta de respeto”.

Más allá de eso, todo apunta a que, cuando este proyecto llegue al recinto para su tratamiento, será uno de los debates más calientes del Concejo.

Piden 5 años de prisión para el cantante de cuarteto Maximiliano Moreno por la brutal paliza al ex integrante del grupo Kabala

La jueza de Garantía N° 4 de la Primera Circunscripción, Natalia Lazarte, ordenó la elevación a juicio de la causa que se tramita contra Maximiliano Moreno, quien se desempeñó como vocalista de la banda de cuarteto Los Playeros. El imputado de 30 años está acusado de lesiones graves en perjuicio de Daniel Salinas, ex integrante del grupo tropical Kabala, y enfrenta un pedido de condena de cinco años de prisión.

Este jueves, en la Sala de Oralidad N° 1, se realizó la audiencia de control de acusación, una instancia previa al juicio oral y público donde la Fiscalía de Instrucción N° 1, representada por el fiscal Francisco Assat y la fiscal adjunta Roxana Alcaraz, presentó la acusación contra el músico y la prueba testimonial y documental que se ventilará en el debate e instó la apertura de la causa a juicio.

“El 27 de enero de 2023 en la estación de servicio ubicada en la esquina de Junín e Hipólito Yrigoyen de la ciudad de San Luis, a las 7 de la mañana aproximadamente, el imputado le propinó cuatro golpes a Salinas, quién cae al piso impactando contra el suelo en la zona que se encuentran los surtidores de combustible y el ingreso al servi-compras. La agresión estuvo vinculada por un enojo que tenía el imputado con Salinas por una conversación que habían tenido días previos”, explicó Assat.

Personas presentes en el lugar dieron aviso al 911 y al SEMPRO, tras lo cual intervinieron efectivos de la Comisaría Primera y servicios médicos, que constataron que la víctima se encontraba en estado de ebriedad e inconsciencia. Salinas fue trasladado en ambulancia al hospital.

Sin embargo, la víctima se negó a ser atendida y abandonó el centro médico. Al día siguiente, sus allegados, preocupados por su persistente estado de confusión, lo convencieron de regresar al hospital junto a su exesposa, donde finalmente quedó internado en terapia intensiva. Los estudios médicos revelaron un traumatismo de cráneo grave, confirmado luego por el médico forense del Poder Judicial.

De acuerdo con la acusación fiscal, Moreno publicó horas después de la agresión una amenaza en Facebook, donde advertía que repetiría el ataque y hacía alusión al uso de un arma de fuego.

“Respecto a las circunstancias de la calificación legal, nosotros valoramos como atenuantes la falta de antecedentes condenatorios y como agravantes las circunstancias de modo de comisión que consiste en la actitud posterior al hecho del imputado de retirarse del lugar quedando la víctima tendida en el suelo inconsciente y también en las amenazas que profiere posteriormente por las redes sociales”, detalló el fiscal.

Aldo Giuliani, abogado de la querella, adhirió a lo expresado por el Ministerio Público Fiscal.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Dos jóvenes fueron heridos de bala en una discusión

Desde la Comisaría Seccional 4° informaron que este jueves por la mañana se produjo un disturbio con disparos de arma de fuego en la ciudad de San Luis, donde dos individuos resultaron heridos, según informaron desde el Ministerio de Seguridad.

Alrededor de las 6:30, efectivos de la sección motorizada del Comando Radioeléctrico tomaron conocimiento a través del Centro de Operaciones Policiales de que en inmediaciones de las calles Tomás Jofré y Europa circulaba un joven de 18 años con dificultad para caminar, quien iba en compañía de un hombre de 34 años.

Al acudir a ese lugar, los uniformados se entrevistaron con el joven de 18 años, quien les manifestó que había recibido un disparo de arma de fuego en el gemelo de la pierna izquierda, tras un disturbio en inmediaciones de las calles Europa y Bolívar.

Por tal motivo, a ese sitio acudió personal médico en una ambulancia del Sempro, quienes asistieron y trasladaron al joven de 18 años hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” para su correspondiente atención.

Personal policial de la Comisaría Seccional 4° se dirigió hacia el hospital y se entrevistó con el joven de 18 años, quien les relató que junto al hombre de 34 años se habían dirigido al domicilio de un individuo de 24 años, ubicado en inmediaciones de las calles Europa y Bolívar. Tras una discusión, el sujeto de 24 años le disparó con un arma de fuego, provocándole la herida en el gemelo de la pierna izquierda.

Posteriormente, alrededor de las 8:00, los uniformados que se encontraban en el hospital tomaron conocimiento de que en el lugar se había hecho presente por sus propios medios el individuo de 24 años de edad, el cual había sido partícipe del disturbio con arma de fuego. Este sujeto también presentaba una herida de arma de fuego, pero en este caso a la altura de la rodilla izquierda. Luego de ser atendido, se retiró del hospital.

En ambos casos, personal médico constató que las heridas no presentaban lesiones óseas.

En tanto, personal policial continúa las investigaciones para determinar mayores detalles del disturbio.

 

Hissa presentó un proyecto de ordenanza para prohibir los trapitos en la ciudad. Conocé todos los detalles

Este jueves por la mañana, el intendente capitalino, Gastón Hissa, anunció un proyecto de ordenanza que prohibirá en toda la ciudad las actividades relacionadas al lavado o cuidado de vehículos, como los llamados “trapitos”, en la vía pública.

Según Hissa, el proyecto surge de charlas con los vecinos que le dijeron cosas como “me piden tanta plata para cuidármelo, sino me rayan el auto”; y también de “muchas notas presentadas en la Municipalidad de vecinos que no se sienten tranquilos en el centro de la ciudad”. Luego, agregó que se busca que “el espacio público no sea invadido por terceras personas que le quitan tranquilidad al ciudadano”, que los “motivó la falta de tranquilidad que está viviendo el ciudadano” y que el proyecto tiene que ver con la “lucha contra la inseguridad”.

El intendente comentó además que ayer hubo reunión con la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, quien le pidió “una herramienta” para poder actuar ante estos hechos y de ahí nació la presentación de este proyecto. “La policía va a tener las herramientas para articular y poder descongestionar esta situación del centro de la ciudad”, comentó al respecto.

La Gaceta Digital ya tuvo acceso al proyecto, el cual manifiesta en sus fundamentos que “la actividad de los denominados ‘cuidadores de vehículos’ o ‘trapitos’ han generado por parte de los vecinos reclamos relacionados a situaciones de extorsión, daños a la propiedad y conflictos entre los ciudadanos, perjudicando la libre circulación y los derechos del uso equitativo de los espacios públicos”.

“Resulta necesario establecer mecanismos eficientes de denuncia y control que permitan a los ciudadanos reportar infracciones de manera anónima y efectiva, asegurando una rápida intervención por parte de las autoridades competentes”, dice otra parte de los fundamentos, donde también se destaca “la protección de menores”.

En cuanto al articulado del proyecto, los primeros dos establecen las definiciones necesarias para este tipo de normativas, mientras que en el 3ro se fija que quien infrinja esta normativa “será sancionado con la aplicación de (200) doscientas a (500) quinientas unidades de multa” y que, si está involucrado un menor de edad, “la multa recaerá sobre los tutores del mismo”. Además, se establece que “cuando el infractor sea reincidente las sanciones se duplicarán”.

También se destaca, en el artículo 5, que a través del número telefónico 147, que es el Sistema Único de Reclamos, se podrán recibir “denuncias anónimas sobre la presencia de cuidadores de vehículos denominados ‘trapitos’”. Asimismo, se señala, en el artículo 6, que “ante la participación de menores de edad en estas actividades, se dará intervención inmediata a la Policía de la Provincia de San Luis a fin de que se adopten las medidas necesarias para la protección y resguardo de los niños, niñas y adolescentes”.

Esta iniciativa tomó estado legislativo hoy mismo, cuando parecía que terminaba la sesión y la presidenta del bloque oficialista, Lizbeth Huatay Otiniano, pidió la incorporación de un proyecto y su giro a comisión, sin explicar de qué se trataba, lo cual fue duramente criticado por la oposición. Ante esta situación, Huatay pidió disculpas y distribuyó copias del proyecto a la presidenta del Concejo y al bloque opositor, pero jamás dijo de qué se trataba.

Tras varios minutos de confusión, la oposición logró que la secretaria Legislativa del Concejo leyera el proyecto y obviamente explotaron las críticas por parte del Partido Justicialista, cuyos concejales aseguraron que lo que se busca es “criminalizar la pobreza” y otros argumentos similares que seguramente se repetirán cuando se trate en el recinto, ya que hoy lo que se logró fue su incorporación y el giro a las comisiones de Seguridad y Legislación e Interpretación.

Narcotests a funcionarios: se detectaron casos positivos por benzodiacepinas

A casi cinco meses de la puesta en marcha de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia en el Ejercicio de la Función Pública, más conocida como Narcotest, el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, informó que la mayoría de los análisis realizados a funcionarios de los tres poderes del Estado arrojaron resultados negativos.

Hasta el momento, se realizaron sorteos sobre un universo de 1.700 funcionarios públicos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los cuales 420 fueron seleccionados para realizarse los estudios toxicológicos. “La mayoría ha concurrido al laboratorio de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis”, indicó Bazla, y aclaró que las pocas inasistencias “están totalmente justificadas” por actividades oficiales fuera de la ciudad capital.

En cuanto a los resultados, Bazla remarcó que “la mayoría son negativos, sí hay algunos positivos, cuyos titulares son las únicas personas autorizadas por la Ley para dar a conocer o no ese resultado”. En ese sentido, explicó que no se puede divulgar la cantidad de resultados positivos ni la identidad de los involucrados, ya que los análisis están protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales. “No vamos a ser nosotros en ningún momento y en ningún caso los encargados de revelar esa información”, señaló.

Los casos positivos están siendo abordados por el Centro de Prevención de Asistencia a las Adicciones (CPA), que determinará la estrategia terapéutica correspondiente. Bazla indicó que las personas tienen derecho a solicitar una contraprueba, que se realiza en la Universidad de Buenos Aires (UBA), según el convenio firmado con la UNSL. También aclaró que, en caso de no querer realizar la contraprueba, “está en todo su derecho de no hacerlo, independientemente de las consecuencias que eso puede significar”.

En relación a las sustancias detectadas, el funcionario detalló que “la mayoría de los casos es en benzodiazepinas, que incluye fundamentalmente o lo más conocido que es el clonazepam”. Agregó que los análisis contemplan un margen de tolerancia y que el resultado positivo puede deberse a un exceso en el consumo. Por eso, como paso siguiente, se solicitará a los involucrados la prescripción médica correspondiente.

Bazla también destacó que los casos positivos “son funcionarios del gobierno de la provincia, que incluye a los tres poderes”, pero reiteró que no se pueden brindar precisiones debido a la normativa vigente. “La historia clínica es propiedad, es patrimonio intangible en la mayoría de los casos de la persona sometida a determinada prueba”, sostuvo.

Finalmente, se anunció que el municipio de La Punta se incorporó al procedimiento del Narcotest. El intendente Luciano Ayala relató que, tras adherir a la ley mediante una ordenanza, se entregó la nómina de los 53 funcionarios municipales del Ejecutivo, Legislativo y el juzgado de faltas. “El año pasado, una vez que el Gobernador firmó el decreto para estos estudios, desde el municipio también sacamos un decreto y luego, cuando el Gobierno provincial envió a la Legislatura el proyecto de ley, nosotros elevamos al Concejo un proyecto de ordenanza de adhesión a la ley. Hace 30 días más o menos, el secretario de Ética visitó el municipio y recién ahí adherimos a la iniciativa”, repasó Ayala. “Ya están en poder del Ejecutivo provincial, y los procedimientos a los que vamos a estar expuestos nosotros son idénticos a cómo lo viene trabajando el gobierno provincial con los tres poderes del Estado”, añadió el jefe comunal.

La incorporación de La Punta se hará efectiva en el sorteo del lunes próximo, cuando sus funcionarios quedarán incluidos en el Registro Único de Funcionarios. “Probablemente en los próximos días tengamos otros anuncios respecto de otras municipalidades de nuestra provincia que han tomado la misma decisión política, institucional que el intendente Ayala”, anticipó Bazla.

Seis individuos fueron demorados y dos efectivos resultaron heridos tras un disturbio en el barrio Padre Mugica

Este jueves a la madrugada, efectivos de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 1 llevaron a cabo un procedimiento en la ciudad de San Luis, donde fueron demoradas seis personas (un hombre de 27 años; dos jóvenes masculinos de 18 años; dos jóvenes femeninas de 18 y 20 años; y un adolescente de 16 años de edad).
Los uniformados habían acudido al barrio Padre Mugica por un disturbio entre varias personas, a la altura de la manzana “A”.

Al intentar identificar a los individuos, dos de los policías fueron agredidos con piedras, trozos de cemento y palos por las personas que se encontraban en ese sitio, quienes les provocaron distintas lesiones. Asimismo, uno de los agresores intentó sustraerle el arma de fuego a uno de los efectivos que resultó lesionado.

Por tal motivo, al lugar acudieron más efectivos policiales de la UROP 1, quienes controlaron la situación y demoraron a cinco personas mayores (un hombre de 27 años; dos jóvenes masculinos de 18 años; dos jóvenes femeninas de 18 y 20 años) y a un menor (el adolescente de 16 años de edad).

Los mayores fueron trasladados a la Comisaría Seccional 41°, mientras que el menor fue puesto al resguardo por personal policial de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF).

Cabe señalar que los policías heridos fueron atendidos en el lugar por personal de salud del Sempro. Posteriormente, ambos fueron trasladados hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” para recibir atención médica más compleja.

Tomó intervención la Fiscalía de Instrucción N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de Esteban Roche.