Este jueves por la mañana, el intendente capitalino, Gastón Hissa, anunció un proyecto de ordenanza que prohibirá en toda la ciudad las actividades relacionadas al lavado o cuidado de vehículos, como los llamados “trapitos”, en la vía pública.
Según Hissa, el proyecto surge de charlas con los vecinos que le dijeron cosas como “me piden tanta plata para cuidármelo, sino me rayan el auto”; y también de “muchas notas presentadas en la Municipalidad de vecinos que no se sienten tranquilos en el centro de la ciudad”. Luego, agregó que se busca que “el espacio público no sea invadido por terceras personas que le quitan tranquilidad al ciudadano”, que los “motivó la falta de tranquilidad que está viviendo el ciudadano” y que el proyecto tiene que ver con la “lucha contra la inseguridad”.
El intendente comentó además que ayer hubo reunión con la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, quien le pidió “una herramienta” para poder actuar ante estos hechos y de ahí nació la presentación de este proyecto. “La policía va a tener las herramientas para articular y poder descongestionar esta situación del centro de la ciudad”, comentó al respecto.
La Gaceta Digital ya tuvo acceso al proyecto, el cual manifiesta en sus fundamentos que “la actividad de los denominados ‘cuidadores de vehículos’ o ‘trapitos’ han generado por parte de los vecinos reclamos relacionados a situaciones de extorsión, daños a la propiedad y conflictos entre los ciudadanos, perjudicando la libre circulación y los derechos del uso equitativo de los espacios públicos”.
“Resulta necesario establecer mecanismos eficientes de denuncia y control que permitan a los ciudadanos reportar infracciones de manera anónima y efectiva, asegurando una rápida intervención por parte de las autoridades competentes”, dice otra parte de los fundamentos, donde también se destaca “la protección de menores”.
En cuanto al articulado del proyecto, los primeros dos establecen las definiciones necesarias para este tipo de normativas, mientras que en el 3ro se fija que quien infrinja esta normativa “será sancionado con la aplicación de (200) doscientas a (500) quinientas unidades de multa” y que, si está involucrado un menor de edad, “la multa recaerá sobre los tutores del mismo”. Además, se establece que “cuando el infractor sea reincidente las sanciones se duplicarán”.
También se destaca, en el artículo 5, que a través del número telefónico 147, que es el Sistema Único de Reclamos, se podrán recibir “denuncias anónimas sobre la presencia de cuidadores de vehículos denominados ‘trapitos’”. Asimismo, se señala, en el artículo 6, que “ante la participación de menores de edad en estas actividades, se dará intervención inmediata a la Policía de la Provincia de San Luis a fin de que se adopten las medidas necesarias para la protección y resguardo de los niños, niñas y adolescentes”.
Esta iniciativa tomó estado legislativo hoy mismo, cuando parecía que terminaba la sesión y la presidenta del bloque oficialista, Lizbeth Huatay Otiniano, pidió la incorporación de un proyecto y su giro a comisión, sin explicar de qué se trataba, lo cual fue duramente criticado por la oposición. Ante esta situación, Huatay pidió disculpas y distribuyó copias del proyecto a la presidenta del Concejo y al bloque opositor, pero jamás dijo de qué se trataba.
Tras varios minutos de confusión, la oposición logró que la secretaria Legislativa del Concejo leyera el proyecto y obviamente explotaron las críticas por parte del Partido Justicialista, cuyos concejales aseguraron que lo que se busca es “criminalizar la pobreza” y otros argumentos similares que seguramente se repetirán cuando se trate en el recinto, ya que hoy lo que se logró fue su incorporación y el giro a las comisiones de Seguridad y Legislación e Interpretación.


A casi cinco meses de la puesta en marcha de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia en el Ejercicio de la Función Pública, más conocida como Narcotest, el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, informó que la mayoría de los análisis realizados a funcionarios de los tres poderes del Estado arrojaron resultados negativos.
Este jueves a la madrugada, efectivos de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 1 llevaron a cabo un procedimiento en la ciudad de San Luis, donde fueron demoradas seis personas (un hombre de 27 años; dos jóvenes masculinos de 18 años; dos jóvenes femeninas de 18 y 20 años; y un adolescente de 16 años de edad).
Con el objetivo de recuperar en corto plazo caminos no pavimentados afectados por intensas lluvias, el Gobierno inició esta semana un despliegue masivo en toda la provincia. La iniciativa es dirigida por la dirección de Vialidad Provincial y se abordan carreteras de tierra en distintos departamentos. Se trata de un trabajo intensivo que se extenderá por 30 días y comprenderá más 1.350 kilómetros.
El fiscal de Instrucción N° 1 de la ciudad de San Luis, Francisco Assat, imputó al médico Luis Marsicano por homicidio culposo en perjuicio de Miriam Jiménez, una paciente de 38 años que falleció en mayo del 2020 en el Hospital Ramos Mejía. El informe forense realizado por profesionales del Poder Judicial determinó que la causa de la muerte fue por peritonitis aguda como consecuencia de la cirugía de apendicitis que el imputado le había realizado semanas antes.

Este martes, el gobernador Claudio Poggi junto al intendente de Juana Koslay, Jorge ‘Toti’ Videla, inauguraron la obra de pavimento hormigonado de la calle Martín Pescador en el tramo comprendido entre Los Benteveos e Inocencio Guerrero. Esta mejora en la infraestructura pública fue realizada completamente gracias a la gestión de la intendencia de Juana Koslay.
La Cámara de Diputados tuvo este miércoles su primera sesión del año, y el oficialismo utilizó una vez más su mayoría para bloquear el tratamiento sobre tablas de proyectos críticos al Gobierno provincial presentados por el peronismo opositor, como ya ha sucedido en varias oportunidades en 2024. En la sesión de hoy fueron cuatro los proyectos rechazados y girados a comisiones: dos de interpelación (uno al ministro de Desarrollo Productivo y otro al secretario de Ética Pública), un pedido de informe sobre “estrategias para combatir los altos índices de pobreza en San Luis”, y un proyecto para expresar preocupación por las viandas del Plan Alimentario Nutricional Escolar (PANE).
Entre otros puntos, el proyecto cuestiona las contrataciones directas realizadas a proveedores de Sol Puntano, ente al que el Ministerio le transfirió $20.000 millones. También se quiere indagar si existen vínculos incompatibles entre estos proveedores y funcionarios del Gobierno.
En la primera etapa de las tareas de saneamiento que debe llevar adelante como parte de la intimación impuesta por la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el establecimiento de engorde vacuno La Nelly realizó el desagote de más de 9.000 litros de estiércol líquido apostado en tres lagunas. Todavía resta que realiza la limpieza de residuos sólidos y semisólidos en 10 hectáreas del predio, donde estaban ubicados 25 corrales, hoy vacíos.